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Justicia pendiente

Estado mexicano persiste en acoso y detenciones ilegales a indígenas

Policía ciudadana y Popular de Guerrero denuncia de nuevo el acoso y detenciones ilegales contra indígenas por parte de autoridades del Estado mexicano

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16-Junio-2013-Tlapa-Gro

Coordinadora de la Policía Ciudadana solicitando apoyo para su desempeño. Foto: Archivo/Subversiones.org

Por Sergio Ferrer 

TLAPA, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció a través de un comunicado la reiterada violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas por parte de miembros del ejército, funcionarios y policías municipales. Así mismo, destacaron los abusos cometidos de la policía municipal de Olinalá, de los policías ministeriales de Tlapa y del hostigamiento del Ejército a ciudadanos, como es la detención ilegal del excomisario de Zontecomatlán, José Luis Refugio Pareja.

La queja pública relata que el 10 de marzo, Jośe Luis Refugio Pareja se encontraba jugando basquetbol en la cancha de Zontecomatlán, comunidad de Olinalá, cuando llegó una patrulla de la Policía Preventiva Municipal con 12 efectivos a bordo, mismos que descendieron del vehículo y sin mediar con la autoridad correspondiente que es el comisario municipal se lo llevaron pegándole en los testículos y rompiéndole la camisa.

Los policías le gritaron que su único jefe era Lorenzo Medardo Vázquez, director de Seguridad Pública de Olinalá. Una señora que presenciaba el abuso de autoridad contra el Refugio Pareja avisó a un grupo de personas que se encontraban en el crucero de Zicatlán, donde tres personas a bordo de una camioneta al encontrarse con la patrulla para preguntar el motivo de la detención fueron encañonados por los policías incluyendo el oficial Mario Vázquez, quien era el único que no iba encapuchado.

Después de privar de libertad a Refugio Pareja, quien fue comisario municipal de Zontecomatlán y ya lo habían detenido por intentar desconocer al alcalde del PRI, lo llevaron al ayuntamiento de Olinalá donde lo torturaron sicológicamente. Medardo Vázquez, sin presentar ningún documento oficial u orden judicial, llamó un taxi particular y trasladó al Cerereso de Atlamajac en Tlapa al detenido para un supuesto careo.

Al no encontrarse la juez, una licenciada dijo desconocer la cita de Refugio Pareja, además “porque su caso ya estaba avanzado”. En momento supuestamente lo liberaron, pero afuera ya lo esperaba la Policía Ministerial para llevárselo. “Nos vas acompañar a la buena o a la mala, porque tienes una orden de aprensión”, le dijeron sin presentarla.

El comandante de la ministerial le dijo directamente al joven, según su testimonio: “tienes un problema conmigo” y se lo llevaron a la comandancia local. En ese lugar el comandante de la ministerial habló de su celular a un médico para que le extendieran un certificado médico sin auscultarlo, donde dijera que no tenía contusiones, ni marcas que le dejaron en las manos por las torturas y el tiempo que estuvo esposado.

Posteriormente, lo trasladaron de nuevo al Cerereso donde lo encerraron con delincuentes y asesinos como parte de la tortura sicológica, afirma la PCP, hasta que salió bajo fianza por intervención de un abogado de Tlachinollan.

“Estas acciones son vistas por la Policía Ciudadana y Popular como una dinámica de violencia institucional que practican las corporaciones policiacas y militares a las cuales les paga el gobierno con dinero del pueblo”, señala integrantes de la PCP.

Esta acción, detalla el texto, se adhiere a las denuncias que se han presentado en contra de Medardo Vázquez. Sin embargo, el alcalde priísta Eusebio González Rodríguez ha respondido a la PCP que él no tiene la facultad ni la capacidad de destituirlo de su cargo, porque hay otras fuerzas o corrientes al interior del ayuntamiento que no dependen de él.

La PCP asegura que el ayuntamiento a través de su Policía Municipal y el ejército están decididos a incriminar y lastimar a los miembros de la policía ciudadana que trabaja en el núcleo comunal de Temalacatzingo y en Cualac.

Aunado a esto, “el doble discurso del alcalde, señalan, muestra una forma perversa al asestar golpes contra miembros de la PCP, además de que tenemos elementos de que existe complicidad con grupos delincuenciales, señala el documento sin precisar detalles”.

El acoso de militares a la comunidad

En cuanto al acoso militar, el día 20 de marzo una patrulla militar llegó a Zontecomatlán y tomaron fotografías a casas y personas. Cuando la Policía ciudadana les preguntó qué buscaban, los militares respondieron que estaban perdidos.

La PCP señaló que la Policía Preventiva Municipal de Olinalá no respeta a los comisarios de las comunidades que participan en la CRSJ-PCP pese a que hay un acuerdo entre esta institución y el presidente municipal. Y abundó que se deben tomar en cuenta a los comisarios como miembros del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia.

También aseguran que ya no acuden al Ministerio Público, porque no existe justicia. Del director de seguridad pública, señalaron que lo han visto pasearse junto con sus compinches en carros robados, uno especialmente que le fue robado a un pequeño comerciante por estos lugares, que al verlo en manos de quien esta decidió no reclamarlo por miedo a ser asesinado.

La PCP exige respeto irrestricto a los derechos humanos y civiles de todas las ciudadanas de los pueblos indígenas, respeto irrestricto a su Sistema de Seguridad y Justicia Indígena (SSJI) y a la Policía Ciudadana y Popular.

Pide también un alto al hostigamiento y persecución ilegal contra los ciudadanos y ciudadanas que integran la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular, que en las últimas fechas el MP militar los anda requiriendo y andan intimidando a comisarios municipales.

Por último, exigieron la salida del ejército de las tierras comunales y rechazaron la entrada de empresas con la intención de explotar los recursos naturales. Destacaron el daño ecológico al río Tlapaneco y responsabilizaron a la policía municipal de Olinalá, al director de Seguridad y al presidente municipal Eusebio González Rodríguez, así como al ejército y a la Marina, de cualquier daño físico o moral que pase cualquier ciudadano indígena de estas tierras comunales que se encuentran aglutinadas en la CRSJ-PCP.

 

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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