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Justicia pendiente

Expertos de CIDH piden tratar caso Ayotzinapa como desaparición forzada

Después, de seis meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, expertos convocados por la CIDH pide tratar el caso como tal

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Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Francisco Cox, integrantes de la comisón de expertos de la CIDH cso Ayotzinapa. Foto: Jesús Villaseca/La Jornada

Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Francisco Cox, integrantes de la comisón de expertos de la CIDH cso Ayotzinapa. Foto: Jesús Villaseca/La Jornada

Por Sergio Ferrer

MÉXICO, DF.-En su primera visita a México, efectuada del 1 al 19 de marzo, los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron al Estado mexicano tratar el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada además de requerirle copia digital del expediente que se encuentra en la Procuraduría General de la República (PGR).

La información esta vertida en el informe sobre su primera visita a México para la investigación y asesoría sobre el caso Ayotzinapa, en el cual el grupo pide establecer un dispositivo de atención médica para los familiares en la zona y contar una segunda evaluación neurológica urgente para el normalista Aldo Gutiérrez Solano que se encuentra en estado de coma, además de apremiar a resguardar toda la información relevante y continuar con las búsquedas.

El GIEI se creó en el marco del acuerdo entre México, los peticionarios del caso Ayotzinapa y la CIDH, centrando su trabajo en cuatro líneas: proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada. Su próxima visita será el seis de abril.

En conferencia de prensa, Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Francisco Cox, tres de los miembros del GIEI, dieron lectura a un informe que engloba varios aspectos.  En cuanto al proceso de búsqueda el mandato del GIEI incluye la evaluación de, “todas las acciones para la localización del paradero de los normalistas desaparecidos” y la verificación de si se han implementado “todos los dispositivos urgentes y protocolos desarrollados por las instituciones federales”. De estas acciones han recibido información del nivel estatal y federal exhortando a que dichas acciones continúen.

Para la GIEI es importante que todas las autoridades que tengan información sobre los grupos que se mencionan como involucrados en la desaparición; sus inmuebles, propiedades o rutas sean proporcionadas con el objeto de establecer hipótesis de búsqueda que no sólo se basen en información brindada por los familiares.

El Grupo señaló que analizó sin dar mayor detalle, fotos satelitales incorporadas al expediente y presentadas públicamente tanto por la PGR como por parte del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF)  relativas al basurero de Cocula. Por otro lado, considera importante utilizar la tecnología satelital a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) el cual tiene vínculo con los satélites de otros países, solicitando a la PGR que gestione fotografías.

Asimismo, pide al Estado un mapa de fosas clandestinas  actualizado y casos relacionados con ellas, para nuevas búsquedas que pudiera hacer la PGR respecto al caos de los estudiantes detenidos desaparecidos en Iguala.

También, solicitan que en la búsqueda de nuevos lugares se considere el uso de tecnología láser (LIDAR, entre otros posibles), que en parte ya había sido propuesta, para identificar perturbaciones en el terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares.

En la investigación criminal el GIEI ha identificado elementos y diligencias muy importantes de la investigación que deben resguardarse o desarrollarse. Analizando declaraciones ministeriales de testigos e inculpados, evaluarán en qué áreas solicitarán peritajes específicos. Otro punto señala la necesidad de concentración y fortalecimiento del registro del movimiento de la evidencia recogida en la PGR.

El GIEI ha solicitado una entrevista con personal militar del Batallón 27 de Iguala, Guerrero, respetando independencia exhortan a los jueces sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada, haciendo hincapié por otra parte de la necesidad de  copia digital completa del expediente.

Sobre la atención a víctimas, el GIEI ha hecho diversas reuniones de presentación de su mandato y ha escuchado las tareas llevadas a cabo por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a  la atención a las víctimas, en el marco de sus respectivas competencias.

LA GIEI considera fundamental la re-victimización de las víctimas y los familiares y solicita de forma urgente la reactivación de la atención médica para los familiares que desde hace casi seis meses están concentrados en la Escuela Normal de Ayotzinapa, la dotación de medicamentos y el establecimiento de mecanismos de referencia, en caso necesario, hacia otros niveles de atención sanitaria.

Una demanda específica de salud que han hecho a las autoridades de México, a través de la Cancillería, es agilizar el contar con una segunda opinión y una evaluación clínica de un especialista en neurología para el normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en coma como consecuencia de las heridas de bala que le causó la policía municipal de Iguala. Esta petición ya había sido hecha por la familia desde hace tres meses.

En cuanto a las políticas públicas frente a la desaparición forzada el GIEI además de enfocarse en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa hará recomendaciones a nivel general del tema de desapariciones. Asimismo saludaron las iniciativas actuales en el Senado mexicano y otras instituciones para establecer una legislación sobre la desaparición forzada, y esperan que sean aprobadas con atención a la urgencia de este problema en México, conforme a los estándares internacionales en la materia.

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

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Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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