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Mexico Violento

Estrada exige protección a su familia ante indiferencia de CNDH

Agustín Estrada solicitó medidas cautelares para el resto de su familia ante la Comisión Interamericana de DDHH ante la indiferencia de la CNDH

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Redacción

LOS ANGELES, CA.- Agustín Estrada Negrete, la primera víctima de Enrique Peña Nieto a quien se le otorgó asilo político con beneficios para sobrevivientes de tortura, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extiendan las medidas cautelares en México para cuatro familiares más, a raíz de las amenazas de muerte recibidas por la esposa del policía Daniel Millán, uno de los cuatro escoltas asignados para la protección de la familia Estrada.

Agustín también sostuvo una reunión con funcionarios de gobierno federal y estatal para la protección de derechos humanos, sin embargo, a la reunión faltó el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH confirmó la vigencia del expediente sobre este caso, desde 2008, que se pusieron las denuncias por las agresiones sistemáticas de las que Estrada Negrete era víctima. No obstante, este organismo público ha ignorado los atentados de los que ha sido víctima Estrada Negrete y las observaciones de la Comisión Interamericana. (LAPress)

Misivas enviadas a cada una de las comisiones:

Estados Unidos de Norte América a 18 de Septiembre de 2012.

“Sr. Emilio Álvarez Icaza

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1889 F Street, NW

Washington, DC 20006

Estados Unidos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) por medio de esta carta el Profesor Agustín Humberto Estrada Negrete, acude a este órgano internacional de Derechos Humanos para informarle de nuevos hechos de violencia que ponen en riesgo la vida de Leticia Isabel Estrada Negrete, Guadalupe Negrete Silva, Jéssica Cristal Flores Estrada, Sherly Cristal Estrada Flores, Alma Delia Estrada Negrete y su esposo. Los últimos cuatro no cuentan con las medidas cautelares.

Exposición de nuevas agresiones

La mañana de hoy 18 de septiembre del año en curso recibí un mensaje de texto urgente a mi teléfono celular. Era mi hermana Leticia Isabel Estrada que le urgía que me comunicara con ella, al comunicarme con ella vía telefónica me informó que el policía Daniel Millán Flores con número de placa 100-061, de la región 07 del grupo CUSAM de la policía Estatal SSC integrante de la escolta asignada por él gobierno federal para la protección de mi familia en México, le había dicho que la esposa del policía Millán recibió una llamada telefónica a su domicilio el pasado martes 11 de septiembre, aproximadamente a las 02 de la tarde.

La llamada la hacía un hombre que no se identificó que le dijo que conocía perfectamente a la Sr. Leticia Isabel Estrada Negrete y a la hija del maestro Agustín Humberto Estrada Negrete y que las iban a matar, así como al policía que las protegía y a toda la familia del escolta; que todos iban a “valer madre”.

El policía le dijo a mi hermana que tenía miedo. Mi hermana Leticia Isabel Estrada Negrete en cuanto recibió la amenaza que le habían hecho a su escolta le informó al Licenciado Gustavo Yahir Medrano, pues ella se sintió indefensa toda vez que la amenaza de muerte le llegaba ahora pero a través de un integrante de la escolta que la protegería y más grave aún, porque ahora los integrantes de la escolta policiaca de protección también corren el mismo peligro.

Por lo que ante la gravedad de los hechos inmediatamente el de la voz marco a la Comisión Interamericana de los derechos Humanos ahí me contesto el recepcionista que me dijo que le daría mi mensaje al Licenciado Federico Portillo.

Posteriormente en la noche del mismo18 de septiembre del 2012, el de la voz habló por teléfono con el guardaespaldas o escolta de mi hermana Leticia Isabel Estrada Negrete de nombre Daniel Millán Flores aproximadamente a las 10:45 hora de México y él me ratificó la amenaza lanzada contra él y su familia, así como contra la vida de mi hermana y mi hija.

También me confirmó que la llamada la recibió su esposa y me proporcionó el nombre de la misma, quien es Ana María González, y el número telefónico de su casa que es el xxxxxxxxx, también me dijo que le comentó en su momento del suceso a su comandante de nombre Eleodoro Sánchez de la región 17, pero no tuvo ninguna indicación de su jefe en turno.

