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Con voz propia

¿Es un crimen afirmar que las mujeres tienen vagina y los hombres pene?

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Por Alberto Farfán

A partir de que la doctrina de género ha sido impuesta, velada o abiertamente, en diversos países ─avalada y promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)─, sea a través de la manipulación del idioma al usar lo que denominan “lenguaje inclusivo” en un supuesto beneficio para la mujer, o sea eliminando ciertos términos científicamente incuestionables para presuntamente no discriminar a la población “híbrido sexual”, como la define Gilles Lipovetsky, el nuevo escenario es francamente patético por lo ridículo.

Ejemplo de ello es lo que de un tiempo a la fecha ha ocurrido en Reino Unido. Pues en días pasados a Lisa Keogh, de 29 años, como estudiante de Derecho en la Universidad Abertay en Dundee, Escocia, tuvo que ser investigada y sometida a acciones disciplinarias de parte de las autoridades escolares por aseverar que las mujeres tienen vagina y los hombres son más fuertes físicamente. ¿Su falta? Haber hecho comentarios “ofensivos” y “discriminatorios”.

Este absurdo se suscitó durante un seminario en línea acerca del feminismo de género y la ley, cuando Lisa, madre de dos hijos y estudiante en su último año de carrera, expuso que las mujeres nacen con vaginas y cuestionó la participación de una mujer trans en un evento deportivo de artes marciales mixtas. Pues la competidora trans con 32 años “de testosterona en su sistema” sería genéticamente más fuerte que una mujer promedio, por lo que sería injusta su participación en el combate.

Y siguiendo a los diarios The Times y  The Post Millenial, ella indicó: “No tenía la intención de ser ofensiva, pero sí participé en un debate y expuse mis puntos de vista sinceramente sostenidos”. Y añadió: “No estaba siendo mezquina, transfóbica u ofensiva. Estaba afirmando un hecho biológico básico”. Por fortuna para ella, después de dos meses de acoso por parte de las autoridades escolares las “faltas” fueron desechadas.

“La Universidad debe poner en marcha un proceso que le permita juzgar qué denuncias deben ser investigadas y cuáles pueden ser desestimadas de inmediato porque son vejatorias y tienen motivaciones políticas”, sostuvo. “Siempre supe ─concluyó─ que las denuncias que se me hacían eran infundadas y ahora la Junta Disciplinaria Estudiantil lo ha confirmado”.

Curiosamente, un año atrás ─señala The Times─ se produjo un incidente similar con la profesora de Economía, Dra. Eva Poen, de la Universidad de Exeter, al responder a un usuario de Twitter que afirmó: “No todos los que menstrúan son mujeres. No todas las que son mujeres menstrúan. Cambiemos nuestro lenguaje”. Ella a su vez le contestó: “Sólo las mujeres menstrúan. Sólo las mujeres pasan por la menopausia”. Frente a tal observación, a mi juicio totalmente científica e inatacable, estudiantes feministas y de minorías sexuales de la generación de cristal la condenaron y atacaron por ser “transfóbica”, “acosadora” y una “mierda”, entre otras lindezas por parte de estos grupos que se asumen tolerantes y abiertos, cuando su hipocresía es más que evidente.

No obstante los ataques, la doctora Poen señalaría que “es necesario un debate importante sobre el sexo y el género”, e indicó: “Soy una firme defensora de la libertad académica y la libertad de expresión. Las acusaciones en mi contra… son completamente falsas”. “Hay un debate político y académico importante sobre el sexo y el género; ─sostendría─ deberíamos ser capaces de celebrar este debate de una manera rigurosa, sólida, pero también respetuosa”.

Finalmente, hay que recordar el vergonzoso caso del profesor Angelos Sofocleous, quien era editor asistente en la revista de Filosofía Critique de la Universidad de Durham, suscitado en 2018. Sofocleous en su cuenta de Twitter apuntó que “las mujeres no tienen pene”. Y debido a ello sería despedido de su puesto pues su tuit fue considerado “transfóbico” por sus compañeros de estudios. Posterior a su aberrante despido, el profesor estudiantil tuitearía un artículo de The Spectator titulándolo: “¿Es un crimen decir que las mujeres no tienen penes?”

