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Mexico Violento

«Empresas podrán registrar como activos reservas del crudo»: Villamil

El periodista Jenaro Villamil en «Para leer en Libertad» explica en qué consiste parte de la privatización de Pemex y cómo leer la pérdida de soberanía

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Por Livia Díaz

CIUDAD DE MÉXICO.- «En los contratos de producción compartida, las empresas (privadas) pueden registrar como activos, para efectos contables, las reservas de crudo», enfatizó el periodista Jenaro Villamil al exponer el Predictamen de la reforma energética en el ejercicio de lectura «Para Leer en Libertad» organizada por la asociación civil del mismo, en el Distrito Federal.

Afirmó Villamil que «es gravísimo», este texto, y que «eso en los medios masivos no lo van a decir.» A la pregunta de los legisladores de dónde está la pérdida de la soberanía, Villamil, responde contundente: «en este párafo es claro».

El contenido del predictamen, según explicó el 8 de diciembre anticipó, «léanlo de la página 212 a la 215, dice algo con lo que «ellos van a poder financiar con recursos naturales no renovables de una nación, entonces van a poder ponerlo en la bolsa y bursatilizar.»

Recordó que una cuestión similar intentó en sus últimos días el presidente Francisco I. Madero y que ello le costó la vida y que también al General Venustiano Carranza.

Falso que la consulta del 2015 permita anular

Al escritor yucateco le preguntaron si había posibilidades de anular este decreto, una vez aprobado y él respondió que no. Que precisamente esta misma semana se aprobó la reforma política por los mismos legisladores que incluye el decreto de consulta ciudadana y que «anula la posibilidad de llamar a consultas públicas las reformas constitucionales.»

La única posibilidad es cambiar a la legislatura, que las fuerzas en las cámaras sean otras en ese año y estar pendientes de quiénes están votando esto. Porque en esta ocasión están votando a favor de la reforma energética PRI, PAN y PVEM.

villamil

El periodista jenaro Villamil. Detalle de video de «Para leer en libertad».

Define OLADE el Upstream 

En el documento relativo al usptream petrolero «Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en América del sur 2009» http://temp2.olade.org/documentos2/CONTRATO.pdf la Organización Latinoamericana de Energía OLADE, publicado en febrero del 2010, define negociaciones y acuerdos entre el estado y los operativos públicos y privados en torno a un recurso natural no renovable que es propiedad de la nación y añade que generalmente se orienta a aprobar un «modelo» de contrato», en Argentina, Brasil,Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

Al parecer no todo es miel sobre hojuelas en este proceso, según el reporte elaborado por Mauricio Medinaceli Monrroy, Coordinador de Hidrocarburos de la OLADE, el beneficio del Estado va en demedro del mismo, al no garantizar el abasto interno.

En el área de conclusiones también cita que los países podían dividirse en dos, los que poseen en abundancia y los que no pueden abastecer a su propio mercado.

Cuando la propiedad del recurso queda en el estado, adicionalmente se observa que la inversión necesaria para esas actividades va por cuenta y riesgo de ese operador.

Los contratos de concesión o «regalías e impuestos» se privilegian el ponerle precio, lo que generalmente está en comparación del precio internacional del producto, o sea que el propio país va a producir barato y a comprar caro. Dice que sólo países que hacen compra a largo plazo lograron equilibrarlo.

La llamada renta petrolera pactada con regalías sobre la tasa bruta facilitó a estados una buena recaudación, érp si el negocio no produce impide el desarrollo del campo.

Lo que encontró en este análisis Medinaceli Monrroy, es que los contratos ya usuales en esa época en los países citados, tienen por constante el cambio y la incertidumbre, y que las exitosas tienen por constante la buena negociación, creando en el mundo una buena reputación.

 

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Mexico Violento

Grupo armado libera a 9 reos del penal de Tula; objetivo prioritario era líder de “Pueblos Unidos”

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Esta madrugada un grupo armado irrumpió en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, en donde liberaron a nueve reos, entre ellos José Artemio Maldonado, conocido como “El Michoacano”, líder de la agrupación criminal “Pueblos Unidos” que apenas fue detenido el viernes pasado en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), los hechos ocurrieron cerca de las 04:00 horas, cuando sujetos irrumpieron en el penal y liberaron al “Michoacano”, por lo que colocaron como distractores dos vehículos incendiados para distraer al personal.

Durante la persecución, dos elementos de la policía estatal fueron lesionados por los presuntos delincuentes, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Tula, donde se reportan como estables.

Al respecto, el titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra, dijo que el objetivo principal del comando era la liberación del líder de la agrupación delictiva, por lo que se desplegó un operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la policía investigadora para dar con los responsables.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió tres carpetas de investigación para deslindar responsabilidades por evasión, daños a propiedades y lesiones, aunado a que los reos fugados eran procesados por delitos como homicidio y secuestro.

El Michoacano es considerado como el líder de la agrupación “Pueblos Unidos”, grupo criminal que está vinculado con otras organizaciones delictivas como “Los Emes” y “Hades” que se encargan del robo de hidrocarburo en la zona sur de la entidad, así como al tráfico de droga y secuestro.

Apenas este día se llevaría a cabo su audiencia inicial para determinar su situación jurídica, después de su aprehensión el viernes pasado en un operativo conjunto de la PGJEH y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEDOMEX).

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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