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Estados Unidos: en un país repleto de armas de fuego

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EU es un país repleto de armas en las que hay más que personas en su terriotrio

Por Ammy Goodman y Denis Moynihan

Dos juicios significativos se desarrollaron esta semana en Estados Unidos, ambos como resultado de la obsesión estadounidense por las armas de fuego. En uno de ellos, que se llevó a cabo en el estado de Florida, los miembros del jurado recomendaron que Nikolas Cruz fuera sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cruz asesinó a 17 estudiantes y miembros del personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland el Día de San Valentín de 2018. En el otro juicio, un jurado del estado de Connecticut impuso una sanción económica al promotor de teorías conspirativas Alex Jones, quien fue declarado culpable de difamación.

Jones afirmó durante mucho tiempo que la masacre ocurrida el 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook fue un montaje y que algunos de los padres afligidos eran en realidad “actores de crisis” que interpretaban roles proporcionados por el Gobierno estadounidense y que formaban parte de una operación de bandera falsa orquestada con el fin de justificar la confiscación de armas. El jurado decidió otorgarles a los demandantes, ocho familias y un agente del FBI, una asombrosa suma indemnizatoria de mil millones de dólares. Sin embargo, afuera de estos tribunales, el ciclo de la violencia con armas de fuego continúa: se calcula que hay una cantidad sin precedentes de casi 400 millones de armas en manos de civiles en Estados Unidos, es decir, más armas que personas.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 45.000 personas murieron a causa de disparos con armas de fuego en Estados Unidos en 2020. Alrededor de 24.000 de esos fallecimientos correspondieron a muertes por suicidio, mientras que poco más de 19.000 fueron homicidios. Asimismo, más de 1.000 personas fallecieron por disparos de la policía. Estas trágicas cifras no tienen parangón en el mundo. Las muertes a causa de armas de fuego se han convertido en algo tan habitual en Estados Unidos que apenas merecen una mención en los medios de comunicación. La sociedad estadounidense se ha acostumbrado a estas masacres.

Un día después del tiroteo masivo ocurrido en Highland Park, estado de Illinois —en el que un joven mató a siete personas e hirió a otras 48 durante un desfile en celebración del 4 de Julio—, Democracy Now! entrevistó a Nina Turner, copresidenta nacional de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en 2020. Turner nos comentaba en esa oportunidad: “Somos un país que está bajo asedio. […] Cuando no puedes llevar a tu familia a un desfile callejero; cuando no puedes ir al supermercado —pienso en lo que pasó en la [ciudad de] Búfalo—, o tus hijos no están seguros en las escuelas —como pasó en [la ciudad de] Uvalde y en tantos otros incidentes similares que hemos tenido en los últimos 20 años, es que tenemos un problema. Parte de este problema es la obsesión por las armas en Estados Unidos de América. Por desgracia, la Asociación Nacional del Rifle ha comprado con su dinero a muchos funcionarios electos de este país”.

La mayoría de la población estadounidense apoya medidas más estrictas para el control de armas. Sin embargo, la aprobación de una legislación federal de control de armas que aborde de manera eficaz el problema se ha convertido en algo prácticamente imposible. En junio, el presidente Biden promulgó la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras. La ley incluye una verificación de antecedentes más estricta para las personas menores de 21 años que quieran comprar armas de fuego, así como también proporciona fondos para mejorar la seguridad en las escuelas y los servicios de salud mental. Sin embargo, dicha ley no aborda el problema principal. Así lo explica Robin Lloyd, directora gerente de Giffords, una organización dedicada a prevenir la violencia con armas de fuego. Tras la masacre ocurrida en junio pasado en la escuela de Uvalde, estado de Texas, Lloyd expresó a Democracy Now!

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“Definitivamente se trata de un asunto específico de Estados Unidos. La falta de leyes más estrictas sobre el control de armas y la mezcolanza de leyes al respecto en los diferentes estados permiten que esto siga sucediendo, además de la gran cantidad de armas de fuego que existen en este país y la facilidad con la que se accede a ellas”.

