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España

España suspende vacunación con AstraZeneca a personas menores de 60 años por efectos secundarios

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La vacuna de AstraZeneca queda descartada desde ahora en España para menores de 60 años. Es el acuerdo al que han llegado el Gobierno y las comunidades autónomas tras la confirmación científica por parte de la Agencia Europea del Medicamento de que estas dosis pueden tener como “efecto secundario muy raro“ casos puntuales de trombos documentados en mujeres por debajo de 60 años.

Belén Remacha / Natalia Chientaroli
eldiario.es

El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas administrar por el momento la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford solo a mayores de 60 años. La propuesta ha salido adelante, según fuentes autonómicas, con la oposición de la Comunidad de Madrid y la abstención de Euskadi y Ceuta.

El acuerdo incluye que la inmunización con AstraZeneca a mayores de 65 años será revisada en la Comisión de Salud Pública, que reúne a técnicos de todas las partes, este jueves, según ha informado la ministra Carolina Darias en rueda de prensa. Actualmente, solo se está vacunando a algunos trabajadores esenciales por encima de 65, no a población general. Sí la está recibiendo población general entre 60 y 65, de la que hay en España, con datos del INE, algo más de tres millones de ciudadanos. Y en este momento están aún sin administrar en nuestro país, según lo reportado por las comunidades, 1,1 millones de dosis de esta farmacéutica.

Sanidad lo ha propuesto a pesar de que, tras un exhaustivo análisis de seguridad, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha aconsejado esta tarde seguir empleándola sin limitaciones de edad específicas. Pero la EMA ha encontrado un «posible vínculo» entre la aplicación de la ahora llamada Vaxzevria (antes, simplemente vacuna COVID-19 AstraZeneca) y unas decenas de casos raros de trombos (entre los casi 18 millones de dosis administradas), y va a incluirlo como «efecto secundario muy raro» en su prospecto. Hasta ahora, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de las dos semanas posteriores a la inyección. Aunque, también según la EMA, «no se han confirmado factores de riesgo específicos» y el saldo beneficio-riesgo sigue siendo positivo.

La ministra Carolina Darias, en rueda de prensa, no ha podido asegurar que las personas menores de 60 que han recibido la primera dosis vayan a poder recibir la segunda. El tiempo entre ambas pautas recomendado en España es de 12 semanas y ahora mismo hay 2,1 millones de personas que han recibido la primera (los que hayan pasado la COVID-19 los últimos 6 meses no necesitan la segunda para completar su inmunidad, según la estrategia nacional). La seguridad de la segunda dosis de AstraZeneca en este colectivo es una «posibilidad que hay que valorar», según la ministra, tanto en la Comisión de Salud Pública como en el ámbito europeo. «Algunos estudios apuntan a darles otra vacuna. Tenemos que esperar», ha zanjado.

El Consejo Interterritorial en el que debaten cada semana la ministra Carolina Darias y los consejeros autonómicos estaba previsto para primera hora de la tarde, pero ha comenzado finalmente pasadas las 21:00 y ha finalizado al filo de las 23:00. Tanto el Ministerio como las comunidades estaban pendientes de lo que dijera la EMA, y de lo que saliese de la reunión urgente de ministros de Sanidad europeos que se ha celebrado a las 18:00. La Comunidad de Madrid, en un comunicado, ha informado de que se opone a la decisión porque «no está basada en las conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo» (el comité de la EMA), aunque la acatará. Fuentes de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) explican que la propuesta que ha llevado Sanidad al Consejo Interterritorial parte de Salud Pública, que tiene en cuenta las recomendaciones de la EMA y, por extensión, de la AEMPS, pero también otras variables, como pueden ser la disponibilidad de vacunas y la situación epidemiológica actual.

El gobierno de Bélgica, tras ese encuentro, ha hecho público que la limitaban a los mayores de 55 años; el de Italia, también a los de 60. En España, Castilla y León había suspendido por la mañana cautelarmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 65 años, hasta que se conociese el informe. Ha sido la única comunidad autónoma que ha tomado una decisión unilateral de este tipo. Casi a la vez que se hacía pública la conclusión de la EMA, el comité asesor del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha pedido dar una alternativa a la vacuna de AstraZeneca a menores de 30 años si hay otro suero disponible. La agencia reguladora británica, también casi a la vez, ha dicho, en la línea que la EMA, que los beneficios de Vaxzevria superan los riesgos para «la inmensa mayoría de la gente» y el riesgo de sufrir trombosis sigue siendo muy bajo. La vacuna es de desarrollo anglo-sueco, y el Reino Unido ha basado su exitosa campaña de vacunación desde diciembre en su administración. En ningún momento en el país se ha paralizado la campaña ni total ni parcialmente, y su gobierno siempre ha defendido su seguridad.

