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Encuentro contra extracción minera exige cese de contratos a empresas

El Encuentro nacional contra la extracción minera en La Montaña y Costa Chica Guerrero exigen cese el despojo de sus territorios y criminalización a defensores de la tierra

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El público escucha la ponencia de Miguel Mijangos sobre los daño del modelo extractivo en México. Foto: tlachinollan.org

LA MONTAÑA, Guerrero.- Ante las graves consecuencias del cambio climático, el grupo de ecoactivistas contra el modelo extractivo minero de La Montaña y la Costa Chica, Guerrero, hizo un posicionamiento público para exigir la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas a discreción tanto por el gobierno de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto sobre territorios de los pueblos originales. 

El posicionamiento exige también el cese a la violación sistemática de los derechos humanos en las diferentes comunidades del país, y un alto a la criminalización de los ecoactivistas que buscan proteger el medio ambiente y la salud de los pueblos.  

Asímismo, el grupo hizo una convocatoria a las demás comunidades de Latinoamérica para sumar acciones en torno a la defensa del territorio indígena y detener el despojo de playas, selvas y llanos en beneficio de gobiernos y empresas aliadas. 

Ritual tradicional me´phaa al inicio del Encuentro, Foto; Tlachinollan.org

POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LAS Y LOS PARTICIPANTES

AL ENCUENTRO NACIONAL CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO

Malinaltepec, estado de Guerrero, México a 8 de octubre del 2017

Los Pueblos integrados en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, en Defensa del Territorio contra la Minería y la Reserva de la Biosfera, así como los representantes de los pueblos de Acacoyagua-del Ejido  israelita /Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, de Cuetzalan/Puebla, de Cajamarca/Perú, de Chihuahua, de la CDMX,  y también de representantes de organizaciones sociales, nos reunimos durante dos días en el municipio de Malinaltepec, en el marco del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, para compartir enseñanzas y experiencias desde la resistencias de diversos pueblos organizados, con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas más despiadadas que nos aquejan, porque se basan en el despojo del territorio, impulsan la legalidad del saqueo y destrucción de los bienes naturales, atentan directamente contra la integralidad de la vida, desvirtúan nuestra convivencia basada en la comunalidad, amenazan y desmantelan nuestros procesos identitarios y culturales, que en consecuencia son totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa de progreso y desarrollo que nos imponen con este tipo de proyectos.

Los saberes y diálogos compartidos entre todas y todos los participantes refrendan y refuerzan el pleno ejercicio de nuestros derechos basados en la libre determinación, por lo tanto, este ejercicio también fortaleció nuestro principio de continuar impulsando nuestros propios procesos de Consulta y de Consentimiento Previo, Libre, Informado y Culturalmente Adecuado, con lo cual enviamos un claro mensaje al estado y a las empresas de que en los territorios comunitarios no permitiremos violenten el pleno ejercicio de nuestros derechos con falsos procesos y procedimientos de consulta o de consentimiento.

Estos días de intercambio y reflexión entre las mujeres y los hombres de pueblos hermanos en resistencia, nos ayudaron para aclarar dudas y cuestionamientos sobre los daños a la salud y el ambiente que genera el modelo extractivo, nos dimos cuenta cómo las diferentes experiencias que escuchamos, incluso desde otras naciones que nos acompañaron, son una película que se repite en cada pueblo del territorio nacional, lo que comprueba que enfrentamos a un sistema que impone un modelo de extracción basado en el engaño y el desplazamiento forzado, en donde los políticos actuales son apurados promotores del empoderamiento de privados, quienes actúan en contubernio con fuerzas armadas “legales” e ilegales.

En defensa del territorio de los pueblos originarios y el medio ambiente. Foto: Tlachinollan.org

Entre todos refrendamos que la defensa del territorio es la defensa de la vida; que defender el territorio ancestral es también resguardar la cultura y por lo tanto, nuestra permanencia como pueblos. En consecuencia;

  1. Reafirmamos la importancia de continuar con esta lucha organizada entre los pueblos de México y de Latinoamérica en defensa del territorio y la vida.

