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Mexico Violento

Explotación laboral: un profundo «bache» para México

La explotación laboral se ha convertido en una práctica normalizada entre mexicanos que aceptan condiciones de precariedad extrema por no perder el trabajo

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Maquiladora en Veracruz Foto: olmecadiario.com

Por Daniela Pastrana

CIUDAD DE MÉXICO (IPS). – Miguel es uno de los tantos mexicanos que sobreviven con un sueldo de apenas 60 dólares por semana. Trabaja 11 horas diarias en una empresa de productos electrónicos en la norteña ciudad de Mexicali y luego camina 20 minutos hasta su casa para ahorrarse el dólar que cuesta el pasaje del autobús urbano.

«Aquí uno sólo tiene dos cosas qué hacer: trabajar y ‘pistear’ (tomar cerveza)», dice este hombre de 41 años que vive solo, en una habitación con una cama y un pequeño televisor como todo mobiliario. «Todos tenemos que trabajar horas extras» para poder incrementar los ingresos, añade.

A 2.500 kilómetros de Mexicali, el corresponsal en el oriental estado de Veracruz de un diario de circulación nacional recibe un pago de apenas el equivalente a 15 dólares por artículo publicado. Para colmo, trabaja en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo, que registra el récord de nueve colegas suyos asesinados en dos años.

Este reportero, como muchos otros, cobra sólo honorarios, sin recibir prestaciones sociales ni contar con seguro de vida o médico. Gasta la mitad de su retribución en viajar a la Ciudad de México cada dos semanas para asistir a un curso de especialización en periodismo y derechos humanos.

En la capital del país las cosas no son mejores. Juan, un diseñador con estudios de maestría, cobra 90 pesos (unos siete dólares) por hora dando clases en una universidad privada. Tampoco cuenta con prestaciones ni seguridad social. Completa sus ingresos con trabajos particulares y, como profesional, paga de impuestos un tercio de su retribución.

«En este país, el problema central no es el desempleo, sino el trabajo precario», dijo a IPS el investigador Alberto Arroyo Picard, de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Contra el Libre Comercio.

Casi 51 millones de los 112 millones de habitantes de México están activos laboralmente, pero 2,5 millones están desempleados, según los últimos datos divulgados por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El saliente gobierno del conservador Felipe Calderón presume que México tiene un desempleo menor a otros países de América Latina, como Brasil. Sin embargo, omite explicar los indicadores sobre las condiciones de empleo que muestran que el país ha caído en un profundo bache laboral.

Por ejemplo, 12 millones de mexicanos están considerados dentro de la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (trabajaron menos de 15 horas en una semana) y en la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (con menos de 35 horas semanales trabajadas o que lo hicieron más tiempo pero con ingresos inferiores al salario mínimo, etcétera). A ellos se agregan 14,2 millones que están en el sector informal.

Estos datos de precariedad laboral no se compadecen con el desempeño de la economía de México, que según el Banco Mundial registró un crecimiento de 3,9 por ciento en 2011 y proyecta una expansión de 3,5 por ciento para este año y cuatro por ciento para 2013, pese a los efectos de la crisis global.

La población asalariada que tiene seguridad social y prestaciones laborales se reduce a 16 millones de personas, menos de la cuarta parte de la población activa, según las últimos datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Además, de estos empleos con salario fijo, dos millones son eventuales.

En ese marco de precariedad del mundo del trabajo, el Senado aprobó el martes 23 de octubre, con el voto en contra de los partidos de izquierda, una reforma laboral que elimina buena parte de los derechos que aún protegen a los asalariados.

La reforma legaliza el «outsourcing», la palabra inglesa más usada en México para identificar el modelo de subcontratación que ya se usa en la mayoría de las empresas, que elimina los derechos colectivos de los trabajadores, plantea contrataciones a prueba y por hora, y reduce a un año el pago de salarios caídos. «Lo que están haciendo es legalizar la infamia», dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Salvador Arellano.

