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FARC propone reformas de estado para dejar armas

Después de medio siglo de luchar armada, existe la posibilidad de que las FARC dejen las armas, pero a cambio negocian reformas de estado

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De derecha a izquierda, Andrés París, Mauricio Jaramillo, Ricardo Téllez, Sandra Ramírez y Hermes Aguilar, guerrilleros de las FARC, este martes en La Habana Foto: Jorge Luis Baños

Por Patricia Grogg y Constanza Vieira

LA HABANA/BOGOTÁ, (IPS).- La agenda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es pragmática y reformista para el actual intento de negociar la paz con el gobierno y poner fin a casi medio siglo de guerra en este país andino.

Entre sus prioridades figuran frenar proyectos mineros y grandes obras de infraestructura, así como pactar medidas de desarrollo rural en todo el estado. A cambio, las FARC dejarían las armas.

A las 12:30 hora de Colombia de este martes 4 habló en la sede presidencial en Bogotá el presidente Juan Manuel Santos, y una hora después lo hizo, por vídeo emitido en La Habana, el comandante actual del Estado Mayor Central de las FARC, Timoleón Jiménez.

Fue el anuncio formal del «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera». Las palabras del jefe guerrillero fueron escuchadas atentamente por los miembros de las FARC, Marco León Calarcá, Mauricio Jaramillo, Ricardo Téllez, Sandra Ramírez y Hermes Aguilar, en la comparecencia ante la prensa cubana y extranjera, en la que no se permitieron preguntas.

Las conversaciones de paz comenzarán en la primera quincena de octubre, con el tema agrario como primer punto de la agenda dada a conocer este martes en La Habana.

Los términos de lo acordado fueron entregados por escrito a la prensa acreditada luego de la exhibición del vídeo con la intervención de Jiménez, quien alertó que el gobierno colombiano ha reiterado que no permitirá «concesiones en el terreno de la guerra».

«En su extraño parecer, cualquier posibilidad de cese al fuego, tregua, armisticio, despeje, únicamente contribuye a la creación de incentivos perversos», recalcó Jiménez.

«Los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación asediados no solo por el mismo embate militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente, mediante su acrecentamiento, a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio de una miserable rendición y entrega», añadió de manera reveladora.

Pese a ello, agregó,»guardamos la esperanza de que el régimen no intente repetir la misma trama del pasado».

Este es el tercer intento de paz entre el gobierno y las FARC, guerrilla estructurada a la manera de un ejército. El más avanzado tuvo lugar entre 1984 y 1990 y fue iniciado por el presidente Belisario Betancur (1982-1986) y terminado violentamente por César Gaviria (1990-1994) en diciembre de 1990.

De dichas negociaciones surgió la Unión Patriótica, un partido pactado para que los guerrilleros se desmovilizaran y se integraran paulatinamente a la vida política civil, y que fue exterminado a tiros.

El siguiente proceso de paz fue iniciado y terminado por Andrés Pastrana (1998-2002) en la región desmilitarizada del Caguán, en el sur del país, tras cuyo fracaso sobrevino la participación de Estados Unidos en la guerra contrainsurgente colombiana.

Sin reformas no hay paz, consideran las FARC, y dichas reformas serán resultado de la negociación. Los delegados de esa insurgencia a la «mesa de conversaciones» con el gobierno «obedecen a decisiones concertadas democráticamente en el secretariado» del Estado Mayor Central, según sostiene una alta fuente de las FARC en una carta privada a la que se tuvo acceso el lunes 3.

Así, añade el texto, ese grupo insurgente surgido en 1964 acudirá a estas conversaciones –que según las partes serán directas e ininterrumpidas– como al «más importante de los combates».

El guerrillero agrega que «de esta orilla todo está dispuesto» para la negociación, voluntad política en la que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo insurgente nacido en 1964 como las FARC.

El ELN viene planteando diálogos de paz desde hace años, pero no ha habido entendimientos. La misiva vista por IPS anota que la raíz de los desencuentros, según muestran los acercamientos exploratorios previos, sigue siendo que las FARC consideran que «la paz es con cambios o no es», «no es simple» abandono de las armas y sinónimo de desmovilización, reflexiona la fuente, jefe combatiente de una amplia región colombiana cuya identidad se guarda. Al contrario, para las elites la paz es sinónimo de desmovilización, agrega.

Así, a la contraparte le falta «grandeza», indica. «A la hora de la hora todo es inamovible», señala el dirigente, rememorando el fracaso en el Caguán. La carta anuncia que la guerrilla reclamará a Santos porque mantuvo la promoción de la «locomotora minera» del anterior gobierno, en la que, asegura el insurgente, confluyen capitales del narcotráfico e intereses personales del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien se opone radicalmente a esta negociación.

Las FARC pondrán sobre la mesa los conflictos locales que generan las grandes obras de infraestructura, en general precedidas de cruentas operaciones de desplazamiento forzado y que hoy generan rechazo de las comunidades que continúan en los territorios afectados, prosigue la carta.

