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Empresarios guatemaltecos discriminan a indígenas en salarios y contratación

Sólo el 12 por ciento de los empleados en el sector privado son indígenas y su salario equivale a la mitad de lo que les pagan a los mestizos por el mismo trabajo.

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www.prensalibre.com

Por Daniel Valladares

GUATEMALA, (IPS) – “Hay una gran diferencia en el trato que reciben los indígenas y los mestizos, porque no recibimos un sueldo igual por el mismo trabajo”, afirmó Higinio Pu, activista de la agrupación aborigen Waxaquib Noj, que en idioma maya quiché significa “sabiduría”. Esta realidad fue evidenciada por la encuesta “Racismo y discriminación racial en el sector empresarial”, realizada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (organismo no gubernamental) y la oficial Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo.

La medición, que involucró a 550 empresarios del área metropolitana, indicó que las micro y pequeñas empresas ocupan en promedio sólo 12 por ciento de personal indígena, mientras que la cifra sube a 20 por ciento cuando se trata de medianas y grandes empresas. Más de 52 por ciento de los empresarios entrevistados admitieron que no pagaban igual a las personas mestizas que a las indígenas por realizar el mismo trabajo, situación que crece hasta 56 por ciento en sectores como el comercio, reveló el sondeo.

Pu, quien coincidió con todos los resultados encontrados por el estudio, advirtió que “la encuesta no recoge información sobre las condiciones laborales en que suelen trabajar los indígenas, muchas veces inhumanas”. En el corte de café y caña, por ejemplo, “los originarios viven en chozas o cobertizos, donde duermen hacinados en el suelo”, relató.

Bequer Chocooj, comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo, dijo que esta encuesta, realizada en noviembre, era “una primera aproximación” para medir la discriminación laboral contra los indígenas, y destacó que sus resultados eran “muy valiosos. El hecho de que más de la mitad de los empresarios respondieran que sí hay una diferencia entre el sueldo de un indígena y el de un mestizo por el mismo trabajo confirma la encuesta nacional de empleo 2010, según la cual los trabajadores indígenas ganan 50 por ciento menos que los no indígenas”, explicó.

Además, el experto calificó de “muy baja” la participación de empleados indígenas en el sector privado en Guatemala. “Si bien 83 por ciento de los empresarios dicen que no tienen preferencia para contratar a un trabajador indígena y un no indígena según la encuesta que hicimos, el resultado indica lo contrario, porque sólo entre 12 y 20 por ciento de sus empleados son aborígenes”, explicó.

Es que estadísticas oficiales señalan que los indígenas representan casi 40 por ciento de los 14 millones de guatemaltecos, repartidos entre los pueblos maya, garífuna y xinca, aunque ellos aseguran constituir más del 60 por ciento.

Las consecuencias de esta discriminación laboral para la economía nacional son enormes, apuntó Chocooj. “El costo de la discriminación étnico-racial para el país ascendió a 6.339 millones de quetzales (812 millones de dólares) en 2003, lo cual significaba 3,3 por ciento del producto interno bruto”, según el estudio Diagnóstico del Racismo en Guatemala de 2009 elaborado por la Vicepresidencia de la República.

“Mientras no haya equidad no podremos desarrollarnos. Hay una deuda histórica con los pueblos indígenas que se debe comenzar a saldar, y tiene que ver con mejorar nuestro acceso al poder político y fomentar la inversión pública en salud, educación, servicios básicos y proyectos productivos”, dijo el comisionado.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2010, a cargo del Instituto Nacional de Estadística, había arrojado ya datos determinantes en cuanto a la diferencia en la participación económica que tiene la población indígena con respecto a la no indígena en el país. Así, 3,4 millones de no indígenas conforman la población económicamente activa frente a 2,2 millones de aborígenes. Además, del total de subempleados, 44 por ciento son indígenas, según la investigación.

La pobreza afecta a más de la mitad de los guatemaltecos, mientras que 17 por ciento sufre indigencia, la mayoría indígenas, según organismos internacionales. Chocooj tiene esperanzas de que el próximo gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, electo para el período 2012-2016, tenga mayor apertura para la promoción del desarrollo de los pueblos originarios.

Esto tiene que ver también con el aumento del presupuesto de instituciones gubernamentales como la Defensoría de la Mujer Indígena, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y la comisión que él preside, según Chocooj.

