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Justicia pendiente

Expofraude en México con evidencias por estado

El zócalo fue sede de la Expofraude en México donde se expusieron miles de evidencias del fraude del PRI para imponer a Enrique Peña Nieto

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Un grito al mundo desde el zócalo de México Foto: Epigmenio Ibarra

Por Guadalupe Lizárraga

REDES SOCIALES.- En el Zócalo de la ciudad de México se llevó a cabo la #ExpoFraude con la exposición de los artículos promocionales y tarjetas de dinero electrónico de la campaña del Partido Revolucionario Institucional para promover a Enrique Peña Nieto. Se instalaron puestos de información por cada una de las entidades de México donde se mostraron las miles de evidencias de compra y coacción del voto en las pasadas elecciones del 1 de julio.

El PRI enfrenta acusaciones de lavado de dinero y desvío de fondos públicos para el financimaiento de la compra de al menos cinco millones de votos, pago de honorarios del ejércitos de defraudadores, pago de corrupción a autoridades y medios de comunicación. Investigaciones de Movimiento Progresista y ahora de algunos medios que se han sumado ante las pruebas, han dado a conocer la triangulación del dinero de campaña de Peña Nieto en la que reveló la participación de varias entidades financieras como Scotiabank, HSBC, y Monex.

En el stand del estado de Tamaulipas, por ejemplo, se mostraron cuatro tipos de tarjetas con las que compraron el voto del PRI: los monederos electrónicos de Soriana, las tarjetas EPN (por las siglas del nombre de Peña Nieto), la Tamaulipeca y tarjetas telefónicas. A los beneficiados de estas tarjetas se les solicitaban sus datos personales plasmados en la credencial de electores, que es la identificación para votar de los mexicanos, así como los números de identidad.

Hubo testimonios de ciudadanos a quienes les entregaron las tarjetas desde mayo de 2012, con un depósito de 500 hasta 2000 mil pesos (US$ 35 a 150 dlls), para intercambiar mercancía en mercados Soriana, con crédito para llamadas telefónicas, después de las elecciones.

Una de las personas que recibió la tarjeta Soriana, intentó denunciar ante el organismo de delitos electorales en su entidad, la FEPADE, y el dijeron que levantaran una demanda ante la Procuraduría General de la República, porque “era un delito de orden común”, dijo la entrevistada. Informó que puso la demanda ante PGR, pero hasta ahora no ha recibido ninguna notificación y desconoce el estatus de la demanda.

La entrevistada dio su testimonio ante las redes sociales, y dijo que el 8 de agosto fue al supermercado Soriana a usar la tarjeta, que según el PRI, tenía un monto por 500 pesos. Y demostró ante cámaras que la tarjeta sólo tenía 50 pesos (US $ 3-4 dólares). La denunciante mostró otras evidencias similares con tarjetas telefónicas y mostró su tarjeta antes de la compra y el recibo después de ésta.

Entre otras evidencias, se mostraron fotografías, mantas, miles de tarjetas por entidad, comales con el logo del PRI y el nombre de Peña Nieto y hasta armas blancas como machetes con el mismo logo. También mostraron el material didáctico que se distribuyó en las escuelas primarias y secundarias con el logo de campaña de Peña Nieto.

Se coordinaron diferentes actividades de denuncia, desde conferencias discursos que informaban sobre el fraude y manifestaban su solidaridad con Andrés Manuel López Obrador, el candidato de las Izquierdas.

 

Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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