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Latinoamérica

FARC: “No más sumisión a Washington”

Las FARC participan en el diálogo para la paz en Colombia pero sus líderes se manifiestan en contra de la presencia de militares estadounidenses en el país

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En el hotel Hurdalsjoen en Hurdal, Noruega, donde se celebró una reunión el 18 de octubre. Foto: AFP

Niko Schvarz*

Se ha comenzado a recorrer el camino que conduce a la paz en Colombia. Un objetivo que encarna un profundo anhelo de todo el pueblo colombiano (salvo algunos energúmenos como el ex presidente Uribe y su cohorte) y que cuenta con la solidaridad expresa de pueblos y gobiernos de América y de la comunidad internacional en su conjunto.

El diálogo iniciado el 18 de octubre en la proximidad de Oslo, la capital de Noruega, entre las delegaciones de las FARC y del gobierno de Juan Manuel Santos estuvo rodeada de expectativa y esperanza y concitó la atención mundial. Con clara conciencia de que la participación colectiva por este objetivo común contribuirá a abrir una perspectiva de paz en Colombia tras casi medio siglo de enfrentamientos armados.

El encuentro de Oslo estuvo precedido de casi dos años de una fase exploratoria, de reuniones que tuvieron lugar en el estado fronterizo de Barinas, en Venezuela, y en Cuba. Los diálogos proseguirán en una segunda fase en La Habana el 15 de noviembre. Los estados garantes de un acuerdo son Noruega y Cuba, en tanto Venezuela y Chile actúan en calidad de acompañantes. Los gobiernos de los cuatro países han expresado por igual y sin reticencias su voluntad de dedicar los máximos esfuerzos para lograr lo que en la declaración inicial conjunta de ambas delegaciones, tras la reunión en Oslo, se definió como “una paz estable y duradera” y “el desarrollo agrario integral común de Colombia”. Los cinco puntos del acuerdo marco suscrito en La Habana son: cuestión agraria, participación política, narcotráfico, situación de las víctimas y fin del conflicto.

El jefe de la delegación del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, formuló una exposición sobre el primer punto de la agenda, la cuestión agraria. En respuesta, el vocero de las FARC, Iván Márquez, señaló la enorme desigualdad en la posesión de la tierra, con solo dos millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en un país que importa diez millones de toneladas en alimentos y donde se han provocado cuatro millones de desplazados de la tierra. Para él lo más trascendente es el desarrollo del sector agrario, y señaló que la lucha de las FARC ha sido contra los latifundistas y a favor de los campesinos que son explotados por ellos.

También se refirió a las multinacionales mineras, que ocupan una importante porción del territorio para una explotación que no se compadece con el medio ambiente. Su intervención procuraba “desenmascarar a las corporaciones transnacionales apoyadas por el gobierno, que sólo sacan provecho de la tierra destruyendo la naturaleza”.

Hizo alusión asimismo a las duras condiciones para los trabajadores de Puerto Gaitán, donde la trasnacional petrolera extrae 250.000 barriles diarios y obliga a los obreros s trabajar 16 horas por día durante tres semanas sin descanso.

El representante de las FARC se pronunció también contra la presencia de militares extranjeros en territorio colombiano, especialmente de los estadounidenses (punto particularmente sensible por la presencia de bases militares de EEUU en el país). Su conclusión al respecto fue: “No más sumisión a Washington”. También lo oímos hablar, en la conferencia de prensa final en Oslo, de las acciones de las bandas paramilitares, de sus crímenes y de los robos de tierras a los campesinos, lo que ha provocado una masa enorme de desplazados.

El representante del gobierno, Humberto de la Calle, procuró limitar los alcances del debate, señalando que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la intervención extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden y una vez que acabe el conflicto tendrán que hacerlo sin armas”.

El alto al fuego

El otro tema objeto de intensa discusión, en todos los ámbitos, es el del alto al fuego mientras duren las conversaciones de paz. De la Calle reiteró categóricamente la posición negativa del gobierno, la cual ha sido objeto de una crítica generalizada, tanto en el plano interno como internacional. Expresó que no habrá alto el fuego entre el gobierno de Colombia y los rebeldes hasta que las partes lleguen a un acuerdo de paz final. “Vamos a seguir cumpliendo nuestra obligación militar”, afirmó.

En este caso la réplica estuvo a cargo de otro delegado de las FARC, el comandante José Santrich. Expresó su confianza en que el diálogo permita la obtención de la paz con justicia social para poner fin al conflicto, y agregó: “Hemos sido reiterativos en afirmar que buscamos la paz para Colombia y que hemos propuesto un cese al fuego. El gobierno de Colombia dice que lo hará al final. Seguro que necesita un poco más de muertos y lisiados. Lo que nosotros queremos es ahorrar sangre y sufrimientos”.

