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Mexico Violento

“Felipe Calderón causó mucho a dolor a los mexicanos”

Felipe Calderón se retira con un sinnúmero de denuncias y reclamos de familias que perdieron a sus hijos en el combate parcial contra el narcotráfico

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Artistas bordan en plaza de Coyoacán los nombres de muertos y desaparecidos por la guerra de Calderón. Foto: Daniela Pastrana

Por Daniela Pastrana

MÉXICO, 29 nov (IPS). – Cada pañuelo es una vida rota. Cada puntada, una lágrima. Cada hilo usado, un grito de frustración ante la muerte y la impunidad. Las manos mexicanas que bordan la paz son de madres que buscan a sus hijos, de hermanos que piden justicia y de estudiantes, profesores, activistas y artistas solidarios.

En medio de cuestionamientos ciudadanos, el conservador Felipe Calderón se prepara para entregar este sábado 1 de diciembre la Presidencia de México a Enrique Peña, el nuevo líder del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero una protesta, entre todas, se destaca por su fuerza moral: es un tendedero de miles de pañuelos blancos, bordados con los nombres y las historias de miles de muertos y desaparecidos en México, como producto de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió Calderón desde el comienzo de su mandato, en diciembre de 2006.

“Queremos despedir a Calderón por el dolor que nos ha causado a miles de familias. Porque (las acciones de su gobierno) nos deshizo totalmente como familia, nos cambió la vida, y nada más el amor a mi hijo es lo que nos sostiene”, dice una de las impulsoras de los bordados, Leticia Hidalgo, de la norteña ciudad de Monterrey.

A su hijo Roy Rivera, estudiante de filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo secuestraron el 11 de enero de 2011. La familia pagó su rescate, pero nunca regresó. Estaba por cumplir 19 años.

Hidalgo bordó en su pañuelo: “Mi niño, te coloco en las manos de Dios. Te esperamos pronto, muy pronto. Fuerza. Tu mamá y Richi”.

El memorial de los pañuelos blancos será instalado en la Alameda Central de la Ciudad de México, donde se sumarán los pañuelos que por más de 15 meses han sido bordados en decenas de ciudades de este país y del exterior por cientos de manos. Unos tienen mensajes dolorosos de padres, madres y familiares. Otros cuentan historias recuperadas del olvido por manos anónimas.

“15 de enero. NL. Dos mujeres pierden la vida en una balacera en la colonia Balcones Altavista. Bordó: Otra mujer”, dice un pañuelo que cuelga en la capitalina plaza de Coyoacán.

La idea de bordar pañuelos como un acto de protesta surgió del colectivo Fuentes Rojas, un grupo de artistas plásticos que había teñido de rojo varias fuentes como señal de condena a la sangre derramada por la estrategia bélica de seguridad de Calderón.

Comenzaron a bordar en sus reuniones. La primera acción en este sentido se concretó en agosto de 2011, en una jornada artística y cultural organizada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Zócalo, el principal paseo de Ciudad de México.

Luego repitieron esta acción cada domingo en la plaza de Coyoacán, en el sur de la capital, y a un lado de la céntrica Torre Latinoamericana.

“Quisimos sensibilizar a la población civil de esta gran tragedia, con el gesto simbólico de resarcir estas historias rotas que ha producido la violencia”, explica a IPS la artista visual Elia Andrade.

“Nosotros somos los que bordamos por todos, y lo que ponemos básicamente en el pañuelo son los datos que logramos conseguir: el nombre, cómo fue la muerte, la fecha y quién los hizo, pero cuando es un familiar el que lo borda, es muy distinto”, indica.

“Por eso, cuando la acción empezó a replicarse en otros lugares, cada colectivo empezó a darle sus propias variaciones”, apunta

Así, las mujeres de Nuevo León, uno de los estados que destaca en el mapa nacional por la cantidad de desapariciones forzadas, cambiaron el hilo rojo de las personas asesinadas por el hilo verde para bordar los pañuelos de sus hijos desaparecidos.

“El verde es el color de la esperanza, de que los vamos a encontrar”, repite Hidalgo, quien desde marzo se reúne a bordar con otras mujeres frente al palacio municipal de Monterrey. Empezaron cinco y ahora tienen más de 200 pañuelos, porque cada semana llegan rostros nuevos de personas que buscan a un familiar desaparecido, añade.

En Guadalajara, la capital del occidental estado de Jalisco, se moviliza uno de los grupos más grandes y activos de los bordadores por la paz.

“Bordar un pañuelo es un acto de amor, de reconocimiento”, escribió en el blog de “Bordamos por la paz” Teresa Sordo, una de las impulsoras del grupo, que se reúne cada domingo en el Parque Rojo.

Muchos de los nombres y las historias que bordan en sus pañuelos son tomados de una lista titulada “Menos días aquí”, una iniciativa del colectivo Nuestra Aparente Rendición, que, usando información de los diarios, se ha dado a la tarea de contar los muertos de cada día en el país.

