Mexico
Explotación laboral: un profundo «bache» para México
La explotación laboral se ha convertido en una práctica normalizada entre mexicanos que aceptan condiciones de precariedad extrema por no perder el trabajo
Por Daniela Pastrana
CIUDAD DE MÉXICO (IPS). – Miguel es uno de los tantos mexicanos que sobreviven con un sueldo de apenas 60 dólares por semana. Trabaja 11 horas diarias en una empresa de productos electrónicos en la norteña ciudad de Mexicali y luego camina 20 minutos hasta su casa para ahorrarse el dólar que cuesta el pasaje del autobús urbano.
«Aquí uno sólo tiene dos cosas qué hacer: trabajar y ‘pistear’ (tomar cerveza)», dice este hombre de 41 años que vive solo, en una habitación con una cama y un pequeño televisor como todo mobiliario. «Todos tenemos que trabajar horas extras» para poder incrementar los ingresos, añade.
A 2.500 kilómetros de Mexicali, el corresponsal en el oriental estado de Veracruz de un diario de circulación nacional recibe un pago de apenas el equivalente a 15 dólares por artículo publicado. Para colmo, trabaja en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo, que registra el récord de nueve colegas suyos asesinados en dos años.
Este reportero, como muchos otros, cobra sólo honorarios, sin recibir prestaciones sociales ni contar con seguro de vida o médico. Gasta la mitad de su retribución en viajar a la Ciudad de México cada dos semanas para asistir a un curso de especialización en periodismo y derechos humanos.
En la capital del país las cosas no son mejores. Juan, un diseñador con estudios de maestría, cobra 90 pesos (unos siete dólares) por hora dando clases en una universidad privada. Tampoco cuenta con prestaciones ni seguridad social. Completa sus ingresos con trabajos particulares y, como profesional, paga de impuestos un tercio de su retribución.
«En este país, el problema central no es el desempleo, sino el trabajo precario», dijo a IPS el investigador Alberto Arroyo Picard, de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio.
Casi 51 millones de los 112 millones de habitantes de México están activos laboralmente, pero 2,5 millones están desempleados, según los últimos datos divulgados por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El saliente gobierno del conservador Felipe Calderón presume que México tiene un desempleo menor a otros países de América Latina, como Brasil. Sin embargo, omite explicar los indicadores sobre las condiciones de empleo que muestran que el país ha caído en un profundo bache laboral.
Por ejemplo, 12 millones de mexicanos están considerados dentro de la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (trabajaron menos de 15 horas en una semana) y en la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (con menos de 35 horas semanales trabajadas o que lo hicieron más tiempo pero con ingresos inferiores al salario mínimo, etcétera). A ellos se agregan 14,2 millones que están en el sector informal.
Estos datos de precariedad laboral no se compadecen con el desempeño de la economía de México, que según el Banco Mundial registró un crecimiento de 3,9 por ciento en 2011 y proyecta una expansión de 3,5 por ciento para este año y cuatro por ciento para 2013, pese a los efectos de la crisis global.
La población asalariada que tiene seguridad social y prestaciones laborales se reduce a 16 millones de personas, menos de la cuarta parte de la población activa, según las últimos datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Además, de estos empleos con salario fijo, dos millones son eventuales.
En ese marco de precariedad del mundo del trabajo, el Senado aprobó el martes 23 de octubre, con el voto en contra de los partidos de izquierda, una reforma laboral que elimina buena parte de los derechos que aún protegen a los asalariados.
La reforma legaliza el «outsourcing», la palabra inglesa más usada en México para identificar el modelo de subcontratación que ya se usa en la mayoría de las empresas, que elimina los derechos colectivos de los trabajadores, plantea contrataciones a prueba y por hora, y reduce a un año el pago de salarios caídos. «Lo que están haciendo es legalizar la infamia», dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Salvador Arellano.
Patricia Juan, del Frente Auténtico del Trabajo, explicó que la reforma no solo abarata, aún más, la mano de obra, sino que también rompe la estabilidad en el empleo e inhibe la contratación colectiva y la posibilidad de los trabajadores de organizarse para defender sus derechos.
«Es el último derecho social que nos queda en México, además de la educación gratuita, que pronto se va a acabar», aseguró. «Como vas a estar condicionado todo el tiempo, vas aceptar lo que sea con tal de mantener tu trabajo».
El sistema de subcontratación laboral existe en México de manera informal desde hace dos décadas, pero con los efectos de la crisis económica global nacida en 2008 en Estados Unidos empezó a instalarse en prácticamente todos los sectores productivos.
