Connect with us

Justicia pendiente

Estado mexicano persiste en acoso y detenciones ilegales a indígenas

Policía ciudadana y Popular de Guerrero denuncia de nuevo el acoso y detenciones ilegales contra indígenas por parte de autoridades del Estado mexicano

Published

on

16-Junio-2013-Tlapa-Gro

Coordinadora de la Policía Ciudadana solicitando apoyo para su desempeño. Foto: Archivo/Subversiones.org

Por Sergio Ferrer 

TLAPA, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció a través de un comunicado la reiterada violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas por parte de miembros del ejército, funcionarios y policías municipales. Así mismo, destacaron los abusos cometidos de la policía municipal de Olinalá, de los policías ministeriales de Tlapa y del hostigamiento del Ejército a ciudadanos, como es la detención ilegal del excomisario de Zontecomatlán, José Luis Refugio Pareja.

La queja pública relata que el 10 de marzo, Jośe Luis Refugio Pareja se encontraba jugando basquetbol en la cancha de Zontecomatlán, comunidad de Olinalá, cuando llegó una patrulla de la Policía Preventiva Municipal con 12 efectivos a bordo, mismos que descendieron del vehículo y sin mediar con la autoridad correspondiente que es el comisario municipal se lo llevaron pegándole en los testículos y rompiéndole la camisa.

Los policías le gritaron que su único jefe era Lorenzo Medardo Vázquez, director de Seguridad Pública de Olinalá. Una señora que presenciaba el abuso de autoridad contra el Refugio Pareja avisó a un grupo de personas que se encontraban en el crucero de Zicatlán, donde tres personas a bordo de una camioneta al encontrarse con la patrulla para preguntar el motivo de la detención fueron encañonados por los policías incluyendo el oficial Mario Vázquez, quien era el único que no iba encapuchado.

Después de privar de libertad a Refugio Pareja, quien fue comisario municipal de Zontecomatlán y ya lo habían detenido por intentar desconocer al alcalde del PRI, lo llevaron al ayuntamiento de Olinalá donde lo torturaron sicológicamente. Medardo Vázquez, sin presentar ningún documento oficial u orden judicial, llamó un taxi particular y trasladó al Cerereso de Atlamajac en Tlapa al detenido para un supuesto careo.

Al no encontrarse la juez, una licenciada dijo desconocer la cita de Refugio Pareja, además “porque su caso ya estaba avanzado”. En momento supuestamente lo liberaron, pero afuera ya lo esperaba la Policía Ministerial para llevárselo. “Nos vas acompañar a la buena o a la mala, porque tienes una orden de aprensión”, le dijeron sin presentarla.

El comandante de la ministerial le dijo directamente al joven, según su testimonio: “tienes un problema conmigo” y se lo llevaron a la comandancia local. En ese lugar el comandante de la ministerial habló de su celular a un médico para que le extendieran un certificado médico sin auscultarlo, donde dijera que no tenía contusiones, ni marcas que le dejaron en las manos por las torturas y el tiempo que estuvo esposado.

Posteriormente, lo trasladaron de nuevo al Cerereso donde lo encerraron con delincuentes y asesinos como parte de la tortura sicológica, afirma la PCP, hasta que salió bajo fianza por intervención de un abogado de Tlachinollan.

“Estas acciones son vistas por la Policía Ciudadana y Popular como una dinámica de violencia institucional que practican las corporaciones policiacas y militares a las cuales les paga el gobierno con dinero del pueblo”, señala integrantes de la PCP.

Esta acción, detalla el texto, se adhiere a las denuncias que se han presentado en contra de Medardo Vázquez. Sin embargo, el alcalde priísta Eusebio González Rodríguez ha respondido a la PCP que él no tiene la facultad ni la capacidad de destituirlo de su cargo, porque hay otras fuerzas o corrientes al interior del ayuntamiento que no dependen de él.

La PCP asegura que el ayuntamiento a través de su Policía Municipal y el ejército están decididos a incriminar y lastimar a los miembros de la policía ciudadana que trabaja en el núcleo comunal de Temalacatzingo y en Cualac.

