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Exmilitares de Colombia admiten haber ejecutado a civiles y haberlos presentado como guerrilleros muertos en combate

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Diez miembros retirados de las fuerzas armadas de Colombia admitieron públicamente haber asesinado a más de 100 civiles hace unos 15 años y de haber encubierto sus muertes presentando falsamente a sus víctimas como guerrilleros muertos en combate. Se trata de los llamados “falsos positivos”. Durante una audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, el órgano del país encargado de administrar justicia transicional, los exmilitares admitieron haber jugado un papel en las muertes y desapariciones de civiles. Éstas fueron las palabras expresadas por Néstor Gutiérrez, exoficial del Ejército de Colombia.

Néstor Gutiérrez: “Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate con la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y poniendo fusiles y diciendo que murieron en combate, que eran guerrilleros”.

El testimonio del martes se produjo pocos días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia revelara que fuerzas paramilitares mataron o desaparecieron a casi 6.000 personas durante un período de dos décadas como parte de una campaña respaldada por militares contra el partido de izquierda Unión Patriótica.

Fuente: Democracy Now!

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Latinoamérica

Migración irregular presiona al nuevo Gobierno de Chile por soluciones humanitarias

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Por Orlando Milesi

SANTIAGO, Chile – La presión de migrantes, especialmente venezolanos, es crítica en la zona norte de Chile. Un conflicto que se veía venir en la capital y que ha obligado al nuevo gobierno izquierdista de Gabriel Boric a organizar un grupo interministerial especial para proponer soluciones que respeten sus derechos humanos.

El primer problema es que se ignora cuántos son los migrantes irregulares, pues en los últimos años ingresaron miles sin registro alguno, especialmente por Colchane, un pequeño municipio del altiplano andino, en el norteste limítrofe con Bolivia.

Por allí ingresó la venezolana Jorgelis, de 23 años, en diciembre pasado.

“Fueron los 11 días más largos de toda mi vida”, dijo, mientras su rostro se ensombrecía al recordar su recorrido desde Caracas a Colchane.

Hoy vende frutas en la principal avenida de Santiago, Alameda, en su esquina con la calle Santa Lucía, en la salida del ferrocarril metropolitano, a apenas cinco cuadras del palacio de La Moneda, sede de la presidencia, donde desde el 11 de marzo  Gabriel Boric.

Su prima Engelin, de 33 años, arribó hace dos meses “en un viaje de 10 días, a veces por pleno desierto”.

“Dejé en Venezuela a dos hijas de 15 y 5 años. Ese es un dolor muy fuerte en mi corazón”, lamentó. Y se quejó del frío recordando que en la tropical Caracas es mucho menos intenso y solo en diciembre y enero. Vive en un campamento de haitianos en el municipio de Maipú, en el oeste de Santiago. Y vende frutas a la salida del Metro República, también en la Alameda.

Dubarly Lorvandal, de 23, llegó desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, cuando tenía 18 años. Estudió allá el pregrado. No tiene visa y trabaja en un puesto de verduras en una feria de Arrieta, en el este de Santiago. Facilidades de acceso, dictadas en 2010 y luego eliminadas, transformaron a Chile en un destino favorable para los haitianos que huían del coctel de tragedias naturales y económicas.

“Trabajé al comienzo un mes levantando líneas (cables), pero ahora soy papero (vendedor de papas). Todos me aman en esta feria”, asegura con una sonrisa. Lacombe vino también desde Haití hace seis años y trabaja junto a Ricaela, quien llegó hace seis meses desde República Dominicana. Ambos en situación irregular, venden verduras en un puesto en la feria Arrieta. Lacombe dice estar feliz.

Todos ellos integran la larga fila de al menos medio millón de personas que esperan regularizar su situación legal en Chile, este largo país de 19,4 millones de habitantes que va entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.

El último dato oficial sobre la migración en Chile, de 2020, indica que hay 1 462 103 extranjeros, de ellos 448 138  venezolanos, que desde 2013 protagonizan un éxodo masivo, que supera los seis millones, buena parte diseminados por sus vecinos latinoamericanos.