Rubén Narciso, de la organización no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, precisó a que la encuesta demostró que en el país existe cierta discriminación étnica en la contratación de personal. “El objetivo de la encuesta sobre racismo empresarial era obtener información primaria para iniciar estudios en el tema indígena relacionados con la economía y el empleo y generar políticas públicas para contrarrestarlo”, explicó.

Es por ello que en los próximos días sostendrán reuniones con el sector privado organizado del país para presentarles los resultados del trabajo e iniciar discusiones con miras a mejorar la equidad en el sector laboral guatemalteco.

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Flotas de China incurren en pesca ilegal y excesiva en las costas de América Latina: oceanógrafos

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Flotas de China incurren en pesca ilegal y excesiva en las costas de América Latina: oceanógrafos

 

Por Humberto Márquez

CARACAS – La pesca ilegal y excesiva, atribuida principalmente a las flotas de China, se mantiene como amenaza para los recursos marinos del Pacífico oriental y el Atlántico sudoccidental, así como para ese sector de la economía en países de América Latina bañados por uno u otro océano.

En todo el mundo “uno de cada cinco peces que se consumen ha sido capturado de manera ilegal, 20 % de los casi 100 millones de toneladas cada año, y generalmente en las zonas vedadas a la pesca”, observó el experimentado oceanógrafo venezolano Juan José Cárdenas.

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Un caso emblemático, indicó el también investigador de la caraqueña Universidad Simón Bolívar, es el de las Islas Galápagos, 1000 kilómetros al oeste de la costa firme de Ecuador, rodeadas de un área marina protegida de 193 000 kilómetros cuadrados, un semillero de especies de gran demanda para el consumo humano.

Galápagos, un archipiélago que suma 8000 kilómetros cuadrados, es famoso por su portentosa y única biodiversidad, un laboratorio natural empleado por el naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) para sus famosas teorías sobre la evolución.

La Armada ecuatoriana indicó que en junio mantenían la vigilancia sobre 180 buques extranjeros, entre pesqueros, tanqueros y refrigerantes, pescaban cerca del límite de las 200 millas náuticas (370 kilómetros) de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Galápagos, también conocida como plataforma continental.

En 2017 se detectaron 297 buques, en 2018 cerca de 300, en  2019 unos 245, y 350 en 2020. Al comienzo de cada verano boreal faenan junto a las aguas de Ecuador y Perú, luego mar afuera frente a las de Chile, cruzan el estrecho de Magallanes, y remontan el Atlántico sudoccidental frente a Argentina, Uruguay y Brasil.

“En varias especies del Pacífico oriental ya estamos al borde del precipicio ambiental con la pesca legal; basta un pequeño esfuerzo pesquero adicional, la pesca ilegal, para afectar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria que esas especies proporcionan”: Juan José Cárdenas.

En el Pacífico han operado intensamente en la captura del calamar gigante (Dosidiscus gigas). Según la plataforma de seguimiento por satélite Global Fishing Watch, en 2021 lo hicieron 615 buques, de los cuales 584 eran chinos.

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El peruano Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur, constituido por empresarios y pescadores de Chile, Ecuador, México y Perú, dijo que este año frente a las aguas ecuatorianas y peruanas del Pacífico han incursionado 631 barcos de bandera china.

Alfonso Miranda dice que pescadores peruanos reportan incursiones de barcos chinos en la ZEE de Perú, y hace sus cuentas: si la producción peruana de calamar llega a 500 000 toneladas, con ingresos de 860 millones de dólares anuales, unas 50 000 toneladas que tome la flota extranjera implican la pérdida de 85 millones de dólares al año.

El calamar gigante es el segundo recurso pesquero más importante para Perú, después de la anchoveta, y su captura genera más de 800 millones de dólares anuales y miles de empleos, por lo que se busca preservar el recurso de la incursión en sus aguas patrimoniales de naves de otras banderas, especialmente la china Foto: Gobierno de Perú

Se acumulan males

El oceanógrafo Juan José Cárdenas recordó que el área es proverbialmente rica en atunes, de los que se capturan más de 600 000 toneladas anuales (10 % del total mundial), pero con grave riesgo para la sostenibilidad, por ejemplo con el uso de “plantados” o dispositivos agregadores de pesca que alteran hasta los hábitos de esa especie migratoria.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en las siete especies más utilizadas de atún 34 % de sus poblaciones se explotan en niveles biológicamente insostenibles.

En varias especies del Pacífico oriental, incluidas algunas vedadas a la pesca como los tiburones, “ya estamos al borde del precipicio ambiental con la pesca legal; basta un pequeño esfuerzo pesquero adicional, la pesca ilegal, para afectar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria que esas especies proporcionan”, afirmó Cárdenas.

