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Mexico Violento

Explotación laboral: un profundo “bache” para México

La explotación laboral se ha convertido en una práctica normalizada entre mexicanos que aceptan condiciones de precariedad extrema por no perder el trabajo

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Maquiladora en Veracruz Foto: olmecadiario.com

Por Daniela Pastrana

CIUDAD DE MÉXICO (IPS). – Miguel es uno de los tantos mexicanos que sobreviven con un sueldo de apenas 60 dólares por semana. Trabaja 11 horas diarias en una empresa de productos electrónicos en la norteña ciudad de Mexicali y luego camina 20 minutos hasta su casa para ahorrarse el dólar que cuesta el pasaje del autobús urbano.

“Aquí uno sólo tiene dos cosas qué hacer: trabajar y ‘pistear’ (tomar cerveza)”, dice este hombre de 41 años que vive solo, en una habitación con una cama y un pequeño televisor como todo mobiliario. “Todos tenemos que trabajar horas extras” para poder incrementar los ingresos, añade.

A 2.500 kilómetros de Mexicali, el corresponsal en el oriental estado de Veracruz de un diario de circulación nacional recibe un pago de apenas el equivalente a 15 dólares por artículo publicado. Para colmo, trabaja en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo, que registra el récord de nueve colegas suyos asesinados en dos años.

Este reportero, como muchos otros, cobra sólo honorarios, sin recibir prestaciones sociales ni contar con seguro de vida o médico. Gasta la mitad de su retribución en viajar a la Ciudad de México cada dos semanas para asistir a un curso de especialización en periodismo y derechos humanos.

En la capital del país las cosas no son mejores. Juan, un diseñador con estudios de maestría, cobra 90 pesos (unos siete dólares) por hora dando clases en una universidad privada. Tampoco cuenta con prestaciones ni seguridad social. Completa sus ingresos con trabajos particulares y, como profesional, paga de impuestos un tercio de su retribución.

“En este país, el problema central no es el desempleo, sino el trabajo precario”, dijo a IPS el investigador Alberto Arroyo Picard, de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio.

Casi 51 millones de los 112 millones de habitantes de México están activos laboralmente, pero 2,5 millones están desempleados, según los últimos datos divulgados por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El saliente gobierno del conservador Felipe Calderón presume que México tiene un desempleo menor a otros países de América Latina, como Brasil. Sin embargo, omite explicar los indicadores sobre las condiciones de empleo que muestran que el país ha caído en un profundo bache laboral.

Por ejemplo, 12 millones de mexicanos están considerados dentro de la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (trabajaron menos de 15 horas en una semana) y en la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (con menos de 35 horas semanales trabajadas o que lo hicieron más tiempo pero con ingresos inferiores al salario mínimo, etcétera). A ellos se agregan 14,2 millones que están en el sector informal.

Estos datos de precariedad laboral no se compadecen con el desempeño de la economía de México, que según el Banco Mundial registró un crecimiento de 3,9 por ciento en 2011 y proyecta una expansión de 3,5 por ciento para este año y cuatro por ciento para 2013, pese a los efectos de la crisis global.

La población asalariada que tiene seguridad social y prestaciones laborales se reduce a 16 millones de personas, menos de la cuarta parte de la población activa, según las últimos datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Además, de estos empleos con salario fijo, dos millones son eventuales.

En ese marco de precariedad del mundo del trabajo, el Senado aprobó el martes 23 de octubre, con el voto en contra de los partidos de izquierda, una reforma laboral que elimina buena parte de los derechos que aún protegen a los asalariados.

La reforma legaliza el “outsourcing”, la palabra inglesa más usada en México para identificar el modelo de subcontratación que ya se usa en la mayoría de las empresas, que elimina los derechos colectivos de los trabajadores, plantea contrataciones a prueba y por hora, y reduce a un año el pago de salarios caídos. “Lo que están haciendo es legalizar la infamia”, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Salvador Arellano.

Patricia Juan, del Frente Auténtico del Trabajo, explicó que la reforma no solo abarata, aún más, la mano de obra, sino que también rompe la estabilidad en el empleo e inhibe la contratación colectiva y la posibilidad de los trabajadores de organizarse para defender sus derechos.

“Es el último derecho social que nos queda en México, además de la educación gratuita, que pronto se va a acabar”, aseguró. “Como vas a estar condicionado todo el tiempo, vas aceptar lo que sea con tal de mantener tu trabajo”.

El sistema de subcontratación laboral existe en México de manera informal desde hace dos décadas, pero con los efectos de la crisis económica global nacida en 2008 en Estados Unidos empezó a instalarse en prácticamente todos los sectores productivos.