La organización Giffords lleva el nombre de su cofundadora, la excongresista Gabby Giffords, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza el 8 de enero de 2011 mientras participaba en una reunión con sus votantes en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Tucson, estado de Arizona. En esa ocasión, un hombre abrió fuego y mató a seis personas, incluida una niña de nueve años.

La omnipresencia de las armas y de la violencia armada en Estados Unidos se ha expandido también a México. El Gobierno mexicano acaba de interponer una demanda en un tribunal federal del estado de Arizona contra cinco empresas de venta de armas de Arizona, a las que acusa de tráfico de armas.

El periodista mexicano Luis Chaparro dijo a Democracy Now!: “El 80% de las armas cuya procedencia ha sido rastreada en Estados Unidos provienen de tiendas del [estado de] Arizona, que es un corredor importante para la mayoría de los principales cárteles de la droga que operan en México, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Un informe reciente del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme concluye que el flujo de armas ilícitas que se desvían a los conflictos armados y a los grupos del crimen organizado conduce a una mayor violencia y a una erosión de la gobernabilidad.

En Estados Unidos se compran de manera legal cientos de millones de armas y una gran cantidad de ellas se empuñan con intenciones criminales o sediciosas. Esto quedó demostrado de manera alarmante el 6 de enero de 2021, cuando miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump, muchos de ellos armados, irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos con el propósito de revocar la derrota electoral de Trump frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Algunos de los partidarios querían incluso ejecutar a dirigentes a los que consideraban enemigos de Trump, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el entonces vicepresidente, Mike Pence.

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Alex Jones, aliado de Trump, fue una de las voces que alentó fuertemente la resistencia al traspaso pacífico del poder en 2021. Jones ha sido citado formalmente por el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington D.C., pero se ha negado a cooperar.

¿Puede la democracia sobrevivir en una sociedad repleta de armas de fuego, donde charlatanes que promueven la violencia —como Donald Trump y Alex Jones— cuentan con el respaldo cada vez más firme de las élites del Partido Republicano? Todos los estadounidenses debemos asegurarnos de que así sea.

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Fuente: democracynow.org

 

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Estados Unidos

Gobierno de EEUU anuncia cierre del centro de detención a migrantes del Condado de Berks, Pensilvania

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En centro de detención de Berks fungía para detener sólo a mujeres migrantes

Como una gran victoria para los activistas por los derechos de las personas migrantes, el Gobierno federal de Estados Unidos anunció que cerrará el Centro de Detención del Condado de Berks, situado en el estado de Pensilvania, que durante mucho tiempo se usó para encarcelar a familias que solicitaban asilo. Más recientemente, la instalación se ha utilizado como prisión para mujeres migrantes.

El Centro Residencial del Condado de Berks, es una instalación del municipio de Berna, donde se ha retenido a los solicitantes de asilo y que ha sido objeto de protestas durante años. Los funcionarios del condado anunciaron el miércoles que el gobierno federal les informó que finalizará su contrato con el condado el 31 de enero.

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Stephanie Weaver, oficial de Relaciones Públicas del condado, emitió un comunicado diciendo que los funcionarios de Berks se reunieron con la gerencia y el personal del centro para informarles sobre la decisión del gobierno federal.

“El condado de Berks desea agradecer al personal, los empleados y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales de BCRC por su servicio y compromiso con este programa”, dice el comunicado. “Los funcionarios del condado también están comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a estos empleados durante esta transición”.

La declaración no especificó si los empleados del condado perderían sus trabajos debido a la decisión de cerrar las instalaciones. Weaver dijo que unas 60 personas actualmente trabajan en el centro.

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El centro, que opera desde 2001, había sido en algún momento uno de los tres lugares de Estados Unidos donde se retenía a las familias que buscaban asilo. A principios de 2022, se convirtió en una instalación que albergaba sólo a mujeres.

El condado de Berks administra la instalación y el gobierno federal le reembolsa. A cambio, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) alquila espacio para oficinas y proporciona alrededor de $1 millón en ingresos anuales al condado.

