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Justicia pendiente

Éxodo de habitantes de La Montaña en busca de trabajo

La Montaña Guerrero ha registrado una migración masiva de indígenas en busca de trabajo al interior del país, la mayoría jornaleros agrícolas

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Una mujer ñuu savi camina al MP para ratificar denuncia de lesiones y robo de su ahorro luego de trabajar cuatro meses en un campo agrícola. Foto: Sergio Ferrer

Migración masiva de La Montaña luego del festejo a los muertos

Por Sergio Ferrer

LA MONTAÑA, Guerrero.- Decenas de pobladores originarios de La Montaña emigran diariamente para trabajar como jornaleras y jornaleros agrícolas en estados como Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán o Morelos. Después del festejo tradicional a los difuntos se han registrado salidas de al menos seis camiones por día.

En la Unidad de Servicios Integrales (USI) que atiende a los migrantes en Tlapa, durante la visita del reportero no contaba con la presencia de un médico, aunque la Jurisdicción 4 tiene supuestamente asignado uno. Respecto al gobierno federal, es prácticamente nula su atención hacia los migrantes indígenas aunque no es algo novedoso ya que “tiene un antecedente de abandono desde hace un año”, según ratificó Margarita Nemesio, coordinadora del Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Nemesio refirió que no hay un verdadero interés de atención a jornaleros y aunque sabe que es cambio de gobierno señaló que aún así debería existir atención a los migrantes, en otro punto aseguró que a pesar de que hay personal de Sedesol, no tiene la preparación para registrar que los camiones vayan con las medidas correspondientes de seguridad.

En las instalaciones para jornaleros, cohabitan estudiantes de partería e incluso oficinas de atención como microregiones que es un programa independiente al de grupos prioritarios que no incluye atención a migrantes. Aunque los viajes comenzaron en septiembre ha sido a partir del 4 de noviembre cuando comenzó un éxodo mayor de trabajadores.

De las acciones del gobierno estatal, personas del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña asignados a la USI, reconocieron que éste a entregado despensa adecuadamente pero falta la respuesta a la solicitud entrega al gobernador de la instalación de una tortillería. Del titular de grupos vulnerables no se ha sabido desde la vez que acudió junto con el gobernador hace ya varios meses.

Miguel, hombre de origen nahua que atiende junto con otras cuatro personas integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña, la USI, precisó en cuanto al gobierno municipal de Tlapa que por la mañana del lunes seis de noviembre, personal del ayuntamiento tomó fotografías de las migrantes para informar al alcalde que si está en funcionamiento la USI. Aunque es ya conocido que cada año se repite este fenómeno migratorio.

“Esperemos que nos apoye, aquí en el comedor hace falta luz y hay otros detalles, refirió Miguel. Del municipio de Tlapa emigran la mayor cantidad de personas de sus distintas comunidades y colonias incluidas familias de evangelistas que fueron expulsados de su comunidad nativa. Existen salidas a Morelos a la recolección de caña, a Michoacán para el corte de melón y cuatro a Sinaloa donde se recoje jitomate, chile, berenjena o pepino. Eso sin contabilizar los camiones que no acuden a la USI los cuales salen cada tres días del Jale hacía Baja California sin que haya algún control de las salidas. En la cancha de Cuba, ubicada a un costado del cauce de río, también se refugian migrantes.

“No sé porque no vienen, hemos ido a invitarlos, aquí hay agua para que se bañen y comida, allá en el Jale están en el sol aquí hay sombra”, reviró Miguel. “Es un trabajo duro”, dijo y agregó que trabajan de cinco de la mañana a diez o doce de la noche en los días de mayor afluencia de jornaleros. De las siete regiones de Guerrero, Chilapa es la región con más número de migrantes, seguida de La Montaña Alta y en tercer lugar Ometepec.

Según versiones extraoficiales, al gobierno federal en Guerrero, le preocupó de último momento la situación de la USI y acudirán esta semana a proporcional lo que haga falta, como el caso de un presupuesto posiblemente no ejercido debidamente.

Depredación y abuso contra migrantes

Niño mixteco murió en un campo agrícola de Jalisco

Valentín Ramón Cruz, un menor de dos años y seis meses de edad murió en un campo agrícola de Sayula, Jalisco sin que los empresarios contratistas respondieran de alguna manera por el deceso. El cuerpo del infante fue transportado a la ciudad de Tlapa para sepultarlo en Calpanapa, Cochoapa el Grande, de donde era originario.

Pedro Ramón, ta savi padre del niño solicitó apoyo a la Sedeso de Guerrero para traer el cuerpo al estado. Valentín falleció a causa del piquete de un alacrán.

En los campos agrícolas de Sayula, los jornaleros rentan por 500 pesos (45 dólares) un pedazo de tierra el cual es dividido sólo por hules de nailon. No hay atención médica, trabajan de seis de la mañana a ocho de la noche en una condición precaria tal como ha sido desde los años noventa.

Mujer ñuu savi de Cochoapa el Grande plasma su huella en la denuncia por lesiones y robo de lo que ahorro al trabajar en un campo agrícola de Baja Cfa. Foto: Sergio Ferrer

Lesiones y robo a jornaleros con la complicidad de policías federales

En septiembre, mujeres ñuu savi de Cochoapa el Grande, denunciaron ante el Ministerio Público de Huamuxtitlán “a quien resulte responsable” y al chofer de un camión que transportaba a 38 jornaleros agrícolas y a 22 infantes por lesiones y robo de los ahorros obtenidos tras haber trabajado en un campo agrícola de Baja California Norte.

La acusación de lesiones por accidente de tránsito de vehículo, se presentó contra uno de los tres choferes que en rotación conducía el autobús donde viajaban indígenas, el cual se distrajo con una acompañante que subió en cierto tramo de la carretera federal Tlapa-Puebla, “besándose y acariciándose” por lo que perdió el control del vehículo saliendo éste de la carretera, dando una vuelta hasta ser frenado por un poste y cables de alta tensión.

Aunque hay más lesionados incluyendo menores, por temor a represalias de autoridades, solo cuatro mujeres se atrevieron a denunciar los hechos y el robo, aunque sienten algo de temor, ya que autoridades federales intervinieron de una manera turbia después de los hechos.

Ellas, regresaban a su lugar de origen al igual que habitantes de Joya Real, Cascada del Zorro, Minatitlán y Loma Canoa, del campo El Vergel ubicado en San Quintín luego de que el enganchador o mayordomo que los cuidaba las trataba mal y las humillaba exigiéndoles que rindieran mucho más por lo que no estuvieron seis meses como estaba programado sino cuatro.

La madrugada del accidente, policías preventivos del municipio de Xochihuehuetlán, llegaron al lugar y resguardaron el camión no dejando que las personas recogieran sus pertenencias, siendo por otra parte varias mujeres incluidas las agraviadas, llevadas al hospital de la cabecera municipal y otras a un hospital de Tulcingo en Puebla.

Horas después, arribaría la policía estatal y sería a las cinco de la mañana cuando llegó la patrulla 1333 de la Policía Federal. A las siete, llegó una grúa privada que estaría intentando sacar el camión para llevarlo a un corralón federal.

Elementos de la Policía Federal, según testimonios de familiares de las afectadas, platicaron con los choferes aproximadamente 200 metros lejos del lugar del accidente y los dejaron ir.

Al preguntar familiares si podían sacar las pertenencias del camión, se les dijo que no y que les serían entregadas en Tlapa.

Al acudir al corralón los indígenas, donde también se les dijo que serían entregadas sus pertenencias, se les impidió el paso y fueron llamados policías federales pudiendo al fin ingresar hasta que arribaron estos. La amarga sorpresa sería que ni la mochila negra con 40 mil pesos, el bolso con 8 mil y así más cantidades que se detallan en la averiguación previa ZAR/01/186/2012 propiedad de las mujeres y sus familias, no se encontraban.

Las investigaciones continúan, los indígenas son asesorados por un abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

 

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Justicia pendiente

Madre de culpable fabricada presa en Edomex denuncia falta de pruebas por supuesto secuestro

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Dulce María Alfaro, madre de Berenice Trinidad Severiano Alfaro, recluida desde el 29 de marzo de 2021 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chalco, Estado de México, por el delito de secuestro, denunció la falta de pruebas que acrediten su culpa en los delitos de que se le acusa, por lo cual pidió su inmediata liberación.