 

  1. Reconocemos que los movimientos debemos trascender y cambiar la forma en la cual hemos actuado para con nuestras compañeras de lucha, porque no podemos continuar invisibilizando su lucha, cuando es evidente que son las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción y cuidado, de la trasmisión de los que somos como pueblo.

 

  1. Al gobierno mexicano le exigimos la cancelación inmediatamente y permanente de cada una de las concesiones que ha entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no en cambio estemos dedicando tiempo y esfuerzo para detener sus proyectos de muerte.

 

  1. Rechazaremos cualquier iniciativa de gobierno y de privados, que atente contra el ejercicio de nuestros derechos territoriales y fundamentales, así como no dejaremos entrar a quienes pretendan la enajenación de nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Dicho lo anterior, reafirmamos estar en contra del decreto de la Reserva de la Biosfera en la Montaña de Guerrero.

 

  1. Frente a la vulneración estructural, sistemática e intencionada para adelgazar y desregularizar los derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de México, al gobierno y sus operadores parlamentarios les EXIGIMOS dejar de modificar y vejar a favor de las empresas las leyes, tratados y derechos constitucionales que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos de forma organizada, pacífica y basada en nuestros usos y costumbres, porque es así como garantizamos que no haya detrimento de los derechos conquistados, ni de los avances jurisprudenciales, normativos y estándares internacionales que nuestra histórica lucha ha logrado.

 

  1. Rechazaremos la imposición de consultas o de consentimiento previo libre e informado, que pretenda imponer el gobierno para facilitar el ingreso de cualquier empresa que pretenda los bienes naturales que tenemos en el territorio comunitario.

 

  1. Rechazamos enfáticamente las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio tanto en México y Latinoamérica.

 

  1. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados.

 

  1. Demandamos el esclarecimiento de cada uno de las y los compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos. Basta señalar que Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de 437 ambientales y defensores de derechos humanos en solamente dos años en 22 países, quedando en impunidad el 95% de los casos.

 

  1. Convocamos a todos los Pueblos, Organizaciones, Autoridades Ancestrales, Agrarias y Ciudadanas/Municipales a estar vigilantes y en guardia permanente contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan ingresar a los pueblos con el fin de generar discordia divisiones y confusión, para posteriormente y con el uso de diferentes argucias y mentiras, crear mejores condiciones para el saqueo de los bienes naturales.

 

  1. No aceptamos la imposición de su idea de desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos de turno, de manera violenta quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros las comunidades, indígenas, campesinas, ejidos, pueblos organizados, decidimos como queremos vivir.

 

  1. Los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, del ejido Benito Juárez, Chihuahua y de la CDMX, nos solidarizamos con los pueblos en resistencia contra el modelo extractivista en el Perú, especialmente en la región de Cajamarca, Celendín que vienen luchando frente a proyectos mineros e hidroeléctricas que pretenden destruir su territorio. Trabajaremos para seguir articulándonos y caminando juntos para liberarnos del enemigo común que tenemos los pueblos del mundo.

 

  1. Demandamos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Guadalcazar, S.L.P., la cancelación de los proyectos que ya se encuentran en fase de exploración, así como la revisión y solución a la demanda de eliminación del proyecto de confinamiento de desechos tóxicos que, pese a la oposición de la población, fue instalado en 1994 en el predio “la Pedrera”, ejido Los Amoles, y que desde entonces se encuentra contaminando los mantos acuíferos de la región. Hasta la actualidad la comunidad de Guadalcazar se encuentra en contra del modelo extractivo minero y continua en firme oposición a este basurero tóxico que, además, desde hace 20 años fue cubierto por cemento y abandonado.

 

  1. El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio de Acacoyagua, Chiapas, le exigimos, al gobierno federal y del estado que dejen de ser partícipes de los intereses de las empresas y cancelen las concesiones que han entregado de forma indiscriminada en nuestro territorio.

 

  1. A 5 años del asesinato de los de los opositores al proyecto minero 5 de mayo de la empresa canadiense Mag Silver en el Ejido Benito Juárez Mpio. de Buenaventura Chihuahua, le demandamos al gobierno del estado de Chihuahua el esclarecimiento del homicidio de los defensores del medio ambiente Ismael Solorio y Manuelita Solís. Convocamos a que el encuentro nacional contra el modelo extractivo minero, se declare en asamblea permanente para que todas las resistencias del país que sufrimos los embates de la minería seamos solidarios con cada una de las que comunidades están siendo acechadas por las empresas nacionales y trasnacionales.

