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Justicia pendiente

Feminicidios de clase, la violencia «normal» de Juárez

Los feminicidios en Juárez, después de veinte años, no son prioridad a resolver para las autoridades, mientras las madres viven en extrema precariedad económica

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Casa de una jovencita víctima de feminicidio en Ciudad Juárez Foto: FGS

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- El grupo de académicas abocadas al análisis de la violencia contra las mujeres del Colegio de la Frontera Norte, Campus Ciudad Juárez, realizó el seminario internacional “Cuerpos y fronteras: transformando la violencia y rescatando la justicia”. El ejercicio académico a cargo de la socióloga Julia Monárrez Fragoso, tuvo como objetivo escuchar a las madres, quienes han sido las principales investigadoras de las desapariciones forzadas de sus hijas y sus feminicidios, pero también se enfocó a reflexionar y analizar el contexto en el que surge esta violencia con más de veinte años en Juárez.

Entre las ponencias, destacaron los testimonios de Silvia Banda y Luz Elena Muñoz, ambas madres de víctimas. Silvia Banda era madre de Fabiola Janette Valenzuela de 20 años, asesinada el 16 de septiembre de 2010, quien dejó un niño de dos años de edad. Lucía Muñoz aún busca a Nancy Ivette Navarro Muñoz, quien fue desaparecida el 13 de julio de 2011 a la edad de 18 años, cuando salió a buscar trabajo al centro de la ciudad.

El seminario del COLEF también fue marco para presentar propuestas orientadas a la visibilidad de las desapariciones y feminicidios como un problema público, y no sólo como estadísticas de cuerpos. La representante jurídica del Comité de Madres de Juárez y Familiares con Hijas Desaparecidas, Francisca Galván Segura, así lo planteó en su ponencia en la que partió de la tesis de que al tratarse de “feminicidios de clase” se normaliza la violencia contra las mujeres, porque no tienen poder ni recursos para defenderse.

Galván Segura señaló que la violencia contra el sector más vulnerable de las mujeres de Juárez, se ha normalizado por la impunidad de los criminales. Hasta ahora, en veinte años, los feminicidios de Ciudad Juárez siguen envueltos en misterios y corrupción en las invetigaciones.

En la ponencia presentada por la abogada espcialista, «Feminicidios de clase como la normalización de la violencia», señaló que «las autoridades hablan de restos de las jóvenes por decenas o cientos, como si fueran objetos. Los medios las identifican como cuerpos numerados, pero se olvidan que fueron vidas con ilusiones y con familias» dijo.

La experta enfatizó en la indiferencia de las autoridades hacia las víctimas: «en más de 20 años no ha habido ninguna autoridad que responda con justicia a la madre de una desaparecida. Cuando las madres van a pedir ayuda se les maltrata, se les ignora o se les miente», denunció ante el auditorio de académicas y miembros de organismos no gubernamentales. Informó también que las autoridades ofrecen una despensa a las madres con mayor precariedad la cual equivale a un valor aproximado de 8 dólares y se reparte cada mes. «Solo la normalidad del crimen en nuestra vida pública puede corromper de esa manera los corazones de quienes han sido designados para protegernos», impugnó.

Galván Segura se refirió a los funcionarios públicos como «los que saben mejor que nadie que las leyes han dejado de reconocerse y respetarse, y que no ha habido una investigación respecto a los responsables de los crímenes». Habló por el Comité de Madres y fue enfática al sostener que han dejado de confiar en las autoridades, porque éstas «han amenazado de muerte, porque han guardado silencio, porque nos han mentido, porque han manipulado las evidencias sobre los crímenes de las jovencitas»y puntualizó: «de todo esto hay pruebas, hay registros, hay nombres con apellidos.»

Se refirió a los feminicidios como crímenes de clase y observó que en Ciudad Juárez no existe una colonia de bajo estrato social que no haya sufrido o esté en riesgo de sufrir la desaparición de una jovencita,  máxime si llega a ser desaparecidas en el centro de la ciudad.

Solas en el dolor Foto: FGS

Cuestionamientos y propuestas del Comité de madres

¿Cómo cambiar la perspectiva institucional a un diagnóstico de género?

Primero, decir ausentes o extraviadas tiene una connotación de voluntariedad de las jóvenes desde la perspectiva de las autoridades. Y esto genera retraso en su búsqueda, porque hay que esperar 48 o hasta 72 horas para levantar un reporte. A veinte años de tener el problema Sin embargo, las madres hoy en y varios miles de desaparecidas y asesinadas, las autoridades todavía le dicen a las madres que se esperan porque a lo mejor sus hijas se fueron con el novio.

