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FARC propone reformas de estado para dejar armas

Después de medio siglo de luchar armada, existe la posibilidad de que las FARC dejen las armas, pero a cambio negocian reformas de estado

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De derecha a izquierda, Andrés París, Mauricio Jaramillo, Ricardo Téllez, Sandra Ramírez y Hermes Aguilar, guerrilleros de las FARC, este martes en La Habana Foto: Jorge Luis Baños

Por Patricia Grogg y Constanza Vieira

LA HABANA/BOGOTÁ, (IPS).- La agenda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es pragmática y reformista para el actual intento de negociar la paz con el gobierno y poner fin a casi medio siglo de guerra en este país andino.

Entre sus prioridades figuran frenar proyectos mineros y grandes obras de infraestructura, así como pactar medidas de desarrollo rural en todo el estado. A cambio, las FARC dejarían las armas.

A las 12:30 hora de Colombia de este martes 4 habló en la sede presidencial en Bogotá el presidente Juan Manuel Santos, y una hora después lo hizo, por vídeo emitido en La Habana, el comandante actual del Estado Mayor Central de las FARC, Timoleón Jiménez.

Fue el anuncio formal del «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera». Las palabras del jefe guerrillero fueron escuchadas atentamente por los miembros de las FARC, Marco León Calarcá, Mauricio Jaramillo, Ricardo Téllez, Sandra Ramírez y Hermes Aguilar, en la comparecencia ante la prensa cubana y extranjera, en la que no se permitieron preguntas.

Las conversaciones de paz comenzarán en la primera quincena de octubre, con el tema agrario como primer punto de la agenda dada a conocer este martes en La Habana.

Los términos de lo acordado fueron entregados por escrito a la prensa acreditada luego de la exhibición del vídeo con la intervención de Jiménez, quien alertó que el gobierno colombiano ha reiterado que no permitirá «concesiones en el terreno de la guerra».

«En su extraño parecer, cualquier posibilidad de cese al fuego, tregua, armisticio, despeje, únicamente contribuye a la creación de incentivos perversos», recalcó Jiménez.

«Los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación asediados no solo por el mismo embate militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente, mediante su acrecentamiento, a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio de una miserable rendición y entrega», añadió de manera reveladora.

Pese a ello, agregó,»guardamos la esperanza de que el régimen no intente repetir la misma trama del pasado».

Este es el tercer intento de paz entre el gobierno y las FARC, guerrilla estructurada a la manera de un ejército. El más avanzado tuvo lugar entre 1984 y 1990 y fue iniciado por el presidente Belisario Betancur (1982-1986) y terminado violentamente por César Gaviria (1990-1994) en diciembre de 1990.

De dichas negociaciones surgió la Unión Patriótica, un partido pactado para que los guerrilleros se desmovilizaran y se integraran paulatinamente a la vida política civil, y que fue exterminado a tiros.

El siguiente proceso de paz fue iniciado y terminado por Andrés Pastrana (1998-2002) en la región desmilitarizada del Caguán, en el sur del país, tras cuyo fracaso sobrevino la participación de Estados Unidos en la guerra contrainsurgente colombiana.

Sin reformas no hay paz, consideran las FARC, y dichas reformas serán resultado de la negociación. Los delegados de esa insurgencia a la «mesa de conversaciones» con el gobierno «obedecen a decisiones concertadas democráticamente en el secretariado» del Estado Mayor Central, según sostiene una alta fuente de las FARC en una carta privada a la que se tuvo acceso el lunes 3.

Así, añade el texto, ese grupo insurgente surgido en 1964 acudirá a estas conversaciones –que según las partes serán directas e ininterrumpidas– como al «más importante de los combates».

El guerrillero agrega que «de esta orilla todo está dispuesto» para la negociación, voluntad política en la que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo insurgente nacido en 1964 como las FARC.

