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Estado mexicano favorece fraude masivo de aseguradoras

La debilidad institucional del Estado mexicano ha garantizado la impunidad en fraudes masivos de aseguradoras

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Enrique Peña Nieto en la 23 Convención de Aseguradoras en México. Foto: presidencia.gob.mx/archivo

Enrique Peña Nieto en la 23 Convención de Aseguradoras en México. Foto: presidencia.gob.mx/archivo

Por Roberto Morales Estrella* y Emmanuel Ameth**

Las aseguradoras son un negocio millonario. Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) para 2012 en México la emisión de primas alcanzó ingresos por 12.7 billones -americanos- de dólares mientras que el costo de los siniestros fue de 6.6 billones. Gracias a la ingeniería financiera los beneficios ‘aparentes’ para dicho año se redujeron a sólo 1.18 billones de dólares para el cálculo de impuestos.

Pero lo que hace muy atractivo al sector asegurador en México es que este se aprovecha de la debilidad de las instituciones que los regulan. La fórmula es sencilla: hacer crecer el monto de las primas mientras que para el pago de los siniestros, existen diversas formas para deslindarse o bien, para negociar sus obligaciones mediante la oferta –o amenaza- de alternativas que eviten procesos largos de pago o de conciliación. Al fin que la CNSF no suele rebasar la cifra de 100 mil dólares en multas a todo el sector a pesar de sus flagrantes faltas.

Porque las quejas contra las aseguradoras van en aumento. Según datos de la Comisión Nacional para la Defesa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) mientras en 2007 se iniciaron 40 mil 440 acciones en contra de las compañías aseguradoras, en 2013 estas alcanzaron las 61 mil 192, es decir, crecieron en 51% durante el periodo referido.

Las acciones concluidas de 2013 en contra de las instituciones de seguros revelan su comportamiento; siete por cada 10 quejas se debieron a las cinco causas principales que describiremos a continuación.

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Las aseguradoras incumplen con sus obligaciones contractuales

Una por cada tres quejas totales (32%) en materia de seguros que se registraron en las oficinas de la Defensoría mexicana, se hicieron porque el cliente demandó ‘incumplimiento del contrato’ por parte de estas instituciones.

De estas, solamente uno por cada cinco casos (21%) se resolvió a favor del usuario.

Lo anterior no significa que el demandante no contara con la razón jurídica para exigir sus derechos ante las aseguradoras, sino que simplemente estas optaron por llevar el proceso mediante una fiscalía –pudiendo tardar incluso años-, pues en México la defensoría de CONDUSEF depende de la buena voluntad de las partes para poder conciliar.

Las aseguradoras hacen cargos sin ser contratadas

La segunda causa con mayor número de quejas ante la Defensoría mexicana fue la de ‘cancelación no atendida de póliza no contratada’ con un 20% del total. En México es normal y cotidiano que en instrumentos bancarios como tarjetas de crédito o bien, cuentas a la vista, aparezcan cargos recurrentes por seguros no contratados por el cliente.

Aún y con la gravedad del asunto, las aseguradoras ‘se niegan’ a cancelar los descuentos de las pólizas hasta que interviene una autoridad y les ordena comprobar el consentimiento de los reclamantes.

Las aseguradoras se niegan a cancelar los contratos de manera anticipada

El 7% de las quejas presentadas ante la CONDUSEF se debió a la cancelación del contrato anticipadamente, donde sólo en seis por cada diez casos se resolvió a favor del usuario. ¿Bajo qué pretexto se puede negar una aseguradora a cancelar un contrato de manera anticipada aún y cuando en las cláusulas del mismo existe un apartado para tal efecto?

Las aseguradoras suelen precisar a la autoridad que derivado de circulares emitidas por la misma, el usuario de los servicios financieros debe promover su queja hacia las instituciones  antes de presentarse en la Defensoría, rechazando aquellas solicitudes donde no se adjunte una negativa previa por medio de la cual se justifique la intervención de alguna autoridad.

Obvia señalarse que cuando los usuarios solicitan la cancelación de los seguros, las promotorías y representaciones comerciales suelen negar el trámite de cancelación y por supuesto, tampoco existe quién les obligue a emitir un comprobante del trámite solicitado.

Las aseguradoras tampoco pagan lo que les corresponde

Por si fuera poco, existen otras dos inconformidades que se encuentran entre las más representativas, con 6% de incidencia cada una. La primera tiene que ver con el monto de la indemnización y la segunda con la reparación del bien afectado. En ambos casos las respuestas favorables son una burla: sólo el 29 y el 21% de respuestas para cada cual, respectivamente.

Cuando se trata de indemnizaciones y de reparaciones de los bienes afectados, el método de cálculo no es como la ley dicta en otros países, es decir, que al culminar un proceso jurídico haya una obligación de cubrir el monto asegurado además de los costos generados por el mismo proceso y/o por daño moral. No. En México las aseguradoras negocian pagos menores con los afectados toda vez que los costes del proceso vía fiscalía corren por su cuenta y, en caso de resultar a su favor tras meses de espera, los montos no incluyen indemnización extraordinaria alguna.

Por ello es ‘curioso’ observar cómo mientras en 2012 la suma promedio asegurada fue de 200 mil dólares con un costo de contrato promedio de sólo 400, en realidad, las cantidades pagadas promediaron los mil 300 dólares por siniestro.

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Modus operandi

Observemos el siguiente recuadro (Fuente: Condusef) que organiza a las aseguradoras en función de cómo es que estas resuelven la totalidad de quejas a favor del asegurado a través de la CONDUSEF.

Para los casos de LA Latinomaericana de Seguros, Medi Access Seguros de Salud, Ace Seguros, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Monterrey New York Life y Seguros Banamex, a pesar de que son quienes suelen resolver mayor porcentaje de quejas a favor del usuario en las oficinas de CONDUSEF, también son aquellas con carácter más preocupante: la mayor parte de sus quejas se debe a la cancelación no atendida de pólizas no contratadas, esto es, que su modus operandi se presume como el cargo de sus primas en instrumentos financieros sin el consentimiento del cliente.

Dicho lo anterior, inferimos –y comprobamos en la tabla- que la razón por la que resuelven ‘a favor’ de sus clientes en controversias es porque no cuentan con documento alguno que compruebe la aceptación del cliente para dicho cargo.

Para los casos de Zurich, HIR e Inbursa, podrían señalarse como compañías que resuelven el mayor número de conflictos a favor del consumidor sin que ello las haga ‘buenas’ o atractivas mientras que el resto de las aseguradoras se comportan de un modo vergonzoso. Tratan de eludir sus responsabilidades y prueba de ello es que el asegurado no encontró respuesta en dichas compañías y tras acudir a CONDUSEF, lo que encontró fueron más negativas: menos del 40% de las quejas levantadas antes esta defensoría son resueltas a su favor por las mencionadas.

Las sanciones son sumamente pequeñas teniendo en cuenta el negocio millonario que representan las cinco mayores causas de controversia en CONDUSEF y los ingresos que estas tienen anualmente.

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Fuente: Anuario Estadístico de CONDUSEF 2013.

Fuente: CNSF

*Investigador de la UAEH y miembro de Comités Tecnológicos en México.

**Analista Económico y de Inteligencia de Mercados

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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