Pero estas cifras no incluyen a los migrantes que ingresaron y permanecen en forma indocumentada y sobre cuyo número real no se atreven a dar las organizaciones que trabajan en el sector.

Los venezolanos Engelin, Jordelis y Edgar revenden fruta en un puesto callejero en la avenida Alameda, cerca del presidencial Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. Foto: Orlando Milesi / IPS

Un barco desestabilizado

“Tenemos por tres años ingresos que en 90 por ciento son por pasos no habilitados”, dijo  Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del católico Servicio Jesuita al Migrante.

“Desde el 2020 tenemos la frontera cerrada y antes el gobierno impuso un visto consular (en sus países de origen) a haitianos y venezolanos. Cuando tú restringes el ingreso regular, por el otro lado aumenta el irregular”, indicó la directiva de una de las principales organizaciones de atención a los migrantes en el país.

“Hay un enorme número de personas no contabilizadas, que no tienen papeles ni pueden trabajar (legalmente). Y sus hijos no pueden tener regularidad migratoria. Y pagan un arriendo cinco veces más caro por recintos precarios”, reseñó entre las consecuencias de la indocumentación.

Luis Eduardo Thayer, asumió en marzo como director del Servicio Nacional de Migración, y es parte de la nueva Comisión Interministerial ampliada a organizaciones civiles, creada el 6 de mayo por el gobierno para buscar caminos de solución a un creciente problema social y que ha traído ya expresiones de xenofobia.

El presidente Boric planteó que la solución debe incluir a otros países de origen o tránsito de migrantes, aunque no hay detalles aún de cómo sería esa eventual participación.

Se busca “abordar con sentido de urgencia y responsabilidad los desafíos y oportunidades que nos plantea la migración en los distintos territorios», dijo su ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Las nuevas autoridades no quieren repetir actuaciones del gobierno predecesor del derechista Sebastián Piñera, cuando  decenas de migrantes vestidos con overoles fueron subidos a aviones para su expulsión, en imágenes que buscaban disuadir a los migrantes y tranquilizar a sectores sociales internos.

Thayer admitió que ahora el Servicio Nacional de Migración “es un barco que está en proceso de estabilización y estamos tomando las medidas necesarias internas para que podamos dar cumplimiento a nuestro mandato”.

“Hoy día tenemos en fila casi 500 000 solicitudes entre visas, renovaciones, permanencias definitivas, solicitudes de refugio, nacionalizaciones”, precisó.

El responsable de migración propuso ir hacia “una política migrante racional”.

Trabajadores del Chevery Bakan, un restaurante de gastronomía de Venezuela en la comuna de La Reina, parte de Santiago de Chile, que emplea a nueve migrantes de ese país, seis de ellos con visa. “Todos hacemos de todo, en la cocina o atendiendo a los clientes. Y trabajo harto, llevo tres años sin vacaciones”, cuenta Yulkidiz Pernia, su propietaria venezolana. Foto: Orlando Milesi / IPS

Olla a presión

Según Rodríguez, en Chile “hoy tenemos una olla a presión con mucha gente expuesta a trabajos informales, a arrendar una identidad para incribirse en una aplicación y poder trabajar”.

“Es urgente abordar esta situación. Eso significa reconocerlas, identificarlas, documentarlas, entregar visas, priorizar la situación de niños y mujeres embarazadas y así ir tratando de ordenar”, propuso.

Sumó a la crisis “el impacto en las comunidades adonde llegan estas personas, con una lectura socialmente muy compleja. Los tildan de  delincuentes y se genera en la población la sensación de que la migración es mala”.


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Yulkidiz Pernia, de 38 años y publicista, originaria de Caracas, es otra generación migrante pues llegó hace seis años con su hijo y entonces obtuvo la visa sin problemas, “aunque demoró siete meses”.

Hoy tiene el restaurante de comida venezolana, Chevery Bakan, donde trabajan nueve venezolanos, seis de ellos con documentos.