Patricia Juan, del Frente Auténtico del Trabajo, explicó que la reforma no solo abarata, aún más, la mano de obra, sino que también rompe la estabilidad en el empleo e inhibe la contratación colectiva y la posibilidad de los trabajadores de organizarse para defender sus derechos.

«Es el último derecho social que nos queda en México, además de la educación gratuita, que pronto se va a acabar», aseguró. «Como vas a estar condicionado todo el tiempo, vas aceptar lo que sea con tal de mantener tu trabajo».

El sistema de subcontratación laboral existe en México de manera informal desde hace dos décadas, pero con los efectos de la crisis económica global nacida en 2008 en Estados Unidos empezó a instalarse en prácticamente todos los sectores productivos.

Por poner un caso, casi la mitad de empleados de las instituciones bancarias laboran bajo reglas de subcontratación. De los 42 bancos que actualmente operan en el país, 11 tienen a casi toda su plantilla bajo el esquema de outsourcing. Entre ellos están BBVA Bancomer, Banco Wal-Mart e Inbursa, propiedad del multimillonario Carlos Slim. Y según cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la subcontratación de servicios crece cerca de 10 por ciento anual.

Sin embargo, la Secretaría (ministerio) de Hacienda ha identificado a empresas que omiten impuestos que usan este esquema. La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimó que el outsourcing provoca una evasión anual superior a 300 millones de dólares.

La reforma aprobada por el Senado no puede entrar en vigor hasta que los diputados analicen y resuelvan unos artículos reservados relacionados con la transparencia sindical, una demanda de organizaciones de trabajadores independientes y de empresarios, a la que se han opuesto las oficialistas y el Partido Revolucionario Institucional, que gobernará el país desde diciembre de la mano de Enrique Peña. Pero los artículos aprobados ya no tienen regreso.

«La Cámara de Diputados puede alargar el proceso de resolución si no considera el tema de sindicatos como un tema prioritario, pero todo lo relacionado con los derechos civiles es irreversible», indicó el abogado laboralista Manuel Fuentes.

Lo que sigue ahora, explicó, es agotar todas las vías jurídicas de impugnación de la ley, por la vía de los amparos y la controversia constitucional, que distintas agrupaciones sindicales van a solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no es optimista.

El problema es que apenas nueve por ciento de los trabajadores asalariados están sindicalizados y, de ellos, solo los de agrupaciones independientes están dispuestos a dar la batalla.

Y en un país donde el salario ha perdido 76 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 30 años y donde tres cuartas partes de los trabajadores ya perdieron sus derechos, la gente está más preocupada por mantener el empleo que por las condiciones del mismo.

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Sedena identificó a 20 alcaldes vinculados con el caso Ayotzinapa; Morena, PAN, PRI son los institutos políticos a los que pertenecen estos ediles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

Para saber más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

Lee más: Caso Ayotzinapa: los mensajes de WhatsApp que se ocultaron en el informe de la Comisión de la Verdad

 

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

 

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Mexico Violento

Por intereses económicos, hijos atentan contra la integridad de su madre, adulta mayor

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María Rodríguez Lemus sufre el maltrato y abandono de dos de sus hijos; es un adulta mayor, con problemas auditivos

Juan Gabriel y Roberta Torres Rodríguez dan testimonio falso en la fiscalía en contra de sus hermanos acusándolos de secuestro de su madre

Por Zavianny Torres Baltazar

Hace 25 años, doña María Rodríguez Lemus se jubiló tras tres décadas de trabajo constante y asiduo. Servidora pública, laboró en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la Semarnat, y durante los últimos 25 años vivió en su casa ubicada en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, al cuidado de sus hijos Juan Gabriel Torres Rodríguez y su hija Roberta Torres Rodríguez.

Sus hijos tienen locales comerciales en el domicilio de doña María, espacios que están exentos de pago de renta. En esos 25 años todo transcurrió con “normalidad”, sus hijos menores, Marlein Torres Rodríguez y Marcos Javier Torres Rodríguez, podían visitarla con la frecuencia que desearan y estar al tanto de los cuidados de su mamá.

