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Justicia pendiente

Enrique Peña Nieto desestimó observaciones de la CIDH sobre caso de homofobia

La Comisión Interamericana dio seguimiento al caso de Estrada Negrete, pero fue desestimado por el gobierno del Estado de México

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó un informe sobre “el esquema de seguridad que hubiera adoptado el estado mexicano para proteger la vida e integridad personal” de Agustín Humberto Estrada Negrete después de sufrir el primer atentado. Esta petición fue hecha por medio del secretario ejecutivo Santiago A. Cantón, –el 30 de diciembre de 2011– directamente a la víctima de homofobia por parte de funcionarios del gobierno del Estado de México, y le pidió que “hiciera las observaciones pertinentes” al respecto. El asunto que se ponía de relieve sobre esta correspondencia entre el alto funcionario de la CIDH y la víctima eran las medidas cautelares con el expediente MC 222/09, desestimadas desde 2009, por representantes del estado mexicano y que pudieron haber evitado el grave atentado contra Estrada el 15 de septiembre de 2010.

El maestro torturado por expresar públicamente su homosexualidad ejercida dentro de las esferas del poder mexicano, respondió a la CIDH que el estado mexicano no había “mostrado la voluntad de coordinar la implementación de las medidas cautelares y provisionales” como lo había establecido la Comisión, pese a que en la legislación mexicana también lo establece, y pese a la demanda penal contra Enrique Peña Nieto con fecha del 27 de julio del 2009, averiguación previa TOL/DR/lll/1022/2009.

Señaló Estrada que en las reuniones con varias autoridades después de que la denuncia llegara hasta la CIDH, “se dedicaron sólo a hacer amenazas sutiles contra los beneficiarios y a tratar de persuadir a la CIDHlo, bajo el supuesto que se me seguía manteniendo en activo en la nómina del gobierno del Estado de México”. Pidió, como le habían sugerido hacerlo, la grabación de las reuniones, pero las autoridades se burlaron de él y dijeron que no tenían recursos para grabar.

Peña Nieto desestimó las observaciones de la CIDH Foto: composición propia

Estrada Negrete ratificó su denuncia ante la CIDH contra el entonces gobernador Enrique Peña Nieto por “su abuso de poder con auspicio de las autoridades del gobierno federal”, al violarse su derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, su libertad de pensamiento y de expresión, entre otros. Consideró como «daño irreparable lo que se le ocasionó por ser homosexual y por defender los derechos humanos de los grupos minoritarios”. Incluso señaló que en flagrante violación al artículo 25 del sistema interamericano sobre el derecho a las medidas cautelares, el estado mexicano lo enjuició ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación por su participación en la Feria contra la homofobia realizada en 2007 y por el reconocimiento de “su condición humana como homosexual”.

En la respuesta por escrito a la CIDH, la víctima especificó que al asistir a la reunión convocada por las autoridades del gobierno estatal, fue detenido, torturado y violado sexualmente por parte de los presos y custodios del penal. Explicó que le “fabricaron” dos procesos penales:“ataques a las vías de comunicación y lesiones, causa penal 94/2009, así como ocupación ilegal de inmuebles destinados a un servicio público causa penal 108/2009), por instrucción y orden generada por Enrique Pena Nieto entonces gobernador de la entidad y mi expareja homosexual”. Estrada delató además que el exgobernador lo acusó públicamente de ser transgresor del orden social y de “haber tenido su castigo”.

Así mismo, denunció que las medidas de seguridad que recibieron fueron “rondines” de las mismas autoridades que lo habían agredido. Todavía, el dos de enero de 2011, amplió su expediente ante la CIDH, para señalar que su hermana era hostigada en vía pública por policías que le tomaban fotografías y la amenazaron diciéndole “que se vaya o le va a pasar lo que al puto de su hermano, porque Enrique Peña Nieto va a ser el próximo presidente de México y que cuando lo sea la familia Estrada va a desaparecer del mapa”.

Antes del último atentado que casi le arrebatara la vida a Estrada Negrete, ya había denunciado estas agresiones ante medios locales sobre el hostigamiento, coerción y burla de las autoridades.

Agustín estrada fue sacado del país por Litigio estratégico derechos humanos, después de un abogado que abandonó el caso de defensa y dos abogados más que rechazaron la atención por miedo a represiones por parte del Estado. Uno de ellos, Jaime López Vela fue encarcelado y sentenciado por defenderlo públicamente en un video a través de las redes sociales.

 Funcionarios y dependencias involucrados con demandas penales y ante los organismos de derechos humanos.

