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Justicia pendiente

Familiares de culpables fabricados realizan velada en el zócalo de CDMX por su liberación

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Por Guadalupe Lizárraga

Con la velada en el zócalo de la Ciudad de México, Otra Navidad sin ellos, sin ellas, familiares de personas privadas de libertad con procesos irregulares y violaciones de derechos humanos pidieron justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumpla con la liberación de presos.

En una transmisión enlazada desde California, los familiares expusieron los casos de personas privadas de libertad sin sentencia por años, con protocolos positivos en tortura y con procesos irregulares que han presentado ante las instancias judiciales sin que avancen.

Entre los casos, Dorian García presentó el de su padre Ariel Eros García Islas y Francisco Alberto Martínez Gutiérrez, ambos expolicías condecorados por López Obrador -siendo jefe de gobierno en 2004. Junto con otros cuatro policías fueron detenidos arbitrariamente por miembros de la extinta Agencia Federal de Investigaciones que dirigía Genaro García Luna. Acusados de secuestro y torturados. Llevan 17 años sin sentencia, presos en el CEFERESO número 1.

También José Torres presentó el caso de su hijo José Antonio Torres, detenido de manera arbitraria y preso desde 2018, con delitos fabricados, en el penal de Tenancingo Centro. Su hermana Martha Alicia Hurtado ha sido una voz fuerte para las familias de este penal, denunciando incluso torturas y maltrato en este penal, y elaborando la lista de los presos inocentes y agraviados en sus derechos humanos.

Francia Henao, madre de Nino Colman Hoyos Henao, estuvo presente y manifestó su indignación por el tiempo que lleva el gobierno de López Obrador sin que sus casos sean atendidos. Nino Colman tiene varios protocolos de Estambul positivos en tortura y su caso se ha admitido en instancias internacionales de derechos humanos, víctimas de falsas acusaciones de Isabel Miranda Torres, sin embargo, lleva once años en prisión.

Henao señaló lo difícil que es seguir la lucha por la liberación de su hijo a sus 74 años, el detrimento de su salud y la de él, y de cómo la Secretaría de Gobernación federal ha ignorado sus casos, pese al cúmulo de pruebas de su inocencia.

El caso de Marco Antonio Lara fue presentado por su hija Monserrat Lara, quien llegó de Puebla para pasar toda la noche en vela y alzar la voz por su padre. Marco Antonio recién cumplió 22 años en prisión sin haber cometido el delito. Fue culpado y sentenciado sin pruebas, con la declaración de dos menores de edad quienes no fueron identificados. Se enfermó de covid-19 y requiere de oxígeno. Sin embargo, las autoridades del estado le niegan ayuda bajo el argumento de que su caso ya es cosa juzgada.

Teresa Aguilar también estuvo presente en la velada para manifestarse por la liberación de su hijo Irving Geovanny Iracheta Aguilar, quien lleva nueve años en prisión por delitos fabricados de secuestro. Teresa ha cerrado calles, se ha encadenado a Palacio Nacional, ha impedido el paso de funcionarios al edificio, ha protestado en la Secretaría de Gobernación, pero todo ha sido en vano, dice. Su hijo sigue en prisión y su familia lo necesita, ya que ella es una mujer discapacitada y ha sido muy pesada la lucha por su hijo.

El caso de German Heredia Rebollar fue presentado por su hermana Lourdes. Él fue detenido arbitrariamente el 7 de junio de 2011, cuando tenía 27 años, y torturado para que se inculpara por un secuestro que no cometió. En 2013 fue sentenciado a 80 años de prisión, y con la apelación en 2014 se redujo su sentencia a 24 años, por la intervención del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

De las familias que no pudieron asistir al zócalo pero que se unieron virtualmente, desde Puebla, se pidió la liberación de los defensores indígenas de Coyomeapan, Basilisa Montaño, Anastacio González, Gonzalo Martínez Herrera y Eruviel Aguilar. Todos fueron detenidos de manera arbitraria por denunciar la corrupción de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas en el pasado proceso electoral para que continuar con el poder a través del esposo de Araceli Celestino.

También se mencionó el nombre de Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena, ambos torturados y encarcelados con delitos fabricados por Eduardo Gallo y Tello, en 2001, quien contó con la ayuda de Genaro García Luna, para ejercer venganza contra los secuestradores de su  hija. Los sobrevivientes de tortura Barragán y Aguirre, quienes desde entonces se encuentran en prisión, fueron incriminados por Gallo del asesinato de los secuestradores que él ejecutó con comando de la AFI. En el caso de Antonio Barragán se han presentado 108 pruebas de su inocencia, pese a ello, han sido ignorados por la justicia.

Jens Herrera, del CERESO de Puebla, con 25 años de prisión preventiva, sin ningún tipo de beneficio ni atención médica, también fue mencionado por familiares que virtualmente estuvieron presentes en la velada por la liberación de personas que están injustamente en prisión. Así como el caso del capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón, preso y torturado en 2010, por sus denuncias contra el entonces secretario de Trabajo Javier Lozano Alarcón de trabajar con el Cártel de Sinaloa; y el de las víctimas de Isabel Miranda Torres, los casos de Jacobo Tagle Dobin y Brenda Quevedo Cruz, aún en prisión preventiva, pese a las revelaciones de pruebas de vida de la supuesta víctima de secuestro Hugo Alberto Wallace Miranda. También acusados contra derecho César Freyre Morales, preso en CEFERESO número 1, y George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace por torturas contra Jacobo Tagle y encarcelado por órdenes del empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, con el tráfico de influencias de Genaro García Luna.

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Justicia pendiente

Libertad a falsos culpables y víctimas de tortura, demandaron familias de internos en cárceles mexicanas

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Familiares de falsos culpables y delitos fabricados se manifestaron en una marcha del 8 de diciembre en la CDMX

 

Cientos de familiares de personas privadas de libertad con delitos fabricados y víctimas de tortura en prisiones mexicanas se concentraron ayer en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, de la Ciudad de México, para marchar hacia el Senado de la república y exigir libertad y respeto a sus derechos humanos.

De diferentes estados, viajaron familiares de internos en los Centros federales de readaptación social (CEFERESOS) y de algunos estatales (CERESO) para exponer los casos de graves violaciones de derechos humanos, desde el aislamiento total hasta brutales golpizas, amenazas a sus familias, falta de atención médica y de alimentos saludables.

Lee más: Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

En el penal de Puebla, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el interno Jens Herrera Guzmán, en un módulo de 85 personas, hay 17 que ingresaron con delitos fabricados, y 27 personas siguen sin sentencia. Tirzo Zúniga Vargas y el mismo Jens Herrera llevan 26 años sin sentencia acusados de secuestro en 1996 sin víctima ni pruebas.

Tras revelar en esta estadística además internos con enfermedades terminales, enfermos de Covid sin atención médica, fallecimientos sin explicación y adultos mayores de hasta 88 años que han compurgado 31 años de cárcel con 33 de sentencia, Herrera Guzmán fue trasladado a otro penal sin notificación a sus familiares y le expropiaron sus pertenencias.

Durante la marcha, varios familiares de internos con procesos en el fuero común denunciaron estos traslados arbitrarios a penales federales, sin la notificación a sus abogados o familiares, y aislándolos a los internos por varias semanas. También se denunció que en esos traslados son torturados o sometidos a maltrato y les niegan el agua potable por días.

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En los penales del Estado de México, Barrientos, Otumba, Tenancingo Centro, Chiconautla, entre otros, denunciaron plagas de chinches y piojos, maltrato, falta de higiene en los alimentos que dan en bolsas de plástico, además de la extorsión de las autoridades de los penales que trabajan con grupos delictivos de internos para obligar a otros a que consuman drogas o paguen por uso de electrodomésticos, cobijas, comida o seguridad.

De los Ceferesos mencionados Almoloya de Juárez, Tapachula, Michoacán y Durango, coincidieron en su denuncia docenas de familiares cómo fabricaron carpetas a sus PPL, torturaron a los inculpados en detenciones arbitrarias y los acusaron de delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Los familiares en la marcha mostraron fotografías de los internos torturados, con heridas graves, algunos desnudos atados a una mesa dentro de las celdas, y otros mostraron documentos de instancias de derechos humanos.

Incluso se informó durante la marcha que en Perote Veracruz había fallecido un interno, y se les avisó a la familia que había sido por Covid, al igual que hace tres semanas en el penal de Tapachula, donde la directora del penal Ericka Tecnopala entregó el cuerpo cremado a los familiares alegando que lo tuvieron que cremar para evitar contagios, sin embargo, los mismos internos dieron otra versión a la familia del fallecido, que había sido golpeado brutalmente dentro de su celda y había muerto por los golpes.

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La marcha dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza concluyó en el Senado de la república, donde una comitiva ingresó al edificio para entregar sus demandas a los representantes de los senadores.

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Fiscalía CDMX investiga a ex alcalde de Benito Juárez por corrupción inmobiliaria

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Christian Damián Von Roehrich es investigado por la Fiscalía de la CDMX

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

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El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

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Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.

 

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Juez vincula a proceso a director de obra de Colegio Rébsamen

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Francisco Arturo Pérez, director de obra del colegio Rébsamen, fue vinvulado a proceso

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso al director de obra del Colegio Rébsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en comisión por omisión, bajo el esquema de dolo eventual.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa contra el responsable de la obra del colegio particular y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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El presunto responsable de la tragedia del Colegio Rébsamen fue aprehendido el jueves pasado en Oaxaca, por lo que permanecerá internado en el reclusorio Sur de la Ciudad de México en tanto se desarrolla la investigación complementaria.

Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas del Rébsamen, Noé Franco, expresó que el detenido intentó culpar a otro director de obra de las irregularidades en la construcción del inmueble educativo, pero existía una carpeta de investigación en la que se comprobó su responsabilidad.

La defensa jurídica de las víctimas solicitará una pena de hasta 208 años de prisión, aunque reconoció que sólo podrían sentenciarlo hasta por 70 años, pero aseveraron que se constantó su responsabilidad en las fallas del inmueble que colapsó con el sismo de 2017.

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El 19 de septiembre de 2017 un total de 26 personas fallecieron por el colapso del Colegio Rébsamen en la alcaldía Tlalpan a consecuencia del sismo que se suscitó, por lo que también fue aprehendida la directora del plantel educativo por las fallas e irregularidades en la construcción de la escuela que no soportó el movimiento telúrico.

Diecinueve de los fallecidos eran niños, quienes murieron aplastados por el colapso de una parte del colegio. La escuela se colapsó en parte, según informaron autoridades capitalinas, porque la directora de la escuela construyó su departamento arriba de uno de los edificios del plantel.

 

 

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