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Justicia pendiente

Feminicidios de clase, la violencia “normal” de Juárez

Los feminicidios en Juárez, después de veinte años, no son prioridad a resolver para las autoridades, mientras las madres viven en extrema precariedad económica

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Casa de una jovencita víctima de feminicidio en Ciudad Juárez Foto: FGS

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- El grupo de académicas abocadas al análisis de la violencia contra las mujeres del Colegio de la Frontera Norte, Campus Ciudad Juárez, realizó el seminario internacional “Cuerpos y fronteras: transformando la violencia y rescatando la justicia”. El ejercicio académico a cargo de la socióloga Julia Monárrez Fragoso, tuvo como objetivo escuchar a las madres, quienes han sido las principales investigadoras de las desapariciones forzadas de sus hijas y sus feminicidios, pero también se enfocó a reflexionar y analizar el contexto en el que surge esta violencia con más de veinte años en Juárez.

Entre las ponencias, destacaron los testimonios de Silvia Banda y Luz Elena Muñoz, ambas madres de víctimas. Silvia Banda era madre de Fabiola Janette Valenzuela de 20 años, asesinada el 16 de septiembre de 2010, quien dejó un niño de dos años de edad. Lucía Muñoz aún busca a Nancy Ivette Navarro Muñoz, quien fue desaparecida el 13 de julio de 2011 a la edad de 18 años, cuando salió a buscar trabajo al centro de la ciudad.

El seminario del COLEF también fue marco para presentar propuestas orientadas a la visibilidad de las desapariciones y feminicidios como un problema público, y no sólo como estadísticas de cuerpos. La representante jurídica del Comité de Madres de Juárez y Familiares con Hijas Desaparecidas, Francisca Galván Segura, así lo planteó en su ponencia en la que partió de la tesis de que al tratarse de “feminicidios de clase” se normaliza la violencia contra las mujeres, porque no tienen poder ni recursos para defenderse.

Galván Segura señaló que la violencia contra el sector más vulnerable de las mujeres de Juárez, se ha normalizado por la impunidad de los criminales. Hasta ahora, en veinte años, los feminicidios de Ciudad Juárez siguen envueltos en misterios y corrupción en las invetigaciones.

En la ponencia presentada por la abogada espcialista, “Feminicidios de clase como la normalización de la violencia”, señaló que “las autoridades hablan de restos de las jóvenes por decenas o cientos, como si fueran objetos. Los medios las identifican como cuerpos numerados, pero se olvidan que fueron vidas con ilusiones y con familias” dijo.

La experta enfatizó en la indiferencia de las autoridades hacia las víctimas: “en más de 20 años no ha habido ninguna autoridad que responda con justicia a la madre de una desaparecida. Cuando las madres van a pedir ayuda se les maltrata, se les ignora o se les miente”, denunció ante el auditorio de académicas y miembros de organismos no gubernamentales. Informó también que las autoridades ofrecen una despensa a las madres con mayor precariedad la cual equivale a un valor aproximado de 8 dólares y se reparte cada mes. “Solo la normalidad del crimen en nuestra vida pública puede corromper de esa manera los corazones de quienes han sido designados para protegernos”, impugnó.

Galván Segura se refirió a los funcionarios públicos como “los que saben mejor que nadie que las leyes han dejado de reconocerse y respetarse, y que no ha habido una investigación respecto a los responsables de los crímenes”. Habló por el Comité de Madres y fue enfática al sostener que han dejado de confiar en las autoridades, porque éstas “han amenazado de muerte, porque han guardado silencio, porque nos han mentido, porque han manipulado las evidencias sobre los crímenes de las jovencitas”y puntualizó: “de todo esto hay pruebas, hay registros, hay nombres con apellidos.”

Se refirió a los feminicidios como crímenes de clase y observó que en Ciudad Juárez no existe una colonia de bajo estrato social que no haya sufrido o esté en riesgo de sufrir la desaparición de una jovencita,  máxime si llega a ser desaparecidas en el centro de la ciudad.

Solas en el dolor Foto: FGS

Cuestionamientos y propuestas del Comité de madres

¿Cómo cambiar la perspectiva institucional a un diagnóstico de género?

Primero, decir ausentes o extraviadas tiene una connotación de voluntariedad de las jóvenes desde la perspectiva de las autoridades. Y esto genera retraso en su búsqueda, porque hay que esperar 48 o hasta 72 horas para levantar un reporte. A veinte años de tener el problema Sin embargo, las madres hoy en y varios miles de desaparecidas y asesinadas, las autoridades todavía le dicen a las madres que se esperan porque a lo mejor sus hijas se fueron con el novio.

Ahora las madres usan el término desaparecidas, desde otra connotación que va más allá del secuestro o la desaparición forzada, y que conlleva un conjunto de delitos incluyendo el feminicidio no tipificado en nuestro estado, pese a que es el problema central por el cual se identifica internacionalmente a nuestra ciudad.

Hay madres en Ciudad Juárez que oficialmente no podrán tener los cuerpos de sus hijas, sino solamente un papel donde se informe que la muestra ósea que se cotejó es de su ser querido, que no hay nada que entregar para honras fúnebres, solo el dictamen en un papel oficial. Esto ejemplifica la importancia y urgencia al actuar cuando se tiene el reporte de una joven desaparecida.

Despensa que otorga el gobierno de Chihuahua como ayuda a las madres de víctimas de feminicidios Foto: FGS

Algunos planteamientos del Comité de Madres:

1. La visibilidad de las víctimas. Tiene que haber un registro completo de quiénes son las víctimas. Su historia de vida completa, para analizar los patrones criminales. Las víctimas deben ser tratadas mediáticamente con estricto respeto, principalmente por las autoridades. Cualquier autoridad que haga comentarios a los medios fuera de lugar, con denotaciones misóginas, deben ser retirados de inmediato de la investigación, y puestos a disposición de sus superiores y hacer el anuncio público para informar a todos ese retiro obligatorio. Deben ser exhibidos para evitar confusiones e impunidad. Esto no es un juego. La autoridad debe actuar con el ejemplo moral que se requiere para atender este gravísimo problema.