“Bordamos, tal vez, porque unas manos pueden transformar las cosas y necesitamos transformarlas en cosas bellas porque ya muchas manos trabajan en hacer lo detestable, lo innombrable, lo incomprensible”.

Otros grupos locales y del exterior eligieron los aros, la tela y los hilos como armas frente a las balas.

Los indígenas desplazados de la comunidad de San Juan Copala, en el sureño estado de Oaxaca, bordaron los pañuelos de sus 28 muertos. Lo mismo hicieron varias comunidades de Michoacán. En Guatemala y Nicaragua también dedicaron lienzos a los 72 emigrantes asesinados en Tamaulipas, en agosto de 2010.

Manos de la ciudad de México bordaron telas por los 49 niños y niñas que murieron en el incendio de una guardería en junio de 2009 en Sonora.

En Coahuila, otro de los estados con mayor número de personas desaparecidas, también comenzaron a bordar. Hay grupos haciéndolo en Morelos, Puebla, Chihuahua, en el estado de México, además de países como Francia, Alemania y Japón.

Los pañuelos blancos formarán el memorial que pidieron las víctimas a Calderón durante los diálogos públicos que sostuvo en junio de 2011 con los representantes del movimiento por la paz. El presidente solo activó la construcción de un mausoleo para militares y una polémica edificación, que el gobierno llama Memorial para las Víctimas, dentro del Campo Militar.

Con manos hábiles, la michoacana María Herrera borda en hilo rojo el nombre de uno de los miles de muertos en el sexenio de Calderón y su Partido Acción Nacional, que interrumpió hace 12 años siete décadas de gobierno del PRI.

Justicia pendiente

Madres de desaparecidos exigen justicia afuera de Palacio Nacional

Ignacio García

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Madres integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir justicia por la falta de respuesta en la localización de sus hijos, además de pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetar la nueva reforma de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las inconformes exigieron al mandatario federal que vete la nueva Ley Orgánica de la FGR, así como las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, por lo que demandaron una audiencia con el presidente de México para atender esa situación.

De acuerdo con las madres, no han obtenido respuesta por parte de la FGR sobre sus hijos que desaparecieron, por lo que solicitaron la intervención del presidente para atender esta problemática permanente que se mantiene en la impunidad, pues los casos no han sido resueltos.

Las madres de desaparecidos pidieron que se brinden mecanismos de atención permanente para que la FGR sea más eficaz ante la falta de respuestas por parte de las instituciones federales, por lo que consideraron necesario que se tomen en cuenta las demandas de las familiares de las víctimas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que revisarán los casos correspondientes para que se identifiquen los casos reales sobre la falta de respuesta de las autoridades, pues hay casos que suman más de diez años sin la obtención de algún resultado en las indagatorias.

Mientras las madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, para exigir alguna respuesta por parte de las autoridades, en el interior del recinto se realizó un festival que organizó la presidencia de la República para festejar a las madres en su día.

 

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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Justicia pendiente

Romero Deschamps, el sindicalista que se mantuvo en la impunidad

Ignacio García

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, se jubiló completamente del servicio público, aunque no existe ninguna indagatoria mayor en su contra, pese a los diversos escándalos de corrupción en los que estuvo relacionado.

Después de haber formado parte de la nómina de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps renunció oficialmente a la empresa al servicio del Estado, cuestionado por la concentración de la riqueza que acumuló durante su gestión al frente del sindicato petrolero más grandes de América Latina.

Aunque desde joven formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue ocupando diferentes posiciones en el interior del sindicato petrolero y en el interior del priismo, por lo que en 1979 se desempeñó por primera vez como diputado federal por la vía de representación proporcional.

Su lealtad con Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder del sindicato petrolero que estuvo a cargo entre 1973 y 1989, le permitió seguir escalando posiciones en la estructura sindical, y tras la detención del dirigente sindical en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hizo cargo del organismo sindical.

Carlos Romero Deschamps fue un cercano colaborador a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, por lo que incluso destinó recursos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, Francisco Labastida, en 2000, conocido como el “Pemexgate” en el que se gastaron más de mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, en el gobierno de Vicente Fox no fue procesado y la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) fue cerrada en el 2005, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón apoyó abiertamente las reformas estructurales que pretendía desarrollar y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue senador.

Aunque en 2017 fue reelecto para mantenerse en el cargo hasta 2024, con el inicio del gobierno de López Obrador fue obligado a renunciar de su cargo en 2019 y en los últimos dos años gozó de “vacaciones” para finalmente retirarse sin ninguna averiguación en su contra.

La familia de Carlos Romero Deschamps fue señalada de enriquecimiento ilícito, debido a sus hijos fueron retratados con vehículos de lujo, que serían incosteables para cualquier trabajador de Pemex.

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