En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

Por Guadalupe Lizárraga

Alejandro López Ponce de León, de sus 51 años, pasó 22 en cárceles federales mexicanas. Acusado de robo con portación de armas, recién salió en libertad por su propia defensa y con el estatus de víctima del Estado por torturas, malos tratos y falta de atención médica.

En entrevista para Los Ángeles Press, relató que fue detenido el 29 de mayo de 1999. En 2004, al no tener recursos ya para pagar un abogado, decidió responder por su propia iniciativa un recurso judicial que tenía límite de tiempo. Fueron dos hojas escritas a mano que presentó al juez. La respuesta de éste, fue quitarle dos años de prisión, de 24 a 22 años.

Ésa fue la motivación para estudiar Derecho y volverse un experto en amparos ante las constantes arbitrariedades que sufrían él y sus compañeros de celda. Pero las torturas más crueles fueron las ordenadas por la directora del penal Jazmín Borbón Ochoa, quien en el penal de Oaxaca ordenó golpearlo, junto con el preso político George Khoury Layón, mientras los tenía esposados, en represalia por pedir atención médica.

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La rotación a diferentes Ceferesos, pese a ser una violación de derechos humanos en la ejecución de la pena, ha sido un recurso de control para los internos, señaló López Ponce de León, y en esta rotación las golpizas son parte ya normalizada en el sistema penitenciario. Obtuvo el reconocimiento como víctima, por un tumor en los testículos a raíz de una tortura, además de la columna vertebral desviada, y una serie de secuelas psicológicas por el estrés postraumático.

Recordó que durante sus años en prisión tuvo tres correctivos disciplinarios, uno de ellos fue por tomar una tortilla, otro por pedir atención médica y uno más por discutir con un oficial. Sin embargo, se le negaron los beneficios de ley, incluso la preliberación por buen comportamiento, con la que pudo haber salido en libertad en 2015.

Con sus estudios de Derecho logró ayudar a la liberación de 44 personas, y un sinnúmero de amparos con los que hizo valer sus derechos, logrando así la calidad de víctima del Estado por las constantes violaciones de derechos humanos en la ejecución de la pena.