Por todo lo anterior, me temo que vendrán cosas peores.

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Con voz propia

El genocidio de niños indígenas en Canadá: contubernio del gobierno con la Iglesia Católica

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Por Alberto Farfán

Información como ésta no puede ni debe ser soslayada bajo ningún aspecto, en todo caso debe ser expuesta todas las veces que sea necesario. Pues hablamos de 6 mil menores de ambos sexos asesinados a manos de personal de la Iglesia católica con la complicidad del gobierno canadiense, todo lo cual salió a la luz por la serie de descubrimientos de osamentas en fosas cercanas a los internados en que sometían a dichos niños.

Sin embargo, podría ser una cifra mayor si consideramos que alrededor de unos 150,000 niños nativos, mestizos e inuit, algunos con edad de tres años, fueron prácticamente secuestrados de sus hogares desde 1863 hasta la década de 1990, con el objeto de recluirlos en 140 de esos internados estatales de todo Canadá, donde fueron aislados de sus familias, idioma y cultura. Los forzaban a convertirse al cristianismo, a abandonar sus idiomas nativos y a hablar inglés o francés, entre otras imposiciones.

Cabe aclarar que este asunto surgió de tiempo atrás, cuando en 2008 se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para revelar todos los aspectos de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los recintos en cuestión, al darse a conocer los primeros hallazgos de tumbas. Esta comisión entrevistó a más de 6 mil sobrevivientes y concluyó su trabajo en 2015 con la publicación de un informe de 4 mil páginas en el que calificó los hechos como “genocidio cultural”, cuyo ridículo eufemismo me niego a utilizar. Fue genocidio y punto.

Estos supuestos colegios eran administrados por el gobierno y regidos por la Iglesia católica en su mayoría, como parte de políticas estatales para obligar a los menores a someterse a la visión occidental de los colonizadores, por ello no se les permitía hablar su idioma o ejercer su cultura ancestral y muchos eran maltratados y sufrían abusos. Tanto físicos, golpizas brutales, como de salud y psico-emocionales, y asimismo de índole sexual. E incluso fueron utilizados para pseudo experimentos nutricionales, muriendo de inanición.

En realidad, si somos claros, lo que ocurría era que gobierno e Iglesia buscaban mantenerlos en campos de concentración para exterminarlos y detener su futura progenie. ¿Exagero?  Si no fuera de otro modo, entonces por qué al llevar a cabo esta abyecta tarea era el Estado canadiense el que obtendría grandes ventajas, pues al cumplir con esta política de genocidio lograba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes a lo cual estaba obligado jurídicamente, amén de que con ello obtendría el control de sus tierras y recursos sin mayor problema.

Más aún, si no fuera así, ¿por qué entonces ciertos expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron a Ottawa y al Vaticano a efectuar una investigación expedita y profunda sobre la gestión de esos internados? Porque además de todo ellos saben perfectamente bien que ambas instituciones deben tener bajo un riguroso resguardo documentación que confirme los hechos y acredite responsabilidades.

Ya ofreció disculpas el primer ministro Justin Trudeau: “lo sentimos. Fue algo que no podemos deshacer en el pasado, pero podemos comprometernos todos los días a arreglarlo en el presente y en el futuro”. Trudeau también hizo énfasis en que solicitaría al papa Francisco una disculpa oficial por la participación de la Iglesia católica, pero hasta ahora el sumo pontífice se ha negado. Esto es, ni cumplió con su petición a Francisco, así como tampoco en apoyar a los indígenas de su país, como veremos más abajo.

Retomando mis interrogantes, a continuación citaré a Mumilaaq Qaqqaq, representante del territorio norteño de Nunavut en la Cámara de los Comunes de Canadá, parlamentaria del grupo indígena inuit (comúnmente denominados esquimales), quien en entrevista coloca lo anterior expuesto en su justa dimensión (BBC NEWS, 08/07/21).