La Agencia Europea explicó hace dos semanas, tras un primer análisis, que seguiría evaluando las trombosis cerebrales ‘raras’ en personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca, pero que estaba claro que los beneficios eran muchos más que los riesgos. Las alarmas se encendieron este martes, cuando el jefe de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, el italiano Marco Cavaleri, afirmó en el diario Il Messagero que existe alguna «relación» entre casos raros de trombosis y la administración de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, que se haría pública en las próximas horas.

Alemania, a 30 de marzo, ha informado de 31 casos de estos raros trombos entre los 2,7 millones de personas que han recibido dosis del suero en el país. Es decir, unos 13,7 casos por millón de vacunados. Los Países Bajos hasta el 2 de abril detectaron cinco casos en mujeres de entre 25 y 55 años entre los 400.000 ciudadanos vacunados. Gran Bretaña ha reportado hasta el 24 de marzo 30 casos de los 18,1 millones de personas que recibieron AstraZeneca, según la Agencia Británica Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios. A mediados de marzo, España detectó uno, y a 7 de abril la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha dicho que se han contabilizado doce eventos tromboencefálicos. Lo que se estudia son «trombosis de senos venosos cerebrales», pero con la particularidad concreta de ir «asociadas a una disminución del número de plaquetas en sangre», según describió en su momento Lamas.

AstraZeneca estuvo limitada durante semanas en España solo a los menores de 55 años por falta de evidencias en mayores, y dirigida solo a los profesionales considerados esenciales (sanitarios, docentes, bomberos, fuerzas de seguridad y militares). Sanidad suspendió su administración durante unos días a mediados de marzo, a la espera de ese primer informe de la EMA que estableció que había más beneficios que riesgos. Tras reanudar el proceso, amplió la edad a los 65 años. Y actualmente, desde la semana, no hay limite de edad: se está administrando a población general menor de 65 años, y a esenciales de todas las edades.

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España

La Transición Española, con víctimas sin reconocer ‘debidamente’ desde 1978

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  • El 21 de abril de 1978, Elvira Parcero Rodríguez, muerta por las lesiones producidas en un vehículo de carga de la Policía Armada en Vigo.

En 1978 el fantasma de la crisis azotaba al sector naval, una crisis que engendraría todo un ciclo de conflictos, que alcanzaría su máxima tensión con la reconversión industrial llevada a cabo con el primer gobierno del PSOE, y que supuso la destrucción de cientos de puestos de trabajo.

Y los impunes con su águila negra,
con su uniforme de lápidas,
pudriendo el futuro con su mano dura

Silvia Delgado

Por Angelo Nero

Se llamaba Elvira Parcero Rodríguez, tenía solo veintiún años, y fue otra de las víctimas, no debidamente reconocida y recordada, de la Transición Sangrienta. Falleció tras las gravísimas lesiones producidas, durante una carga efectuada por la Policía Armada, que disolvía una manifestación de trabajadores de Ascón, en Vigo, el 11 de abril de 1978, empleando abundante material antidisturbios, pelotas de goma y botes de humo.

“Ciento ochenta y cuatro días después de haberse iniciado el conflicto de Ascon, éste aparece absolutamente podrido. El comité de huelga, apoyado por USO y la Intersindical Nacional Galega (ING), no controla la situación en la calle, donde se registran incidentes a diario, ni ha sido capaz de encontrar una alternativa. CCOO y UGT, minoritarias en las factorías, no han podido imponer la salida negociada que vienen defendiendo hace tiempo, ni han demostrado suficiente capacidad de convocatoria para controlar la situación.” Escribía en su crónica para El País, el periodista Gerardo González Martínez, sobre la huelga de Ascón. Antes que periodista había sido diputado autonómico de UCD, y después asesor del PP en tiempos de Fraga. Todo una muestra de periodismo objetivo.

