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Enjuiciar expresidentes no garantiza encarcelarlos

Desde 1994, las leyes se modificaron para que expresidentes no fueran enjuiciados fácilmente y acuados por corrupción. Leyes aún vigentes.

Alberto Farfán

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Enrique Domínguez Gutiérrez

La posibilidad de llevar a juicio a personajes de oscura reputación en estos tiempos es una labor que requiere mucho tesón. Lograr hacer justicia se vuelve cada día más difícil, sobre todo si personajes encumbrados hicieron todo lo posible por saquear al país mediante actos de trampa, engaños y simulaciones. En el argot de lo moral encajaría como acto deshonesto.

Antes de emprender algo que redunde en beneficios económicos es menester emplear el sistema de justicia para un bien personal, la complicidad de legisladores es una tarea que involucra a un grupo de beneficiarios, para ello es necesario emitir leyes que sean novedosas e interesantes para la población y por otro lado a través de la simulación permitir actuar de manera libre para el robo descarado de bienes que le corresponden a la nación.

Es necesario ser un conocedor de las leyes, analizar la manera idónea para proteger a corruptos evitando futuros llamamientos a pagar por el daño y de esta manera actuar de manera inmoral.

Las prácticas que se mantienen y se ligan, son por lo general:

  • El soborno

o   Una práctica usual, es decir el pago por la prestación de un bien o servicio a quien concede esa posibilidad: “Si aceptas mi cotización recibirás dinero, privilegios, y/o bienes”. Hay casos muy sonados como la empresa brasileña Odebrecht que involucró de tal manera a grandes jerarcas de varios países, que incluso provocaron la caída de presidentes, México tiene estancada esa investigación

  • Licitaciones

o   Es común que en las obras principalmente del estado, los concursantes propongan en teoría una propuesta que mantenga los lineamientos establecidos en una convocatoria. Establecer la mejor oferta siempre será el punto de más peso para otorgar la obra, servicio y/o concesión. Sin embargo, esto no sucede así, hay muchos casos, como el NAIM, la CFE, PEMEX, Salud, Transportes, etc., en que el presupuesto inicial es muy inferior al que se establece meses después. Cito el ejemplo de la barda perimetral del ex NAIM., en un inicio, el costo era de mil 547 millones de pesos, pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil 930 millones de pesos, lo que significó un aumento de 89 por ciento.

  • Contratos

o   La esencia del contrato es un acuerdo generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen de manera recíproca a respetar y cumplir una serie de condiciones. El acto deshonesto se comete cuando las condiciones se adecúan de tal modo que la desventaja sea para el gobierno.

o   Un ejemplo muy claro es la pérdida significativa en perjuicio del estado, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) El suministro de gas a través de ductos con 12 empresas, se establece que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, le obliga a CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas sin recibirlo”. La CFE tiene una serie de penas, y tan solo en 2018 pagó 5 mil millones de pesos, por lo que este año, de no negociarse los contratos, pagaría 16 mil millones de pesos. Además, también se obtuvo un préstamo por 16 mil millones de dólares, la CFE tendrá que pagar cerca de 70 mil millones de dólares en 25 años, “Se han pagado desde 2015, 62 mil millones de pesos.

o   El contrato de Etileno S. XXI Desarrollado en Coatzacoalcos durante el gobierno de Felipe Calderón, consiste en que Pemex entrega etanol a la empresa Braskem (filial de Odebrecht e Idesa), para su procesamiento. Es una especie de política industrial inversa, se subsidia con dinero público a empresas de otros países y se afecta a las nacionales. La paraestatal pierde casi 2,000 millones de pesos cada año, sin considerar los gastos de administración.

