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Senador Osorio Chong vinculado al desvío millonario de la universidades de Hidalgo

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Parte  2

Documentos en posesión de este medio ventilan que la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji realizó tercerizaciones similares al de la Estafa Maestra con el AICM y una A.C. de San Pedro Garza, además de las malversaciones ya evidenciadas con Inca Rural relacionadas con Miguel Ángel Osorio Chong.

Por Emmanuel Ameth

TULANCINGO, Hidalgo.- Con un esquema de triangulación de recursos entre instituciones federales, universidades públicas y entidades privadas para perder el rastro del dinero a través de convenios, la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT) continuó con el mismo modus operandi que evidenció la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político retomaron para elaborar La Estafa Maestra: dos convenios elaborados con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) así como con el Aeropuerto Internacional de México (AICM) dan cuenta de la opacidad de los manejos por un monto de 8 millones 937 mil pesos.

El presente documento es sólo la segunda parte de la forma en la que se desviaron recursos, toda vez que la entrega anterior se evidenció la relación del senador Miguel Ángel Osorio Chong con la UTTT e Inca Rural por un daño patrimonial de 19 millones 428 mil 879.78 pesos.

El Inadem y la UTTT

Luego de que Leodán Portes Vargas, primo hermano de Laura Vargas -esposa del exsecretario de gobernación- dejara la rectoría de la UTTT, la misma quedó a cargo de Luis Téllez Reyes, relevo que no culminó con las prácticas de opacidad al triangular recursos de la federación con un presunto daño patrimonial a la hacienda pública.

Y es que de acuerdo con la solicitud de transparencia foliada con el número 1021100007619, en el año 2017 la UTTT firmó un convenio con Inadem -dependiente de la Secretaría de Economía-, en el que la institución hidalguense recibió la cantidad de 2 millones 660 mil pesos para apoyar a emprendedores.

La meta era la de apoyar a 1,900 estudiantes para el desarrollo de su proyecto emprendedor así como apoyarles para poder conseguir su financiamiento; los conceptos unitarios fueron para pagar 850 pesos por cada alumno que acreditara la primera etapa así como otros 550 pesos para quienes libraran la segunda (1,400*1,900=2,660,000).

Sin embargo, algo habría salido mal en los “entregables” del proyecto y sólo se pudo acreditar la “idea de negocio” de 190 de ellos, pues la universidad nunca informó que existiera un plan de negocio como tal.

Pero la anomalía no terminaría allí.

Para poder hacer uso de la totalidad del recurso obtenido, la institución firmó un convenio con el Clúster de Nanotecnología de Nuevo León A.C., mismo al que pagó 2 millones 394 mil pesos en tres exhibiciones.

Más anomalías

La irregularidad radica en que la A.C. domiciliada en Monterrey tiene por objeto promover la industria de la Nanotecnología de Nuevo León, el país y el extranjero… giro que no tiene ninguna relación con el emprendimiento.

Como puede apreciarse en los folios  de las facturas emitidas, estas fueron emitidas “al vapor”, toda vez que estas fueron expedidas a las 12:38, 12:46 y 13:07 del día 2 de mayo de 2018 ¡todas ellas! Cuando por tratarse de ministraciones debieron tener un periodo de expedición más amplio -medido incluso en meses y no en un lapso de media hora-.

Para el tamaño de la empresa, destaca también que en la red aparecen al menos otras 4 empresas domiciliadas en Av. Batallón de San Patricio 109 -Piso 17 en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Por si fuera poco, en el informe de actividades 2017 de la empresa, no hace referencia alguna a dicho proyecto, es más, dice que “Canceló un taller de emprendimiento”; de haber existido el servicio que supuestamente la UTTT dice que le prestaron, se encontraría en dicho documento, pues en el mismo se hace referencia a actividades tales como reuniones, desarrollo de su página institucional, impactos en redes sociales y medios, etc.

El convenio firmado con la UTTT además, es por tiempo indeterminado y la misma A.C. no ostenta el mismo en su página y sí con otras instituciones educativas.

El AICM y la UTTT

El 15 de marzo de 2018 el AICM celebró un convenio con la UTTT para la realización de 53 cursos tras los cuales cobró 6 millones 2777 mil pesos; en este caso, por razones de confidencialidad y propiedad intelectual no se pudo conseguir la temática de cada uno de estos; sin embargo, no por ello dejan de aparecer irregularidades.