En 1978 el fantasma de la crisis azotaba al sector naval, una crisis que engendraría todo un ciclo de conflictos, que alcanzaría su máxima tensión con la reconversión industrial llevada a cabo con el primer gobierno del PSOE, y que supuso la destrucción de cientos de puestos de trabajo. Y así hasta hoy, en que el sector naval, especialmente en las comarcas de Vigo y Ferrol, viven su, quizás, última y definitiva crisis. Pero volvamos a las calles de aquel Vigo del 78, donde la huelga de Ascón llegaría a prolongarse durante ocho meses.

Entonces se sucedían las manifestaciones, el bloqueo del ferrocarril, la ocupación de centros oficiales, que eran respondidas con la máxima dureza por las fuerzas policiales bajo el mando del gobernador civil de Pontevedra, Faustino Ramos, último presidente del Sindicato Nacional de Información de la Organización Sindical franquista. En una de estas manifestaciones, en la calle José Antonio, es apaleada por la policía Elvira Parcero, que ingresa en estado crítico en la residencia Almirante Vierna. Diez días después, el 21 de abril, fallece a consecuencia de un derrame cerebral provocado por los golpes recibidos por la policía.

La agencia EFE recogía así la noticia de su entierro: “Unas mil quinientas personas han asistido hoy al entierro de la joven Elvira Parcero Rodríguez, de 21 años, fallecida ayer en la residencia Almirante Vierna. La joven fue recogida sin conocimiento en el transcurso de una manifestación de los trabajadores de «Ascón», aunque según ha revelado la autopsia, las causas de su muerte han sido naturales, ya que su cuerpo no presentaba ningún signo de violencia.”

El conflicto de Ascón dejó muchas víctimas, Elvira no fue la única, aunque, como ella todas fueron olvidadas. Acabada la huelga, la empresa no dejó de destruir puestos de trabajo, hasta que el gobierno del PSOE, al albor de la reconversión industrial, el 1 de marzo de 1984, decretó el fin de su actividad productiva. Esto generó, tal como recoge la Asociación Universitaria Elvira Parcero, formada en la Facultad de Xeografía e Historia da USC: “Unos años de angustia e incertidumbre que se traducen en un elevado número de divorcios, depresiones nerviosas, afecciones cardiacas y muertes prematuras entre los trabajadores del astillero. Muchos de esos trabajadores fueron atendidos en hospitales psiquiátricos mediante un convenio amistoso conseguido por el comité de empresa con la Diputación Provincial, ya que en la Seguridad Social no contemplaba este tipo de tratamiento.”

El 1 de febrero de 1985, un año después de que el gobierno socialista decreta el fin de Ascón, el diario El País, recogía la noticia de una nueva víctima de la reconversión: “Un trabajador de los astilleros Ascon, Cándido Otero Collazo, apareció ayer ahorcado en la casa de una hermana suya, en la parroquia viguesa de Teis. Otero Collazo, que tenía 44 años, estaba casado y era padre de dos hijos, de 13 y 7 años, fue encontrado con una soga al cuello que había sido previamente sujeta a un listón de hierro, informa Efe. En un bolsillo de la víctima fue encontrada una nota en la que el trabajador señala que había tomado la determinación debido a los problemas por los que atraviesa su empresa.”

Fuente: Asamblea Leganés por la República

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España

Policía torturador y racista, condenado a dos años de cárcel en España

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Por Alberto Pozas/eldiario.es

Un agente de Policía Nacional destinado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha sido condenado a dos años de cárcel por torturar y humillar a un detenido en los calabozos de la comisaría. El Tribunal Superior de Madrid declara probado que el agente golpeó varias veces con puñetazos, patadas y con la defensa extensible al detenido después de hacer un comentario racista. La sentencia, que no es firme, también apunta a que otro policía intentó encubrirle y ocultar la agresión a los jueces.

Los hechos ocurrieron en los calabozos de la comisaría de la ciudad complutense en enero de 2017. La víctima había sido detenida a primera hora de la mañana en una discoteca de la localidad y acusado de agredir a agentes de Policía y mostrarse nervioso y violento. Una vez en los calabozos, a primera hora de la mañana, pidió algo de comer y recibió una respuesta racista del agente que custodiaba su celda en ese momento: «A los moros sólo se les da agua», espetó el policía.

Fue entonces cuando, según declara probado la Justicia, empezaron los golpes. Varias tandas de puñetazos y patadas por todo el cuerpo que remató con un golpe en la cabeza del detenido con la defensa reglamentaria. Los partes médicos de la Casa de Socorro dejaron constancia de todas estas lesiones y golpes después de que el policía encargado del atestado comprobase alarmado que el detenido tenía unos golpes y magulladuras en la cara que no tenía cuando fue traído al cuartel a primera hora de la mañana.

