Connect with us

Mexico Violento

Explotación laboral: un profundo “bache” para México

La explotación laboral se ha convertido en una práctica normalizada entre mexicanos que aceptan condiciones de precariedad extrema por no perder el trabajo

Avatar

Published

on

 

Maquiladora en Veracruz Foto: olmecadiario.com

Por Daniela Pastrana

CIUDAD DE MÉXICO (IPS). – Miguel es uno de los tantos mexicanos que sobreviven con un sueldo de apenas 60 dólares por semana. Trabaja 11 horas diarias en una empresa de productos electrónicos en la norteña ciudad de Mexicali y luego camina 20 minutos hasta su casa para ahorrarse el dólar que cuesta el pasaje del autobús urbano.

“Aquí uno sólo tiene dos cosas qué hacer: trabajar y ‘pistear’ (tomar cerveza)”, dice este hombre de 41 años que vive solo, en una habitación con una cama y un pequeño televisor como todo mobiliario. “Todos tenemos que trabajar horas extras” para poder incrementar los ingresos, añade.

A 2.500 kilómetros de Mexicali, el corresponsal en el oriental estado de Veracruz de un diario de circulación nacional recibe un pago de apenas el equivalente a 15 dólares por artículo publicado. Para colmo, trabaja en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo, que registra el récord de nueve colegas suyos asesinados en dos años.

Este reportero, como muchos otros, cobra sólo honorarios, sin recibir prestaciones sociales ni contar con seguro de vida o médico. Gasta la mitad de su retribución en viajar a la Ciudad de México cada dos semanas para asistir a un curso de especialización en periodismo y derechos humanos.

En la capital del país las cosas no son mejores. Juan, un diseñador con estudios de maestría, cobra 90 pesos (unos siete dólares) por hora dando clases en una universidad privada. Tampoco cuenta con prestaciones ni seguridad social. Completa sus ingresos con trabajos particulares y, como profesional, paga de impuestos un tercio de su retribución.

“En este país, el problema central no es el desempleo, sino el trabajo precario”, dijo a IPS el investigador Alberto Arroyo Picard, de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio.

Casi 51 millones de los 112 millones de habitantes de México están activos laboralmente, pero 2,5 millones están desempleados, según los últimos datos divulgados por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El saliente gobierno del conservador Felipe Calderón presume que México tiene un desempleo menor a otros países de América Latina, como Brasil. Sin embargo, omite explicar los indicadores sobre las condiciones de empleo que muestran que el país ha caído en un profundo bache laboral.

Por ejemplo, 12 millones de mexicanos están considerados dentro de la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (trabajaron menos de 15 horas en una semana) y en la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (con menos de 35 horas semanales trabajadas o que lo hicieron más tiempo pero con ingresos inferiores al salario mínimo, etcétera). A ellos se agregan 14,2 millones que están en el sector informal.

Estos datos de precariedad laboral no se compadecen con el desempeño de la economía de México, que según el Banco Mundial registró un crecimiento de 3,9 por ciento en 2011 y proyecta una expansión de 3,5 por ciento para este año y cuatro por ciento para 2013, pese a los efectos de la crisis global.

La población asalariada que tiene seguridad social y prestaciones laborales se reduce a 16 millones de personas, menos de la cuarta parte de la población activa, según las últimos datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Además, de estos empleos con salario fijo, dos millones son eventuales.

En ese marco de precariedad del mundo del trabajo, el Senado aprobó el martes 23 de octubre, con el voto en contra de los partidos de izquierda, una reforma laboral que elimina buena parte de los derechos que aún protegen a los asalariados.

La reforma legaliza el “outsourcing”, la palabra inglesa más usada en México para identificar el modelo de subcontratación que ya se usa en la mayoría de las empresas, que elimina los derechos colectivos de los trabajadores, plantea contrataciones a prueba y por hora, y reduce a un año el pago de salarios caídos. “Lo que están haciendo es legalizar la infamia”, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Salvador Arellano.

Patricia Juan, del Frente Auténtico del Trabajo, explicó que la reforma no solo abarata, aún más, la mano de obra, sino que también rompe la estabilidad en el empleo e inhibe la contratación colectiva y la posibilidad de los trabajadores de organizarse para defender sus derechos.

“Es el último derecho social que nos queda en México, además de la educación gratuita, que pronto se va a acabar”, aseguró. “Como vas a estar condicionado todo el tiempo, vas aceptar lo que sea con tal de mantener tu trabajo”.

El sistema de subcontratación laboral existe en México de manera informal desde hace dos décadas, pero con los efectos de la crisis económica global nacida en 2008 en Estados Unidos empezó a instalarse en prácticamente todos los sectores productivos.

Por poner un caso, casi la mitad de empleados de las instituciones bancarias laboran bajo reglas de subcontratación. De los 42 bancos que actualmente operan en el país, 11 tienen a casi toda su plantilla bajo el esquema de outsourcing. Entre ellos están BBVA Bancomer, Banco Wal-Mart e Inbursa, propiedad del multimillonario Carlos Slim. Y según cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la subcontratación de servicios crece cerca de 10 por ciento anual.

Sin embargo, la Secretaría (ministerio) de Hacienda ha identificado a empresas que omiten impuestos que usan este esquema. La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimó que el outsourcing provoca una evasión anual superior a 300 millones de dólares.

La reforma aprobada por el Senado no puede entrar en vigor hasta que los diputados analicen y resuelvan unos artículos reservados relacionados con la transparencia sindical, una demanda de organizaciones de trabajadores independientes y de empresarios, a la que se han opuesto las oficialistas y el Partido Revolucionario Institucional, que gobernará el país desde diciembre de la mano de Enrique Peña. Pero los artículos aprobados ya no tienen regreso.

“La Cámara de Diputados puede alargar el proceso de resolución si no considera el tema de sindicatos como un tema prioritario, pero todo lo relacionado con los derechos civiles es irreversible”, indicó el abogado laboralista Manuel Fuentes.

Lo que sigue ahora, explicó, es agotar todas las vías jurídicas de impugnación de la ley, por la vía de los amparos y la controversia constitucional, que distintas agrupaciones sindicales van a solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no es optimista.

El problema es que apenas nueve por ciento de los trabajadores asalariados están sindicalizados y, de ellos, solo los de agrupaciones independientes están dispuestos a dar la batalla.

Y en un país donde el salario ha perdido 76 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 30 años y donde tres cuartas partes de los trabajadores ya perdieron sus derechos, la gente está más preocupada por mantener el empleo que por las condiciones del mismo.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

Avatar

Published

on

Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

Continue Reading

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

Continue Reading

Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

Avatar

Published

on

Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

Continue Reading

Trending