Por medio de una misiva, la madre y representante de la madre de dos menores de edad expuso que el día en que su hija fue arrestada, salió de su domicilio en el municipio de Chalco, Estado de México, al oriente de la Ciudad de México, acompañada de sus dos hijos, que entonces tenían tres y cinco años de edad y de su vecina, Michel Alejandra Soto Pacheco, y su hija de dos años de edad y se dirigían al médico por un padecimiento de la infante, sin embargo, en ese momento fue detenida por elementos de la policía municipal.

De acuerdo con la madre de la víctima, uno de los uniformados la golpeó y obligó a descender del vehículo en que viajaban, pues la camioneta tenía placas de un vehículo en el que se cometió un secuestro.

Al llegar al Ministerio Público de Nezahualcóyotl los policías municipales acusaron a Berenice del secuestro de un hombre, aunque no presentaron pruebas sobre ello y la obligaron a firmar una presunta confesión del delito después de ser torturada, golpeada y amenazada.

Después fue trasladada al área Covid-19 del centro de reclusión de Chalco, y posteriormente fue vinculada a proceso por el delito de secuestro, a pesar de que la policía nunca presentó pruebas, sólo con los dichos de los cuatro policías municipales.

De la misma manera, la madre de la víctima refirió que ocurrieron una serie de anomalías durante el proceso para impedir la defensa de Berenice, además de que las autoridades realizaron un allanamiento ilegal en su domicilio, pues nunca presentaron una orden de cateo, además de que sembraron evidencia en su contra.

También los infantes fueron maltratados y fueron entregados en resguardo a la Procuraduría de la Defensa del Menor durante tres meses, por lo cual su abuela acusó de abuso de autoridad y las secuelas emocionales que les provocaron ser testigos del arresto ilegal de su madre y la manera en que fueron entregados a esa procuraduría.

El juicio está por concluir, pero Berenice no ha tenido acceso a una adecuada defensa legal, pese a que la parte acusadora no ha presentado pruebas científicas ni tecnológicas, además de que no hay testigos que hagan veraces las acusaciones contra ella. Es por ello que la señora Alfaro demanda la liberación de Berenice por la falta de pruebas.

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Justicia pendiente

Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad

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Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados

Por Miguel Montesinos León

Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.

El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.

A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.

Leer más: Agresores de la activista Claudia Uruchurtu confirman su ejecución, sin revelar ubicación de su cuerpo –  (losangelespress.org)

 

Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.

Demanda en el olvido

El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.

La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.

Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.

Entérate: Alcaldesa de MORENA en Nochixtlán detenida por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu –  (losangelespress.org)

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Justicia pendiente

Presidencia impugnará suspensión al Plan B; aspirantes al INE hermanos y allegados de morenistas

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Por Ignacio García

Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgara la suspensión al ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república anunció que impugnará dicha decisión al considerar que viola la Constitución Política Mexicana.

Por medio de un comunicado, la Consejería refirió que el ministro Laynez Potisek cometió una serie de arbitrariedades para impedir que se implemente el ‘Plan B’, como se ha identificado a la propuesta de reforma electoral de López Obrador. Y según el comunicado, estas irregularidades fueron aprobadas por el Poder Legislativo federal. De acuerdo con la Consejería, los ministros del Poder Judicial deben actuar de forma congruente y garantizar el orden constitucional, además de proteger los derechos y libertades.

Apenas el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia suspendió la implementación del ‘Plan B’ electoral que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fue criticado por el presidente de México, quien acusó que los ministros defienden intereses de los consejeros electorales con elevados sueldos, superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, el INE dio a conocer la quinteta de las personas que podrían ocupar las cuatro consejerías electorales pendientes, de las cuales están relacionadas en su mayoría con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Para encabezar el INE se encuentra considerada Bertha Luján, hermana de la actual titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Luján, situación que ha provocado inconformidad por parte de diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así también el hermano de la Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien estaba al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y durante su gestión despidió de manera masiva a abogados defensores con hasta 20 años de servicio en e Poder Judicial, cometiendo irregularidades y dejando en indefensión a personas privadas de libertad.

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