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Justicia pendiente

Expertos de CIDH piden tratar caso Ayotzinapa como desaparición forzada

Después, de seis meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, expertos convocados por la CIDH pide tratar el caso como tal

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Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Francisco Cox, integrantes de la comisón de expertos de la CIDH cso Ayotzinapa. Foto: Jesús Villaseca/La Jornada

Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Francisco Cox, integrantes de la comisón de expertos de la CIDH cso Ayotzinapa. Foto: Jesús Villaseca/La Jornada

Por Sergio Ferrer

MÉXICO, DF.-En su primera visita a México, efectuada del 1 al 19 de marzo, los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron al Estado mexicano tratar el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada además de requerirle copia digital del expediente que se encuentra en la Procuraduría General de la República (PGR).

La información esta vertida en el informe sobre su primera visita a México para la investigación y asesoría sobre el caso Ayotzinapa, en el cual el grupo pide establecer un dispositivo de atención médica para los familiares en la zona y contar una segunda evaluación neurológica urgente para el normalista Aldo Gutiérrez Solano que se encuentra en estado de coma, además de apremiar a resguardar toda la información relevante y continuar con las búsquedas.

El GIEI se creó en el marco del acuerdo entre México, los peticionarios del caso Ayotzinapa y la CIDH, centrando su trabajo en cuatro líneas: proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada. Su próxima visita será el seis de abril.

En conferencia de prensa, Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Francisco Cox, tres de los miembros del GIEI, dieron lectura a un informe que engloba varios aspectos.  En cuanto al proceso de búsqueda el mandato del GIEI incluye la evaluación de, “todas las acciones para la localización del paradero de los normalistas desaparecidos” y la verificación de si se han implementado “todos los dispositivos urgentes y protocolos desarrollados por las instituciones federales”. De estas acciones han recibido información del nivel estatal y federal exhortando a que dichas acciones continúen.

Para la GIEI es importante que todas las autoridades que tengan información sobre los grupos que se mencionan como involucrados en la desaparición; sus inmuebles, propiedades o rutas sean proporcionadas con el objeto de establecer hipótesis de búsqueda que no sólo se basen en información brindada por los familiares.

El Grupo señaló que analizó sin dar mayor detalle, fotos satelitales incorporadas al expediente y presentadas públicamente tanto por la PGR como por parte del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF)  relativas al basurero de Cocula. Por otro lado, considera importante utilizar la tecnología satelital a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) el cual tiene vínculo con los satélites de otros países, solicitando a la PGR que gestione fotografías.

Asimismo, pide al Estado un mapa de fosas clandestinas  actualizado y casos relacionados con ellas, para nuevas búsquedas que pudiera hacer la PGR respecto al caos de los estudiantes detenidos desaparecidos en Iguala.

También, solicitan que en la búsqueda de nuevos lugares se considere el uso de tecnología láser (LIDAR, entre otros posibles), que en parte ya había sido propuesta, para identificar perturbaciones en el terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares.

En la investigación criminal el GIEI ha identificado elementos y diligencias muy importantes de la investigación que deben resguardarse o desarrollarse. Analizando declaraciones ministeriales de testigos e inculpados, evaluarán en qué áreas solicitarán peritajes específicos. Otro punto señala la necesidad de concentración y fortalecimiento del registro del movimiento de la evidencia recogida en la PGR.

El GIEI ha solicitado una entrevista con personal militar del Batallón 27 de Iguala, Guerrero, respetando independencia exhortan a los jueces sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada, haciendo hincapié por otra parte de la necesidad de  copia digital completa del expediente.

Sobre la atención a víctimas, el GIEI ha hecho diversas reuniones de presentación de su mandato y ha escuchado las tareas llevadas a cabo por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a  la atención a las víctimas, en el marco de sus respectivas competencias.

LA GIEI considera fundamental la re-victimización de las víctimas y los familiares y solicita de forma urgente la reactivación de la atención médica para los familiares que desde hace casi seis meses están concentrados en la Escuela Normal de Ayotzinapa, la dotación de medicamentos y el establecimiento de mecanismos de referencia, en caso necesario, hacia otros niveles de atención sanitaria.

Una demanda específica de salud que han hecho a las autoridades de México, a través de la Cancillería, es agilizar el contar con una segunda opinión y una evaluación clínica de un especialista en neurología para el normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en coma como consecuencia de las heridas de bala que le causó la policía municipal de Iguala. Esta petición ya había sido hecha por la familia desde hace tres meses.

En cuanto a las políticas públicas frente a la desaparición forzada el GIEI además de enfocarse en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa hará recomendaciones a nivel general del tema de desapariciones. Asimismo saludaron las iniciativas actuales en el Senado mexicano y otras instituciones para establecer una legislación sobre la desaparición forzada, y esperan que sean aprobadas con atención a la urgencia de este problema en México, conforme a los estándares internacionales en la materia.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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