Puntualiza: “a través de los internados, cuando miras la experiencia del norte y los inuit específicamente, a través de la matanza de perros de trineo, la reubicación forzada, el traslado forzoso de familias para el tratamiento de la tuberculosis, entre muchas otras estrategias bien pensadas, la institución federal estaba tratando de eliminar de nuestras vidas a los indios, las Primeras Naciones, los inuit o cualquier aspecto de ser los primeros pueblos de este país”. Es decir, se buscó siempre el genocidio, en efecto.

Y acerca de en quién recae la responsabilidad de lo ocurrido en el pasado y el presente, dice: “La institución federal, la institución de la Policía Montada y quienquiera que dirija esas instituciones en este momento es responsable. El primer ministro Justin Trudeau puede decir todo lo que quiera, que no fue él quien implementó estas cosas, pero aún está llevando a los niños indígenas a los tribunales, sigue sin proporcionar agua potable a las reservas en todo el país…”. “Entonces, cuando él dice que la relación con los pueblos indígenas de Canadá es lo más importante, es ridículo porque se da la vuelta y no hace nada por los pueblos indígenas de Canadá”.

Y aún más esclarecedor y contundente. Ante la pregunta sobre si no es suficiente que el primer ministro haya llamado a reconocer los “terribles errores del pasado”. La parlamentaria declara: “Absolutamente no. Hay miles de registros que tiene la institución canadiense sobre estos depredadores, estos pedófilos que se enfocaron en los niños indígenas durante los tiempos de los internados. El Departamento de Justicia de Canadá tiene miles de nombres y siguen señalando con el dedo y diciendo que es la Iglesia católica, lo cual es verdad en cierto sentido, pero también es completamente falso. Necesitamos ayuda, pero la institución federal que se supone que nos representa se niega a darla”.

En definitiva, el genocidio que se perpetró nadie lo puede negar en modo alguno. Y jamás debe volver a ocurrir. Y por supuesto que se deben fincar responsabilidades en la medida de lo posible, pues han pasado décadas desde los hechos, pero por lo menos se deben dar a conocer nombres y apellidos de los criminales y las víctimas, y toda la información relativa a este terrible y ominoso exterminio en masa.

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Con voz propia

Los expresidentes de México: ¿Votar o no votar en la consulta? Ése es el dilema

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”?

La pregunta de la consulta del 1 de agosto de 2021, es en sí misma una aberración jurídica y contra el más elemental sentido común. A pesar de todo, hay otros factores que deben ser tomados en cuenta. Pero primero lo primero.

“Con apego al marco constitucional y legal”. ¿Acaso hay de otro marco que pueda emplear el Estado? Está bien, concedamos, ni el asesinato de Francisco Javier Ovando ni el de Colosio, ni el del Cardenal Posadas, ni el de Francisco Ruiz Massieu, ni los de Aguas Blancas, El Charco o el Actual, solo por mencionar unos pocos entre cientos de casos, fueron ordenados en el marco constitucional o legal, aunque todos tuvieron la participación de gobiernos locales o federales.

“Emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas” Ah chin… “decisiones políticas” ¿eso es lo que importa? Y si mejor esclarecemos los crímenes políticos, en lugar de las decisiones políticas. Digo para analizar decisiones sobran investigadores en las universidades, quienes no le tienen que pedir permiso a nadie para hacer su trabajo.

Si quieren usar en algo útil los 500 millones de pesos de la consulta, mejor que los empleen en limpiar el estercolero del sistema judicial mexicano, o que contraten penalistas y no recomendados sin experiencia en el Instituto Federal de Defensoría Pública, basados en su orientación sexual y no en los cursos de formación que debieron tomar.

Recuerdo el trabajo en el que participé en la Asamblea Legislativa para que se aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia. Se trataba de que cualquiera que fuera la forma en que estuviera integrada la pareja, sea por dos hombres, dos mujeres, (o cualquier definición que prefiera la comunidad LGBTTTIQ) pudieran heredarse entre sí, dejar sus pensiones a la pareja en caso de fallecimiento,  o  juntar  sus créditos para comprar una casa, por ejemplo; pero ahora resulta que en la Defensoría se realiza una discriminación sexual a la inversa, los heterosexuales, según afirman varios abogados despedidos,  tienen menos oportunidad de que les den trabajo, sin importar sus especialidades o experiencia como penalistas.