 

  1. A 11 años de iniciado el proceso de despojo en Salaverna Mazapil, causado por de la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim Helú, demandamos al gobierno del estado de Zacatecas:, a Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado y a Fabiola Gilda Torres, secretaria de gobierno, aceptar las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos y se ajustarse al estado de derecho para hacer pagar a los responsables del desplazamiento forzado y todos los delitos cometidos en fecha 23 de diciembre del 2016. Así mismo hacemos un llamado a las comunidades zacatecanas en resistencia contra el despojo minero para sumarnos en una lucha de unida contra los proyectos de muerte.

 

  1. Demandamos la cancelación de todas las concesiones mineras en la costa central del Golfo, los Tuxtlas y el resto del territorio veracruzano. Las comunidades de Actopan y Alto Lucero señalan que, a pesar de que la empresa Candelaria Mining retiró su proyecto de manifestación de impacto ambiental debido a la presión ejercida por los pueblos de la costa central del estado de Veracruz, los seis tajos a cielo abierto proyectados por Candelaria Mining y Almaden MInerals a menos de 3.2 kms. de la Central Nucleoléctrica de Laguna Verde siguen vigentes.

 

  1. Ane el pleno del Encuentro, el municipio de Malinaltepec, reiteró en voz de su presidente municipal constitucional, Sebastián Ramírez Hernández, que no darán ningún permiso de otorgamiento de uso de suelo a empresas mineras.

Finalmente, refrendamos el compromiso que tenemos como pueblos y luchas para continuar defendiendo nuestro territorio y la vida, porque nuestros derechos y la madre tierra no son negociables y seguiremos en resistencia hasta que se apague el sol.

 

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS!

¡POR EL RESPETO DE NUESTROS DERECHOS!

 

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Estados Unidos

La mercantilización del voto: publicidad electoral en redes sociales

Raúl Magallón Rosas

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MADRID, 30 oct 2020 (IPS) – Tradicionalmente, se ha dicho que las campañas electorales sirven para persuadir a votantes dudosos o posibles simpatizantes. Pero la aparición en escena de Cambridge Analytica, ha demostrado que las campañas pueden ser muy eficaces para disuadir a posibles votantes e indecisos de ir a votar. Sobre todo, en escenarios en el que un porcentaje de indecisos tan elevado decide su voto en la última semana.

Cambridge Analytica es la consultora que, con el beneplácito de Facebook, extrajo millones de datos durante las campañas de 2016 en Estados Unidos y del Brexit

En 2016, el equipo de campaña de Donald Trump pudo descubrir, gracias al análisis de seguidores de una serie como The Walking Dead, que a sus espectadores les preocupaba la inmigración. Con esta información, segmentaron sus mensajes y anuncios políticos en Facebook: enviaron mensajes específicos a los fans de The Walking Dead.

El dinero con que cuenta cada campaña es determinante, especialmente en este contexto. Pero, ¿hasta qué punto suponen las campañas actuales una mercantilización del electorado?

Biden y Trump, 2020: Entre 89 y 93 millones de dólares en Facebook

Desde el 1 de enero de 2020, la candidatura de Joe Biden ha gastado más de 93 millones de dólares en publicidad y anuncios políticos solamente en Facebook, cifra algo superior a la gastada por el equipo de campaña de Donald Trump. Esto supone cientos de versiones de anuncios segmentados por perfiles circulando en las redes sociales.

Para entender cómo ha evolucionado la importancia de esta estrategia de comunicación política, hay que recordar que en 2008 la campaña de Obama gastó alrededor de 8 millones de dólares en anuncios en Internet. De ese monto total, solamente 500 000 dólares se destinaron a Facebook.

¿Qué se considera publicidad electoral?

Lo que se entiende por anuncio político varía dependiendo de la plataforma tecnológica donde se emite y de los países.

En el informe de transparencia de Google sobre anuncios electorales en la Unión Europea (UE) se incluyen como tales “anuncios en los que aparecen partidos políticos, actuales dirigentes electos o candidatos a cargos del Parlamento de la UE, cargos nacionales electos de un Estado miembro de la UE o del Parlamento del Reino Unido.

