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Con voz propia

Ésta es la formación de policías que disparan a maestros en México

Un análisis sobre la formación porfesional de cuerpos policiacos que disparan a maestros de la CNTE por oponerse a la reforma educativa de Peña Nieto

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Jornada de violencia en el municipio de Nochixtlán Oaxaca. Foto: puranoticia.cl

Jornada de violencia en el municipio de Nochixtlán Oaxaca. Foto: puranoticia.cl

Por Emmanuel Ameth

Analfabetas haciendo uso de armas, analfabetas funcionales en indagaciones policíacas y elementos con capacidades aritméticas deficientes para la realización de labores de inteligencia, forman parte de las particularidades que envuelven los recursos operativos de la seguridad pública por parte de los gobiernos estatales en México, un asunto que no es intrascendente para nuestra sociedad actual.

No es casualidad que los cuerpos armados del Estado mexicano desconozcan los derechos fundamentales y constitucionales de la población, pues para asegurar la obediencia de los mismos, las instituciones han buscado hacerse de elementos ignorantes al menos en su perfil académico, revela el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

¿Usted se imagina a los gobiernos estatales dando armas –junto con la facultad para usarlas- a cuerpos policíacos incapaces de leer siquiera su instructivo? ¿permitiendo investigar a quienes efectivamente pueden leer, pero que carecen del entendimiento suficiente para interpretar un delito? ¿dando la responsabilidad de un operativo de ‘inteligencia’ a quienes se les dificulta la realización de operaciones aritméticas elementales? Pues eso hacen los gobiernos estatales del país y no han tenido la intención de depurar a dichos elementos, por lo menos hasta el primer trimestre de este año.

Y es que al investigar sobre la formación académica de los cuerpos policíacos según la citada fuente oficial, se revela que dentro de los policías estatales del país prestan sus servicios 3 mil 500 elementos presuntamente analfabetas, 18 mil presuntos analfabetas funcionales, 121 mil con presunta dificultad para realizar operaciones aritméticas elementales además de otros 141 mil con apenas una formación académica mínima –según decreto de 2012-, dejando sólo 32 mil elementos (10%) con una formación académica similar a la que ostentan aquellos contra quienes reprimen sus protestas.

Después de una manifestación encabezada por maestros y en rechazo al agravio de sus derechos laborales por parte de la Reforma Educativa, fueron reportados 6 civiles muertos  el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oax., siendo la causa, heridas de bala disparadas por las policías federal y estatal. Apenas once meses antes, en Ostula, Mich., militares abrieron fuego en contra de civiles, matando un niño que se encontraba comprando pañales.

Un asunto tan delicado como lo es el manejo de armas así como la seguridad en general, no debería ser tomado a la ligera por parte de las instituciones mexicanas.

Además de faltos de preparación, mienten sobre su grado de estudios

Pese a que en discurso, las autoridades encargadas de la Seguridad Pública manifiesten la profesionalización de los cuerpos policíacos como un tema prioritario, lo cierto es que se dista mucho de ese cometido, toda vez que es la fecha en que, al parecer, no se requiere una formación académica mínima para ingresar a las fuerzas estatales.

Además, existen divergencias notables entre fuentes de información oficiales -a saber STPS e Inegi- en las que las propias metodologías practicadas demuestran la poca fiabilidad con la que los datos son aportados.

Así, cuando Inegi realiza el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, solicitando información a las instituciones gubernamentales, estas responden con datos que difieren de las respuestas dadas por los policías mismos en sus hogares mediante la aplicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) –donde la STPS obtuvo los datos para la elaboración del Observatorio Laboral-.

Hay que tener en cuenta que en encuestas como la ENOE, es una práctica común que los entrevistados aumenten el grado de estudios con el que en realidad cuentan, como sucede cuando refieren una formación ‘terminada’ en un grado académico específico, cuando en realidad se trata de uno trunco.

Por lo anterior, debe considerarse que en el momento del levantamiento de cuestionarios, es muy posible que quienes manifiesten contar con la primaria incompleta, en realidad sean analfabetas y que quienes aseguren haber concluido su formación primaria, sean analfabetas funcionales. También es muy probable que quienes ostenten el grado de secundaria, presenten dificultades para la realización de operaciones aritméticas básicas en tanto que a partir de 2012, la formación académica mínima obligatoria es el nivel medio superior, un perfil mínimo necesario para las actividades que realizan.

Según la información proporcionada por los mismos policías en sus hogares mediante la ENOE, la formación académica que ostentan es la que se aprecia en la siguiente tabla:

Policías STPS

En tanto que las autoridades informaron a Inegi que el grado académico de sus cuerpos policíacos corresponde a la siguiente tabla:

Policías Inegi

Sea cual fuere de las tablas anteriores la que mejor se apegue a la formación académica real de las policías estatales, la mejor recomendación que podrían llevar a cabo, quizá, sea que en lugar de desplegar su fuerza para reprimir al magisterio -y a otros actores sociales inconformes-, deberían estar en la posición de solicitar su instrucción para que les auxilien a resolver las dificultades pedagógicas que les impidieron continuar con su formación escolar.

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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