Porque se aprecian muchos para los cuales no se cuenta con la capacidad académica así como algunos otros que son absurdos, entre los que destacan:

*Aplicación de pastas texturizadas (es albañilería)

* Inglés aeronáutico (no se tienen especialistas en dicha área)

*Cursos de inglés y francés, de 20 horas, para cada uno de los niveles (ni en las mejores escuelas podría dominarse un idioma en tres sesiones de estas)

*Manejo de estrés para brigadistas (sin experiencia y sin capacidad académica)

*Uso de maquinaria pesada especializada (no es un área que domine la institución)

*Calidad en el servicio estilo Disney (¿?)

*7 Hábitos de la gente altamente efectiva (es un libro de superación personal)

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México de conciencia

Activistas y ciudadanos protestan por cierre de oficinas de la PROFEPA en Tijuana y Ensenada

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Por Ignacio García

Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció el cierre de las oficinas de representación en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, activistas y ciudadanos se pronunciaron en contra de esta decisión federal al considerar que se trata de una institución que debe proteger y vigilar de forma permanente las afectaciones al medio ambiente en el país.

Sashenka Fierro Reséndiz, bióloga de la región, señaló en comentario a la página de la institución, que las funciones de las oficinas de la PROFEPA en esos municipios son de importancia ante la crisis climática que padece el planeta, por lo que debe atender las violaciones a los reglamentos y leyes en materia ambiental en Baja California, que al cerrar estos espacios será más difícil emitir las denuncias correspondientes, así como la actuación de las autoridades federales.

La bióloga refirió que este tipo de decisiones reflejan la falta de compromiso del gobierno federal para preservar y proteger el medio ambiente, sobre todo en zonas protegidas, por lo que contrario al cierre de las oficinas se requiere la contratación de más personal y mayor presupuesto para la dependencia, y por ello solicitó que se revierta esta decisión.

De la misma manera, Charlotte Vizzuet Montoya, ciudadana de la región, manifestó su preocupación por la decisión del gobierno federal, pues dijo que “limitará la presencia en el territorio de los oficiales que atienden los delitos ambientales, debido a que Baja California presenta diferentes complejidades territoriales y de accesibilidad y con la eliminación de las oficinas de la Profepa se limita la capacidad de atender estas problemáticas”.

También Laura Isabel Martínez Ríos del Río, miembro de la Pro Esteros, AC y de The Ocean Foundation, asociaciones dedicadas a la preservación de la vida mariana y medio ambiente, señaló que la labor de la PROFEPA ha sido crucial en los últimos 30 años para rescatar la fauna silvestre en peligro y realizar inspecciones y vigilancia por delitos ambientales sin importar las circunstancias, por lo que con el cierre de las oficinas se dejan desprotegidos dos parques nacionales, dos áreas de protección de flora y fauna y tres reservas de biósfera del Golfo de Baja California.

Consideró que al operar en Mexicali se tendrán que duplicar los gastos para viáticos, combustibles y para atender cualquier denuncia que se presente en Ensenada y Tijuana, mientras que los trámites que tengan que realizar los ciudadanos también serán más costosos por los tiempos de traslado, situación por la cual solicitó revertir esta decisión.

Otro usuario no identificado que trabaja en la reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles sostuvo que esta determinación provocará que la PROFEPA sea completamente ineficiente para atender las quejas ambientales que ocurran en la zona, por lo que también dejará pérdidas económicas para la zona.

Indicó que este acuerdo incumple los principios de la Ley de Mejora Regulatoria, ya que no existe el beneficio social y los costos de la entrada en vigor del mismo serán graves, por lo que reiteró que no existe justificación para el cierre de las oficinas de representación.

Enlace del acuerdo de Conamer:

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Justicia pendiente

México tiene más de 7 millones de predios en riesgo de deslaves por asentamientos irregulares

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El titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, señaló que en México existen más de 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, los cuales se encuentran en situación de riesgo como en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México.

El funcionario federal explicó que cada año alrededor de cien mil familias de escasos recursos adquieren viviendas en zonas de riesgo, debido a que se han encarecido las zonas urbanas en los últimos años y que son de difícil acceso para las personas de nivel socioeconómico bajo.

