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Mexico Violento

En el caso de Israel Arzate, «la lucha ya es con el gobierno»: su madre Guadalupe Meléndez

La ONU ratifica evidencias de que Israel Arzate fue torturado por militares en Ciudad Juárez y el juez se niega a liberarlo. Entrevista de Gero Fong a la madre de la víctima.

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Por Gero Fong

CIUDAD JUÁREZ, México.- Aministía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, han denunciado, desde 2010, el caso de Israel Arzate Meléndez, torturado por militares en Ciudad Juárez. Su madre, Guadalupe Meléndez, no ha dejado de luchar por que se esclarezca la verdad y se libere a su hijo. El pasado 15 de marzo, esta denuncia fue ratificada y suscrita por el representante de Naciones Unidas, Javier Hernández, quien al examinar las múltiples evidencias en favor de Arzate, señaló que «no hay duda de que fue torturado, pero el juez no lo quiere ver».

A raíz de la masacre de Villas de Salvárcar, en la que asesinaron a 18 jóvenes, el 31 de enero de 2010, miembros del ejército mexicano detuvieron a Israel Arzate y lo mantuvieron durante cuatro días incomunicado en el cuartel, según el reporte de Aministía Internacional, y luego lo presentaron ante las pantallas de la televisión local para que se autoincriminara como sicario.

Israel Arzate, obligado a incriminarse en la televisión local.

La imagen pertenece al video transmitido dentro del noticiero En Vivo, Canal 44, de Ciudad Juárez, Chihuahua. En el reporte de la periodista Gabriela Téllez, subido a la red el 29 de junio de 2011, sostiene que los organismos de derechos humanos, entre éstos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunciaron el protocolo de Estambul que corrobora que fue golpeado y torturado.

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La red en lucha

México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

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barco exploración minera méxico

Por Emilio Godoy

MÉXICO – La discusión sobre la minería marina cobró mayor intensidad mundial con el inicio de una misión de recolección de muestras minerales por parte de la empresa privada Nauru Ocean Resources (Nori).

La travesía hacia una zona del océano Pacífico se basa en una recomendación emitida por la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para autorizar la toma de materiales, luego de la conclusión de la revisión de la manifestación de impacto ambiental de la compañía, filial de Metals Company, con sede en la ciudad canadiense de Vancouver.

Pero ISA, con sede en Kingston, la capital de Jamaica, no ha publicado tal recomendación, opacidad que los activistas cuestionan.

“Es prueba de cómo la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) abre a estas empresas la oportunidad de dar los primeros pasos a la minería en aguas profundas. ISA tiene que poner en el centro la protección de los océanos y no los intereses empresariales», dijo Ornela Garelli, de la campaña de Océanos de la representación mexicana de la no gubernamental Greenpeace.

Consideró que «no se pueden avanzar estas pruebas, porque es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y del cual necesitamos más información. Se tiene que aplicar el principio precautorio”.

El barco explorador “Hidden Gem” (“Joya oculta”) zarpó el 14 de septiembre del puerto de Manzanillo —en el estado de Colima, en el occidente de México—, donde permaneció unas horas para luego enfilar hacia una zona de exploración en medio del océano Pacífico.

La empresa suiza Allseas SA adquirió la embarcación en 2020 para convertirla en nave de sondeo minero y esta boga con bandera de Malta, según registros marinos consultados. Construida en 2010, de colores rojo, negro y estructuras blancas, el barco tiene capacidad de 60 331 toneladas, mide 228 metros de largo y 42 de ancho.

“Hidden Gem”, cuyos nombres anteriores fueron “Vitoria 10 000” y “Petrobras II 10 000”, permaneció en el puerto holandés de Rotterdam mientras su propietaria lo reconvertía para realizar prospección minera marina, pues previamente hacía perforación petrolera. En febrero último, el grupo Ocean Rebellion lo convirtió en blanco de una protesta.

Partió en marzo de Rotterdam y su trayectoria incluyó pasos por Calais (Francia), Dover (Reino Unido), las Islas Canarias (España) y el Canal de Panamá, en julio.

La embarcación se dirige a la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y donde Nori posee una concesión minera. El plan consiste en la recolección de 3600 toneladas de nódulos polimetálicos.

 Impacto en fondo del mar

En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos, mediante otro conducto, de vuelta al mar.