El ELN viene planteando diálogos de paz desde hace años, pero no ha habido entendimientos. La misiva vista por IPS anota que la raíz de los desencuentros, según muestran los acercamientos exploratorios previos, sigue siendo que las FARC consideran que «la paz es con cambios o no es», «no es simple» abandono de las armas y sinónimo de desmovilización, reflexiona la fuente, jefe combatiente de una amplia región colombiana cuya identidad se guarda. Al contrario, para las elites la paz es sinónimo de desmovilización, agrega.

Así, a la contraparte le falta «grandeza», indica. «A la hora de la hora todo es inamovible», señala el dirigente, rememorando el fracaso en el Caguán. La carta anuncia que la guerrilla reclamará a Santos porque mantuvo la promoción de la «locomotora minera» del anterior gobierno, en la que, asegura el insurgente, confluyen capitales del narcotráfico e intereses personales del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien se opone radicalmente a esta negociación.

Las FARC pondrán sobre la mesa los conflictos locales que generan las grandes obras de infraestructura, en general precedidas de cruentas operaciones de desplazamiento forzado y que hoy generan rechazo de las comunidades que continúan en los territorios afectados, prosigue la carta.

Según el acuerdo para la terminación del conflicto, logrado tras el encuentro exploratorio desarrollado en Cuba entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de este año, la mesa de pláticas se instalará públicamente en Oslo, tendrá como sede principal la capital cubana y podrá sostener reuniones en otros países.

Previamente, las partes sostuvieron conversaciones durante año y medio, período en el cual era abatido, en noviembre, el comandante de las FARC de nombre de combate Alfonso Cano.

Cano había sido el principal negociador de las FARC en el pacto que formó la UP. «Estamos ante una posibilidad real» de terminar el conflicto, un camino «difícil», reconoció por su parte el mandatario Santos. Colombia y el mundo «han cambiado», adujo Santos, pero también este es «un acuerdo diferente».

Ahora Colombia es la segunda economía de América del Sur, afirmó, «millones de colombianos están saliendo de la pobreza» y «el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado». Ningún gobierno del continente la tolera, subrayó.

En estos acercamientos tuvieron un rol cardinal los gobiernos de Cuba y Venezuela, que públicamente han rechazado la lucha armada. Además, dijo Santos, «podemos hablar de paz gracias a los éxitos de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía», destacó. No habrá cese de operaciones militares, recalcó el presidente, algo que expertos y FARC consideran el talón de Aquiles del esfuerzo actual.

Éste «es un acuerdo para terminar el conflicto», insistió, aunque advirtió que el triunfo de los diálogos «no se puede dar por descontado». Las conversaciones «se medirán en meses, no en años», dijo Santos, y periódicamente se revisarán avances. Si no los hay, «no seguimos».

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Guatemala: crecen las protestas contra la corrupción del gobierno de Giammattei y en defensa de derechos políticos

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Guatemala: crecen las protestas contra la corrupción del gobierno de Giammattei y en defensa de derechos políticos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Cientos de personas se agolparon el jueves en diferentes puntos de la capital de Guatemala convocadas por organizaciones sociales, en medio de una huelga contra la corrupción del gobierno, el alto costo de vida y la defensa de derechos como la libertad de expresión y de manifestación.

En los alrededores de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes, trabajadores y profesores se reunieron para luego partir en una marcha hacia el centro histórico y sede del poder político, Ejecutivo y Judicial.

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Los manifestantes en Guatemala rechazan los presuntos actos de corrupción de la administración del presidente Alejandro Giammattei que, alegan, no son investigados por la fiscal general Consuelo Porras, quien mantiene una amistad con el mandatario.

Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que el alto costo de vida “significa un aumento del hambre de los pobres”.

“La corrupción al final se concreta en el robo del dinero del pueblo y los que pagan impuestos son los pobres y la clase media, porque los ricos no contribuyen equitativamente a Guatemala”, agregó.