  • Paraísos Fiscales

o   Un paraíso fiscal es un territorio cuyo régimen tributario es especialmente favorable para los no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. Los expertos sitúan el inicio del proceso de aparición de los paraísos fiscales en los años sesenta, si bien no fue hasta los años ochenta cuando se consolidaron como destino relevante del flujo internacional de capitales.

o   Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los países que pueden ser considerados como paraísos fiscales comparten cuatro factores identificativos:

  • La legislación no impone impuestos o éstos son solo nominales.
  • Hay falta de transparencia.
  • Las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países con relación a contribuyentes que se beneficien de los bajos impuestos.
  • Se permite a los no residentes beneficiarse de las ventajas impositivas, aun cuando no desarrollen su actividad de forma efectiva en dicho país.

o   No solo las islas Caimán, las islas Seychelles o Suiza, mantienen ese calificativo, hay al menos 30 países que tienen esas posibilidades, como dato curioso hay que decir que, generalmente, los paraísos fiscales se enmarcan en países pequeños en cuanto a extensión y población.

  • Lavado de dinero

o   El concepto de lavado de es la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal.

o   Quien lava dinero, por lo tanto, pretende legitimar los fondos procedentes del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras actividades, para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero.

o   Un ejemplo claro de lavado de dinero en nuestro país, más allá de la disputa política, es “la Estafa Maestra” llamada así por la auditoría que reveló algunas estrategias de cómo se lleva a cabo la corrupción en México. Se trata de una operación que llevaba varios años en marcha, el origen fue el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014. La investigación encontró que se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios en al menos once dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos entre otras. En algunos casos los contratos no se cumplieron, y en otros el costo real fue menor al presupuesto asignado originalmente.

  • Uno de los modos empleados es el uso de universidades públicas para desviar recursos. Y para concretarlo se aprovecha un resquicio en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que en uno de sus artículos permite asignar contratos de manera directa, sin licitación o concurso, a dependencias públicas como las universidades.
  • El procedimiento es el siguiente: se contrata a estas dependencias educativas para que realicen algún servicio para el que no están capacitadas o no tienen personal para desarrollarlo. De esta manera las universidades se ven obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco pueden hacer el trabajo. Entonces piden los servicios de otra hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Pero lo hace a un precio menor al original, a veces equivalente al 10% del recurso asignado. Hubo casos donde se repitieron hasta ocho veces esos pasos y en todos cada empresa se queda con una parte del dinero.
  • De esta manera, según la ASF, en 2015 se extraviaron 540 millones de pesos de la Sedesol. Ese año, los secretarios eran Rosario Robles primero, y José Antonio Meade.

o   Empresas Fantasma

  • Está íntimamente relacionada con el lavado de dinero; las empresas fantasmas se les denomina de esta forma porque no se dedican precisamente a realizar operaciones comerciales, lo que significa que no aparecerán en ningún directorio comercial, no tienen venta al público ni cuentan con inventarios. Son «empresas» o personas físicas que no poseen ningún tipo de activo real ni tampoco ejecutan operaciones comerciales reales. Aunque están legalmente constituidas son creadas con el único objetivo de facilitar la evasión fiscal y la corrupción. “En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios.” Las operaciones que realizan son inexistentes, siendo esta la razón por la que se les considera ‘fantasma’.

o   El fallido Estado de derecho

  • Se aglutinan los tres poderes del estado para corromper el sistema de justicia. Se modifican las leyes de tal manera que una actividad deshonesta no pueda ser castigada, se nombran fiscales anticorrupción para proteger de cualquier instancia al corruptor y su periodo puede alargarse, incluso excediendo los 10 años. Eso garantiza la tranquilidad entorpeciendo trámites y gestionando su influencia para evitar que un “colega” sea detenido, incluso señalado.

En 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, durante su gestión, modificó la ley para quitar la condición de grave al delito de corrupción y con esto generar la era de las grandes estafas al país, para que los políticos corruptos no sufrieran consecuencias de cárcel, así como la ejecución de órdenes de extinción de dominio (El estado no puede incautar bienes que se hayan obtenido de manera ilícita desde 1994 hasta 2018).

La idea de juzgar a expresidentes no tiene sentido, además es necesario tener un marco jurídico adecuado lo cual incluye reforma del artículo 35 constitucional y sus leyes reglamentarias, a pesar de esa modificación hay que recordar que las leyes no pueden ser retroactivas (no pueden aplicarse a periodos anteriores). Por ello, los expresidentes no pueden ser juzgados con penas que ameriten su encarcelamiento aún siendo tipificados en la Constitución como delitos graves.

