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Justicia pendiente

Familiares de culpables fabricados realizan velada en el zócalo de CDMX por su liberación

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Por Guadalupe Lizárraga

Con la velada en el zócalo de la Ciudad de México, Otra Navidad sin ellos, sin ellas, familiares de personas privadas de libertad con procesos irregulares y violaciones de derechos humanos pidieron justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumpla con la liberación de presos.

En una transmisión enlazada desde California, los familiares expusieron los casos de personas privadas de libertad sin sentencia por años, con protocolos positivos en tortura y con procesos irregulares que han presentado ante las instancias judiciales sin que avancen.

Entre los casos, Dorian García presentó el de su padre Ariel Eros García Islas y Francisco Alberto Martínez Gutiérrez, ambos expolicías condecorados por López Obrador -siendo jefe de gobierno en 2004. Junto con otros cuatro policías fueron detenidos arbitrariamente por miembros de la extinta Agencia Federal de Investigaciones que dirigía Genaro García Luna. Acusados de secuestro y torturados. Llevan 17 años sin sentencia, presos en el CEFERESO número 1.

También José Torres presentó el caso de su hijo José Antonio Torres, detenido de manera arbitraria y preso desde 2018, con delitos fabricados, en el penal de Tenancingo Centro. Su hermana Martha Alicia Hurtado ha sido una voz fuerte para las familias de este penal, denunciando incluso torturas y maltrato en este penal, y elaborando la lista de los presos inocentes y agraviados en sus derechos humanos.

Francia Henao, madre de Nino Colman Hoyos Henao, estuvo presente y manifestó su indignación por el tiempo que lleva el gobierno de López Obrador sin que sus casos sean atendidos. Nino Colman tiene varios protocolos de Estambul positivos en tortura y su caso se ha admitido en instancias internacionales de derechos humanos, víctimas de falsas acusaciones de Isabel Miranda Torres, sin embargo, lleva once años en prisión.

Henao señaló lo difícil que es seguir la lucha por la liberación de su hijo a sus 74 años, el detrimento de su salud y la de él, y de cómo la Secretaría de Gobernación federal ha ignorado sus casos, pese al cúmulo de pruebas de su inocencia.

El caso de Marco Antonio Lara fue presentado por su hija Monserrat Lara, quien llegó de Puebla para pasar toda la noche en vela y alzar la voz por su padre. Marco Antonio recién cumplió 22 años en prisión sin haber cometido el delito. Fue culpado y sentenciado sin pruebas, con la declaración de dos menores de edad quienes no fueron identificados. Se enfermó de covid-19 y requiere de oxígeno. Sin embargo, las autoridades del estado le niegan ayuda bajo el argumento de que su caso ya es cosa juzgada.

Teresa Aguilar también estuvo presente en la velada para manifestarse por la liberación de su hijo Irving Geovanny Iracheta Aguilar, quien lleva nueve años en prisión por delitos fabricados de secuestro. Teresa ha cerrado calles, se ha encadenado a Palacio Nacional, ha impedido el paso de funcionarios al edificio, ha protestado en la Secretaría de Gobernación, pero todo ha sido en vano, dice. Su hijo sigue en prisión y su familia lo necesita, ya que ella es una mujer discapacitada y ha sido muy pesada la lucha por su hijo.

El caso de German Heredia Rebollar fue presentado por su hermana Lourdes. Él fue detenido arbitrariamente el 7 de junio de 2011, cuando tenía 27 años, y torturado para que se inculpara por un secuestro que no cometió. En 2013 fue sentenciado a 80 años de prisión, y con la apelación en 2014 se redujo su sentencia a 24 años, por la intervención del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

De las familias que no pudieron asistir al zócalo pero que se unieron virtualmente, desde Puebla, se pidió la liberación de los defensores indígenas de Coyomeapan, Basilisa Montaño, Anastacio González, Gonzalo Martínez Herrera y Eruviel Aguilar. Todos fueron detenidos de manera arbitraria por denunciar la corrupción de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas en el pasado proceso electoral para que continuar con el poder a través del esposo de Araceli Celestino.

También se mencionó el nombre de Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena, ambos torturados y encarcelados con delitos fabricados por Eduardo Gallo y Tello, en 2001, quien contó con la ayuda de Genaro García Luna, para ejercer venganza contra los secuestradores de su  hija. Los sobrevivientes de tortura Barragán y Aguirre, quienes desde entonces se encuentran en prisión, fueron incriminados por Gallo del asesinato de los secuestradores que él ejecutó con comando de la AFI. En el caso de Antonio Barragán se han presentado 108 pruebas de su inocencia, pese a ello, han sido ignorados por la justicia.

Jens Herrera, del CERESO de Puebla, con 25 años de prisión preventiva, sin ningún tipo de beneficio ni atención médica, también fue mencionado por familiares que virtualmente estuvieron presentes en la velada por la liberación de personas que están injustamente en prisión. Así como el caso del capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón, preso y torturado en 2010, por sus denuncias contra el entonces secretario de Trabajo Javier Lozano Alarcón de trabajar con el Cártel de Sinaloa; y el de las víctimas de Isabel Miranda Torres, los casos de Jacobo Tagle Dobin y Brenda Quevedo Cruz, aún en prisión preventiva, pese a las revelaciones de pruebas de vida de la supuesta víctima de secuestro Hugo Alberto Wallace Miranda. También acusados contra derecho César Freyre Morales, preso en CEFERESO número 1, y George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace por torturas contra Jacobo Tagle y encarcelado por órdenes del empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, con el tráfico de influencias de Genaro García Luna.

Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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Justicia pendiente

FGR también investiga a Peña Nieto por lavado de dinero, delitos patrimoniales y electorales

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió tres carpetas de investigación contra el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, por los delitos de lavado de dinero, delitos patrimoniales y electorales.

De acuerdo con la FGR, en los próximos meses judicializará una indagatoria contra el ex mandatario federal por delitos electorales y patrimoniales relacionados con la entrega de y concesión ilegal de la empresa OHL para la construcción del viaducto Bicentenario, cuando fue gobernador del Estado de México.

La fiscalía federal señaló que la concesión no debió ser entregada por el gobierno estatal, pues se trataba de una vía federal, aunado a que la licitación la obtuvo la empresa española era la menos rentable para ejecutar el proyecto.

De la misma manera, la FGR indaga lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales efectuadas por el ex presidente, en el que recibió más de 26 millones de pesos desde México hasta España.

Asimismo, la FGR también investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Peña Nieto que se obtuvieron desde su gestión como gobernador del Estado de México y posteriormente como presidente de México.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la FGR debe resolver las investigaciones que se desarrollan contra su antecesor, pero evitó llamar a Peña Nieto a regresar al país para enfrentar el proceso legal que se abrió en su contra.

Además, expresó que no tiene como objetivo vengarse de sus antecesores, debido a que no es su labor y compete a la fiscalía indagar los asuntos relacionados con la comisión de probables delitos.

Desde julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alertó sobre una denuncia por la recepción de recursos millonarios de Peña Nieto después de dejar la presidencia de la República y por lo cual se investiga al ex presidente.

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