“No me ha ido mal. Extraño al resto de la familia, tíos y tías. Varios de ellos han muerto y no pudimos estar allá”, relató. “En Chile he encontrado mucha receptividad. Los casos de xenofobia son puntuales”, aseguró.

Pero el estudio Inmigrantes y Trabajo en Chile, del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, estableció que 51,1 % de los migrantes encuestados dijo que ser extranjero/a ha tenido una influencia negativa para su integración laboral en Chile y 51,4 % afirmó que en el trabajo muchas personas tienen estereotipos sobre ellos y los tratan en consecuencia.

El haitiano Dubarly vive solo, pero se junta con primos y amigos compatriotas para comer porque “es muy duro llegar a casa y tener que hacer todo solo”. En la feria alimentaria de Santiago de Chile donde trabaja es feliz, porque se siente amado y le gusta ser vendedor. Foto: Orlando Milesi / IPS

Colchane ya no es Colchane

Colchane, con tan solo 1500 habitantes estables, es la puerta de entrada de la migración irregular desde Bolivia, transito preferido después que se cerró la llegada por los aeropuertos. Su alcalde, Javier García Choque, teme que la cultura aymara, el pueblo originario preponderante en la zona, desaparezca por el éxodo de habitantes tras la masiva afluencia de extranjeros.

“Los migrantes entregan datos de identidad, pero no existe un mecanismo para verificar si la persona es la que dice que es”, dijo en una visita a Santiago.

Según García Choque “muchos migrantes ingresan con familia, con personas enfermos terminales. Vienen en busca de oportunidades. Pero han ingresado personas con violencia,  destrozando espacios públicos, tomándose casas particulares lo que ha llevado a muchos a construir cierres perimetrales que no son propios de la cultura aymara”.

“El pueblo aymara tiende a desaparecer, es vulnerable y nos aferramos a conservar nuestra identidad cultural y este fenómeno migratorio ha sido desproporcionado en cantidad y en violencia”, afirmó al demandar mayor seguridad en su municipio.

“Es necesario el esfuerzo del gobierno en el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero también es importante  el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo el alcalde.

Patricia Rojas, de la Asociación Venezolana en Chile, admite que la gestión migratoria bajo la ley restrictiva impuesta por Piñera “ha generado un impacto negativo en la convivencia, sobre todo en las ciudades y regiones del norte¨.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena”, planteó.

El vicario de la católica Pastoral Social de Santiago, Jaime Tocornal, relató que en Colchane “la pobre gente viene con hambre y frio, desorientados completamente. A 3600 metros de altura vienen apunados (con mal de altura) y esperan cruzar la frontera y llegar a Santiago y se dan cuenta que aún les quedan 1500 kilómetros”.

«La situación es dramática. Es un paisaje maravilloso, como todo el altiplano, lleno de volcanes y con agua arriba en la cordillera. Pero el agua, que podría ser muy bonita, provoca lodo que se pega en los zapatos de quienes cruzan y caen tumbados cuando intentan beber», describió.

Veintisiete personas murieron, solo siete entre enero y marzo 2022, en su intento por ingresar a Chile, según cifras de la oficina en Chile de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Arzobispado de Santiago.

El documental “Esperanza sin fronteras” indica que los muertos podrían ser cientos en los últimos  años, muchos de ellos sin ubicación o nombre, “cuyos cuerpos han quedado abandonados en diversas  zonas desérticas o boscosas que los migrantes atraviesan desde Venezuela para  llegar a Chile”, en muchas ocasiones al menos parcialmente a pie.

García Choque sostiene que pese al Estado de excepción decretado por Piñera para llevar militares a controlar la fronteriza zona norte, “el flujo de migrantes no cesó”.