También me dijo que habló con el Licenciado Gustavo Yahir Medrano cuando sucedieron los hechos. El Licenciado Gustavo es el abogado de medias cautelares en México y este a su vez trato de comunicarse con el Estado Mexicano para pedir apoyo, el escolta Daniel Millán también me dijo que temía por la vida de él y de su familia.

Así las cosas al terminar de hablar con el Escolta de mi hermana me comunique con el Licenciado Gustavo Yahir, el cuan entre otras cosas me dijo que le informo a algunos representante del Estado Mexicano, pero que el licenciado David Alarcón nuevamente no le contesto el teléfono, también me informo que mañana 19 de septiembre a las 12 horas de México habrá reunión de medidas cautelares y que el licenciado Gustavo Yahir le recordó a mi hermana Leticia Isabel Estrada Negrete y al Escolta Daniel Millán que tenían que ir a levantar el acta al ministerio publico de San Cristóbal Ecatepec con el Licenciado Moisés Salguero de la Mesa mañana 19 de septiembre del 2012.

Peticiones

Primera: se proteja la vida de mi familia en México la cual está en grave riesgo.

Segunda: se solicite al gobierno federal la reubicación de mi hermana de domicilio porque su vida corre peligro.

Tercera: que la CIDH intervenga ante la saña con la que se está actuando contra mi familia, ya que ahora los policías que se supone que las protegerían corren eminente peligro.

Cuarta: se me de plazo para entregar la copia del acta ministerial que levantara mi hermana y el policía protector sobre los nuevos hechos de peligro.

Quinta: la CIDH intervenga en la problemática ya que como se ha venido denunciando anteriormente es personal del gobierno el que ha estado persiguiendo a mi familia incitados por el Sr. Enrique Peña Nieto, y se considere que esta nueva amenaza de muerte en contra de la vida de mis familiares se extendió hacia la escolta de protección lo que coloca a mi familia en un alto nivel de riesgo.”

Esperando su urgente intervención quedo a sus órdenes.

Maestro Agustín Humberto Estrada Negrete.

Enrique Peña Nieto, protegido por la CNDH Foto:red

Carta a la CNDH

Estados Unidos de Norteamérica a 19 de Septiembre de 2012.

“Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Mexicana
Miembros del Consejo Consultivo

P r e s e n t e

Por este conducto informo a usted que con fecha reciente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, me otorgó el asilo político para residir de manera legal y permanente en este país.

Como es de su conocimiento, tuve que huir de México debido a la violación de mis derechos humanos y a la persecución y agresiones constantes que pusieron en peligro mi vida, por parte del gobierno del Estado de México.

El entonces gobernador es hoy un presidente impuesto en mi país, Enrique Peña Nieto, (lo que me avergüenza así como avergüenza a millones de personas allá), pero lo que quiero referir a usted, es que estas violaciones a mis derechos se hayan producido durante su gestión al frente de esta Comisión. Lo que hoy pone en entredicho su vocación para atender las violaciones a los derechos humanos por gobernantes homofóbicos.

Comunico igualmente que en el marco de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó a favor de mi hermana y madre, el escolta que le fue asignado ha presentado formal denuncia por las amenazas recibidas en su contra en las que le manifiestan que lo matarán a él también por proteger la vida de mi hermana.

Acudo una vez más a esta instancia para exigir actuación inmediata en la portección de mi familia, y solicito a usted ante su indiferencia en ante estos hechos graves y violaciones de derechos humanos, se abstenga de representar esta importante institución, que debería servir a la protección de l pueblo y no de los gobernantes, pues ha quedado demostrado que su labor al frente de ella es dar impunidad a violadores de derechos humanos como el actual presidente impuesto, Enrique Peña Nieto.

Confirmo que el día de hoy, ningún representante de la CNDH acudió a la reunión ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, convocada por el gobierno federal, para implemnetar nuevas medidas de protección a mi familia.”

Profesor Agustín Humberto Estrada Negrete
Asilado Político

 

Fotografía: Amenaza contra Agustín Estrada en una barda cerca de su trabajo en 2009.

Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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