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Mexico Violento

Estado mexicano favorece fraude masivo de aseguradoras

La debilidad institucional del Estado mexicano ha garantizado la impunidad en fraudes masivos de aseguradoras

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Enrique Peña Nieto en la 23 Convención de Aseguradoras en México. Foto: presidencia.gob.mx/archivo

Enrique Peña Nieto en la 23 Convención de Aseguradoras en México. Foto: presidencia.gob.mx/archivo

Por Roberto Morales Estrella* y Emmanuel Ameth**

Las aseguradoras son un negocio millonario. Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) para 2012 en México la emisión de primas alcanzó ingresos por 12.7 billones -americanos- de dólares mientras que el costo de los siniestros fue de 6.6 billones. Gracias a la ingeniería financiera los beneficios ‘aparentes’ para dicho año se redujeron a sólo 1.18 billones de dólares para el cálculo de impuestos.

Pero lo que hace muy atractivo al sector asegurador en México es que este se aprovecha de la debilidad de las instituciones que los regulan. La fórmula es sencilla: hacer crecer el monto de las primas mientras que para el pago de los siniestros, existen diversas formas para deslindarse o bien, para negociar sus obligaciones mediante la oferta –o amenaza- de alternativas que eviten procesos largos de pago o de conciliación. Al fin que la CNSF no suele rebasar la cifra de 100 mil dólares en multas a todo el sector a pesar de sus flagrantes faltas.

Porque las quejas contra las aseguradoras van en aumento. Según datos de la Comisión Nacional para la Defesa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) mientras en 2007 se iniciaron 40 mil 440 acciones en contra de las compañías aseguradoras, en 2013 estas alcanzaron las 61 mil 192, es decir, crecieron en 51% durante el periodo referido.

Las acciones concluidas de 2013 en contra de las instituciones de seguros revelan su comportamiento; siete por cada 10 quejas se debieron a las cinco causas principales que describiremos a continuación.

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Las aseguradoras incumplen con sus obligaciones contractuales

Una por cada tres quejas totales (32%) en materia de seguros que se registraron en las oficinas de la Defensoría mexicana, se hicieron porque el cliente demandó ‘incumplimiento del contrato’ por parte de estas instituciones.

De estas, solamente uno por cada cinco casos (21%) se resolvió a favor del usuario.

Lo anterior no significa que el demandante no contara con la razón jurídica para exigir sus derechos ante las aseguradoras, sino que simplemente estas optaron por llevar el proceso mediante una fiscalía –pudiendo tardar incluso años-, pues en México la defensoría de CONDUSEF depende de la buena voluntad de las partes para poder conciliar.

Las aseguradoras hacen cargos sin ser contratadas

La segunda causa con mayor número de quejas ante la Defensoría mexicana fue la de ‘cancelación no atendida de póliza no contratada’ con un 20% del total. En México es normal y cotidiano que en instrumentos bancarios como tarjetas de crédito o bien, cuentas a la vista, aparezcan cargos recurrentes por seguros no contratados por el cliente.

Aún y con la gravedad del asunto, las aseguradoras ‘se niegan’ a cancelar los descuentos de las pólizas hasta que interviene una autoridad y les ordena comprobar el consentimiento de los reclamantes.

Las aseguradoras se niegan a cancelar los contratos de manera anticipada

El 7% de las quejas presentadas ante la CONDUSEF se debió a la cancelación del contrato anticipadamente, donde sólo en seis por cada diez casos se resolvió a favor del usuario. ¿Bajo qué pretexto se puede negar una aseguradora a cancelar un contrato de manera anticipada aún y cuando en las cláusulas del mismo existe un apartado para tal efecto?

Las aseguradoras suelen precisar a la autoridad que derivado de circulares emitidas por la misma, el usuario de los servicios financieros debe promover su queja hacia las instituciones  antes de presentarse en la Defensoría, rechazando aquellas solicitudes donde no se adjunte una negativa previa por medio de la cual se justifique la intervención de alguna autoridad.

Obvia señalarse que cuando los usuarios solicitan la cancelación de los seguros, las promotorías y representaciones comerciales suelen negar el trámite de cancelación y por supuesto, tampoco existe quién les obligue a emitir un comprobante del trámite solicitado.

Las aseguradoras tampoco pagan lo que les corresponde

Por si fuera poco, existen otras dos inconformidades que se encuentran entre las más representativas, con 6% de incidencia cada una. La primera tiene que ver con el monto de la indemnización y la segunda con la reparación del bien afectado. En ambos casos las respuestas favorables son una burla: sólo el 29 y el 21% de respuestas para cada cual, respectivamente.

Cuando se trata de indemnizaciones y de reparaciones de los bienes afectados, el método de cálculo no es como la ley dicta en otros países, es decir, que al culminar un proceso jurídico haya una obligación de cubrir el monto asegurado además de los costos generados por el mismo proceso y/o por daño moral. No. En México las aseguradoras negocian pagos menores con los afectados toda vez que los costes del proceso vía fiscalía corren por su cuenta y, en caso de resultar a su favor tras meses de espera, los montos no incluyen indemnización extraordinaria alguna.

Por ello es ‘curioso’ observar cómo mientras en 2012 la suma promedio asegurada fue de 200 mil dólares con un costo de contrato promedio de sólo 400, en realidad, las cantidades pagadas promediaron los mil 300 dólares por siniestro.

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Modus operandi

Observemos el siguiente recuadro (Fuente: Condusef) que organiza a las aseguradoras en función de cómo es que estas resuelven la totalidad de quejas a favor del asegurado a través de la CONDUSEF.

Para los casos de LA Latinomaericana de Seguros, Medi Access Seguros de Salud, Ace Seguros, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Monterrey New York Life y Seguros Banamex, a pesar de que son quienes suelen resolver mayor porcentaje de quejas a favor del usuario en las oficinas de CONDUSEF, también son aquellas con carácter más preocupante: la mayor parte de sus quejas se debe a la cancelación no atendida de pólizas no contratadas, esto es, que su modus operandi se presume como el cargo de sus primas en instrumentos financieros sin el consentimiento del cliente.

Dicho lo anterior, inferimos –y comprobamos en la tabla- que la razón por la que resuelven ‘a favor’ de sus clientes en controversias es porque no cuentan con documento alguno que compruebe la aceptación del cliente para dicho cargo.

Para los casos de Zurich, HIR e Inbursa, podrían señalarse como compañías que resuelven el mayor número de conflictos a favor del consumidor sin que ello las haga ‘buenas’ o atractivas mientras que el resto de las aseguradoras se comportan de un modo vergonzoso. Tratan de eludir sus responsabilidades y prueba de ello es que el asegurado no encontró respuesta en dichas compañías y tras acudir a CONDUSEF, lo que encontró fueron más negativas: menos del 40% de las quejas levantadas antes esta defensoría son resueltas a su favor por las mencionadas.

Las sanciones son sumamente pequeñas teniendo en cuenta el negocio millonario que representan las cinco mayores causas de controversia en CONDUSEF y los ingresos que estas tienen anualmente.

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Fuente: Anuario Estadístico de CONDUSEF 2013.

Fuente: CNSF

*Investigador de la UAEH y miembro de Comités Tecnológicos en México.

**Analista Económico y de Inteligencia de Mercados

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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