“Varió la forma de ingreso, pero puso a los migrantes en una condición compleja de rescate: los coyotes (traficantes de personas)  los trasladaron a sectores alejados lo cual pone en riesgo su vida y salud”, aseveró.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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Latinoamérica

Nuevo proyecto vial en Amazonia peruana pone en riesgo a indígenas en aislamiento

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Por Francesca García Delgado

LIMA, Perú.– La selva del Alto Madre de Dios, en el distrito de Tambopata, en el sureste de Perú, no solo es una de las zonas más biodiversas del mundo, sino también cobija importantes Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI).

De acuerdo a cifras provistas por el Ministerio de Cultura, hubo más de 150 encuentros o avistamientos con estas poblaciones, más precisamente con el pueblo mashco piro, una de las pocas etnias en aislamiento voluntario en la Amazonia, entre los años 2011 y 2015. Prácticamente, uno cada 10 días.

Y en estos bosques únicos en el planeta, se ejecutará el asfaltado del Corredor Vial Cusco – Madre de Dios, uno de los proyectos viales más importantes en la actual carpeta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú.

La obra que ha puesto en alerta a ambientalistas y líderes indígenas.

El Corredor Vial Cusco-Madre de Dios

Esta nueva ruta de 270 kilómetros pretende mejorar las conexiones entre los departamentos peruanos de Cusco, en los Andes,  y Madre de Dios, en la Amazonia, incorporando y mejorando tres carreteras existentes como parte de una inversión de 59 millones de dólares

Este proyecto es parte del programa Proregión, el cual fue creado en el 2017 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mejorar la conectividad del país con la rehabilitación de vías departamentales.

Los fondos serán ejecutados por el MTC a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado).

Además, el proyecto tiene financiamiento inicial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por más de 340 millones de dólares para intervenir en total más de 4.200 kilómetros de vías en el Perú.

La licitación fue ganada en enero de 2020 por el Consorcio CCECC Perú, integrado por la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal Perú en 90 % y por Road Solutions Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con el 10 % restante.

La primera está siendo investigada como parte de una presunta red criminal de constructoras chinas que habrían ganado millonarias licitaciones en el MTC a cambio de sobornos. La empresa ha rechazado estas afirmaciones.

Mientras estos escándalos suceden en las altas esferas, sobre el terreno crece el recelo en torno al nuevo corredor. No es, ni mucho menos, la primera carretera controvertida que se construye a través de zonas sensibles de Perú, con la emblemática Vía Interoceánica Sur que atraviesa la región de Madre de Dios como ejemplo notable.

Pero estas experiencias previas están avivando la preocupación de que este último proyecto pueda alterar los paisajes y las comunidades, amenazar los territorios indígenas e incluso alimentar la actividad ilícita, cuestiones que algunos observadores consideran que las autoridades no han abordado adecuadamente, ya que las dudas se ciernen sobre las evaluaciones de impacto social y medioambiental del proyecto.

Comunidades vulnerables en Madre de Dios

El corredor vial Cusco-Madre de Dios es en la actualidad un camino de tierra que parece derretirse con las lluvias. Resulta de la unión de las vías departamentales CU-112, CU-113 y MD-103 registradas por el MTC.

Se trata de 270 kilómetros que se buscan pavimentar para mejorar la comunicación entre ambas regiones. La inversión total de esta obra asciende a S/220 millones (unos 59 millones de dólares) divididos en seis años.

De los 270 kilómetros, 189 (los últimos tres tramos) atraviesan las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Diversas investigaciones e instituciones del Estado peruano han confirmado la presencia de narcotráfico, pistas de aterrizaje clandestinas y sembríos ilegales de hoja de coca ilegal en estas zonas de protección.

Incluso el distrito cusqueño de Kosñipata es un foco de hoja de coca y es uno de los puntos por el que atraviesa la vía. Detalles que no están incluidos en el instrumento ambiental del proyecto ni figuran en el planeamiento de esta infraestructura.

madre de dios carretera

 

“Estas obras impactan directamente en la biodiversidad de estos bosques, además de poner en riesgo la vida de las etnias que viven en él”, explica Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

La especialista añadió, que experiencias previas como la construcción del tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) han demostrado que estas vías abren camino a actividades ilícitas como la minería ilegal y el crecimiento acelerado de la deforestación.