En la conclusión Iván Márquez señaló que “de aquí partiremos a La Habana para incorporarnos a esta tarea de búsqueda de la paz, para sostener reuniones con equipos de diálogo que ha designado el presidente Santos”, que incluyen también a los militares.

Participación de la sociedad civil y solidaridad mundial

Organizaciones de la sociedad civil colombiana, y en particular el movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, sostienen que las mismas deben participar activamente en el proceso de paz iniciado entre el gobierno y la fuerza insurgente. En su nombre, la ex senadora Piedad Córdoba, que ha tenido destacada intervención en múltiples gestiones de paz (liberación de retenidos y otras acciones) dice que “queremos participar en el proceso de paz como parte de la sociedad civil” y que ello significa dar un paso hacia una democracia participativa.

El movimiento ya ha organizado marchas y manifestaciones en todo el país en apoyo a las conversaciones de paz. Piedad Córdoba propuso también que los diálogos a llevarse a cabo en La Habana sean transmitidas en directo por los medios de comunicación, para que el pueblo conozca de primera mano el curso de las negociaciones. Dijo que diversas organizaciones colombianas han encontrado una ruta común que tiene como objetivo la búsqueda de la paz, motivadas por el hecho de que en las últimas décadas han desaparecido en el país sesenta mil personas, ocho millones de hectáreas han sido arrebatadas a los campesinos y se han producido más de cien mil ejecuciones extrajudiciales.

El proceso de paz en Colombia ha despertado una oleada de solidaridad internacional, expresada desde el pronunciamiento unánime la UNASUR a las declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Nevi Pillay o a las del ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, con vasta experiencia en los tratados de paz en América Central. El gobierno uruguayo expresó en comunicado oficial el 6 de setiembre que “el fin de la violencia y la pacificación constituye un lógico anhelo de la hermana República de Colombia, y en este sentido Uruguay apoya estos esfuerzos por entender que el resultado exitoso de los mismos redundará en beneficio del pueblo colombiano y de toda la comunidad internacional”.

Una declaración del PC francés en apoyo al diálogo de paz en Colombia señala que “la paz es posible si se reconoce el derecho a la tierra y el respeto al derecho de las víctimas a la reparación, si no deja lugar a la impunidad y si los derechos a la seguridad y al ejercicio de la democracia son garantizados”, reafirmando en conclusión “su solidaridad con el pueblo colombiano que se moviliza a favor de la paz, y con las fuerzas progresistas y democráticas que actúan para que la esperanza se transforme en realidad”.

Un futuro abierto

A lo largo de este casi medio siglo hubo varios intentos de concertar la paz, que fracasaron. En el período de gobierno de Belisario Betancur, de 1982 a 1986, se inició un proceso de paz y de paulatino retorno de los guerrilleros a la vida civil. A ello correspondió la conformación de la Unión Patriótica, que inició su participación en la vida política. Pero finalizado ese período, sobrevinieron los asesinatos en serie de sus líderes: en 1987 el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, y en 1989 el senador liberal Luis Carlos Galán. En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, y 20 días después su sustituto Carlos Pizarro, mientras las bandas paramilitares extendían su acción criminal a buena parte del país.

Bajo el gobierno de Andrés Pastrana, de 1998 a 2002, se renovaron los intentos de paz. Todos recordamos las reiteradas imágenes del presidente Pastrana caminando y conversando con Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC, en la desmilitarizada zona del Caguán. Pero la situación no varió.

Ahora puede ser distinto. El proceso de paz cuenta con un formidable aliento, tanto nacional como internacional. Sin duda será un proceso largo y erizado de dificultades, pero es posible que llegue a buen puerto. En ello está empeñada la dirección de las FARC, en sintonía con el sentimiento de la inmensa mayoría del pueblo.

El 4 de septiembre Juan Manuel Santos anunció desde la sede presidencial en Bogotá el inicio del diálogo en Oslo y su continuidad en Cuba. Una hora después se difundió desde el Palacio de las Convenciones de La Habana un mensaje del actual líder de las FARC, Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko, emitido desde “las montañas de Colombia” y acompañado por una imagen de Marulanda. Expresó que “la salida no es la guerra sino un diálogo civilizado” y aludiendo precisamente a la experiencia del Caguán, sostuvo que “Colombia entera debe ponerse en pie para impedir que esto suceda otra vez”.Afirmó que “la llave de la paz no reposa en el bolsillo del presidente Santos ni en el del comandante de las FARC sino que se encuentra en el pueblo de este país”, y llamó a una movilización general, a las marchas por la paz.

Esta perspectiva está abierta.

 

nikomar@adinet.com.uy

 

La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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