Enriquecerse en menoscabo de la economía, destruyendo instituciones fue la práctica que caracterizó a esa elite que se dedicó a engañar y anteponer los intereses personales a las necesidades reales del país quitando beneficios en obras de interés social y desarrollo de infraestructura.

La impunidad es uno de los principales desvaríos del sistema de Justicia, es difícil condenar y hacer pagar al que comete actos corruptos, decepcionante resulta entender que, aquellos que han saqueado y robado permanezcan en paz con la idea de no haber cometido algo Ilegal amparados en modificaciones constitucionales para proteger y brindar una vida generosa, llena de lujos y frivolidades.

Ver en la cárcel a un personaje deshonesto de la elite oligarca del país es una tarea casi imposible, pues durante su gestión siempre se trabajó de manera sistemática para evitar ser condenados en lo futuro.

La estructura para cometer desfalcos, fraudes, asesinatos, desviaciones, componendas y vejaciones involucran a un conjunto de personajes incluyendo a empresarios, periodistas, legisladores, jueces, miembros de la alta esfera gubernamental, incluso organismos nacionales e internacionales.

Actualmente se ha legislado para revertir esa actuación dolosa en retirar el denominativo de “Delito no grave” a la corrupción como lo es el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo) y además a: La Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego, abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Las prisiones ahora están abarrotadas. En muchos casos, existen personas con presunción de inocencia y personas sin sentencia, víctimas de un sistema de justicia fallido.

En nuestro país el dinero corrompe para evitar la cárcel, quien no lo posea será víctima de la indefensión y, en muchos casos, de tortura, para aceptar incriminaciones artificiales.

Es común, en esa elite, que insiste en permanecer controlando el poder, y que existan traiciones. La única manera de librarse de ellos es matando o pudriendo en la cárcel a quien no conviene a sus intereses con la fabricación de delitos que sí están calificados como graves.

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Estados Unidos

La mercantilización del voto: publicidad electoral en redes sociales

Raúl Magallón Rosas

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MADRID, 30 oct 2020 (IPS) – Tradicionalmente, se ha dicho que las campañas electorales sirven para persuadir a votantes dudosos o posibles simpatizantes. Pero la aparición en escena de Cambridge Analytica, ha demostrado que las campañas pueden ser muy eficaces para disuadir a posibles votantes e indecisos de ir a votar. Sobre todo, en escenarios en el que un porcentaje de indecisos tan elevado decide su voto en la última semana.

Cambridge Analytica es la consultora que, con el beneplácito de Facebook, extrajo millones de datos durante las campañas de 2016 en Estados Unidos y del Brexit

En 2016, el equipo de campaña de Donald Trump pudo descubrir, gracias al análisis de seguidores de una serie como The Walking Dead, que a sus espectadores les preocupaba la inmigración. Con esta información, segmentaron sus mensajes y anuncios políticos en Facebook: enviaron mensajes específicos a los fans de The Walking Dead.

El dinero con que cuenta cada campaña es determinante, especialmente en este contexto. Pero, ¿hasta qué punto suponen las campañas actuales una mercantilización del electorado?

Biden y Trump, 2020: Entre 89 y 93 millones de dólares en Facebook

Desde el 1 de enero de 2020, la candidatura de Joe Biden ha gastado más de 93 millones de dólares en publicidad y anuncios políticos solamente en Facebook, cifra algo superior a la gastada por el equipo de campaña de Donald Trump. Esto supone cientos de versiones de anuncios segmentados por perfiles circulando en las redes sociales.

Para entender cómo ha evolucionado la importancia de esta estrategia de comunicación política, hay que recordar que en 2008 la campaña de Obama gastó alrededor de 8 millones de dólares en anuncios en Internet. De ese monto total, solamente 500 000 dólares se destinaron a Facebook.

¿Qué se considera publicidad electoral?

Lo que se entiende por anuncio político varía dependiendo de la plataforma tecnológica donde se emite y de los países.

En el informe de transparencia de Google sobre anuncios electorales en la Unión Europea (UE) se incluyen como tales “anuncios en los que aparecen partidos políticos, actuales dirigentes electos o candidatos a cargos del Parlamento de la UE, cargos nacionales electos de un Estado miembro de la UE o del Parlamento del Reino Unido.