Según el acuerdo para la terminación del conflicto, logrado tras el encuentro exploratorio desarrollado en Cuba entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de este año, la mesa de pláticas se instalará públicamente en Oslo, tendrá como sede principal la capital cubana y podrá sostener reuniones en otros países.

Previamente, las partes sostuvieron conversaciones durante año y medio, período en el cual era abatido, en noviembre, el comandante de las FARC de nombre de combate Alfonso Cano.

Cano había sido el principal negociador de las FARC en el pacto que formó la UP. «Estamos ante una posibilidad real» de terminar el conflicto, un camino «difícil», reconoció por su parte el mandatario Santos. Colombia y el mundo «han cambiado», adujo Santos, pero también este es «un acuerdo diferente».

Ahora Colombia es la segunda economía de América del Sur, afirmó, «millones de colombianos están saliendo de la pobreza» y «el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado». Ningún gobierno del continente la tolera, subrayó.

En estos acercamientos tuvieron un rol cardinal los gobiernos de Cuba y Venezuela, que públicamente han rechazado la lucha armada. Además, dijo Santos, «podemos hablar de paz gracias a los éxitos de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía», destacó. No habrá cese de operaciones militares, recalcó el presidente, algo que expertos y FARC consideran el talón de Aquiles del esfuerzo actual.

Éste «es un acuerdo para terminar el conflicto», insistió, aunque advirtió que el triunfo de los diálogos «no se puede dar por descontado». Las conversaciones «se medirán en meses, no en años», dijo Santos, y periódicamente se revisarán avances. Si no los hay, «no seguimos».

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Latinoamérica

Pedro Castillo pone fin a su gobierno con un autogolpe de Estado, estilo Fujimori

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Pedro Castillo terminó con la presidencia de Perú con un autogolpe de Estado

 

Por Isaac Risco

Pedro Castillo decidió poner fin a su presidencia en Perú de una de las peores formas posibles. Tras liderar uno de los gobiernos más desastrosos de la historia del país, Castillo violó el miércoles (7.12.2022) la Constitución que juró cumplir al asumir el cargo y ordenó el cierre de un Congreso elegido de forma antidemocrática.

Con ello, el mandatario le dio a sus críticos, finalmente, los argumentos que necesitaban para forzar su salida del poder. La precipitada votación en la que el Legislativo decidió poco después destituir al presidente estaba justificada en medio del caos y la locura en que se ha convertido la política peruana en los últimos tiempos: Pedro Castillo era una franca amenaza para la frágil democracia del país.

Incapacidad para gobernar

En Perú se habló de inmediato de un «golpe de Estado» y algunos analistas recordaron el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, el funesto precedente para la medida anunciada por Castillo. La comparación es pertinente: si bien la Carta Magna peruana contempla la posibilidad de que un presidente disuelva el Parlamento y llame a elecciones legislativas extraordinarias, ese extremo sólo puede ocurrir si la cámara le niega dos veces la confianza a un gabinete presidencial. Castillo no tenía ese argumento. Su intento de cerrar el Congreso era innegablemente ilegal.

Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

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Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

Tragicomedia política

Parte de la tragicomedia política peruana, por otro lado, es que la declaración de la «vacancia de la presidencia por incapacidad moral», como se llama al mecanismo constitucional previsto para destituir al presidente, se había convertido antes en una farsa. Una paradoja, porque la actual moción de vacancia es la única cuyo resultado está realmente justificado.

Se trataba de la tercera moción presentada en el Congreso en menos de dos años para intentar sacar a Castillo de Palacio de Gobierno en Lima. Antes, en noviembre de 2020, uno de sus predecesores, Martín Vizcarra, había sido destituido por la misma vía. Y en los últimos cinco años, tres presidentes afrontaron «pedidos de vacancia», cada cual hilado con argumentos más peregrinos que el anterior.

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Grave crisis sistémica

La estrepitosa caída de Pedro Castillo, por eso, no debe alegrar a nadie en Perú. Tampoco a la radicalizada oposición ultraconservadora que pedía destituir al presidente de izquierda cuando este no había ni siquiera asumido el cargo en 2021. La tragedia personal de Castillo es también la tragedia colectiva de un país que lleva años sumido en una grave crisis sistémica y en un proceso de descomposición política avanzado. Sin un Ejecutivo y un Congreso operantes, también sin partidos políticos dignos de ese nombre.

Es urgente, ahora, que el gobierno que asume la vicepresidenta, Dina Boluarte, convoque a nuevas elecciones cuanto antes. Y es perentorio, para salir de la crisis, que el próximo gobierno que salga de las urnas cuente con las mayorías y la voluntad necesarias para poner en marcha una reforma política que ya no puede esperar más.

