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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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