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Enrique Saquic, autoridad ancestral de Santa Lucia Utatlán, dijo que los indígenas participan de la protesta en representación de sus pueblos. “Nos están ahorcando, nuestros hermanos, nuestros pueblos son los que están sufriendo todo este alto costo de la vida”.

Enrique Saquic también aseguró que existe una percepción de corrupción no sólo en la Fiscalía de Guatemala sino en el más alto tribunal, la Corte de Constitucionalidad, lo cual ha dejado indefensos a los guatemaltecos.

Porras ha sido señalada y sancionada por el gobierno estadounidense por considerar que obstaculiza la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.

Un contingente de soldados de Guatemala con equipos antidisturbios fue captado entrando a un lugar cercano a la casa presidencial. Rubén Tellez, vocero del ejército, confirmó que “es un movimiento preventivo normal” cuando se anuncian manifestaciones.

Los manifestantes han denunciado que el Congreso pretende aprobar un ley que le da el poder a policías y militares para usar sus armas para disolver las protestas.

© Proporcionado por Associated Press La gente marcha para protestar contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei en la Ciudad de Guatemala, el jueves 11 de agosto de 2022. (AP Foto/Moisés Castillo)

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Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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América Latina pierde años de esperanza de vida por pandemias

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SANTIAGO – América Latina y el Caribe es la región del mundo que perdió más años de esperanza de vida debido a la covid-19, pasando de 75,1 años en 2019 a 72,1 en 2021, mostró un análisis de la Cepal sobre tendencias recientes de la población.

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) resaltó que esa pérdida de tres años en la esperanza de vida promedia cifras desiguales entre países y subregiones, pues por ejemplo el  retroceso fue de 3,6 años en América Central.

Las proyecciones de la Cepal suponen que ya en 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos de esperanza de vida, debido al proceso de vacunación y a las medidas tomadas por los países para combatir la pandemia.

Los estimados y proyecciones también confirman un crecimiento cada vez menor de la población de la región, resultante sobre todo de la disminución de la fecundidad.

Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco más de 660 millones en 2022 y se espera que comience a decrecer dentro de aproximadamente 34 años.

La región pasó de un crecimiento medio anual de 4,5 millones de personas entre 1950 y 1951 a un máximo de cerca de 8,3 millones a inicios de los años 90.

A partir de 1991 el crecimiento poblacional empezó a desacelerarse y, actualmente, la población crece a un ritmo de menos de cinco millones de personas al año.

El crecimiento cada vez menor de la población, resultante principalmente de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un total de 751,9 millones de personas, señala el análisis.

También se evidencia un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico, como se conoce al periodo de transición demográfica de un país en el que cada vez más jóvenes se incorporan al mercado laboral, la tasa de natalidad baja y la pirámide poblacional del país se expande en el medio.

El texto de la Cepal dice que la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada, y se proyecta que ya en 2047 la población de personas con 60 años y más supere a la de menos de 15 años.

Se calcula que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, marcando el inicio del bono demográfico, mientras que, para 2029, se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años).

Existe sin embargo la heterogeneidad regional, con distintos ritmos de envejecimiento en los países de la región.

La fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo y siguió aumentando la edad media de la fecundidad. La tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe en 2022 es estimada en 1,85 nacidos vivos por mujer, cifra que está por debajo del nivel de reemplazo desde 2015, y bajará a 1,68 para el año 2100.

Asimismo, la edad media de la fecundidad mantuvo una tendencia decreciente entre 1950 y 2000 debido a la disminución del número de hijos por mujer, y registró su valor mínimo en 2000 con 26,9 años.

A partir de 2013 comenzó a aumentar y actualmente se observa un valor de 27,6 años, lo que señala que la baja fecundidad viene acompañada por un número mayor de mujeres teniendo hijos en edades más avanzadas, y se espera que esa tendencia continúe y que la edad media alcance 30,4 años en 2100.

Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos, y características de la población migrante.

A-E/HM

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