También se incluyen anuncios con un referéndum para votar, un grupo de campañas de referéndum, o un llamamiento al voto relacionado con un referéndum nacional o un referéndum de soberanía estatal o provincial”.

Informe de Transparencia de Google.

En la Unión Europea, por ejemplo, no se consideran anuncios electorales los anuncios de productos o servicios, incluidos los productos de merchandising político como camisetas, ni los anuncios publicados por medios de comunicación para promocionar su cobertura de referéndums, partidos políticos, candidatos o cargos electos en activo.

Propaganda y desinformación

Por otra parte, los intentos de desinformación a través de los anuncios en Facebook siguen formando parte de las estrategias políticas en muchos países. Según Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, la compañía bloqueó en el segundo trimestre de este año alrededor de 750 000 anuncios políticos en su plataforma que no cumplían con sus requisitos.

La mayoría de países no tienen una legislación adaptada al contexto digital. En España, por ejemplo, durante las elecciones de 2019 la mayoría de anuncios políticos pagados en Facebook respetó la jornada de reflexión, si bien algún candidato/partido político, como Arturo Aliaga del PAR, Héctor Illueca de Unidas Podemos o Joan Josep Nuet de ERC, mantuvieron la publicidad a pesar de que la ley es clara y no lo permite.

Según la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del régimen electoral general, son las distintas juntas electorales las que han de velar por la celebración normal de las distintas elecciones. El artículo 53 señala que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”.

Facebook.

Cómo funciona la publicidad segmentada

En los últimos años hemos visto cómo cada elección supone la actualización automática del software de la desinformación y la incorporación automática de nuevas formas, narrativas y formatos a las diferentes estrategias de propaganda digital.

La publicidad en Facebook es muy asequible y, debido a la segmentación, invisible para aquellos perfiles no deseados, salvo que se consulte su biblioteca de anuncios.

Desde 2 euros al día por anuncio, se pueden poner anuncios personalizados respondiendo a criterios como el sexo, la edad, la ubicación o los intereses. Anuncios que sólo veremos si cumplimos esos requisitos preestablecidos.

La responsabilidad de las empresas

Una encuesta del Pew Research señalaba que 54% de los estadounidenses defendía que las empresas de redes sociales no deberían permitir anuncios políticos. Hasta  77% consideraba que no es aceptable que estas empresas usen datos sobre las actividades en línea de sus usuarios para mostrarles anuncios de campañas políticas.

Por edades, cerca de 64% de las personas de más de 65 años se muestran de acuerdo con que no se permitan los anuncios políticos en estas plataformas. En cambio, poco más de la mitad de las personas de 30 a 64 años y 45% de las de 18 a 29 años comparten esta opinión.

Cada plataforma tiene sus propias normas

En septiembre de 2020, Facebook anunció que no permitiría nuevos anuncios la semana previa a las elecciones. Pero sí se permite que los anuncios políticos mientan.

Paralelamente, algunas plataformas han optado por no permitir ningún anuncio político como Twitter, LinkedIn, TikTok y Spotify. Por su parte, Reddit –que cuenta con su propia biblioteca de anuncios– o SnapChat prohíben los anuncios engañosos.

Google ha impuesto varias restricciones a la orientación de anuncios –también para Youtube– y para los anuncios segmentados solo se pueden usar datos como la ubicación, la edad y el sexo.

Empresas tecnológicas… ¿o actores políticos?

Sin embargo, en los últimos meses lo que más llama la atención no es la inversión que los equipos de campaña de Biden o Trump han hecho en Facebook sino que el propio Facebook, en los últimos 90 días, haya invertido más de 28 millones de dólares en anuncios orientados a movilizar la participación –además de más de 8 millones en Instagram–.

Facebook

La importancia de las redes sociales en este proceso electoral ha hecho que el debate se aleje ya de si deben ser consideradas empresas tecnológicas o empresas mediáticas. Ahora la cuestión gira entorno a si estas organizaciones han de ser consideradas actores políticos esenciales en la nueva esfera democrática.