El resultado es una condena todavía no firme de dos años de prisión para el agente por un delito de torturas y otro leve de lesiones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tal y como adelantó el portal Noticias Jurídicas, ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial que también le impuso 8 años de inhabilitación para ejercer como policía nacional, una multa de 240 euros y una indemnización de 6.700 euros para la víctima. El Estado es declarado responsable civil subsidiario.

A lo largo del caso el agente condenado ha intentado, sin éxito, ofrecer una versión distinta de los hechos. Ha asegurado que fue el detenido el que empezó a estrellar la cabeza contra los barrotes mientras amenazaba con denunciar a todos y que él fue agredido cuando entró en la celda a ofrecerle ayuda e intentar calmarle. Explicó durante el juicio este agente que es experto en artes marciales y que le redujo utilizando la técnica de judo denominada «Ippon seoi nage» pero siempre ciñéndose al protocolo y sin aplicar más fuerza de la necesaria.

Los magistrados de la Audiencia y del Tribunal Superior de Madrid no se basan sólo en la declaración del agredido – que fue condenado por el atentado contra la autoridad por el que fue detenido a la salida de una discoteca de Alcalá – sino también en la declaración de otros dos policías y la de los sanitarios que atendieron al arrestado así como los informes en los que reflejaron sus lesiones. Otra prueba determinante ha sido la grabación de las cámaras de seguridad de los calabozos, que no graban lo que pasa en el interior de las celdas pero sí los pasillos.

Unas cámaras que reflejan cómo el policía condenado entró y salió de la celda todas las veces que dijo la víctima, así como la presencia de su compañero viendo lo que pasaba. Un compañero que intentó exculparle durante el juicio en un testimonio al que los magistrados no dan ningún tipo de validez. Dijo por ejemplo la Audiencia Provincial sobre este segundo policía: «Su testimonio, ni corrobora la versión del acusado, ni tiene verosimilitud», asegura la sentencia. El segundo policía llegó a decir que su compañero no había podido usar la porra cuando el propio acusado reconoció haber dado dos golpes con ella.

Una vez examinadas las imágenes de las cámaras, incluso, los jueces dejan la puerta abierta que haya sido responsable por no haber impedido la agresión que dan por probada: «Pudiera haber tenido una participación omisiva, por la que no se le acusa, que arrancaría de su condición de agente de la autoridad y como tal obligado a la evitación de los delitos y en su caso a su persecución, y mucho más cuando se está cometiendo en su presencia».

El responsable del atestado, jefe de turno en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, no sólo explicó en su declaración que el detenido tenía unas lesiones que no presentaba cuando entró en el calabozo, lo que hizo saltar las alarmas. También explicó que ordenó a estos dos policías que dejaran las incidencias por escrito y que un día después no lo habían hecho y no había quedado reflejado en el atestado.

No se autolesionó

Las dos sentencias del caso evidencian la contradicción de la Fiscalía, que pasó de pedir la absolución en el juicio a solicitar la confirmación de su condena en segunda instancia. Los jueces, que no han presentado dudas hasta el momento, llegan a la conclusión de que el detenido fue víctima de una agresión racista y que no se autolesionó estampándose contra los barrotes de la celda, como llegó a decir el policía nacional acusado. Sus lesiones eran, dijo la Audiencia en primera instancia, «totalmente incompatibles con lesiones producidas por autolesión por el mismo ni en el coche policial ni en el calabozo con las rejas», ya que tenía golpes en la cara pero también en la zona lumbar y la espalda.

Para los magistrados, este detenido fue víctima de torturas: «Sufrió un padecimiento físico y psíquico, además el comportamiento degradante y humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la víctima» por la expresión racista del principio. Ni siquiera el hecho de que el detenido, una vez encerrado, siguiera insultando a los policías justifica la agresión: «Ni siquiera esa posible infracción de falta de respeto a los agentes de la autoridad puede ser atajada por el policía de forma desproporcionada ilegal y delictiva».

La sentencia de la Audiencia, ratificada ahora por el Tribunal Superior, recuerda que la función de los policías nacionales es la contraria a tratar así a un detenido: «Deben de velar por su seguridad e integridad, por más que el detenido les insultara o incluso hubiera agredido a sus compañeros durante esta madrugada».