Por poner un caso, casi la mitad de empleados de las instituciones bancarias laboran bajo reglas de subcontratación. De los 42 bancos que actualmente operan en el país, 11 tienen a casi toda su plantilla bajo el esquema de outsourcing. Entre ellos están BBVA Bancomer, Banco Wal-Mart e Inbursa, propiedad del multimillonario Carlos Slim. Y según cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la subcontratación de servicios crece cerca de 10 por ciento anual.
Sin embargo, la Secretaría (ministerio) de Hacienda ha identificado a empresas que omiten impuestos que usan este esquema. La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimó que el outsourcing provoca una evasión anual superior a 300 millones de dólares.
La reforma aprobada por el Senado no puede entrar en vigor hasta que los diputados analicen y resuelvan unos artículos reservados relacionados con la transparencia sindical, una demanda de organizaciones de trabajadores independientes y de empresarios, a la que se han opuesto las oficialistas y el Partido Revolucionario Institucional, que gobernará el país desde diciembre de la mano de Enrique Peña. Pero los artículos aprobados ya no tienen regreso.
«La Cámara de Diputados puede alargar el proceso de resolución si no considera el tema de sindicatos como un tema prioritario, pero todo lo relacionado con los derechos civiles es irreversible», indicó el abogado laboralista Manuel Fuentes.
Lo que sigue ahora, explicó, es agotar todas las vías jurídicas de impugnación de la ley, por la vía de los amparos y la controversia constitucional, que distintas agrupaciones sindicales van a solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no es optimista.
El problema es que apenas nueve por ciento de los trabajadores asalariados están sindicalizados y, de ellos, solo los de agrupaciones independientes están dispuestos a dar la batalla.
Y en un país donde el salario ha perdido 76 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 30 años y donde tres cuartas partes de los trabajadores ya perdieron sus derechos, la gente está más preocupada por mantener el empleo que por las condiciones del mismo.
Investigaciones
Lugarteniente de Heriberto Lazcano cobraba en Hidalgo como ‘maestro’ de secundaria

Al tiempo que operaba con Los Zetas, tenía dos plazas de maestro
Por Juan Ricardo Montoya
El 3 de diciembre de 2010, en la colonia Magisterio del municipio de Huejutla de Reyes, enclavado en el corazón de la Huasteca Hidalguense, fuerzas federales lograron la captura de Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’, peligroso lugarteniente de Heriberto Lazcano Lazcano, extinto líder de Los Zetas y quien tenía dos plazas de maestro de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Al igual que Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, líder de lo que era el grupo delictivo Caballeros Templarios quien también cobraba como maestro en su natal Michoacán, en Hidalgo Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’ -pese a estar ocupado la mayor parte de su tiempo en organizar y ejecutar plagios, levantones y asesinatos que le ordenaba Lazcano-, se las ingeniaba para cubrir sus dos plazas de maestro de secundaria y telesecundaria por las que percibía un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales.
En lo que es un capítulo más del surrealismo en que viven los miembros de algunos grupos criminales en México, al momento de ser capturado, el nombre de Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’ aparecía en la nómina de la SEPH correspondiente al primer trimestre de 2010.
En esa nómina, Ramírez Valencia tenía dos claves, que corresponden a una plaza distinta. La primera estaba foliada con el número 78613EO3636.00130541 que lo acreditaba como profesor de secundaria, y la segunda con el folio 78679E278130.00132434 como maestro de telesecundaria.
De acuerdo con el documento, Eduardo Ramírez Valencia, en el primer trimestre de 2010 (enero a marzo) cobró la cantidad de 63 mil 502 pesos.
En el desglose de la nómina, Ramírez Valencia tuvo 36 horas durante esos tres meses, 30 como maestro de una telesecundaria foránea y seis más por secundaria. Por la de docente de telesecundaria recibió, en tres meses, 54 mil, 817 pesos: 21 mil 315 en enero; 15 mil 717 en febrero y 17 mil 784 en marzo de 2010.
Por la plaza de maestro de secundaria foránea, cobró en el primer trimestre de 2010 sólo ocho mil 65 pesos: tres mil 343 en enero; dos mil 516 en febrero y dos mil 825 en marzo.
En la nómina se especificaba que Ramírez Valencia no había participado en concurso de plazas, pero sí en la carretera magisterial. Se ignora en qué planteles escolares dio clases y qué materias impartía. Tampoco se sabe si siguió dando clases de abril a la primera semana del 2010 en que fue capturado.
