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Violencia contra las mujeres

Extorsión y amenazas a madres de Juarez por “filtrar información”

Las madres de víctimas de feminicidios y desapariciones de sus hijas ahora sufren el acoso y las amenazas de muerte anónimas que, creen, han empezado a cumplir con el atentado contra Norma Andrade.

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Por Guadalupe Lizárraga

Foto: prensadesonora.com

LOS ÁNGELES.- Una amenaza de muerte circula entre las madres de Ciudad Juárez, desde marzo de 2011. La fecha en que empezaría a cumplirse sería a partir de finales de noviembre de este mismo año, pero quienes recibieron la advertencia entonces, no creían que pudieran atreverse a cumplirla. El rumor ha salido a la luz pública, para Los Ángeles Press, a raíz del atentado de Norma Andrade, madre de víctima de feminicidio, y por la reciente investigación publicada por nuestro medio sobre los cuerpos retenidos en la morgue local.

La Fiscalía del Estado de Chihuahua se vio obligada a entregar los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida y asesinada en 2008, a su madre Ernestina Enríquez, quien se enteró por las redes sociales al leer el post de nuestro trabajo, y pudo reclamar los restos de su hija. Las autoridades tenían retenido el cadáver en la morgue, según una funcionaria de la fiscalía, desde el 5 de noviembre de 2009, sin dar más explicaciones a Ernestina.

La amenaza que ha circulado entre las madres de las víctimas, y que hasta ahora habían guardado silencio por incredulidad, decía que se irían contra cada una de ellas porque han estado “filtrando información” y exigiendo a las autoridades que realicen las investigaciones sobre los crímenes contra sus hijas. En los casos de desapariciones y asesinatos, en los que podrían estar vinculados directamente funcionarios y policías locales y federales, dice una fuente confidencial a Los Ángeles Press, “hay testigos de personajes públicos que se disfrazan, tienen doble vida y aparentan ser muy humildes. Andan por el centro de la ciudad, precisamente donde han desaparecido algunas jóvenes”.

Las madres han sido víctimas también de extorsiones. Uno de los casos fue el de Norma Laguna, madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero de 2010 a la edad de 19 años. A Norma le llamaron por teléfono a principios de este año y dijeron que “el que se robaba a las mujeres por el centro de la ciudad pedía 15 mil pesos por soltar a su hija”. La madre tomó con seriedad conseguir el rescate, pese a su precaria situación económica, porque le dieron un dato clave de Idalí: “estaba enferma”. Su hija había sido intervenida quirúrgicamente poco antes del secuestro y se encontraba delicada de salud. El extorsionador le había dicho que su hija “estaba enferma, muy enferma” y que si no daban el dinero la iban a matar. Pedían el dinero dentro de una bolsa de papel y que lo dejara en el bote de basura de la catedral, pero que no hablaran a la policía porque ahí terminaría la vida de Idalí. La policía municipal intervino en la operación, sin saber claramente cómo fue el contacto, detuvieron a tres individuos por extorsión y uno de ellos quedó en libertad. A la madre se le regresó el dinero que le habían ayudado a conseguir para pagar el rescate, pero su hija aún está desaparecida.

El atentado contra la activista Norma Andrade, el pasado 2 de diciembre, “tiene que ver con estas amenazas de muerte. Ya empezaron a cumplirlas”, afirma la voz confidente. Los medios y las autoridades, “se aburren de escuchar a las madres. Está tan trillada la información, como si se tratara de una moda y no de vidas humanas”, explica. “Las autoridades periciales como la Unidad de desaparecidas actúan con dolo al omitir información tan relevante para las madres de Juárez, más aún cuando ya han aceptado que tienen más cuerpos en la morgue sin identificar”.

La información a la que se refiere esta voz es la retención de quince cuerpos de mujeres en la morgue de Ciudad Juárez, que dimos a conocer el pasado 30 de noviembre de 2011, y que aún no han sido identificados y notificados a sus familiares. La existencia de estos quince cadáveres ha sido confirmada ante testigos por la funcionaria Dilcia García, de la Comisión Nacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, aunque la institución no ha respondido sobre la siguiente acción para hacer que las autoridades entreguen los restos de sus hijas a sus madres.

Las amenazas cumplidas

Cuando han denunciado, son agredidas mortalmente, como en el caso de Susana Chávez, autora de la frase Ni una más, con la que se fortaleció la campaña contra los feminicidios en la localidad y se tomó como bandera de los grupos de derechos humanos nacionales. Fue asesinada en febrero de 2011, y ya había recibido amenazas de muerte por su activismo. Otra de las amenazas cumplidas fue la de Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero de 2010. Josefina denunciaba constantemente los abusos de militares y los responsabilizaba de la desaparición de uno de sus hijos, según las declaraciones en entrevista exclusiva de su hermana Marisela Reyes. Después de este asesinato, siguieron cuatro crímenes más contra la familia que seguía denunciando, y aún se encuentra desaparecida una de sus familiares, Isabel Hernández Lara.

El caso más dramático, porque revela la complicidad de las autoridades en sus altas jerarquías, es el de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010. Marisela no descansó hasta llevar a los tribunales al asesino de su hija. Una hazaña insólita. Sin embargo, en juicio oral, el asesino de su hija confesó ante cámaras su responsabilidad, y los tres jueces responsables del caso, lo absuelven del crimen. Escobedo, destrozada e impotente ante esta complicidad judicial, decide plantarse ante las oficinas de gobierno municipal para exigir justicia. Y fue asesinada a balazos, crimen grabado por las cámaras de seguridad.

Hasta ahora, las mismas autoridades locales han amenazado a las madres y a las activistas de que “si andan de borloteras, no buscarán a sus hijas”. Han pretendido también comprar su silencio ofreciéndoles  despensas y dinero. Pero las madres, han preferido algunas callarse, otras salir de la ciudad para no regresar, otras más tienen un poco de esperanza en que alguien les ayude, y las más audaces, seguirán denunciando.

Aclaraciones éticas a los medios mexicanos

El diario mexicano La Jornada ha reproducido información, a raíz de nuestra investigación publicada sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez, sin dar el nombre de nuestro medio. Lo mismo ha sucedido con otros medios nacionales y digitales que tibiamente han abordado el tema y que han omitido el crédito. Una cuestión básica y ética del periodismo.

El Diario de Juárez, por su parte, omitió por completo el origen de la información e hizo referencia a la entrega tardía de la fiscalía del cuerpo de la víctima sugiriendo que es la autoridad la que tomó la iniciativa de entregar los restos de Adriana Sarmiento a su madre, cuando fue la misma autoridad la que negó tener el cadáver.

Mientras la información circulaban por las redes sociales en Estados Unidos y en España sobre los cadáveres que retiene la morgue en esta ciudad y sobre el caso de Adriana Sarmiento, se daba a conocer a su madre directamente por el reportero Javier Juárez que había leído el post de nuestro trabajo en Facebook y quien mantiene contacto telefónico con Ernestina Enríquez, madre de la víctima.

 

 

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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