El sedimento que retorna al océano contendría elementos dañinos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.

Las aguas profundas acogen especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales, y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios científicos recientes. Estas áreas ya enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.

“Hay evidencia de que no hay información científica suficiente para determinar con certeza los impactos de la minería oceánica”, señaló Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde Santiago de Chile.

Bajo presión

ISA, creada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tiene la doble misión contradictoria de proteger los ecosistemas del mar profundo y elaborar estándares ambientales para la minería marina.

Integrada por 167 países y la Unión Europea, ISA ha entregado 17 licencias exploratorias en la ZCC, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas algunas de Brasil, Cuba y Jamaica.

Para obtener un permiso con el fin de explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.

Pero antes, en junio de 2021, la República de Nauru, una nación insular expuesta a las consecuencias de la crisis climática, situada en Oceanía en el Pacífico central y de unos 12.000 habitantes, sacudió las estructuras de ISA al invocar una cláusula de Convemar para ejecutar un proyecto de exploración minera marina.

Esa norma estipula que un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para rastrear y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por el propio organismo, que debate estándares ambientales para la prospección.

ISA, una agencia desconocida de Naciones Unidas hasta que apareció la polémica por la minería marina, que enfrenta un dilema fundamental para su futuro, pues en julio próximo Nauru puede reclamar el aval a su programa exploratorio, sin necesariamente contar ya con las salvaguardas.

Integrado por 36 representantes, el Consejo de la agencia se reunirá en Kingston en noviembre, mientras que la 28 sesión de la Asamblea General, el órgano mayor de ISA y en la que participan todos los Estados miembros y organizaciones observadoras, está programada para julio de 2023, aunque podría adelantarse por el plazo de la regla de dos años.

Durante la 27 Asamblea General celebrada en agosto  se suscitó, por vez primera, un debate intenso sobre la cláusula mencionada, ante la cual países como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda pidieron una discusión sobre sus alcances, ante la negativa de naciones como Nauru.

Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y que también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros, lo que supone un interés por promover esa extracción.

Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.

Metals Company, entre cuyos accionistas figura Allseas SA, calcula que el polígono asignado almacena minerales para construir unos 280 millones de automóviles eléctricos, el tamaño de la flota vehicular de Estados Unidos.

Tibieza

México ha mostrado una postura discreta frente a la minería marina. Una fuente diplomática dijo a este cronista que esto se debe a la falta de una discusión nacional multisectorial en torno a una postura definida.

No obstante, el asunto presenta una arista más sutil: el rol de los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, ante la eventual aprobación de planes exploratorios y la extracción mineral.

Debido a la duración de los viajes de embarcaciones como “Hidden Gem”, estas instalaciones podrían obtener réditos por el paso de las naves y la descarga de minerales.

Lillo y Garelli pidieron a México más firmeza en su postura.

El país “necesita tener mayor firmeza. México debe centrarse en los océanos por la importancia que tienen en sí mismos y no por su aprovechamiento sostenible”, demandó la campañista de Océanos de Greenpeace.

México tiene 3540 millones de razones para oponerse a esa actividad.

Ese es el monto, en dólares, que la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations pide ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte —sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— por la denegación de una licencia ambiental.

En 2018, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente rehusó el permiso de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas SA, filial de la compañía estadounidense, por probable daño al ecosistema, áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas frente a la costa del noroccidental estado de Baja California Sur, implicaba la draga del fondo marino, para extraer anualmente siete millones de toneladas de arena fosfática, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

“Preocupa la falta de consistencia de México frente al discurso que ha promovido ante la ISA de aprobar una regulación minera que sea responsable con la protección del ambiente. Necesita también un mayor protagonismo en las negociaciones, que contribuya a resaltar la importancia del enfoque precautorio”, cuestionó Lillo.

Dicho principio consiste en la adopción de medidas de protección ante un riesgo fundado, sin pruebas definitivas, del impacto sobre la salud pública o el ambiente de un producto o tecnología.

Si México pierde el arbitraje, se decretaría la imposibilidad de un Estado de impedir proyectos extractivos bajo el principio precautorio ante menoscabos previstos.

***

Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.