Queda por ver si Facebook hace algo para controlar la publicidad electoral proveniente de otros países que puedan intentar contaminar el debate público. En este sentido, el papel de Rusia o China puede ser más visible que en anteriores elecciones.

Necesidad de una legislación específica

Regular los contenidos es algo muy diferente de legislar en torno a la forma en la que se presentan esos contenidos. Legislar en torno al discurso público, a sus contenidos y a la veracidad de las afirmaciones de o sobre los políticos es un debate necesario.

La realidad nos indica de forma clara que cuando se acaban aprobando “leyes anti fake news” se acaba limitando la libertad de expresión e información de periodistas, sociedad civil y voces “disidentes”.

Una legislación adaptada a una democracia digitalizada tiene que actualizar el papel de las campañas electorales. En este sentido algunas ideas pasan por:

  • La publicidad segmentada de los partidos políticos no puede –sirviéndose en la excusa de la campaña– apelar a las emociones y al voto útil a través de mensajes falsos.
  • Mayor transparencia. Conocer mucho mejor los criterios que hacen que seamos objetivo concreto de un anuncio político.
  • Sería recomendable que Facebook tuviera un papel más estricto a la hora de respetar la jornada de reflexión y no permitiera que partidos y candidatos siguieran promocionando sus mensajes más allá de lo previsto por la ley.
  • Establecer unos límites sobre los perfiles y las segmentaciones que se puedan hacer de los anuncios políticos. Y decidir si más allá de la edad, el sexo o la ubicación, se puede usar una segmentación por ideología, intereses, hobbies, eventos, grupos, páginas seguidas, etc. para exponer anuncios políticos.

Se trata de debatir sobre si esta publicidad segmentada simplemente forma de un nuevo ecosistema económico digital, o si no regularla puede suponer la mercantilización del voto. Es decir, un paso más en la confusión intencionada entre ciudadanos, consumidores y electores.

Es un debate importante que debería mantenerse más allá de las elecciones estadounidenses: son prácticas que seguirán utilizándose en procesos electorales en todo el mundo.The Conversation

 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

Raúl Magallón Rosas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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El Caso Wallace

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

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Por Guadalupe Lizárraga

URUAPAN, Michoacán.- George Khoury Layón, vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace, fue torturado, amenazado y despojado de sus pertenencias dentro del CEFERESO #17, del estado de Michoacán, el día de ayer, por los comandantes de seguridad Diana Yadira Esparza y Alejandro Flores, quienes dijeron tener la orden del director del penal Julio Ramírez.

Los comandantes señalaron a Khoury Layón, mientras lo golpeaban, que “estaban apadrinados por las órdenes del director” y “que ya estaban hartos de sus amparos”, en referencia a los amparos concedidos 291/2020 y 290/2020, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.  

Los actos reclamados en los amparos por Khoury, son incomunicación, peligro de vida y confinamiento. Sin embargo, el director del CEFERESO, Julio Ramírez se ha negado a acatar las órdenes del juez, por lo que mandó golpearlo y amenazarlo en su celda de confinamiento, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo papel y lápiz para evitar que escriba nuevos amparos y quejas por sus violaciones de derechos humanos.

Con reconocimiento de inocencia por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y por la Secretaría de Gobernación, la cual le otorgó la calidad de preso político, Khoury Layón se encuentra en aislamiento desde el 23 de mayo de 2020, debido a que su compañero de celda intentó matarlo con una piedra golpeándolo en la cabeza, mientras hacía ejercicio. Khoury pudo defenderse y no quiso poner una denuncia formal contra el agresor, por temor a que se retrasara más su liberación, la cual está pidiendo la ONU al Estado mexicano desde el 18 de septiembre de 2017.

Por esta agresión recibida, se informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, sin que se resolviera su situación de confinamiento e incomunicación con su abogada defensora y familiares.

La detención ilegal de George Khoury, de acuerdo con su abogada, está relacionada con el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, quien recientemente solicitó en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se prohibiera el acceso de abogados defensores a los sentenciados y procesados por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, la prohibición de acceso a los penales federales fue para todos los abogados defensores, quienes señalaron que se trataba de una flagrante violación al artículo 20 Constitucional y a la Ley de Ejecución Penal.  

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