Durante la última década, la instalación se convirtió en un imán para las protestas, con una variedad de grupos de defensa que han pedido su cierre. Sostienen que la detención de niños es inhumana e hicieron acusaciones sobre el maltrato de los detenidos y las malas condiciones de vida en el centro. Los funcionarios federales y del condado han negado sistemáticamente esas afirmaciones.

El centro permaneció vacío durante la mayor parte del año pasado después de que la administración del presidente Joe Biden decidió que ya no estaba interesado en detener a las familias solicitantes de asilo.

 

En cambio, ICE y los funcionarios del condado forjaron un nuevo contrato para el sitio que lo convirtió en una instalación de albergue a mujeres migrantes. Los comisionados del condado aprobaron el nuevo contrato en el verano de 2021.

Ante la noticia del cierre, la organización Coalición Shut Down Berks dijo ser una gran victoria para la comunidad y una prueba de que la organización y la colaboración pueden generar cambios.

“Ha sido un largo viaje de organización desde 2015 para llegar aquí”, se lee en el comunicado. “Estamos más que emocionados de escuchar esta noticia y esperamos ver a todos liberados a sus familias y comunidades. También nos mantendremos atentos para que este sitio nunca más se use para infligir más violencia contra los inmigrantes o encarcelar a más personas a medida que pasa a un nuevo propósito”.

 

 

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En Arkansas, un pollo con sangre de explotación laboral

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La pollería Tyson en Arkansas explota a los migrantes y los trata con esclavos

 

En el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las empresas polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados

Por Kau Sirenio

@Kausirenio 

El estado de Arkansas era de los estados confederados que se oponían a la abolición de esclavitud. De ahí que las calles de la ciudad de Springdale tengan nombres de supremacistas blancos como: Winfield Scott, George B. McClellan, Henry W. Halleck, Ulysses S. Grant. O de los dueños de los fundadores de las trasnacionales como la pollería Tyson y Walmart: John W. Tyson y Sam Walton.

La historia de discriminación y explotación no termina ahí, sino que se extiende en la universidad de Arkansas, donde el departamento de ciencia avícola es el principal referente de la pollería Tyson, que tienen el mayor número de trabajadores migrantes con problemas de movilidad de sus extremidades y en algunos casos de trombosis cerebral.

El rechazo a los otros en esta ciudad se percibe en sus panteones, donde cada población tiene su propio cementerio. El de los negros o esclavos se encuentra en un terreno baldío, unas piedras puntiagudas sirven de lápida. Luego sigue una barda de azulejos que lo divide con la de los blancos, ahí, las tumbas cuentan con cruces de mármol. Al noroeste de la ciudad se encuentra la sepultura exclusiva para militares y miembros del Ejército Confederado. Mientras que los cadáveres de los migrantes latinos son repatriados a sus países de origen.

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Con una población de 69 mil 797 habitantes, Springdale es la ciudad donde llegan los migrantes mexicanos y centroamericanos. A pesar de la política antimigrantes, en esta ciudad es común encontrar comercios con productos mexicanos y centroamericanos. De comida hay de todos los sabores y sazones.

La política migratoria es estandarizada con la Ley federal de Migración en el noroeste de Arkansas. Al igual que en los estados de Georgia, Misisipi, Tennessee, Luisiana y Alabama, no tiene ciudades santuarios, por lo que las policías locales colaboran activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su sigla en inglés.

Esta relación antimigrantes permitió que la policía local colaborara con el ICE para detener a 680 trabajadores de siete plantas procesadoras de alimentos en una redada conjunta en Misisipi el 8 de agosto en 2018. La mayoría de los detenidos son latinos.

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En mayo de 2018, la fundadora y directora de la organización comunitaria Venceremos Magali Licolli, describió la condición en que trabajaban los migrantes: “Cuando vi lo jodido de la situación de los trabajadores de la pollería El Tyson me di cuenta de lo complicado que es la vida de los migrantes indocumentados Arkansas, Estados Unidos”.

Las activista hacía énfasis sobre la explotación de los migrantes en el noroeste de Arkansas. “Venían pacientes a la clínica comunitaria a pedir ayuda para atención médica por sus discapacidades físicas a causa de los accidentes laborales. Era tal la crueldad en que trabajaban que no les permitía ir al baño, tenían que usar pañales desechables porque no se podían mover la cadena de producción”.