“Perú es uno de los pocos países con población PIACI. Si como Estado necesitas mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, es preciso identificar algún mecanismo para la protección de los pueblos en aislamiento, no solo considerar los estándares ambientales”, sostuvo Baldovino.

Luis Felipe Torres, antropólogo e investigador sobre PIACI, puntualizó que este corredor está integrado a una vía que durante años se amplió de forma no oficial entre Cusco y Madre de Dios, y que incluso llega hasta la comunidad nativa de Diamante.

Ahí hay dos Puestos de Control y Vigilancia (PCV) del Ministerio de Cultura, donde trabajan agentes de protección de los pueblos yine, matsigenka y de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). En total son tres puestos de control en el ámbito de la Reserva Territorial Madre de Dios para la protección de los Mashco Piro.

Cuando Diálogo Chino le consultó al Ministerio de Cultura por los impactos que podría ocasionar el corredor vial Cusco-Madre de Dios en los PIACI, respondieron por escrito sin pronunciarse directamente sobre esta obra.

Sin embargo, la protección se hace cada vez más cuesta arriba, ya que la construcción y planificación de las carreteras continúa.

“Los Estados establecen políticas especiales a favor de los PIACI que se basan en proteger un territorio para que estas poblaciones puedan vivir con autonomía. Sin embargo, esta carretera complica la protección territorial del parque. Ya tenemos la experiencia con la Carretera Interoceánica que aumentó la deforestación y colonización exponencial”, declaró Torres.

Autoridades no priorizan al medioambiente

Julio Cusurichi, presidente de Fenamad, organización que representa a 39 comunidades en Cusco y Madre de Dios, explica que han advertido reiteradamente la amenaza que una vía atraviese las zonas de protección mencionadas.

Su temor va más allá de la migración masiva y la exacerbación de economías ilícitas, sino también incluye la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario.

“El gobierno regional de Madre de Dios ejecutó un camino años atrás sin tener ningún estudio de esa infraestructura. Se trata de una carretera que se hace sin componentes de seguridad jurídica para los territorios de las comunidades”, explicó Cusurichi en referencia a la iniciativa del exgobierno del departamento, que en 2015 pretendió construir la carretera entre Nuevo Edén a Boca Colorado.

Consultado sobre la opinión técnica “favorable” que emitió el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) sobre el mejoramiento del corredor vial Cusco – Madre de Dios, John Flores, jefe del Parque Nacional del Manu, dijo que ellos respondieron exclusivamente sobre los impactos directos de la vía sobre las dos Áreas Naturales Protegidas: Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Según Flores, no les correspondía opinar sobre el impacto en la Zona de Amortiguamiento debido a que es competencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Sin embargo, cuando insistimos en recordar la experiencia de la Carretera Interoceánica Sur que fue construida en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y que generó el incremento acelerado de la minería ilegal que amenaza constantemente a la reserva, Flores aceptó que cualquier construcción o mejora de vías es potencialmente negativa.

“Hay temas en los que no podemos influir en casi nada. Sobre todo, cuando hay una presión social fuerte. Eso prima más en las autoridades, y me refiero al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al gobierno local y regional, que son los que presionan para que se desarrolle esto. A veces el tema ambiental y las áreas protegidas las ponen en segundo orden”, añadió Flores.

Diálogo Chino solicitó una entrevista con un representante del Serfor sobre los impactos del proyecto. La respuesta fue que brindaron una opinión técnica en el marco de un instrumento de gestión ambiental a solicitud de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC y no pueden dar más alcances sobre los impactos del proyecto. Por otro lado, y a pesar de la insistencia, el MTC no respondió a las consultas.

Evaluaciones de impacto defectuosas

El proyecto de mejoramiento y conservación del Corredor Vial Cusco – Madre de Dios fue sometido a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no a un Estudio de Impacto detallado (EIA-d), este último es instrumento de gestión ambiental de máxima rigurosidad que cualquier proyecto de gran envergadura presenta al Estado para mitigar los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades.