2. Medios con perspectiva de género. Los medios deben ser atendidos por una persona especializada en el manejo de la información con perspectiva de género y debe haber una coordinación con las madres de las víctimas. Esto no significa censura o control informativo. Significa cooperación y ayuda a hacer visibles a las jóvenes secuestradas. Toda la sociedad debe estar atenta a esto, y sólo puede lograse con unidad e inteligencia.

3. Sanciones para periodistas que infrinjan los códigos éticos. Los periodistas que hagan un uso de la información no responsable, o promuevan una declaración de las autoridades con intenciones misóginas, u ofensivas para las víctimas o sus familiares deben ser sancionados negándoles el acceso a la información mediante un comunicado público a su mismo medio, redes sociales y a los demás. Si no se exige el respeto a todos y cada uno de los involucrados en difundir este problema, seguiremos dando pequeños pasos sin avanzar. Se necesita seriedad y compromiso de la sociedad en su conjunto.

4. Soluciones radicalmente distintas. Las acciones de las autoridades deben ser visibles para todos. Quiénes son las autoridades, qué méritos tienen para estar en esta búsqueda. No estamos buscando animalitos. Son vidas humanas en riesgo. Y las víctimas merecen la mejor disposición y vigilancia de la sociedad, principalmente de las autoridades, por toda la felicidad que ya se les ha robado. Por otro lado, las autoridades trabajan con recursos públicos, nuestros impuestos. Por lo tanto, es menester saber quién es quién en estas delicadas tareas, por toda la trayectoria de desconfianza que ya se tiene con los gobiernos en todos los niveles.

5. Se debe visibilizar la información. Cada determinado período, las autoridades deben estar elaborando breves actualizaciones de su trabajo para informar a las madres. Estas actualizaciones deben ser registradas públicamente, no ante los medios necesariamente, pero estar disponibles. Las madres deben saber qué se ha hecho mes a mes en la investigación de sus hijas. Si hay un informe que registre inactividad de una autoridad por tres meses o más, esta autoridad debe ser llamada a cuentas por el Comité de Madres, y dar una explicación pública sobre esa situación.

6. Las autoridades tendrán que clasificar la información de extremo riesgo. La madre tiene derecho a ser informada. Y son las autoridades las que deben estar dando cuentas a las madres de las víctimas y saber medir los niveles de riesgo. Las organizaciones civiles no están capacitadas para medir los riesgos, es tarea de la autoridad.

7. Organizar periódicamente reuniones entre autoridades. Las madres deben reunirse con autoridades, pero también con profesionales en sociología, criminología, investigadores forenses, comunicólogos e iniciados en la materia, para conocer el estado o status del problema y resolver dudas, explicar el contexto y mejorar la coordinación.

8. Terminar con la impunidad. Comprendemos que llevamos veinte años padeciendo estos crímenes en completa impunidad. Necesitamos ser atendidos y ayudados para armonizar nuestras vidas, las vida de las familias con la vida pública de Ciudad Juárez. Y esto sólo puede lograrse a través de un acuerdo explícito entre las autoridades y la sociedad. Un nuevo contrato, con nuevas obligaciones y acuerdos. Todos debemos poner nuestra voluntad en ello. Ya no podemos postergar más la atención a estos crímenes y seguir durmiendo tranquilos.

 

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Ebrard asegura que México estuvo inconforme por ausencia de información en caso Cienfuegos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno de México expresó a Estados Unidos su inconformidad por la escasa información sobre la investigación que desarrollaban contra el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

El funcionario federal explicó que después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo martes, tomarán otras acciones pertinentes, por la falta de información que proporcionó esa nación a México.

De acuerdo con el canciller, han realizado asistencia consular a Cienfuegos, por lo que la cónsul general ha auxiliado al general para garantizar el debido proceso y no se cometan atropellos o abusos, aunado a que han expresado su inconformidad por la opacidad en las indagatorias competentes.

Agregó que han mantenido una buena relación con Estados Unidos, por lo que desean que se continúen con este tipo de acciones específicas para atender a la población, por lo que también buscan defender la figura del Ejército mexicano, que es una de las instituciones más importantes para México.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena durante la administración de Enrique Peña Nieto, periodo en el que se acusó diferentes violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos castrenses como sucedió con la masacre de Tlatlaya en el Estado de México en 2014 y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en ese mismo año.

Cienfuegos fue detenido el pasado 16 de octubre en Estados Unidos por la DEA, luego de ser señalado como “El Padrino” por estar coludido con los grupos delictivos de los Beltrán Leyva desde antes de estar al frente de la Sedena y que se incrementaron durante dicho periodo.

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Interpol busca a exsecretarios de la Policía Federal por lavado de dinero

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El organismo internacional busca a los exfuncionarios federales que laboraron en la gestión de Enrique Peña Nieto, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión.

De acuerdo con la indagatoria que realiza la FGR, se desviaron cerca de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha interpuesto también la denuncia penal correspondiente.

Frida Martínez Zamora fue colaboradora del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Jesús Orta Martínez fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR emitió otras 17 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la Policía Federal que se desempeñaron en la administración de Enrique Peña Nieto, luego de que la Policía Federal dependió directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La FGR investiga diferentes irregularidades cometidas en la Policía Federal desde la administración de Felipe Calderón, luego de haber sido detenido Genaro García Luna, cuando fue titular de la SSP, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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