En aquel entones, con 44 años de edad, y originario del municipio huasteco de Huejutla, en esa región, la gente aseguraba que Ramírez Valencia era maestro jubilado.
Era parte del grupo de maestros del círculo cercano de Mirna García, exdirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) detenida, en 2014, por un supuesto fraude de 123 millones de pesos y luego liberada.
Actualmente se encuentra prófuga de la justicia.
A tal grado era la cercanía de Ramírez Valencia con el SNTE que el también profesor Darío Badillo Ramírez, en 2010, diputado local del Partido Nueva Alianza por el XIII distrito, con sede en la región huasteca reconoció que era amigo del narcotraficante.
«Sí, es amigo mío de toda la vida, oriundo de La Huasteca», se limitó a decir el legislador cuestionado por reporteros días después de la detención de Eduardo Ramírez.
«Es un profesor al que conozco de toda la vida; ignoro las situaciones de las que lo acusan, hay otras personas que han sido detenidas, un comerciante que se llama Rubén Monterrubio, una persona que hasta donde yo lo conozco es una persona dedicada al comercio, a los abarrotes», abundó.
Sobre las actividades de Ramírez Valencia, el legislador comentó:»desconozco a qué se dedicaba él, fuera del magisterio».
No obstante, el entonces diputado local puso en duda la veracidad de la información con la que contaban los soldados y policías federales que mediante operativos lograron la captura de los presuntos narcos.
«Hubo otros operativos donde se llevaron a otras personas, incluso uno en Huejutla; entiendo que algunos de ellos fueron liberados. Es el mismo caso que ocurrió en Michoacán«.
«Que feo es que el área de inteligencia no haga su papel como corresponde, porque eso que digan -a final de cuentas- usted perdone como que es una situación que apena mucho y la imagen que deja en las personas», remató.
El entonces legislador denunció en aquel entonces que los soldados habían irrumpido en la casa de su sobrino Darío Humberto Badillo Zúñiga, se lo llevaron a un cuartel y lo mantuvieron incomunicado por más de una hora; al no tener más elementos para mantenerlo detenido, lo liberaron.
En el comunicado de prensa que se emitió por la captura de Eduardo Ramírez Valencia, se informó que había sido detenido en un operativo conjunto realizado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército en Huejutla de Reyes.
Era considerado como responsable de las negociaciones para el tráfico de droga desde Panamá. También del envío de armas, venta y distribución de drogas en los estados de Veracruz y Tamaulipas, y también de administrar las finanzas y realizar los pagos a los miembros de la organización en el estado de Hidalgo.
Supuestamente, El Profe brindaba seguridad a Heriberto Lazcano, cuando éste visitaba Huejutla de Reyes, para descansar y tratar asuntos de venta y distribución de droga.
Durante el operativo en el que fue detenido Ramírez Valencia, también fue aprehendido Rubén Barragán Monterrubio, alias ‘El Montes’ y fueron incautadas cuatro armas largas, una pistola, 288 cartuchos, seis cheques por 430 mil pesos, así como 32 mil 500 pesos en efectivo y cuatro vehículos.
Para la captura se utilizaron tres helicópteros del tipo Mil Mi-17 y UH-60 Black Hawk de la Policía Federal que estuvieron sobrevolando a baja altura por toda la ciudad en respaldo a las fuerzas de tierra que llevaban a cabo cateos y detenciones en la colonia Magisterial -del SNTE- donde fue capturado El Profe y otros de sus cómplices.
Tras ser aprehendidos fueron conducidos e introducidos de inmediato a uno de los helicópteros el cual los llevó a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El 9 de diciembre de 2010 Eduardo Ramírez Valencia fue trasladado al Cereso de Pachuca.
Mexico
Procuraduría de Hidalgo investiga a tres policías por amedrentar a una pareja en carretera

Un policía con pistola en mano intenta bajarlos del auto, sin justificación
Por Juan Ricardo Montoya
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que inició una investigación penal contra tres policías, uno con ellos con una pistola en la mano, grabados en video al amedrentar a una pareja que iba a bordo de una camioneta sobre la carretera México-Laredo. Los hechos ocurrieron en el municipio de Actopan, 25 kilómetros al noroeste de Pachuca, por presuntamente haberse «pasado» dos luces rojas en igual número de semáforos.
Los policías son agentes de esa dependencia, por lo que estarían sujetos de inmediato a un proceso de sanción. Así lo informa la propia procuraduría, encargada a Santiago Nieto Castillo, en una tarjeta informativa publicada luego de los hechos.
La dependencia puntualizó que se seguirá con “la política de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, la cual aplica también para servidoras y servidores públicos en funciones de procuración de justicia.”