Ahora las madres usan el término desaparecidas, desde otra connotación que va más allá del secuestro o la desaparición forzada, y que conlleva un conjunto de delitos incluyendo el feminicidio no tipificado en nuestro estado, pese a que es el problema central por el cual se identifica internacionalmente a nuestra ciudad.

Hay madres en Ciudad Juárez que oficialmente no podrán tener los cuerpos de sus hijas, sino solamente un papel donde se informe que la muestra ósea que se cotejó es de su ser querido, que no hay nada que entregar para honras fúnebres, solo el dictamen en un papel oficial. Esto ejemplifica la importancia y urgencia al actuar cuando se tiene el reporte de una joven desaparecida.

Despensa que otorga el gobierno de Chihuahua como ayuda a las madres de víctimas de feminicidios Foto: FGS

Algunos planteamientos del Comité de Madres:

1. La visibilidad de las víctimas. Tiene que haber un registro completo de quiénes son las víctimas. Su historia de vida completa, para analizar los patrones criminales. Las víctimas deben ser tratadas mediáticamente con estricto respeto, principalmente por las autoridades. Cualquier autoridad que haga comentarios a los medios fuera de lugar, con denotaciones misóginas, deben ser retirados de inmediato de la investigación, y puestos a disposición de sus superiores y hacer el anuncio público para informar a todos ese retiro obligatorio. Deben ser exhibidos para evitar confusiones e impunidad. Esto no es un juego. La autoridad debe actuar con el ejemplo moral que se requiere para atender este gravísimo problema.

2. Medios con perspectiva de género. Los medios deben ser atendidos por una persona especializada en el manejo de la información con perspectiva de género y debe haber una coordinación con las madres de las víctimas. Esto no significa censura o control informativo. Significa cooperación y ayuda a hacer visibles a las jóvenes secuestradas. Toda la sociedad debe estar atenta a esto, y sólo puede lograse con unidad e inteligencia.

3. Sanciones para periodistas que infrinjan los códigos éticos. Los periodistas que hagan un uso de la información no responsable, o promuevan una declaración de las autoridades con intenciones misóginas, u ofensivas para las víctimas o sus familiares deben ser sancionados negándoles el acceso a la información mediante un comunicado público a su mismo medio, redes sociales y a los demás. Si no se exige el respeto a todos y cada uno de los involucrados en difundir este problema, seguiremos dando pequeños pasos sin avanzar. Se necesita seriedad y compromiso de la sociedad en su conjunto.

4. Soluciones radicalmente distintas. Las acciones de las autoridades deben ser visibles para todos. Quiénes son las autoridades, qué méritos tienen para estar en esta búsqueda. No estamos buscando animalitos. Son vidas humanas en riesgo. Y las víctimas merecen la mejor disposición y vigilancia de la sociedad, principalmente de las autoridades, por toda la felicidad que ya se les ha robado. Por otro lado, las autoridades trabajan con recursos públicos, nuestros impuestos. Por lo tanto, es menester saber quién es quién en estas delicadas tareas, por toda la trayectoria de desconfianza que ya se tiene con los gobiernos en todos los niveles.

5. Se debe visibilizar la información. Cada determinado período, las autoridades deben estar elaborando breves actualizaciones de su trabajo para informar a las madres. Estas actualizaciones deben ser registradas públicamente, no ante los medios necesariamente, pero estar disponibles. Las madres deben saber qué se ha hecho mes a mes en la investigación de sus hijas. Si hay un informe que registre inactividad de una autoridad por tres meses o más, esta autoridad debe ser llamada a cuentas por el Comité de Madres, y dar una explicación pública sobre esa situación.

6. Las autoridades tendrán que clasificar la información de extremo riesgo. La madre tiene derecho a ser informada. Y son las autoridades las que deben estar dando cuentas a las madres de las víctimas y saber medir los niveles de riesgo. Las organizaciones civiles no están capacitadas para medir los riesgos, es tarea de la autoridad.

7. Organizar periódicamente reuniones entre autoridades. Las madres deben reunirse con autoridades, pero también con profesionales en sociología, criminología, investigadores forenses, comunicólogos e iniciados en la materia, para conocer el estado o status del problema y resolver dudas, explicar el contexto y mejorar la coordinación.

8. Terminar con la impunidad. Comprendemos que llevamos veinte años padeciendo estos crímenes en completa impunidad. Necesitamos ser atendidos y ayudados para armonizar nuestras vidas, las vida de las familias con la vida pública de Ciudad Juárez. Y esto sólo puede lograrse a través de un acuerdo explícito entre las autoridades y la sociedad. Un nuevo contrato, con nuevas obligaciones y acuerdos. Todos debemos poner nuestra voluntad en ello. Ya no podemos postergar más la atención a estos crímenes y seguir durmiendo tranquilos.

 

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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