De acuerdo con el responsable del Insus, existe una falta de regulación por parte de las autoridades municipales y estatales para permitir la construcción de viviendas en espacios de elevado riesgo para las personas de escasos recursos económicos, por lo que consideró que se necesita atender esta situación.

Agregó que este tipo de condiciones son frecuentes en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contabilizado diferentes asentamientos irregulares, en donde se ha permitido la construcción de espacios habitacionales en áreas de elevado riesgo que puede deslavarse por el reblandecimiento de la tierra ante las recientes lluvias.

Indicó que se necesitan acciones oportunas por parte de los tres niveles de gobierno para que se atiendan estas problemáticas en diferentes municipios donde se han presentado construcciones permanentes en el Valle de México.

La semana pasada se desgajó el cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, Estado de México, donde murieron dos personas, además de que fueron afectadas diez viviendas en la región, por lo que las autoridades federales continúan con las indagatorias correspondientes.

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Con voz propia

Foro Público: La tragedia de Tula que pudo evitarse

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Foro Público

La semana pasada el municipio de Tula vivió la peor inundación en los últimos 40 años, debido al desbordamiento del río Tula, el cual es uno de los más contaminados del mundo y que dejó más de 3 mil viviendas afectadas en nueve municipios, sin embargo, este desastre pudo evitarse con una adecuada coordinación de las autoridades municipales, estatales y federales.

Luego de que 17 personas fallecieron por falta de atención médica ante la falta de suministro de energía eléctrica en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tula, surgen las dudas en torno a los responsables de la administración pública que no previeron los efectos de una inundación con estas dimensiones.

Si bien es cierto que la inundación fue atípica, las autoridades federales, estatales y municipales debieron pronosticar diferentes escenarios fatales sobre las consecuencias de mantener viviendas humanas en las laderas de uno de los ríos más contaminados del mundo, pues en cualquier momento representarían un riesgo para la población.

Los municipios del Valle del Mezquital fueron de los más afectados, pero no sólo por las recientes lluvias, sino también por el desbordamiento de las principales presas cercanas y los túneles emisores oriente y centro provenientes de la Ciudad de México y que provocan afectaciones para la población.

La región de Tula históricamente ha sido una de las más abandonadas por la Federación por los elevados niveles de contaminación causados por la presencia de la refinería Miguel Hidalgo, así como de la termoeléctrica, las caleras y cementeras que arrojan sus desechos en el río, así como los residuos sólidos y líquidos generados en la Ciudad de México, por lo que la población de esa zona ha estado en el abandono por años.

Las autoridades federales deben abrir una investigación correspondiente para verificar la responsabilidad de los encargados de alertar sobre la creciente del río Tula y que afectó a los trabajadores del Hospital del IMSS, en el que fallecieron 17 personas y que pudo ser evitado de contar con las medidas preventivas correspondientes.

El gobierno federal históricamente se ha olvidado de Tula, una región rica en cultura y tradiciones que recuerda el apogeo de la civilización tolteca debe resarcir los daños de miles de personas que perdieron sus pertenencias por dejar que el municipio se convierta en un basurero permanente para la Ciudad de México y el Estado de México.

Ahora, las autoridades han anunciado que investigarán los hechos ocurridos para prevenir que se presenten nuevos incidentes similares, sin embargo, dados los antecedentes de la escasa justicia existente por desastres que pudieron ser evitados y cuyos resultados son deficientes, no es de extrañar que se repita esta tendencia en lo que resta de este año.

Tula es un municipio que requiere un saneamiento profundo con el apoyo de las autoridades de todos los niveles para lograr una recuperación sostenible para revertir los efectos adversos en el medio ambiente tanto en el suelo como en el agua y el aire, que durante años han sido afectados.

Las condiciones sanitarias serán en los próximos días adversas y se requerirán del apoyo permanente de las autoridades para lograr una recuperación efectiva y transversal en beneficio de los más afectados, además de invertir recursos extraordinarios para impulsar obras que desvíen los residuos sólidos de la región y se fomente como una política obligatoria el tratamiento de las aguas residuales que siguen siendo un foco de infección permanente, principalmente para la población más vulnerable.

Nota aparte: Los municipios de Hidalgo necesitan una inversión económica necesaria para lograr la recuperación de las viviendas y comercios que se perdieron por el paso de las aguas negras en la región sur, así como en el Valle del Mezquital.

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