Pedro Díaz, pescador en el norte peruano, dijo a la plataforma informativa Diálogo Chino en el puerto de Paita que “no queremos solo pescar y capturar. Queremos permitir que la pota (el calamar gigante o de Humboldt) se desove y se desarrolle para que genere empleo y divisas para el Estado”.

“También queremos que la pota tenga una temporada sostenible, ¿y qué encontrarán los que vienen detrás de nosotros, los jóvenes que se dedican a la pesca?”, añadió.

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Alicia Mosteiro Cabanelas, oficial de pesca de la FAO, dijo desde la sede regional del organismo en Santiago de Chile, que “no siempre es posible dimensionar el impacto que realiza una determinada flota que opera en áreas adyacentes a la zona económica exclusiva de Estados ribereños”.

Ello porque “no siempre hay una evaluación de stock de la especie objetivo a capturar, ni se dispone de información de la pesca retenida, descartada e incidental, o del número de barcos autorizados a operar por los respectivos Estado del pabellón y de barcos sin autorización”.

En 2017 Ecuador incautó el buque chino Fu Tuang Yu Leng tras encontrar en sus bodegas más de 5000 tiburones ilegalmente capturados en la Reserva Marina de las Galápagos. Foto: DPN Galápagos

Mosteiro Cabanelas observó que “la sobrepesca siempre impacta directamente en la sostenibilidad de los recursos, generando una disminución de los ingresos al sector pesquero, y de la disponibilidad de productos pesqueros para las comunidades locales y en general para los consumidores. América Latina no es la excepción”.

Y para la FAO es claro que “la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (IUU, en inglés) es una problemática mundial que compromete la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros”, dijo la experta.

Además “perjudica los medios de vida de los pescadores y las actividades conexas, y agrava la malnutrición, la pobreza y la inseguridad alimentaria”.

Medios informativos de los países costeros recogen denuncias de que también pesqueros de América Latina –casos de Brasil, Chile y México- infringen vedas y extraen valiosas especies no permitidas. Los de Ecuador han exportado grandes cantidades de aletas de tiburón, tras declarar a los escualos como captura accidental de fauna acompañante.

Las aletas de tiburón son muy apetecidas en plazas como Hong Kong, -una sopa con ellas puede costar hasta 200 dólares- y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cifra en 2600 millones de dólares el comercio mundial de carne de tiburón y raya.

Vigilancia de la Armada de Argentina sobre un pesquero chino en los límites de la Zona Económica Exclusiva del país austral, muy rica en calamares, merluzas y langostinos. Foto: Prefectura Naval argentina

Vigilando a los furtivos

También el año pasado, unos 350 barcos de bandera china faenaron durante el primer semestre frente a las aguas territoriales de Argentina, donde hay gran riqueza de otro calamar, el Illex argentinus, amén de la merluza hubbsi, langostinos y otras apreciadas especies.

Es una flota que, según capitanes de navíos argentinos, incurre en la IUU con trasbordos no reportados que camuflan la pesca ilegal, transfiriendo pescado entre barcos y apagando los transpondedores que indican la ubicación de sus naves.

Un informe publicado en junio por Oceana, organización no gubernamental internacional que hace seguimiento a la pesca IUU, sostuvo que más de 400 barcos de bandera china pescaron por cerca de 621 000 horas a lo largo de la ZEE argentina entre 2018 y 2021, y desaparecieron de los sistemas de rastreo más de 4000 veces.

El gobierno argentino ha reportado que, por contraste con las 400 000 toneladas anuales de Illex desembarcadas en sus puertos a finales del siglo XX, desde 2015 se capturan menos de 100 000 toneladas anuales, con apenas 60 000 en 2016.

Informes del sector en los medios locales dan cuenta de que, en cambio, los buques extranjeros (chinos, surcoreanos, taiwaneses o españoles) han podido pescar hasta 500 000 toneladas anuales de calamar, en las proximidades  de su ZEE o en incursiones dentro de ella, un volumen que puede representar entre 5000 y 14 000 millones de dólares al año.

Los dispositivos para agregación de pesca o «plantados» son empleados en el Pacífico oriental para facilitar y multiplicar la captura de atunes, con riesgo de sobrepesca y de alterar los hábitos migratorios de la especie. Foto: WWF

No sólo Argentina: el pasado 4 de julio, la Armada uruguaya capturó en sus aguas territoriales, a 280 kilómetros del balneario de Punta del Este, un buque de bandera china, el “Lu Rong Yuan Yu 606”, dedicado a la pesca del calamar y que al parecer faenaba furtivamente, de noche, en esa área.