“…encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. ¿Solamente “encaminado”?  ¿y para qué le dan tanta vuelta al camino? Hay cientos de víctimas, que no son posibles, sino plenamente confirmadas, a las que no se les quiere hacer justicia en la 4T, donde al igual que con Salinas, Calderón o Peña Nieto, la “justicia” es muy selectiva.

Y una especial mención merece para mí el capitán Vladimir Ilich Malagón, quien lleva más de 10 años de prisión, por el delito de defender los trabajos de inteligencia militar, que le exigía revelar el escolta del ex secretario del trabajo de Calderón, Javier Lozano Alarcón. Ilich salvó de la muerte a docenas o quizá centenares de sus compañeros, que hubieran sido cazados por el crimen organizado, si se revelaba en donde harían operativos.

O los directores de reclusorios federales, o incluso de algún comisionado nacional de seguridad, que fueron señalados por ordenar, o al menos permitir actos de tortura. Como hacía con los sacerdotes pederastas la iglesia católica en México, antes de que llegara a poner orden el nuncio Franco Coppola, que solo los cambiaban parroquia, a los cómplices de estos suplicios medievales, solo les cambiaban de cárcel.

A propósito de torturas medievales, en una entrevista reciente de Los Ángeles Press, el abogado Gerardo Manrique, co autor, con Miguel Sarré, del libro Sistema de Justicia de Ejecución Penal nos recordaba que, a diferencia de los tormentas en la Santa Inquisición, ahora es muy fácil que no quede huella, que no y que no, con procedimientos como usar toques eléctricos, ahogar con bolsas,  o sumergiendo las cabezas de las víctimas en aguas relativamente profundas, como las de excusados o barriles.

Por cierto, Manrique fue despedido de la Defensoría Pública Federal, después de privarlo ilegalmente de la libertad para exigirle que entregara su credencial y se fuera sin reclamar la indemnización que podría corresponderle ¿Por qué lo corrieron? Porque a diferencia de su ex jefe, Netzaí Sandoval, él sí sabe de derecho penal y para colmo es un escritor al que acuden frecuentemente los tribunales y universidades para pedirle conferencias sobre el tema.

Ahora bien, reconozcamos que es una maldita costumbre de la administración pública correr a todas las personas, aunque tengan mucha experiencia, para traer adeptos, aunque sean ineptos. El problema es que esta vez, al correr a docenas de abogadas y abogados que conocían perfectamente donde se encontraba un dato, en tomos de miles de hojas, dejaron en estado de indefensión a miles de personas a las que representaban.

Y no hablamos de memoria. Se dio el caso de una abogada recién contratada por Netzaí, que, al acudir a una audiencia, prácticamente se quedó muda y casi al borde de las lágrimas confesó que era incapaz, pues nunca estudió el sistema de juicios orales.

Bitácora suplementaria

Ya que hablamos del tema del juicio a expresidentes, que no será juicio, sino consulta que se llevará el viento ¿Quién responderá por el asesinato de más 300 migrantes en las dos masacres de San Fernando? 72 víctimas en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2010; y al menos otras 193, encontradas en fosas clandestinas a partir de abril del 2011.

El presidente era Felipe Calderón, y la directora del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero Castillo, quien fue también presidenta del Partido Acción Nacional. El castigo no debería ser por sus “decisiones políticas”, sino por negligencia criminal ¿no cree usted?

Los detalles del crimen no podrán ser incluidos en la video columna que acompaña semanalmente a esta historia para armar la Historia, porque no son aptos para menores ni para ninguna persona sensible, por lo que, si cree que se sentirá afectado, mejor interrumpa aquí la lectura. Dejamos por tanto un espacio.

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Con voz propia

Foro Público: Pegasus, el espionaje global contra periodistas que revive al Big Brother

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Foro Público

Esta semana el diario británico The Guardian revivió uno de los temas que en 2017 generó mayores críticas a la administración de Enrique Peña Nieto, como lo fue el espionaje a periodistas críticos a través del spyware de la empresa israelí NSO, pero en esta ocasión a gran escala, pues no sólo involucra a periodistas mexicanos, sino abogados y defensores de derechos humanos a nivel mundial, un problema que recuerda al “Big Brother” de la novela de George Orwell 1984.