También se incluyen anuncios con un referéndum para votar, un grupo de campañas de referéndum, o un llamamiento al voto relacionado con un referéndum nacional o un referéndum de soberanía estatal o provincial”.

Informe de Transparencia de Google.

En la Unión Europea, por ejemplo, no se consideran anuncios electorales los anuncios de productos o servicios, incluidos los productos de merchandising político como camisetas, ni los anuncios publicados por medios de comunicación para promocionar su cobertura de referéndums, partidos políticos, candidatos o cargos electos en activo.

Propaganda y desinformación

Por otra parte, los intentos de desinformación a través de los anuncios en Facebook siguen formando parte de las estrategias políticas en muchos países. Según Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, la compañía bloqueó en el segundo trimestre de este año alrededor de 750 000 anuncios políticos en su plataforma que no cumplían con sus requisitos.

La mayoría de países no tienen una legislación adaptada al contexto digital. En España, por ejemplo, durante las elecciones de 2019 la mayoría de anuncios políticos pagados en Facebook respetó la jornada de reflexión, si bien algún candidato/partido político, como Arturo Aliaga del PAR, Héctor Illueca de Unidas Podemos o Joan Josep Nuet de ERC, mantuvieron la publicidad a pesar de que la ley es clara y no lo permite.

Según la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del régimen electoral general, son las distintas juntas electorales las que han de velar por la celebración normal de las distintas elecciones. El artículo 53 señala que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”.

Facebook.

Cómo funciona la publicidad segmentada

En los últimos años hemos visto cómo cada elección supone la actualización automática del software de la desinformación y la incorporación automática de nuevas formas, narrativas y formatos a las diferentes estrategias de propaganda digital.

La publicidad en Facebook es muy asequible y, debido a la segmentación, invisible para aquellos perfiles no deseados, salvo que se consulte su biblioteca de anuncios.

Desde 2 euros al día por anuncio, se pueden poner anuncios personalizados respondiendo a criterios como el sexo, la edad, la ubicación o los intereses. Anuncios que sólo veremos si cumplimos esos requisitos preestablecidos.

La responsabilidad de las empresas

Una encuesta del Pew Research señalaba que 54% de los estadounidenses defendía que las empresas de redes sociales no deberían permitir anuncios políticos. Hasta  77% consideraba que no es aceptable que estas empresas usen datos sobre las actividades en línea de sus usuarios para mostrarles anuncios de campañas políticas.

Por edades, cerca de 64% de las personas de más de 65 años se muestran de acuerdo con que no se permitan los anuncios políticos en estas plataformas. En cambio, poco más de la mitad de las personas de 30 a 64 años y 45% de las de 18 a 29 años comparten esta opinión.

Cada plataforma tiene sus propias normas

En septiembre de 2020, Facebook anunció que no permitiría nuevos anuncios la semana previa a las elecciones. Pero sí se permite que los anuncios políticos mientan.

Paralelamente, algunas plataformas han optado por no permitir ningún anuncio político como Twitter, LinkedIn, TikTok y Spotify. Por su parte, Reddit –que cuenta con su propia biblioteca de anuncios– o SnapChat prohíben los anuncios engañosos.

Google ha impuesto varias restricciones a la orientación de anuncios –también para Youtube– y para los anuncios segmentados solo se pueden usar datos como la ubicación, la edad y el sexo.

Empresas tecnológicas… ¿o actores políticos?

Sin embargo, en los últimos meses lo que más llama la atención no es la inversión que los equipos de campaña de Biden o Trump han hecho en Facebook sino que el propio Facebook, en los últimos 90 días, haya invertido más de 28 millones de dólares en anuncios orientados a movilizar la participación –además de más de 8 millones en Instagram–.

Facebook

La importancia de las redes sociales en este proceso electoral ha hecho que el debate se aleje ya de si deben ser consideradas empresas tecnológicas o empresas mediáticas. Ahora la cuestión gira entorno a si estas organizaciones han de ser consideradas actores políticos esenciales en la nueva esfera democrática.