Aunado a esto, “el doble discurso del alcalde, señalan, muestra una forma perversa al asestar golpes contra miembros de la PCP, además de que tenemos elementos de que existe complicidad con grupos delincuenciales, señala el documento sin precisar detalles”.

El acoso de militares a la comunidad

En cuanto al acoso militar, el día 20 de marzo una patrulla militar llegó a Zontecomatlán y tomaron fotografías a casas y personas. Cuando la Policía ciudadana les preguntó qué buscaban, los militares respondieron que estaban perdidos.

La PCP señaló que la Policía Preventiva Municipal de Olinalá no respeta a los comisarios de las comunidades que participan en la CRSJ-PCP pese a que hay un acuerdo entre esta institución y el presidente municipal. Y abundó que se deben tomar en cuenta a los comisarios como miembros del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia.

También aseguran que ya no acuden al Ministerio Público, porque no existe justicia. Del director de seguridad pública, señalaron que lo han visto pasearse junto con sus compinches en carros robados, uno especialmente que le fue robado a un pequeño comerciante por estos lugares, que al verlo en manos de quien esta decidió no reclamarlo por miedo a ser asesinado.

La PCP exige respeto irrestricto a los derechos humanos y civiles de todas las ciudadanas de los pueblos indígenas, respeto irrestricto a su Sistema de Seguridad y Justicia Indígena (SSJI) y a la Policía Ciudadana y Popular.

Pide también un alto al hostigamiento y persecución ilegal contra los ciudadanos y ciudadanas que integran la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular, que en las últimas fechas el MP militar los anda requiriendo y andan intimidando a comisarios municipales.

Por último, exigieron la salida del ejército de las tierras comunales y rechazaron la entrada de empresas con la intención de explotar los recursos naturales. Destacaron el daño ecológico al río Tlapaneco y responsabilizaron a la policía municipal de Olinalá, al director de Seguridad y al presidente municipal Eusebio González Rodríguez, así como al ejército y a la Marina, de cualquier daño físico o moral que pase cualquier ciudadano indígena de estas tierras comunales que se encuentran aglutinadas en la CRSJ-PCP.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

Published

on

Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

Continue Reading

Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

Published

on

By

cidh

Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Continue Reading

Justicia pendiente

INAI ordena a gobierno de México revelar informe de EUA sobre caso Ayotzinapa

Published

on

El INAI ordenó que AMLO publicara el informe que le entregó Kamala Harris sobre los Guerreros Unidos

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó al gobierno de México revelar el informe que la administración de Estados Unidos compartió sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe publicar el informe que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le compartió en una reunión virtual en mayo de 2021 sobre el caso Ayotzinapa.

No te pierdas: INAI instruye a FGR informar denuncias de tomas clandestinas de agua potable en todo el país

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo que como parte de la reparación integral del daño se debe garantizar el principio de máxima publicidad como parte del acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica.

La investigación del gobierno de Estados Unidos reunió intervenciones telefónicas realizadas en la Unión Americana por el grupo delictivo “Guerreros Unidos” que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario mexicano solicitó al gobierno estadounidense el expediente de la investigación, debido a que era necesario para la Comisión de la Verdad que en agosto pasado determinó que hubo un crimen de Estado con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lee también: Juez desecha amparos interpuestos por tres militares presos por caso Ayotzinapa

Asimismo, el INAI sostuvo que el caso es emblemático de la crisis en violaciones graves de derechos humanos que se presentó en México, por lo cual pugna por la apertura de la información general pública sobre el caso Ayotzinapa acontecido el 26 de septiembre de 2014.

Sobre este mismo caso, el pasado 21 de diciembre, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de MéxicoEutimio Ordoñez Gutiérrez, declaró improcedentes los amparos interpuestos por el general José Rodríguez Pérez, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, presos por el caso Ayotzinapa.

El juzgador consideró que no existían elementos para atraer los amparos interpuestos por los militares contra la orden de aprehensión que recibieron en septiembre pasado, así como a la negativa de entregarles copias certificadas del pliego de consignación y mandamiento judicial.

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: