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Mexico Violento

En Chihuahua, cuestionan a Mario Delgado falta de ética en la selección del candidato de MORENA

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CHIHUAHUA, Chih.- El fundador del partido MORENA de Chihuahua, Víctor Manuel Quintana Silveyra, envió una carta pública al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, para expresar su inconformidad ante la exclusión en las encuestas como precandidato al gobierno del estado y señaló la falta de ética y congruencia de la dirigencia del partido.

En la misiva, Quintana expone las excusas «metodológicas» que Mario Delgado usó para excluirlo, además del maltrato político que alega haber ha sufrido en este proceso de selección del candidato de MORENA para Chihuahua. En sus redes sociales, el luchador social y exdiputado federal promovió su inconformidad y aludió a la Guía Ética de la Cuarta Transformación:

Las leyes pueden acatarse o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento. #LasCausasNosUnen

Entre otros estados donde los miembros de MORENA hicieron públicas sus inconformidades por la parcialidad e influencias de Mario Delgado en los procesos de selección y encuestas de candidatos se encuentra Guerrero, Coahuila, y Nuevo León.

Mario Delgado
Presidente del C.E.N. de MORENA
P r e s e n t e.

Estimado Presidente:

Me dirijo a usted con todo respeto para expresarle mi inconformidad y mi extrañeza por la forma como fui tratado por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a lo largo del proceso de registro de candidaturas del partido a la gubernatura del estado de Chihuahua.

    1. Yo manifesté mi aspiración a ser candidato de MORENA a la gubernatura y así lo comenté al Delegado del CEN en Chihuahua, Senador José Ramón Enríquez desde el mes de noviembre. Cuando se emitió la convocatoria respectiva, el 26 del mismo mes, vi que era posible registrarme en calidad de simpatizante del partido (aunque aparezco en el padrón que obra en el INE hay un litigio pendiente con la Comisión de Honestidad y Justicia, misma que no me ha respondido ni siquiera ha acusado recibo de los oficios que le he enviado desde el mes de agosto del presente año).
    2. El propio Delegado, el Senador Enríquez, me animó a que reuniera la documentación requerida y acudiera a registrarme como candidato en la fecha señalada para ello, el sábado 5 de diciembre próximo pasado. En todo momento el Senador me mostró comedimiento y atención. Entregué mi documentación, no se me firmó de recibido ni se me expidió ninguna constancia al respecto, quiero pensar que se obró igual con todas las personas que buscamos una precandidatura.
    3. Aunque la convocatoria establecía que de las personas registradas para la candidatura sólo se encuestaría a cuatro, el Delegado Enríquez estuvo insistiendo que él solicitaba que fuéramos encuestadas la ocho personas que entregamos documentación y supuestamente fuimos registradas.
    4. El sábado 19 de diciembre el Delegado Enríquez me llamó por teléfono para comunicarme que a los precandidatos y precandidatas nos citaban a las 11 de la mañana del domingo 20 en el local ubicado en la calle Chihuahua 216 en la Colonia Roma, de la Ciudad de México pues se nos iba a dar a conocer la persona que resultó triunfadora en las encuestas. A pesar de la premura del tiempo pude conseguir un vuelo para estar a tiempo en la cita.
    5. Mi primer extrañamiento fue que al intentar ingresar al citado local, la guardia no me dejaba pues no tenían registrado mi nombre. Tuvo que intervenir de nuevo el Delegado Enríquez para que me dejaran entrar.
    6. Lo demás es ya historia conocida por usted. Cuando se terminaron de dar a conocer los resultados de la encuesta, yo le pregunté directa y respetuosamente a usted por qué mi persona no había sido incluida en dicha encuesta y las otras siete personas sí, a lo que usted respondió “Por razones metodológicas”. Tanto la formación académica suya como la que yo tengo nos permiten apreciar que es una respuesta carente de fundamento, opaca y ofensiva.
    7. En todo caso, ¿por qué se encuestó a siete personas si la convocatoria señalaba que sólo se encuestaría a cuatro? ¿Por qué no se me dijo con toda claridad y transparencia la razón por la que fui excluido?
    8. Con estos elementos y otros más pudiera haber acudido yo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el proceso. No lo hice por la siguiente razón: a pesar de este y otros agravios estoy con MORENA, entregué a la construcción  del partido varios años de mi vida y fui su primer presidente estatal en Chihuahua. Por respeto al Partido y a las y los  militantes que me han apoyado a lo largo de este proceso, no voy a propiciar otra intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la vida interna de MORENA, pues ya bastante mal se le ha hecho.
    9. Sin embargo, si bien no voy a proceder jurídicamente, sí quiero apelar a la ética que debe orientar todas las acciones de MORENA. Las leyes pueden acatase o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento.
    10. Es con base en esa Guía que quiero expresar mi inconformidad y mi protesta porque en la forma en que se me ha tratado se transgreden las siguientes divisas consignadas en ella:
    • “No se debe humillar a nadie”.
    • “El amor al prójimo es la esencia del humanismo”
    • “El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe”
    • “No se debe enfrentar el mal con el mal”.
    • “No mentir…” El argumento que se me dio de “las razones metodológicas”, es evidentemente una simulación.
    • “Todo por la razón y por el derecho”

Con fundamento en este código ético es que me dirijo a usted. Está visto que las decisiones de los tribunales pueden perjudicar al partido, pero la observancia de los principios y valores siempre le dará vida.

Se debe una explicación no sólo a mi persona, sino a toda la militancia que me ha apoyado en este proceso y a la ciudadanía que espera que los partidos, que son instituciones de interés público que funcionan gracias a los impuestos que todos pagamos, operen con honestidad, transparencia y ética pública.

Respetuosamente,

Víctor M. Quintana S.

                                           Chihuahua, Chih. 29 de diciembre de 2020

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Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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cidh

Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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Mexico Violento

Sujetos disparan contra periodista Rubén Darío en Cancún

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Sujetos armados atacaron al reportero Rubén Darío del diario Por Esto

Esta tarde sujetos armados dispararon contra el periodista Rubén Darío Cruz, reportero del periódico Por Esto, en Cancún, Quintana Roo, aunque resultó ileso, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

El reporte estatal reveló que el comunicador salió de su fuente de trabajo para dirigirse a bordo de un automóvil y sujetos en otra unidad se acercaron y dispararon en varias ocasiones en su contra para posteriormente huir del sitio.

No te pierdas: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

La fiscalía estatal abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que el comunicador cuenta con protección del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, logró resguardarse y mantenerse a salvo.

El periodista atribuyó el ataque a un grupo de delincuentes de tarjetahabientes, pues había visto a esos sujetos en varias ocasiones cerca de un cajero automático que se encuentra cerca de las instalaciones del medio de comunicación local donde labora.

El diario digital refirió que al sitio arribaron elementos de la policía estatal a resguardar el lugar, pero ninguno de los agresores fue detenido, aunque anteriormente el periodista había recibido distintos atentados en su contra.

Lee también: Cada cuatro días es asesinado un periodista en el mundo: Informe Unesco

México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, que ha referido que se mantiene la elevada impunidad contra los profesionales de la información en reiteradas ocasiones.

Apenas el 20 de diciembre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de México garantizar la seguridad a los periodistas y no atacarlos.

El organismo internacional refirió que los periodistas necesitan protección, por lo cual no deben ser atacados desde el poder presidencial como ha sucedido en las últimas conferencias de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

 

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