El nivel de espionaje global alcanzado por Pegasus que, hasta el momento, suman más de 50 mil personas vigiladas por medio de este software, de las cuales 15 mil se concentran en México, demuestran que los periodistas son observados por sus actividades profesionales que resultan incómodas para los gobiernos y que la supuesta libertad de expresión que tanto pregonan está acotada por un espionaje que recuerda que el Estado todo lo observa.

Esta situación no sólo atenta contra el derecho a la intimidad de cualquier persona, sino también al derecho a la información que está establecido en la Constitución, así como en diferentes tratados internacionales que México ha signado, por lo cual estas visibles agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos es un atentado directo a la democracia tan imperfecta como la mexicana, pero que también se reproduce en otros países considerados como naciones democráticas y plurales como en Estados Unidos y Reino Unido.

En el caso mexicano apareció el número del periodista asesinado en 2017, Cecilio Pineda Birto, por lo cual esta situación deja más dudas que certezas sobre la actuación de los gobiernos de diferentes naciones para vigilar y espiar a los periodistas, activistas y abogados, que son parte fundamental de la construcción de las democracias y el fortalecimiento de la opinión pública diversa, heterogénea e intrincada.

Un gobierno que se dice demócrata no puede incurrir en este tipo de prácticas que laceran la libertad de expresión y de información, por lo cual se disfrazan las acciones de la guerra sucia que se vivió en la década de los setenta y ochenta, así como en el escenario de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el oriental y en el que los periodistas fueron actores investigados en todo momento.

Si bien el autor británico George Wells advertía sobre un “gran hermano” que en todo momento observa los movimientos de sus ciudadanos, en México tuvimos lamentables casos de espionaje encabezados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) conocida como la policía política que desde el gobierno de Miguel Alemán operó como un brazo armado externo del gobierno federal para espiar y amedrentar a los opositores al régimen, entre ellos los periodistas, y cuyas prácticas replicaría el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

También existen distintos casos documentados que dan cuenta cómo el gobierno federal investigaba los movimientos de los periodistas, activistas que pudieran ser considerados como enemigos del régimen, y estas prácticas fueron aún más visibles y conocidas en países donde la democracia era un mito.

Anteriormente se intervenían los teléfonos, además de que se colocaban micrófonos en los sitios de trabajo y viviendas de los periodistas, aunado a que eran seguidos por elementos del Estado, pero ahora ese espionaje se ha transformado en estos software más sofisticados que son más efectivos para obtener información más valiosa como los contactos de las fuentes de los periodistas, los mensajes que envía y recibe en las distintas redes sociales, así como el contenido de sus correos electrónicos, situación preocupante en un contexto donde se discute la viabilidad de los datos biométricos para combatir la inseguridad en el país.

La visibilización de estas condiciones que vulneran a las democracias deben ser atendidas por el Estado—mismo que negará todo tipo de espionaje—mientras cada vez se sofistican las maneras de vigilar y observar todos los movimientos de aquellas personas que sean consideradas como incómodas a un régimen político.

La retórica política tan empleada por quienes ostentan cargos en la administración pública prometerá cambios e investigaciones vacías contra los responsables, pero lo cierto es que las agresiones a los periodistas continúan y continuarán en México, un país tan lastimado por la precariedad laboral en que la que viven miles de reporteros en el país con sueldos de miseria, mientras los poderes fácticos cada vez toman más control de la prensa y el Estado censura a través de la publicidad oficial constantemente vulnerando la importancia del quehacer periodístico.

Nota aparte: El espionaje no debe ser un factor que inhiba la actividad informativa que desarrollan los periodistas y la defensa de los derechos humanos de cientos de personas que están preocupadas por atender y resolver las principales problemáticas del país, pues ha sido gracias a estos esfuerzos que la sociedad civil ha logrado cambios significativos en esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la democracia plural que tanto pregonan los gobernantes.

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