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Mexico Violento

Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes deja 12 muertos en Jalisco

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Esta madrugada se produjo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías municipales y estatales durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de El Salto, Jalisco, donde murieron 12 personas, de las cuales ocho fueron civiles y cuatro uniformados.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo que anunció que apoyarán a las familias de los efectivos abatidos.

El mandatario estatal señaló que los policías realizaban un operativo en una casa de seguridad, donde presuntos delincuentes mantenían secuestradas a personas, por lo que se produjo un enfrentamiento armado, ya que en el interior del inmueble localizaron armamento oculto y cuatro policías municipales de El Salto fallecieron.

Por su parte, el fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, sostuvo que la policía municipal recibió el reporte de sujetos armados que ingresaban a dos personas esposadas en una vivienda en la colonia San Lorenzo, por lo que los policías acudieron a verificar el lugar y fueron agredidos por los presuntos delincuentes.

En la refriega fallecieron los cuatro policías municipales, por lo que al sitio arribaron elementos de la policía municipal y estatal, por lo que en el sitio fallecieron ocho presuntos delincuentes, cuyos cuerpos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía estatal que acordonaron la zona, por lo que después del enfrentamiento que duró más de una hora se localizaron los cuerpos de los presuntos delincuentes, aunado a que se liberaron a dos personas que habían sido reportadas como secuestradas.

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Con voz propia

Eliminación de hospitales psiquiátricos, una orden del presidente López Obrador

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Por Alberto Farfán

La ansiedad y la depresión como algunos de los factores desencadenantes del suicidio, y asimismo, la imperativa necesidad de que los hombres y mujeres con algunas de estas condiciones mentales deben ser tratados de inmediato en hospitales psiquiátricos para preservar su vida, fue parte de lo que apuntamos en El suicidio en México con índices de gravedad. Ahora es importante resaltar lo que ha ocurrido desde el Gobierno federal con relación a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de eliminar dichos nosocomios.

Y sin dejar de lado el galimatías  seudolegal u oficioso ─lo digo como lingüista─, del decreto en el que hubo cambios a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, texto que provoca ambigüedad, confusión, contradicciones, aspiraciones vanas y hasta demagogia, tratemos de entender qué es lo que en realidad nos intentan decir en lo medular.

De entrada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de mayo del año en curso se pontifica lo siguiente en el artículo 74 de la Ley General de Salud: “Asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud”.

Esto quiere decir que los centros de internamiento psiquiátrico ─o sea, los monoespecializados, en los cuales el paciente es atendido por el tiempo que sea necesario bajo el modelo asilar; cuyo significado es dar asilo o albergar─ deben ser eliminados para dar paso a lugares en donde sólo se otorgue atención momentánea y transitoria ─los propiamente psiquiátricos que a partir de ahora serán ambulatorios u hospitales generales─, sin considerar en modo alguno a los sujetos afectados psicoemocionalmente, que requieren de ser ingresados por la gravedad que puedan presentar, como en los casos de intentos de suicidio, por ejemplo. Y en suma, no sólo se habla de ya no construir más nosocomios, cuando los actuales no se dan abasto para todos los solicitantes, sino de eliminar los ya existentes.

Más claro aún, el subordinado del presidente AMLO, el secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, semanas previas al decreto, fue quien justificó en la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo, del 24 de abril de este año, la desaparición de los hospitales psiquiátricos por la sencilla razón de que no era una situación propia de nuestro país, sino que era una tendencia en otras latitudes, la cual tiene a su favor que el aquejado con problemas de salud mental al no encontrarse internado podrá recibir toda la atención por parte de su familia y amigos. Y esto es francamente una estupidez, por más que en dicho decreto se diga que a los familiares se les va a informar y capacitar para la pertinente atención del allegado. Si médicos especializados suelen cometer errores, ¿qué va a ocurrir con aquéllos que son ajenos a conocimientos de esta índole? Nada bueno.

No vamos a negar que históricamente en los hospitales psiquiátricos de nuestro país por la irresponsabilidad de las autoridades competentes se suele abusar, agredir y hasta torturar a los pacientes que se encuentran ingresados indefinidamente. Pero eliminar per se a dichas instituciones no resuelve el problema y menos si nos prometen que con cursos de capacitación y sensibilización a médicos generales, auxiliares y familias la situación va a cambiar. En este sentido, los resultados positivos si es que se dan se podrán palpar en décadas. Por lo tanto, la demagogia es la que habla por sí sola.

Además del término asilar hay otro que repiten hasta el cansancio, el de voluntad anticipada. El cual significa en sentido llano que el individuo será quien determinará cómo, cuándo y dónde recibirá tratamiento médico, o negarse a él. ¿Ahora el afectado diagnosticará al especialista? Pero nótese lo que indica el artículo 75 Bis: “La persona con trastornos mentales… es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento”.

Por fin, es el indispuesto quien decide o no arguyendo su voluntad anticipada, cuando al final lo van a internar, pero además, ¿en dónde? Si ya no va a haber hospitales monoespecializados. Aunado a ello, un afectado con trastorno bipolar, esquizofrenia, con trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad generalizada en plena crisis, ¿podrá tomar la decisión más adecuada? Me temo que no. Lo interesante del caso es que en el artículo 51 Bis 2, leemos: “No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace”. ¿Si no tiene conciencia de lo que hace es prudente que él decida su tratamiento?

En conclusión, debo añadir que aún me pregunto cuál es el objetivo de todo esto. Pues la población que mayoritariamente requiere de estos servicios es de escasos recursos, y si mal no recuerdo AMLO ha dicho que “primero los pobres”, ¿entonces?

Contexto

En México existen 51 centros integrales de salud mental; 32 hospitales psiquiátricos para la atención asilar de 4 mil pacientes, y 54 villas de transición hospitalaria.

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