 

 Nombre

 

 Dependencia  Acusación  Fecha
Enrique Peña Nieto Gobierno del Estado de México Autor intelectual del hostigamiento y tortura sexual, homofobia  Desde el 18 de mayo de 2007 y 15 de septiembre de 2010
Ernesto Monroy Yurrieta Subsecretaría de educación de Gobierno del Estado de México Falsificación de documentos de la licencia ante la SEP, agresión física y verbal 13 de febrero de 2008. Denuncia iniciada ante la Procuraduría Gral. de Justicia del Edo EM/MR/1/627/2008EM/MR/1/758/2008
Gerardo Dorantes Mora Director de Gobierno del Estado de México Amenazas de muerte, agresión física y verbal por nota publicada en La Jornada (12 de junio de 2009) Iniciada el 9 de agosto de 2008 ante la Procuraduría General de Justicia del Edo EM/MR/1/627/2008EM/MR/1/758/2008

EM/MR/l/979/2009

 

Miguel Cruz Morales Jefatura de Depto. de la Subsecretaría General de Gobierno del Estado de México Amenazas de muerte, agresión física y verbal 20 de junio de 2008. Denuncia iniciada el 9 de agosto de 2008 ante la Procuraduría General de Justicia del Edo EM/MR/1/627/2008EM/MR/1/758/2008
Roberto Cárdenas Vera Adscrito a Subsecretaría General de Gobierno del Estado de México Amenazas de muerte, agresión física y verbal 20 de junio de 2008. Denuncia iniciada el 9 de agosto de 2008 ante la Procuraduría General de Justicia del Edo EM/MR/1/627/2008EM/MR/1/758/2008

 

Una veintena de funcionarios y policías que están documentados en el expediente de la CNDH y CIDH Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia, SEP, Direccción General de Readaptación Social, Presidencia Municipal de Ecatepec, Secretaría de Gobernación, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Seguridad Pública del Edo. Falsificación de documentos oficiales, amenazas de muerte, agresión física, tortura, violación sexual, abuso de autoridad. Desde el 18 mayo de 2007. Caso abierto.

 

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Ayotzinapa fue un crimen de Estado y la verdad histórica fue fabricada: Encinas

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Ayotzinapa fue un crimen de Estado y la verdad histórica fue fabricada: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reconoció que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, aunado a que la denominada “verdad histórica” fue fabricada.

Encinas explicó que hubo vinculación de todos los órdenes de las autoridades con el crimen organizado, específicamente con el grupo conocido como “Guerreros Unidos”, por lo cual la acción la “verdad histórica” que dio a conocer el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue una acción concertada desde los más altos niveles del país.

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De acuerdo con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no fueron incineradas en el basurero de Cocula como originalmente dio a conocer el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que también hubo omisión por parte del Ejército con la desaparición de los jóvenes.

De la misma manera, dijo que no hay indicios de que ninguno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa esté vivo, por lo que incluso se identificó el código genético de tres jóvenes que fueron quemados.

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Asimismo, expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones contra 35 funcionarios de alto nivel que estuvieron implicados en fabricar la versión falsa del paradero de los jóvenes, aunque rechazó que entre ellos se encuentre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Además, Encinas recordó que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos era militar activo, pero el Ejército mexicano no hizo nada para buscarlo, pese a que estaba como infiltrado para conocer los movimientos de los estudiantes.

 

 

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‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse "saturada"

Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtuber Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo, César Freyre, a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Tras leer la nota de César Freyre, Elena Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, mencionó que a ellos también les había hecho lo mismo. Después de que Meme Yamel se presentara a la conferencia matutina con el caso de Brenda Quevedo, también recurrieron a ella para que mostrara los otros casos de las víctimas de la fabricación. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la youtubera.

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para «sacar un nota». A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un siguiente tuit de la youtuber señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Guadalupe Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega Isabel Miranda de Wallace como el 11 de julio de 2005.

Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda de Wallace los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Guadalupe Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

Las víctimas que siguen bajo consigna

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace, y que los medios han dado cobertura desde el empuje de Defensoría pública.

Otras víctimas son los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados, y que la madre de ellos solicitó el apoyo mediático para visibilizar sus casos.

Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura.

Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una «banda de secuestradores» son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su tortura más reciente el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que no era nada personal, sino órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

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En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro 'Alito' Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGE Campeche) solicitó a la Cámara de Diputados federal que desafueren al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito‘, por ser responsable de presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal estatal de Campeche, Renato Sales, solicitó a los legisladores federales que inicien el procedimiento de desafuero contra el legislador federal para que se pueda desarrollar el proceso penal en contra del líder del tricolor.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la petición de la fiscalía estatal de Campeche para que puede continuar la investigación que se inició en su contra, por lo que deberán dar seguimiento de ley correspondiente.

De acuerdo con el fiscal estatal, la investigación contra Alito Moreno no tiene relación con los audios que recientemente ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues aseguró que los ingresos económicos que percibió como servidor público no corresponden a las propiedades y bienes que ha obtenido.

Recordó que una de las propiedades de “Alito” tiene un valor de 130 millones de pesos, aunado a que el contenido de la misma tiene un costo de más de 50 millones de pesos, por lo que consideró que debe demostrar que todos estos bienes los ha adquirido de forma legal.

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Por su parte, el dirigente nacional del PRI acusó que hay una persecución política en su contra, debido a que es una de las figuras más visibles de la oposición contra el gobierno federal, y por ello aseveró que el gobierno de Campeche pretende fabricarle delitos para afectar su imagen.

 

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