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Justicia pendiente

Encinas afirma que pretenden desacreditar investigaciones sobre Ayotzinapa

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Por Ignacio García

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseguró que existen actores que pretenden desacreditar las investigaciones del gobierno federal sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.

El funcionario federal dijo que las autoridades “le están pisando la cola al tigre” para revelar los hechos de forma precisa sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, hace más de seis años.

De acuerdo con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se busca romper el pacto de silencio existente entre los personajes involucrados para relatar los hechos cómo ocurrieron de la forma más cercana a la realidad.

Consideró que se pretende demeritar la información que se ha realizado en torno las indagatorias que realiza el gobierno federal, por lo que reconoció que existen situaciones de riesgo que pueden generar dudas entre la población sobre la verdad del caso Ayotzinapa.

Asimismo, manifestó que se realiza un trabajo serio, diligente y profesional para conocer el paradero de los normalistas desaparecidos, además de demostrar las investigaciones que efectuó el gobierno federal en 2014 para revelar los hechos acontecidos en septiembre de ese año.

Además, la comisión de la verdad del gobierno federal trabajará en abril con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aunado a que se reunirán con el Ejército mexicano para que demuestre los hechos cómo ocurrieron y la información que tiene disponible la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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Justicia pendiente

Sacerdote es sentenciado a 27 años de prisión por participación en asesinato de estudiante

Ignacio García

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Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 27 años y seis meses de prisión al sacerdote Francisco Javier Bautista Ávalos por su presunta participación en el asesinato del diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental, Leonardo Avendaño, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 12 de junio de 2019 en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.

El juzgador ordenó una reparación del daño equivalente a 422 mil 450 pesos a la familia de la víctima, así como 5 mil 69 pesos por gastos funerarios, por lo que el clérigo fue sentenciado por el delito de homicidio calificado.

Días después de la localización del cuerpo del estudiante, el sacerdote fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) por su presunta responsabilidad en el homicidio del diácono, por lo que fue trasladado al Centro de reclusión varonil Oriente.

Los familiares de la víctima acusaron al clérigo de haber sido el responsable del asesinato del joven de 29 años de edad, debido a que previamente lo había amenazado, por lo que tras su desaparición lo señalaron como principal sospechoso del secuestro del estudiante.

Al respecto, la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, señaló que las pesquisas relacionaban la participación del sacerdote en la muerte del joven, por lo que fue procesado por su culpabilidad en la desaparición de los estudiantes.

Leonardo Avendaño de 29 años de edad era estudiante de posgrado de la Universidad Intercontinental y era diácono y desapareció el 11 de junio de 2019 al salir de su domicilio en Iztapalapa, por lo que dos días su cuerpo sin vida fue localizado en el interior de un vehículo particular en la colonia Héroes en la alcaldía de Tlalpan.

 

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Justicia pendiente

Urgente liberar a personas en prisión injusta del viejo régimen: Adrián Ramírez, defensor de derechos humanos

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El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López, expresó que era urgente liberar a todas las personas injustamente presas, a quienes se refirió como” víctimas de las secuelas del viejo régimen”.

Señaló que en casi cuatro décadas de políticas neoliberales, “se gestó un Narco Estado Policiaco Militar, con montajes mediáticos, inducción de testigos y tortura, como política de Estado encabezado por Genaro García Luna, por lo que debe de atenderse la gran cantidad de casos acumulados de personas acusadas por delitos graves o de alto impacto”.

En el marco de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el montaje mediático del gobierno de Vicente Fox para incriminar falsamente de secuestro a Israel Vallarta, el defensor de derechos humanos expresó su opinión al respecto en un video público enviado a los medios y aludió a la necesidad de realizar “un esfuerzo republicano de Estado” en sus tres poderes para atender los casos de fabricación de culpables:

  • Los legisladores deben abrogar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y que las penas máximas sean de 20 años, conmutables a diez. Se fortalezcan las penas alternativas sobre todo tendientes a la reparación de daños a las víctimas;
  • El Poder Judicial debe eliminar la jurisdicción especial contra la delincuencia organizada; los amparos para efectos que perpetúan las violaciones a los derechos humanos; eliminar las jurisprudencias que violan derechos humanos y; sobre todo atender el efecto corruptor que en la mayoría de los casos está presente y;
  • El poder ejecutivo sobre todo interponer en máximo de su buenos oficios para convocar al poder legislativo y judicial así como a los gobiernos estatales y municipales para que atiendan la situación penitenciaria como un tema de alta prioridad; que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador realice la visita de todos los centros penitenciarios del país para que constate las graves condiciones en las que se encuentran; se logre el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de los que México es parte.
  • Atender las recomendaciones de los organismos internacionales

Los tres poderes, abundó, deben de atender bajo estos criterios y no solo caso por caso, por lo que propuso abrogar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y restituir los derechos de todos los falsamente acusados.

 

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Justicia pendiente

Amnistía Internacional afirma que AMLO ha desplegado más militares que Calderón y Peña Nieto

Ignacio García

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La organización internacional Amnistía Internacional (AI) acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más militares en el país que sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como parte de la estrategia nacional de seguridad pública.

En su informe 2020-2021. La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional señaló que en mayo pasado el gobierno de López Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas permanecer en las calles para participar en las labores de seguridad sin exceder los cinco años.

De acuerdo con AI, el decreto carecía de normas sustantivas para garantizar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas fuera conforme con las normas internacionales, aunado a que los puertos y puntos de aduanas están a cargo de las Fuerzas Armadas, cuando anteriormente eran administradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

El informe detalla que las fuerzas armadas continuaron con las detenciones arbitrarias e hicieron uso excesivo de la fuerza, lo que ha causado homicidios ilegítimos, aunado a que el Jefe del Ejecutivo federal ha estigmatizado en diferentes ocasiones a los defensores de derechos humanos y a los medios de comunicación, además de haber minimizado el problema real de la violencia contra las mujeres.

AI refiere que el gobierno federal no ha cambiado la estrategia de seguridad que sus antecesores implementaron para militarizar el país, por lo que el Ejército y la Marina continúan en las calles y se modificó la Policía Federal por la Guardia Nacional.

El nuevo cuerpo de seguridad está integrado en su mayoría por elementos del Ejército mexicano, quienes realizan labores de seguridad pública, por lo que exhortó al presidente de México a cambiar las labores de seguridad en el interior del país.

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