Como las bodegas estaban vacías, no se pudo establecer con certeza que pescase en la ZEE uruguaya, y se le liberó tras el pago de una multa por contravenir otras normas de navegación.

No se repitió la experiencia de 2017 en Ecuador con el “Fu Yuan Yu Leng 999”, barco que funcionaba como un gran refrigerador para almacenar la pesca de otros buques, y el cual actuó ilegalmente en la Reserva Marina de Galápagos.

En el barco se encontraron unas 500 toneladas de pesca, incluidas especies vulnerables y que están protegidas, sobre todo de unos 6000 tiburones martillo.

 

La justicia ecuatoriana sentenció al capitán del barco y a tres tripulantes por el delito de pesca de especies protegidas, a prisión y al pago de 6,1 millones de dólares. Como el pago no se realizó, el barco se convirtió en propiedad de la Armada de Ecuador.

China formalmente ha desautorizado que su flota actúe en aguas prohibidas, advirtió a los capitanes que retirará licencias a quienes violen esas reglas, y su presidente Xi Jinping dio seguridades en ese sentido a su par ecuatoriano Guillermo Lasso cuando este visitó Beijing en febrero.

Lejos de las costas latinoamericanas, los mandatarios Anthony Albanese, de Australia; Joe Biden, de Estados Unidos; Narendra Modi, de India, y Fumio Kishida, de Japón, pactaron en Tokio el 24 de mayo, entre otros acuerdos de ese bloque, conocido como Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, en inglés),  nuevos mecanismos de vigilancia para la flota pesquera china.

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En paralelo, Washington trabaja, con países como Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y México, acuerdos que ayuden a vigilar la flota China, la mayor del mundo y que cuenta con 17 000 barcos que capturan 15 millones de toneladas anuales en los mares del planeta.

La iniciativa estadounidense se inscribe en su renovada confrontación global con el gigante asiático, la llamada nueva guerra fría.

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Fuente: ipsnoticias.net

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Guatemala: crecen las protestas contra la corrupción del gobierno de Giammattei y en defensa de derechos políticos

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Guatemala: crecen las protestas contra la corrupción del gobierno de Giammattei y en defensa de derechos políticos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Cientos de personas se agolparon el jueves en diferentes puntos de la capital de Guatemala convocadas por organizaciones sociales, en medio de una huelga contra la corrupción del gobierno, el alto costo de vida y la defensa de derechos como la libertad de expresión y de manifestación.

En los alrededores de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes, trabajadores y profesores se reunieron para luego partir en una marcha hacia el centro histórico y sede del poder político, Ejecutivo y Judicial.

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Los manifestantes en Guatemala rechazan los presuntos actos de corrupción de la administración del presidente Alejandro Giammattei que, alegan, no son investigados por la fiscal general Consuelo Porras, quien mantiene una amistad con el mandatario.

Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que el alto costo de vida “significa un aumento del hambre de los pobres”.

“La corrupción al final se concreta en el robo del dinero del pueblo y los que pagan impuestos son los pobres y la clase media, porque los ricos no contribuyen equitativamente a Guatemala”, agregó.

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Enrique Saquic, autoridad ancestral de Santa Lucia Utatlán, dijo que los indígenas participan de la protesta en representación de sus pueblos. “Nos están ahorcando, nuestros hermanos, nuestros pueblos son los que están sufriendo todo este alto costo de la vida”.

Enrique Saquic también aseguró que existe una percepción de corrupción no sólo en la Fiscalía de Guatemala sino en el más alto tribunal, la Corte de Constitucionalidad, lo cual ha dejado indefensos a los guatemaltecos.

Porras ha sido señalada y sancionada por el gobierno estadounidense por considerar que obstaculiza la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.

Un contingente de soldados de Guatemala con equipos antidisturbios fue captado entrando a un lugar cercano a la casa presidencial. Rubén Tellez, vocero del ejército, confirmó que “es un movimiento preventivo normal” cuando se anuncian manifestaciones.

Los manifestantes han denunciado que el Congreso pretende aprobar un ley que le da el poder a policías y militares para usar sus armas para disolver las protestas.

© Proporcionado por Associated Press La gente marcha para protestar contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei en la Ciudad de Guatemala, el jueves 11 de agosto de 2022. (AP Foto/Moisés Castillo)

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Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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