Con el paso de los años los hijos menores conformaron sus propias familias y dejaron el hogar materno. Doña María Rodríguez quedó al cuidado de los hermanos mayores Juan Gabriel y Roberta. Sin embargo, hace 7 años la situación se tornó dramática y preocupante, debido a que sus hijos Marlein y Marcos Javier empezaron a notar que a su madre la tenían en un estado de abandono total – por parte de sus hermanos Juan Gabriel y Roberta – pues el departamento donde vivía doña María estaba en completo abandono y en condiciones de insalubridad. Rodeada de decenas de gatos y perros.

Previo a la pandemia del Covid 19 que a todos nos obligó a resguardarnos en nuestras casas, sus hijos menores -Marlein y Marcos- ya habían tomado en sus manos el cuidado de su madre. Es cuando los hermanos mayores -Juan Gabriel y Roberta- empiezan a restringir el libre acceso a la casa de doña María y da inicio un conflicto intrafamiliar con repercusiones de tipo jurídico, que al día de hoy continúan en los juzgados del estado de Morelos- y que tienen acusados de manera dolosa (con testimonios y declaraciones falsas) a los hermanos menores.

En este proceso, Juan Gabriel y Roberta, han levantado denuncias de secuestro en contra de los dos hermanos menores. Acusan que se llevaron a su madre sin su conocimiento y por la fuerza. En el estado de Morelos levantaron una denuncia con carpeta de investigación FEDFPM/101/2021. Entre las acusaciones más delicadas están la de tener secuestrada a su madre y en contra de su voluntad, vivir con los hijos menores en sus domicilios en Temixco, Morelos.

Considerando que las acusaciones son muy serias, Marlein y Marcos Javier tuvieron que contratar los servicios profesionales de un abogado defensor, ya que en diversas ocasiones han sido asediados por elementos de la fiscalía del estado y agentes del Ministerio Público. Del mismo modo, personas que se identifican como representantes del poder judicial, han tratado de ingresar de forma ilegal al fraccionamiento donde habitan Marlein con su hijo menor de edad y Marcos Javier, sin contar con alguna orden de aprensión o presentación a los acusados.

En junio de 2021, la fiscalía general del estado de Morelos emitió una alerta para localizar a la María Rodríguez Lemus, en la que solicita la ayuda para encontrar a la supuesta extraviada. Ante estas circunstancias ajenas a una buena impartición de justicia por parte de las autoridades a las que corresponde esta responsabilidad, es que solicitamos el testimonio de Marlein Torres Rodríguez por estas falsas acusaciones y en entrevista nos narra.

Testimonio

“Mi mamá desde muy niña perdió el oído. A los ocho años inició un trabajo, a su corta edad fue muy trabajadora, y a pesar de su discapacidad pudo ser independiente, hasta incluso separarse de mi papá y hacerse cargo de sus cuatro hijos. A los 25 años de laborar se jubiló. Desde entonces, mis hermanos – Juan y Roberta- administraron todo lo correspondiente a sus ingresos. Aproximadamente al año que mi mamá se jubiló adquiere un terreno, pero le faltó dinero para completar su pago. Es ante esta circunstancia que nos percatamos que no tenía dinero para adquirirlo. En ese tiempo les pedimos a los hermanos mayores que explicaran el por qué mi mamá no tenía dinero, ambos se negaron rotundamente a responder.

Me asesoré legalmente, pero no pude hacer algo en ese momento porque mi mamá estaba en condiciones de decidir, me pidió respetar su decisión, que ella estaba consciente de lo que estaban haciendo. En ese momento respeté su decisión y salí de su casa. Mi hermano y yo no tenemos la libertad de visitar a mi mamá cuando nosotros lo deseamos, y mucho menos intervenir en el arreglo de su casa. Cuando se daban cuenta de que mi mamá nos daba llaves de su casa, con diferentes excusas ellos cambiaban la combinación. Hace siete años aproximadamente, era evidente el deterioro y el descuido en el que se encontraba la casa.

