Cientos de familiares de personas privadas de libertad con delitos fabricados y víctimas de tortura en prisiones mexicanas se concentraron ayer en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, de la Ciudad de México, para marchar hacia el Senado de la república y exigir libertad y respeto a sus derechos humanos.

De diferentes estados, viajaron familiares de internos en los Centros federales de readaptación social (CEFERESOS) y de algunos estatales (CERESO) para exponer los casos de graves violaciones de derechos humanos, desde el aislamiento total hasta brutales golpizas, amenazas a sus familias, falta de atención médica y de alimentos saludables.

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En el penal de Puebla, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el interno Jens Herrera Guzmán, en un módulo de 85 personas, hay 17 que ingresaron con delitos fabricados, y 27 personas siguen sin sentencia. Tirzo Zúniga Vargas y el mismo Jens Herrera llevan 26 años sin sentencia acusados de secuestro en 1996 sin víctima ni pruebas.

Tras revelar en esta estadística además internos con enfermedades terminales, enfermos de Covid sin atención médica, fallecimientos sin explicación y adultos mayores de hasta 88 años que han compurgado 31 años de cárcel con 33 de sentencia, Herrera Guzmán fue trasladado a otro penal sin notificación a sus familiares y le expropiaron sus pertenencias.

Durante la marcha, varios familiares de internos con procesos en el fuero común denunciaron estos traslados arbitrarios a penales federales, sin la notificación a sus abogados o familiares, y aislándolos a los internos por varias semanas. También se denunció que en esos traslados son torturados o sometidos a maltrato y les niegan el agua potable por días.

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En los penales del Estado de México, Barrientos, Otumba, Tenancingo Centro, Chiconautla, entre otros, denunciaron plagas de chinches y piojos, maltrato, falta de higiene en los alimentos que dan en bolsas de plástico, además de la extorsión de las autoridades de los penales que trabajan con grupos delictivos de internos para obligar a otros a que consuman drogas o paguen por uso de electrodomésticos, cobijas, comida o seguridad.

De los Ceferesos mencionados Almoloya de Juárez, Tapachula, Michoacán y Durango, coincidieron en su denuncia docenas de familiares cómo fabricaron carpetas a sus PPL, torturaron a los inculpados en detenciones arbitrarias y los acusaron de delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Los familiares en la marcha mostraron fotografías de los internos torturados, con heridas graves, algunos desnudos atados a una mesa dentro de las celdas, y otros mostraron documentos de instancias de derechos humanos.

Incluso se informó durante la marcha que en Perote Veracruz había fallecido un interno, y se les avisó a la familia que había sido por Covid, al igual que hace tres semanas en el penal de Tapachula, donde la directora del penal Ericka Tecnopala entregó el cuerpo cremado a los familiares alegando que lo tuvieron que cremar para evitar contagios, sin embargo, los mismos internos dieron otra versión a la familia del fallecido, que había sido golpeado brutalmente dentro de su celda y había muerto por los golpes.

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La marcha dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza concluyó en el Senado de la república, donde una comitiva ingresó al edificio para entregar sus demandas a los representantes de los senadores.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

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El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

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Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso al director de obra del Colegio Rébsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en comisión por omisión, bajo el esquema de dolo eventual.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa contra el responsable de la obra del colegio particular y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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El presunto responsable de la tragedia del Colegio Rébsamen fue aprehendido el jueves pasado en Oaxaca, por lo que permanecerá internado en el reclusorio Sur de la Ciudad de México en tanto se desarrolla la investigación complementaria.

Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas del Rébsamen, Noé Franco, expresó que el detenido intentó culpar a otro director de obra de las irregularidades en la construcción del inmueble educativo, pero existía una carpeta de investigación en la que se comprobó su responsabilidad.

La defensa jurídica de las víctimas solicitará una pena de hasta 208 años de prisión, aunque reconoció que sólo podrían sentenciarlo hasta por 70 años, pero aseveraron que se constantó su responsabilidad en las fallas del inmueble que colapsó con el sismo de 2017.

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El 19 de septiembre de 2017 un total de 26 personas fallecieron por el colapso del Colegio Rébsamen en la alcaldía Tlalpan a consecuencia del sismo que se suscitó, por lo que también fue aprehendida la directora del plantel educativo por las fallas e irregularidades en la construcción de la escuela que no soportó el movimiento telúrico.

Diecinueve de los fallecidos eran niños, quienes murieron aplastados por el colapso de una parte del colegio. La escuela se colapsó en parte, según informaron autoridades capitalinas, porque la directora de la escuela construyó su departamento arriba de uno de los edificios del plantel.