El recurso del policía había sido apoyado por la Abogacía del Estado, en representación de la Administración, y ha sido rechazado en las últimas semanas por el TSJM. El agente condenado e inhabilitado ponía en duda tanto las declaraciones de la víctima como también la interpretación que los jueces habían hecho de las pruebas. Los jueces rechazan su recurso y explican, por ejemplo que no se puede apelar a la falta de exactitud temporal de la declaración de un detenido: «El detenido en la celda es despojado de sus efectos personales, entre ellos el reloj o el móvil», recuerda la sentencia del TSJM.

Los magistrados entienden, además, que si no quiso ser atendido por un médico nada más ser agredido por el agente era porque quería pasar cuanto antes a disposición judicial y dejar de estar en manos del policía que le había pegado una paliza.

El caso ahora tendrá que ser estudiado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo después de que su abogado Pedro Chamorro, asesor jurídico del sindicato JUPOL al que pertenece el condenado, haya recurrido reproduciendo sus críticas a la falta de pruebas de la agresión. La declaración firme de su condena no implicaría su entrada en prisión pero sí la retirada de la placa durante 8 años y el pago de una indemnización de la que el Estado debe responder como responsable civil.

Fuente original: eldiario.es

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España

Autoritarismo del Estado español reprime la libertad de expresión: caso Hásel

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Por Alberto Farfán

En definitiva, el ominoso encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél por sus canciones críticas al régimen de su país y por las que fue acusado de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, nos obliga a entender por mínimo que sea qué ocurre al respecto en suelo ibérico.

Y para ello, es importante revisar la información que nos proporciona Amnistía Internacional en su sitio web de España (nota del 10/02/21). En dicho sitio nos enteramos de que el Estado español ha firmado diversos tratados internacionales que garantizan el derecho a la libertad de expresión, tanto para buscar o recibir como para difundir información o ideas. 

No obstante, en el Código Penal español existe el artículo 578, que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo, sin cumplir con normas internacionales en su formulación, y que permite múltiples interpretaciones dependiendo de quién es el sujeto que acusa y quién es la persona acusada. Por ejemplo: en tanto que Hasél es encarcelado, una manifestación pronazi y abiertamente antijudía transcurrió sin mayor problema por esos días.

Más aún, es relevante señalar que ha habido alrededor de 82 españoles condenados por enaltecimiento del terrorismo en el lapso de 2016 a 2020, sobre todo por expresarse en redes sociales a través de mensajes, imágenes, videos, canciones u otros medios propios de ese tipo de formas de comunicación.

Cabe agregar que dentro de los compromisos signados por España con respecto al ejercicio de la libertad de expresión existen algunas limitaciones, considerando el derecho internacional, las cuales deben ser establecidas en la ley de una manera absolutamente clara y accesible, con la única condición de perseguir fines legítimos específicos, como la preservación de la seguridad nacional y el orden público, y proteger los derechos de otras personas en los casos de apología del odio. Además de cumplir con ser manifiestamente necesarias y proporcionales.

En suma, que no se respetan dichas limitaciones, y que fundamentalmente deberían esgrimir los encargados de la administración de la justicia que sólo se penalizará la incitación directa a la violencia. Por esto y lo anterior referido,  “Amnistía Internacional considera que usar el Código Penal (español actual) con el propósito o efecto de inhibir la crítica legítima viola la libertad de expresión”.

Por otro lado, es necesario añadir que España ha sido condenada en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2011, 2016 y 2018, por aplicar y sentenciar a sus ciudadanos en términos del numeral correspondiente al delito de injurias a la Corona, lo cual se traduce en flagrante violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Como bien se desprende, el autoritarismo del Estado español es innegable. Prácticamente no se puede realizar crítica alguna a través de redes sociales o por otros medios a las instituciones gubernamentales, sobre todo por personas y grupos de filiación de izquierda, o por gente común, como tampoco por artistas, cantantes, actores y periodistas. Y todo esto es sumamente cuestionable e inadmisible.

Mientras tanto, Pablo Hasél se encuentra preso. Y ahora le han imputado un nuevo delito, el de obstrucción a la justicia y amenazas, por el cual tendrá que purgar una pena de dos años y medio, que se suma a los nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de 30,000 euros de multa por los delitos arriba señalados. En medio de una serie de muestras de protesta por varias ciudades de España por jóvenes que exigen su libertad inmediata, quienes han sido objeto de violencia desproporcionada por parte de los cuerpos policiacos.

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