A diferencia del EIA-d, el DIA se aplica a proyectos que se consideran que tendrán impactos ambientales negativos leves. Esto está establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del año 2001.

El DIA se otorga en un régimen de clasificación anticipada y al igual que sus términos de referencia, cuentan con una opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente. La controversia en este punto es que si bien la ley no considera que la pavimentación de una vía tenga consecuencias graves, la evidencia demostraría lo contrario.

Ciro Salazar, especialista del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) refiere que este instrumento ambiental condiciona a priori la idea que los proyectos no tendrán impactos negativos pese a que la realidad sea distinta. Añade también que esto influye en los criterios con que se eligen las áreas de influencia directa de los proyectos y la evaluación real de los impactos.

“Esto está relacionado con una falla en el sistema de inversión pública. Cuando se declara la viabilidad o la construcción de proyectos, estos se hacen con información de mala calidad no solo en términos socio ambientales sino también en aspectos económicos y técnicos”, indicó Salazar a Diálogo Chino.

“Desde esos documentos se desconoce toda la gama de impactos indirectos como la deforestación, cambio de uso de suelo, migraciones descontroladas, pese a que tienes la experiencia de la Interoceánica Sur que es un caso de estudio internacional. No existe mención alguna en el estudio de perfil con que se evalúa la viabilidad de este proyecto, incluso porque atraviesa zonas cocaleras”, declaró.

El especialista precisó que tras evaluar el estudio de perfil del proyecto, el DIA, el Análisis Ambiental y Social Complementario y el Plan de Gestión Ambiental y Social propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detectó que la información sobre realidades en torno al proyecto como la presencia de actividades ilícitas, zonas deforestadas e incluso la presencia de pueblos indígenas en aislamiento como los mashco piro, no fueron incluidas en la evaluación social y ambiental para establecer salvaguardas que minimicen los riesgos.

El especialista aclaró que no se cuestiona que se mejore la conectividad porque existe una dinámica económica en estas localidades, pero considera que se deben adoptar medidas preventivas frente a los altos riesgos que implica.

El Estudio de Preinversión del proyecto, publicado por el MTC,  detalla los posibles impactos ambientales y sociales que podrían aparecer durante la ejecución del proyecto. Ahí se hace referencia a la posible alteración de la calidad del aire por polvos y gases, la generación de ruido, así como a la alteración de la calidad de suelos y de las aguas.

Además, advierte sobre la afectación de cobertura vegetal, las expectativas y afectación de la población, pero no sobre actividades ilícitas como cultivos de hoja de coca, deforestación o afectación de pueblos en aislamiento voluntario.

La obra está en marcha, lo que pase en los próximos meses es aún incierto.

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Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

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La red en lucha

Campamento Tierra Libre, resistencia indígena en Brasil contra la minería

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RÍO DE JANEIRO – “Ya no podemos beber el agua de los ríos, de los arroyos, porque está envenenada desde sus nacientes”, lamentó Megaron Txucarramãe, uno de los más conocidos líderes indígenas de Brasil, en el Campamento Tierra Libre, un movimiento en resistencia que abre las tierras indígenas a la minera.

El mercurio que los “garimpeiros” (mineros informales) usan en la búsqueda descontrolada de oro contamina el agua y el suelo. En algunos ríos amazónicos, como el Tapajós, el desastre ambiental y sanitario ya está en marcha.

Un estudio concluido en 2020 por la Fundación Oswaldo Cruz, principal institución en salud pública de Brasil, y la oficina en el país del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), comprobó la intoxicación por mercurio de 60 % de los habitantes de algunas aldeas del grupo indígena munduruku, en las orillas del río Tapajós, en la Amazonia oriental.

Por lo menos 200 niños, adultos y ancianos indígenas presentaban índices de mercurio superiores al nivel considerado tolerable por la Organización Mundial de Salud (OMS). Es producto de siete décadas de intensa minería ilegal en la cuenca.