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Mexico Violento

Comunidades de Nochixtlán en conflicto por destrucción de caminos históricos por parte de autoridades

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nochixtlan en conflicto por pavimentación de caminos

Por Miguel Montesinos León

En los trabajos de pavimentación de caminos rurales a cabeceras municipales, la autoridad municipal de San Pedro Cozcaltepec Cántaros y una familia cercana a ésta, de manera arbitraria, utilizaron un camino histórico de Asunción Nochixtlán, causando desperfectos.

El Camino Real al Parían cruza la comunidad de Nochixtlán y por el crecimiento urbano este camino sólo cuenta con dos tramos todavía visibles y transitables, el primero se encuentra entrando a la comunidad de Nochixtlán frente al lugar conocido como Los azulejos; el segundo se ubica en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), y es este último el camino que destruyeron parcialmente los vehículos que circulan de Nochixtlán a las comunidades de Coxcaltepec Cántaros, San Pedro Quilitongo, Santiago Huahutlilla y viceversa.

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Debido a ello, ciudadanos originarios de Nochixtlán que han preservado el Camino Real al Parían a través de tequios, bloquearon el paso a los vehículos y con ello pidieron la intervención de las autoridades municipales de las comunidades involucradas.

Mediante esta acción los vecinos afectados lograron que las autoridades de las comunidades mencionadas aceptaran reparar los daños que causaron y firmaron un acuerdo por lo que los trabajos de rehabilitación inician este lunes 26 de septiembre, de no cumplir con lo acordado los vecinos realizarán manifestaciones y bloqueos.

El acuerdo que firmaron los vecinos del Camino Real al Parían con las autoridades municipales en el que acordaron iniciar los trabajos de rehabilitación afectada no se cumplió por lo que los afectados se están organizando para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo acordado.

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Itayee Cruz Guevara, titular del Centro Coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ubicado en Nochixtlán y siendo la dependencia del gobierno federal que debe coadyuvar y velar por el bienestar de los pueblos afectados, aun cuando firmó como testigo dicho acuerdo, no mostrado interés en solucionar el problema, y cuando se le solicita su intervención en algún conflicto relacionado a la pavimentación de caminos rurales dice que el INPI no tiene injerencia, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado reiteradamente qué el INPI es la parte operativa del programa de pavimentación en Oaxaca y en los estados donde se ha implementado este apoyo a las cabeceras municipales.

acuerdo sobre reparacion caminos

Acuerdo de reparación de los caminos.

Los caminos antiguos

Dentro de los trabajos a realizarse el más importante es el muro que el agua de las lluvias se llevó por desviar estas aguas de manera deliberada en un puente que data de la época del Porfiriato. Se trata de un camino histórico, que por él transitaron en su momento los arrieros provenientes de la costa oaxaqueña y de comunidades de la región del estado de Guerrero mismos que recorrían comunidades pertenecientes al Distrito de Huajuapan de León.

Este camino tiene históricas anécdotas y en algunas comunidades todavía se conservan partes de su construcción original. En el tramo de Huajuapan a Santiago Juxtlahuaca se encuentra “el Espinazo del Diablo”, esta parte del Camino real que pasa en el costado del cerro, es una pendiente prolongada y es una vereda que asemeja un espinazo y por el gran peligro que representa para el paso de las personas y animales de carga se le denominó así; y es que los animales de carga se tenían que enfilar, y de ahí se deriva la expresión “hilo, hilo, hilo”, que es como los arrieros le decían a sus animales de carga para que hicieran una sola fila.

En Sinaxtla, las personas de edad avanzada que narraban sobre el paso de los arrieros comentaban que eran muchas las caravanas que pasaban por la comunidad, y aludían al gran número de las mismas para trasladar mercancías que llegaban al país en barco, y luego eran llevadas a la capital del país. Otras, eran llevadas a Parían para de ahí embarcarlas en el tren de carga o la ciudad de Oaxaca.

 

La comunidad del Parían fue la estación del tren lo mismo que G. Olivera, más importante para quienes viajaban a las ciudades de Tehuacán, Puebla, Veracruz, México y a la capital de Oaxaca. Al paso del tiempo las personas adultas recuerdan con nostalgia como esta actividad desapareció al igual las dos comunidades que parcialmente desaparecieron con la llegada de vehículos de transporte de carga y desaparecieron con la privatización del ferrocarril.

 

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Justicia pendiente

Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

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Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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