Queda por ver si Facebook hace algo para controlar la publicidad electoral proveniente de otros países que puedan intentar contaminar el debate público. En este sentido, el papel de Rusia o China puede ser más visible que en anteriores elecciones.

Necesidad de una legislación específica

Regular los contenidos es algo muy diferente de legislar en torno a la forma en la que se presentan esos contenidos. Legislar en torno al discurso público, a sus contenidos y a la veracidad de las afirmaciones de o sobre los políticos es un debate necesario.

La realidad nos indica de forma clara que cuando se acaban aprobando “leyes anti fake news” se acaba limitando la libertad de expresión e información de periodistas, sociedad civil y voces “disidentes”.

Una legislación adaptada a una democracia digitalizada tiene que actualizar el papel de las campañas electorales. En este sentido algunas ideas pasan por:

  • La publicidad segmentada de los partidos políticos no puede –sirviéndose en la excusa de la campaña– apelar a las emociones y al voto útil a través de mensajes falsos.
  • Mayor transparencia. Conocer mucho mejor los criterios que hacen que seamos objetivo concreto de un anuncio político.
  • Sería recomendable que Facebook tuviera un papel más estricto a la hora de respetar la jornada de reflexión y no permitiera que partidos y candidatos siguieran promocionando sus mensajes más allá de lo previsto por la ley.
  • Establecer unos límites sobre los perfiles y las segmentaciones que se puedan hacer de los anuncios políticos. Y decidir si más allá de la edad, el sexo o la ubicación, se puede usar una segmentación por ideología, intereses, hobbies, eventos, grupos, páginas seguidas, etc. para exponer anuncios políticos.

Se trata de debatir sobre si esta publicidad segmentada simplemente forma de un nuevo ecosistema económico digital, o si no regularla puede suponer la mercantilización del voto. Es decir, un paso más en la confusión intencionada entre ciudadanos, consumidores y electores.

Es un debate importante que debería mantenerse más allá de las elecciones estadounidenses: son prácticas que seguirán utilizándose en procesos electorales en todo el mundo.The Conversation

 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

Raúl Magallón Rosas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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El Caso Wallace

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

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Por Guadalupe Lizárraga

URUAPAN, Michoacán.- George Khoury Layón, vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace, fue torturado, amenazado y despojado de sus pertenencias dentro del CEFERESO #17, del estado de Michoacán, el día de ayer, por los comandantes de seguridad Diana Yadira Esparza y Alejandro Flores, quienes dijeron tener la orden del director del penal Julio Ramírez.

Los comandantes señalaron a Khoury Layón, mientras lo golpeaban, que “estaban apadrinados por las órdenes del director” y “que ya estaban hartos de sus amparos”, en referencia a los amparos concedidos 291/2020 y 290/2020, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.  

Los actos reclamados en los amparos por Khoury, son incomunicación, peligro de vida y confinamiento. Sin embargo, el director del CEFERESO, Julio Ramírez se ha negado a acatar las órdenes del juez, por lo que mandó golpearlo y amenazarlo en su celda de confinamiento, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo papel y lápiz para evitar que escriba nuevos amparos y quejas por sus violaciones de derechos humanos.

Con reconocimiento de inocencia por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y por la Secretaría de Gobernación, la cual le otorgó la calidad de preso político, Khoury Layón se encuentra en aislamiento desde el 23 de mayo de 2020, debido a que su compañero de celda intentó matarlo con una piedra golpeándolo en la cabeza, mientras hacía ejercicio. Khoury pudo defenderse y no quiso poner una denuncia formal contra el agresor, por temor a que se retrasara más su liberación, la cual está pidiendo la ONU al Estado mexicano desde el 18 de septiembre de 2017.

Por esta agresión recibida, se informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, sin que se resolviera su situación de confinamiento e incomunicación con su abogada defensora y familiares.

La detención ilegal de George Khoury, de acuerdo con su abogada, está relacionada con el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, quien recientemente solicitó en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se prohibiera el acceso de abogados defensores a los sentenciados y procesados por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, la prohibición de acceso a los penales federales fue para todos los abogados defensores, quienes señalaron que se trataba de una flagrante violación al artículo 20 Constitucional y a la Ley de Ejecución Penal.  

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