El temor es que se repita allí el desastre de Minamata, la ciudad costera de Japón en que murieron miles de personas envenenadas por el mercurio descartado por una empresa industrial en las aguas de la bahía local en la década de 1950.

El consumo de pescado fue la vía de contaminación humana y de los consecuentes daños neurológicos, muchas veces mortales o deformadores.

“Nosotros comemos mucho pescado y ‘tracajá (Podocnemis unifilis, una tortuga de agua dulce conocida en español como taricaya o terecay)’, los necesitamos como alimentación”, destacó Megaron por teléfono desde Brasilia, donde participa en el Campamento Tierra Libre, una manifestación anual que los indígenas de este país sudamericano protagonizan en abril en defensa de sus derechos.

Campamento de resistencia

El campamento, que va a congregar a unos 7000 participantes entre el 4 y 14 de abril en una de las plazas de la capital brasileña, volvió a ser presencial tras dos años de actividades virtuales en el “Abril indígena”, a causa de la pandemia de covid-19.

“Es un acto de resistencia” ante las medidas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, resumió Marcio Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental y expresidente de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), la agencia estatal responsable de la política indígena.

Desde su posesión en la presidencia, en enero de 2019, Bolsonaro mantiene una ofensiva contra los derechos indígenas fijados en la Constitución. Anunció que no demarcaría siquiera “un centímetro cuadrado de tierra indígena”, en oposición al dictamen constitucional.

Además intentó dos veces transferir al Ministerio de Agricultura la responsabilidad por las tierras indígenas en manos del Funai. La medida fue anulada por el legislativo Congreso Nacional la primera vez y suspendida por el Supremo Tribunal Federal (STF) la segunda, todo en 2019.

Sería entregar las cuestiones indígenas al ministerio que cuida un sector en constante conflicto con los pueblos originarios, por tierras en disputa.

Funai perdió recursos presupuestarios, funcionarios calificados y capacidad operacional durante el actual gobierno de extrema derecha.

“Fue creada para apoyarnos a nosotros, los indígenas, pero ya no lo hace, solo nos produce miedo”, señaló Megaron.

Indígenas de todas partes de Brasil acampan en Brasilia desde el 4 de abril y hasta el día 14, para manifestarse en sus plazas y las calles, en el Congreso Nacional y en otras instituciones en defensa de sus derechos constitucionales, como la tierra donde viven y vivieron, sin invasiones de mineros, de monocultivos y de obras sin su consentimiento previo, como exigen las leyes. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

La amenaza minera

Pero la gran amenaza actual proviene de la Cámara de Diputados, donde se tramita el Proyecto de Ley 191 (PL 191), propuesto en 2020 por el Poder Ejecutivo para abrir las tierras indígenas a la minería, construcción de centrales hidroeléctricas y otras obras de infraestructura.

“Esa ley, si resulta aprobada, apunta al nuestro exterminio”, evaluó el líder del pueblo kayapó, que congrega a unos 12 000 miembros, distribuidos en varias planicies de la Amazonia oriental brasileña y practicantes ancestrales de la agricultura itinerante, en pequeños terrenos que abren en el bosque y donde instalan sus “purus” (huertos rotatorios) .

Según el último censo, de 2010, en Brasil sobreviven 350 pueblos originarios, con 987 000 indígenas. Actualmente se estima que hay más de 1,1 millones, dentro de una población total de 214 000 millones.

Bolsonaro intenta legalizar las invasiones de tierras indígenas por los “garimpeiros”. Eso intensificaría los daños que la minería ilegal ya impone a los indígenas, las poblaciones ribereñas y al medioambiente, especialmente en la Amazonia.

El territorio yanomami, con una población estimada en 28 000 indígenas en el extremo norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, soporta esas invasiones hace cuatro décadas. Actualmente se estima que operan allí más de 20 000 garimpeiros.