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La red en lucha

Expresidenta de Argentina Cristina Fernández condenada a seis años de prisión por corrupción

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Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de prisión por corrupción

La condena fue leída en medio de una jornada de protestas por seguidores de la vicepresidenta, quienes muestran su respaldo a Cristina Fernández

La vicepresidenta de ArgentinaCristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a Fernández de Kirchner a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

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La pena dispuesta para Fernández de Kirchner en la denominada «causa Vialidad» es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.

El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.

En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de la propia Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

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Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.

En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.

La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.

En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.

 

 

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Latinoamérica

Militarización en Ecuador y México otra amenaza más a los derechos humanos

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Amnistía Internacional alertó que se puede agravar la violación de derechos humanos en México y Ecuador por la militarización que sufren ambos países

 

MÉXICO – La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en América Latina, en particular en Ecuador y México, representa una amenaza para los derechos humanos en la región, afirmó en una nueva declaración la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“Es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos, particularmente ante la evidencia de los retrocesos que ocurren como consecuencia de la militarización de la seguridad pública”, advirtió la directora para el hemisferio de AI, Erika Guevara Rosas.

En Ecuador, la Corte Constitucional publicó el martes 29 la validación del pedido del presidente Guillermo Lasso de reformar la Constitución, para permitir el apoyo complementario y permanente de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, a fin de combatir el crimen organizado en el país.

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En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que en cuestión de días discutirá asuntos relacionados con la Guardia Nacional y con la militarización del país que se encuentran pendientes de resolución.

El primer análisis tratará la controversia constitucional sobre el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En el caso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afirmó que las obligaciones emanadas para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas ecuatorianas son la justificación para la actuación permanente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.

Además, mencionó que el problema del crimen organizado no es excepcional, sino que es un fenómeno creciente que ha sobrepasado el ejercicio de las facultades de la institución de protección interna, por lo cual no hay la necesidad de respetar el requisito de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, recordó AI.

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“El presidente Lasso no puede ignorar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su propia conveniencia, para justificar la militarización en Ecuador”, replicó Guevara Rosas.

Argumentó que “si el problema del crimen organizado, según el propio presidente, no es excepcional, la respuesta no puede darse a través del despliegue permanente de las fuerzas armadas, en virtud de los requisitos de excepcionalidad y carácter extraordinario de su uso”.

Recordó que existe una prohibición en la doctrina emanada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre perpetuar el uso de las fuerzas armadas en temas no relacionados con conflictos armados.

En su opinión “se abre una oportunidad para que empiece un proceso que permita que las fuerzas armadas estén a cargo de manera complementaria y permanente de la seguridad ciudadana”.

“Es un pésimo precedente para la garantía de los derechos humanos en el país”, aseveró la responsable de AI.

En el caso de México, el reporte de AI recordó que ese país “ha optado por utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública desde hace más de 15 años. Esta estrategia de seguridad se ha profundizado en los últimos años”.

En marzo de 2019, mediante una reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional con mando civil y policial, pero con una influencia muy alta de las fuerzas armadas.

Por otra parte, el Acuerdo Presidencial facultaba a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, periodo que fue recientemente ampliado por el Congreso hasta 2028.

“Estas acciones se llevaron a cabo sin una estrategia clara de fortalecimiento de policías y de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles”, según AI.

 

En septiembre de este año, el Congreso aprobó que se incorpore a la Guardia Nacional formalmente bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también tiene a su cargo las Fuerzas Armadas.

La iniciativa está siendo controvertida ante el poder judicial y actualmente cuenta con una suspensión que frena su entrada en vigor.

La oenegé recordó que la Guardia Nacional mexicana realiza adicionalmente más de 148 funciones civiles que no son relacionadas con seguridad, como la construcción de carreteras y el manejo de la vacunación contra la covid-19.

Tanto la Guardia Nacional como la Sedena se encuentran dentro de las 10 instituciones con mayor número de quejas abiertas este año, 346 y 327 respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Según Guevara Rosas “la estrategia de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas ha probado una y otra vez ser ineficiente para atender la crisis de seguridad que enfrenta México, pese a lo cual se insiste en perpetuarla”.

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“Ello sin mencionar el cúmulo de violaciones de derechos humanos que se han documentado por parte de esas fuerzas”, agregó.

Opinó que ese país “está a tiempo de cambiar su estrategia de seguridad, para lo cual es fundamental priorizar la creación de un plan de fortalecimiento de los cuerpos policiales, bajo el mando civil, y el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles”.

Insistió en que la protección del derecho a la vida y a la integridad personal no permite ni puede ser una justificación para que los Estados tomen medidas para complementar, mucho menos de manera permanente, los cuerpos policiales con las fuerzas armadas.

Recordó que la Corte IDH ha alertado sobre la formación del personal militar, que está orientada a su participación en conflictos armados con la consigna de derrotar al enemigo, mientras que el entrenamiento policial se dirige a la protección y seguridad de la población civil en tiempos de paz.

“Sin duda, la seguridad pública ante contextos de violencia es una preocupación legítima y prioritaria para los Estados de la región. Sin embargo, es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos”, dijo finalmente Guevara Rosas.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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