Las personas migrantes que trabajan en Tyson cada día están en peligro de perder la movilidad de sus cuerpos debido al trabajo que realizan en la pollería, lo triste de este caso es que los cónsules y el embajador de México en Estados Unidos poco hace por investigar el ambiente laboral en que se encuentran los connacionales.

Mientras que el salario de los migrantes no les alcanza para la renta, alimentación y medicinas. Y lo que es peor, a muchos de ellos les quedan secuelas irreparables, a causa de la presión en las bandas de destazar pollos.

Así las cosas, en el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados, porque el Tyson tiene una plantilla de capellanes que persuade a los trabajadores a no quejarse de la situación en que trabajan.

Magali Licolli puso al tanto en la entrevista en mayo de 2018 lo que sucedía en Springdale,  por ejemplo, los trabajadores no podía pedir trato digno, salario justo, aguinaldo y vacaciones a las empresas polleras, porque eso era condenarse a ser despedido.

“Ellos ven a los trabajadores que se organizan como comunistas, los llaman rojos y no permiten que se organicen. Las iglesias, universidades y organizaciones sociales reciben dinero de los empresarios, por eso no apoyan a los jornaleros avícolas”.

La situación de los migrantes en Estados Unidos es cada vez más compleja y nadie hace por revisar estos abusos en las empresas transnacionales. Las organizaciones sociales y religiosas en esta región están más apegadas al poder económico que a la vida humana.

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Lo que duele en esta historia es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presume las remesas que los paisanos que trabajan en el estado de Arkansas envían a México, pero poco hace por acompañar a los migrantes abandonados por la pollería el Tyson.

Mientras usted siga degustando una alita o pierna de una marca transnacional de comida rápida, la situación de los trabajadores del Tyson no cambiará.

 

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Gobierno de Biden mantiene postura de deportar sólo a inmigrantes con récord criminal por ‘recursos insuficientes’

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El gobierno de Joe Biden sólo deportará migrantes con historial criminal por falta de recursos

El Gobierno del presidente Joe Biden mantuvo su postura de que es “imposible” la detención y deportación de todos los inmigrantes indocumentados, porque no hay recursos suficientes, por ello defendió su política de enfocarse en personas con récord criminal y que representan un peligro para la seguridad nacional.

Ese y otros aspectos se abordaron en la sesión de argumentos orales ante la Corte Suprema de los procuradores generales Elizabeth Prelogar, de la Administración Biden, y del Judd Stone, de Texas.

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El caso fue aceptado por el Máximo Tribunal luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana contra el memorando de septiembre del 2021 firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En esa guía se pide a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizar a inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de detener y procesar para la deportación a una persona solamente por no tener papeles.

Los jueces cuestionaron a ambos procuradores sobre tres aspectos: 1) si un estado tiene o no el derecho de demandar al Gobierno federal sobre sus políticas –en este caso migratorias—; 2) si las reglas de deportación obedecen la ley de inmigración o no, y 3) si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo.

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Juez [Brett] Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, dijo la procuradora Prelogar. “Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.

Varios de los jueces, incluidos Samuel Alito, el presidente del Tribunal John Roberts y el juez Kavanaugh expresaron escepticismo sobre las políticas “discrecionales” de la Administración Biden sobre los inmigrantes indocumentados.

“¿No deberíamos simplemente decir cuál es la ley?”, sugirió el juez Roberts, quien luego reconoció que el Gobierno federal no tendría acceso a recursos necesarios para aplicar la norma sin excepciones, es decir, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

La jueza Sonia Sotomayor cuestionó sobre el argumento de los gobiernos demandantes en cuanto a la decisión de deportación, ya que enfatizó que todos los jueces tienen discrecionalidad al respecto, entonces consideró que las guías tenían como base esa discrecionalidad, es decir, que los oficiales de ICE eran instruidos en determinar “varios factores” para el arresto de una persona.

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Con información de La Opinión.

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