Por poner un caso, casi la mitad de empleados de las instituciones bancarias laboran bajo reglas de subcontratación. De los 42 bancos que actualmente operan en el país, 11 tienen a casi toda su plantilla bajo el esquema de outsourcing. Entre ellos están BBVA Bancomer, Banco Wal-Mart e Inbursa, propiedad del multimillonario Carlos Slim. Y según cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la subcontratación de servicios crece cerca de 10 por ciento anual.

Sin embargo, la Secretaría (ministerio) de Hacienda ha identificado a empresas que omiten impuestos que usan este esquema. La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimó que el outsourcing provoca una evasión anual superior a 300 millones de dólares.

La reforma aprobada por el Senado no puede entrar en vigor hasta que los diputados analicen y resuelvan unos artículos reservados relacionados con la transparencia sindical, una demanda de organizaciones de trabajadores independientes y de empresarios, a la que se han opuesto las oficialistas y el Partido Revolucionario Institucional, que gobernará el país desde diciembre de la mano de Enrique Peña. Pero los artículos aprobados ya no tienen regreso.

“La Cámara de Diputados puede alargar el proceso de resolución si no considera el tema de sindicatos como un tema prioritario, pero todo lo relacionado con los derechos civiles es irreversible”, indicó el abogado laboralista Manuel Fuentes.

Lo que sigue ahora, explicó, es agotar todas las vías jurídicas de impugnación de la ley, por la vía de los amparos y la controversia constitucional, que distintas agrupaciones sindicales van a solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no es optimista.

El problema es que apenas nueve por ciento de los trabajadores asalariados están sindicalizados y, de ellos, solo los de agrupaciones independientes están dispuestos a dar la batalla.

Y en un país donde el salario ha perdido 76 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 30 años y donde tres cuartas partes de los trabajadores ya perdieron sus derechos, la gente está más preocupada por mantener el empleo que por las condiciones del mismo.

Justicia pendiente

Madres de desaparecidos exigen justicia afuera de Palacio Nacional

Ignacio García

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Madres integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir justicia por la falta de respuesta en la localización de sus hijos, además de pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetar la nueva reforma de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las inconformes exigieron al mandatario federal que vete la nueva Ley Orgánica de la FGR, así como las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, por lo que demandaron una audiencia con el presidente de México para atender esa situación.

De acuerdo con las madres, no han obtenido respuesta por parte de la FGR sobre sus hijos que desaparecieron, por lo que solicitaron la intervención del presidente para atender esta problemática permanente que se mantiene en la impunidad, pues los casos no han sido resueltos.

Las madres de desaparecidos pidieron que se brinden mecanismos de atención permanente para que la FGR sea más eficaz ante la falta de respuestas por parte de las instituciones federales, por lo que consideraron necesario que se tomen en cuenta las demandas de las familiares de las víctimas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que revisarán los casos correspondientes para que se identifiquen los casos reales sobre la falta de respuesta de las autoridades, pues hay casos que suman más de diez años sin la obtención de algún resultado en las indagatorias.

Mientras las madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, para exigir alguna respuesta por parte de las autoridades, en el interior del recinto se realizó un festival que organizó la presidencia de la República para festejar a las madres en su día.

 

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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Justicia pendiente

Romero Deschamps, el sindicalista que se mantuvo en la impunidad

Ignacio García

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, se jubiló completamente del servicio público, aunque no existe ninguna indagatoria mayor en su contra, pese a los diversos escándalos de corrupción en los que estuvo relacionado.

Después de haber formado parte de la nómina de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps renunció oficialmente a la empresa al servicio del Estado, cuestionado por la concentración de la riqueza que acumuló durante su gestión al frente del sindicato petrolero más grandes de América Latina.

Aunque desde joven formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue ocupando diferentes posiciones en el interior del sindicato petrolero y en el interior del priismo, por lo que en 1979 se desempeñó por primera vez como diputado federal por la vía de representación proporcional.

Su lealtad con Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder del sindicato petrolero que estuvo a cargo entre 1973 y 1989, le permitió seguir escalando posiciones en la estructura sindical, y tras la detención del dirigente sindical en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hizo cargo del organismo sindical.

Carlos Romero Deschamps fue un cercano colaborador a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, por lo que incluso destinó recursos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, Francisco Labastida, en 2000, conocido como el “Pemexgate” en el que se gastaron más de mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, en el gobierno de Vicente Fox no fue procesado y la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) fue cerrada en el 2005, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón apoyó abiertamente las reformas estructurales que pretendía desarrollar y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue senador.

Aunque en 2017 fue reelecto para mantenerse en el cargo hasta 2024, con el inicio del gobierno de López Obrador fue obligado a renunciar de su cargo en 2019 y en los últimos dos años gozó de “vacaciones” para finalmente retirarse sin ninguna averiguación en su contra.

La familia de Carlos Romero Deschamps fue señalada de enriquecimiento ilícito, debido a sus hijos fueron retratados con vehículos de lujo, que serían incosteables para cualquier trabajador de Pemex.

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