La noche del miércoles 22, gracias a un vídeo que publicó en su cuenta de redes sociales, una mujer relató que por la tarde ella y su pareja viajaban en su camioneta sobre la carretera México-Laredo, en el tramo correspondiente a Actopan. Ahí fueron amedrentados por tres hombres que iban a bordo de un vehículo que no era oficial, además de que ellos mismos no se identificaron como policías o ministerios públicos. Los tres individuos rebasaron a la pareja, obligándolos a pararse a la vera de la carretera.
En el video se observa únicamente a dos de los tres individuos, uno de ellos con barba, que trata de abrir por la fuerza la portezuela del copiloto, sin lograrlo. Ello ocurría mientras otro gesticulaba con el arma de cargo, gritándoles que rompería el cristal, si no abrían la portezuela. Aunque no se observa que hubiera apuntado a los tripulantes del vehículo civil, el ministerial desenfunda el arma y la sostiene con ambas manos. El joven le pidió calma y que no le apuntara, al tiempo que le hacía ver que no trataría de irse.
Uno de los judiciales le reprocha el haberse pasado dos luces rojas, a lo que el joven le explicó que fue para llevar a la mujer con un médico. En el video los policías ministeriales no se identificaron como tales y la mujer no da detalles de su situación. Sólo dijo que mientras estaba la discusión, ella llamó al 911, tras lo cual llegó una ambulancia, cuyos paramédicos la revisaron y que la encontraron bien. Sólo hace ver que los ministeriales insistían en revisar el auto y que temía que, al hacerlo, fueran a «plantarle algo».
En octubre de 2022, una pareja que viajaba en otro auto fue asesinada mientras esperaba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en Actopan, sobre ese mismo tramo de la México-Laredo. Un año antes, en septiembre de 2021, vecinos de Actopan se manifestaron contra el gobierno municipal por el mal estado en que se encontraban los semáforos que, luego de reclamos fueron «reparados» con papel de colores puesto sobre los focos de esos dispositivos de control de tráfico, lo que hacía la reparación impráctica e improvisada.
Mexico
Movimiento Triqui denuncia atentado contra simpatizantes ante indiferencia de autoridades de Oaxaca

En una emboscada, el 17 de marzo, dispararon al auto en el que viajaban miembros de la comunidad Coyuchi
La dirigencia del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) informó que el viernes 17 de marzo, alrededor de las cuatro y media de la mañana, fueron emboscadas simpatizantes de esa organización de la comunidad de Coyuchi, Oaxaca. El vehículo en que viajaban recibió una ráfaga de disparos. Señalan que todas las personas salieron ilesas, sólo hubo daños al vehículo en que viajaban.
Acudían a vender plátanos en la Plaza de Viernes en Juxtlahuaca, cerca de la comunidad de Sabana Copala, pequeña población en la frontera entre Oaxaca y Guerrero, ubicada a 140 kilómetros al poniente de Oaxaca capital y a 200 kilómetros al oriente de Acapulco.
Desde ese día, MULT ha exigido a los gobiernos federal y estatal que se esclarezcan los distintos hechos denunciados ante los medios de comunicación. También piden que los organismos nacional y estatal de derechos humanos documenten las agresiones en contra sus miembros y seguidores.
Señalan como responsables de los hechos al jefe de los grupos paramilitares Macario García Merino y sus secuaces Horacio Santiago García y Marcos García de Jesús, vinculados al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, el llamado MULTI, organización con la que sostienen una agria disputa en la Zona Triqui, en la colindancia entre los estados de Oaxaca y Guerrero.
MULT hace notar que todos los viernes los triquis y los mixtecos acuden al día de plaza en la cabecera municipal para surtir sus víveres y vender sus productos. Por ello, exigen al gobierno estatal y municipal que garanticen el libre tránsito de personas y mercancías, brinden seguridad para los transeúntes y eviten las agresiones de quienes siguen atentando contra la paz en la llamada Zona Triqui. También advierten que, de continuar estas agresiones contra sus simpatizantes y miembros, convocarán a un bloqueo en todas las regiones donde tienen presencia.
Por último, exhortan a sus compañeros a preparar la marcha estatal del próximo diez de abril, aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, a realizarse en Oaxaca de Juárez. Una de las demandas sustantivas de esa movilización será el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes del MULT. También pedirán medidas que acaben con la impunidad de los asesinos y los autores intelectuales de diversos crímenes en las zonas rurales de Oaxaca.

Comunicado del 17 de marzo de 2023 del MULT
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