Por otro lado, mi mamá tenía problemas severos de circulación, colesterol, triglicéridos altos, retención de líquidos, hipertensión, sin que tuviera tratamiento médico alguno, además tenía problemas con mis hermanos y con mi mamá porque decían que ella estaba bien de salud. Tenía también mala alimentación, no tenía comida en su casa. En varias ocasiones me percaté que no tenía dinero, le dejaba yo dinero y se le perdía o se lo daba a mis hermanos. No tenía un super o despensa en su casa, su lavadora y boiler estaban oxidados en su caja, no se los habían instalado porque no tenía dinero; artículos o prendas que le regalábamos no las usaba, las regalaba o se le perdían. Vivía entre basura, con demasiadas cosas acumuladas, las paredes con bastante humedad, no tenía luz porque la misma humedad había provocado un corto en toda la instalación.

Vivía con 22 gatos y perros que adoptaba de la calle, viviendo en una situación inhabitable e inhumana. Después de algún tiempo se nos empiezan a negar las visitas a casa de mi mamá, poniendo excusas y diciendo que no quería ver a nadie, en ocasiones los vecinos le permitían brincarse la barda para poder verla. En agosto del 2020 mi hermano menor logra visitar a mi mamá. Roberta le comenta que mi mamá presenta comportamientos y actitudes extrañas, le dicen que no la ven bien y consideran internarla en una clínica psiquiátrica o en un asilo. Posterior a eso, uno de mis hermanos le llama a mi hermano Marcos para que vaya por ella y se la lleve unos días mientras acondicionan su casa.

Mientras mi mamá está con nosotros en Temixco, Morelos, inicia tratamiento médico, jamás presentó problemas de alimentación o que algo le hiciera daño, tampoco presentó cuadros depresivos, se adaptó inmediatamente a la rutina y hábitos que teníamos en casa. Nos quedó claro que lo que necesitaba era atención, compañía, amor y convivir con personas. En octubre del 2020 mi mamá regresa a su casa, Marcos y yo exponemos nuestras observaciones al convivir con mi mamá, proponemos estar al pendiente todos, que se contrate una persona para que conserve su casa ordenada, le tenga comida y ella pueda comer cuando lo disponga. Les preguntamos quién es el encargado de cobrar las pensiones de mi mamá y cuánto es lo que percibe.

Roberta y Juan se niegan a contestar y se ponen a la defensiva, rechazan el medicamento que mi mamá llevaba porque dicen que ella tenía a sus médicos, también se niegan a que una persona extraña entre a la casa de mi mamá y nos dicen que ejerzamos nuestro derecho de hijos e investiguemos cuánto cobra mi mamá. Dejamos que mi mamá se quede en su casa porque ella así lo quería, a pesar de que Marcos y yo no estábamos muy convencidos, dejándoles en claro que para tomar una decisión de internar a mi mamá debían consultarlo con nosotros, situación que no considerábamos fuera necesario, ya que nosotros estábamos dispuestos a cuidar de ella. En diciembre mi madre se enfermó de COVID, al hacerlo de su conocimiento, ella pidió que nos la trajéramos, ya que consideraba que mis hermanos mayores no le tenían paciencia ni empatía.

Actualmente está a nuestro cuidado, está sana, anímicamente se ve bien, se muestra más segura, ya se siente merecedora de recibir afecto, acepta abrazos y está sonriente, ya se preocupa por su aseo y su aspecto personal. Lo único que solicitamos es que nos dejen cuidar a mi señora madre. Que desistan de sus falsas acusaciones. Y respeten nuestros derechos a la privacidad. Finalmente, debo decir que hacemos responsables a mis hermanos Juan Gabriel y Roberta, ambos de apellido, Torres Rodríguez, de cualquier agresión o atentado físico y/o psicológico en contra de mi hijo menor, de mi mamá o de mi hermano Marcos, denuncia que hice pública en las redes sociales a través de Instagram«.

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