Como se trata de un pueblo milenario con reciente y escaso contacto con los no indígenas, la presencia de foráneos provoca frecuentes brotes de malaria y otras enfermedades contagiosas, con alta mortalidad y otras secuelas, como la subnutrición, además de los ríos sedimentados y contaminados de mercurio.

El Campamiento Tierra Libre, organizado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), forma parte de “nuestro movimiento contra el PL 191, pero necesitamos el apoyo de la opinión pública, de la fuerza del pueblo brasileño y también del apoyo de Naciones Unidas y de la Unión Europea”, reclamó Megaron.

El respaldo internacional es importante, porque Bolsonaro intenta “poner la sociedad brasileña en contra de los indígenas”, subrayó en un diálogo telemático entre el campamento y el Parlamento Europeo, el 6 de abril.

Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, lanza en el Campamento Tierra Libre, la carta abierta al Congreso Nacional para que rechace el proyecto de ley que abre las tierras indígenas a la minería y otras actividades de comprobados efectos destructivos para los hábitats y la salud de los indígenas. Foto: Matheus Alves /APIB

Presión sobre legisladores

“No tenemos dinero para comprar el voto de los diputados”, volvió a comentar Megaron, uno de sus mantras para subrayar la necesidad de movilizar la solidaridad y a la vez criticar los mecanismos corruptos que maneja el gobierno para asegurarse la mayoría parlamentaria, como liberar recursos del presupuesto para proyectos de los legisladores.

El Frente Parlamentario Indígena lanzó en el campamento una carta abierta, con la meta de obtener un millón de firmas, para manifestar el rechazo al proyecto de ley que busca ofrecer territorios indígenas a la minería.

Además de rechazar el PL 191, los indígenas luchan también contra el “marco temporal”, por el cual las comunidades originarias solo tendrían derecho a las tierras que ocupaban en octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución vigente.

Significaría prácticamente abortar la demarcación de tierras indígenas identificadas, en proceso de identificación o ya reconocidas, que suman 241 según el Instituto Socioambiental. Brasil tiene 487 áreas homologadas, es decir ya atribuidas a los grupos indígenas, pero incluso algunas de ellas podrían sufrir alguna revisión, en lo que sería un lio judicial.

Esa es una cuestión que el STF deberá dirimir este año. Empezó a juzgarla en agosto de 2021, con interrupciones.

De todas maneras, nadie espera que se reanuden las demarcaciones en lo que queda del gobierno de Bolsonaro, que termina el último día de 2022.

“Hay luz en el fin del túnel”, auguró Santilli, al hablar con IPS por teléfono, también desde Brasilia, en referencia a la posibilidad de que Bolsonaro no logre la reelección. Las encuestas hasta ahora otorgan un amplio favoritismo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Por eso el Campamento Tierra Libre de este año se realiza en un clima de más esperanzas que los de los años anteriores. “Tiene más participantes, cuenta con nuevos aliados y apoyadores personales e institucionales, y durará más días” que otras ediciones presenciales, observó Santilli.

De hecho, hace un mes, el 9 de marzo, representantes del mundo artístico, como el cantautor Caetano Veloso, movimientos sociales e indígenas protestaron delante del Congreso Nacional contra el llamado “paquete de la destrucción”.

Los objetos de las mayores críticas eran proyectos de ley en trámite parlamentario que favorecen la deforestación y los agroquímicos y amenazan los derechos indígenas, como el PL 191.

“Este año se trata de contener los daños que aún puede provocar el gobierno, pero con la expectativa de reanudar las demarcaciones y reconstruir la Funai”, a partir del próximo año, apuntó el indigenista del Instituto Socioambiental.

Además, acotó, se encara las elecciones de octubre como una oportunidad para ampliar la representación indígena en el Congreso, hoy limitada a una única diputada, Joenia Wapichana, elegida en 2018 por el norteño estado de Roraima, afiliada al partido Rede Sustentabilidad.

“Tendremos varios candidatos y podremos elegir algunos con el voto de los indígenas”, corroboró Megaron.

ED: EG

Fuente: ipsnoticias. net

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