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Mexico Violento

Empresarios de Guerrero dejarán de pagar impuestos tras asesinatos

Empresarios de la Masa y la Tortilla dejarán de pagar impuestos tras la serie de extoriones, asesinatos y corrupción de Ministerios Públicos

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Empresarios de la tortilla en Tlapa y Acapulco advirtieron que no pagarán más impuestos hasta que el estado garantice su seguridad. Foto: ntraztecas.com

Empresarios de la tortilla en Tlapa y Acapulco advirtieron que no pagarán más impuestos hasta que el estado garantice su seguridad. Foto: ntraztecas.com

*** El titular del Ministerio Público de La Garita sobornó con 20 mil pesos al propietario de la tortillería para dejarlo en libertad, después de defenderse del extorionador que murió dentro del negocio

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- Empresarios de la Masa y la Tortilla denunciaron la detención de dos trabajadores de la Tortillería “La Terminal” de Acapulco, Guerrero luego de que en defensa propia, dieron muerte a un extorsionador y secuestrador tras negarse a pagar 50 mil pesos que éste les exigía.

Pidieron la libertad inmediata de los dos empleados y denunciaron que para que el propietario de la tortillería saliera libre, y el titular del Agente del Ministerio Público de La Garita sobornó a sus familiares pidiéndoles una “propina” de 20 mil pesos.

También advirtieron que todo el ramo empresarial se ha visto afectado con los secuestros, extorsiones y asesinatos, sin que los tres niveles de gobierno actúen al respecto, por lo que tomaron la determinación de que en Tlapa, donde en los últimos días fueron asesinados tres tortilleros, dejarán de pagar todo tipo de impuesto a los tres niveles de gobierno, acción que se expandirá a todo el Estado ante la falta de apoyo hacia este grupo.

La extorsión y el crimen

Hace dos semanas, un sujeto se hizo presente en la tortillería con razón social “La Terminal”, donde mediante una extorsión, exigió a los propietarios que le entregaran 50 mil pesos, si no querían que les secuestraran a un familiar, dando cinco días para la entrega del recurso.

El día viernes pasado alrededor de las 19:30 horas, varios sujetos armados llegaron a la tortillería donde también es el domicilio de los propietarios, en la colonia Cumbres de Figueroa del puerto de Acapulco.

Arribaron en dos vehículos; del primero descendieron cuatro personas y del segundo otras tres, varios portaban armas de fuego y el resto empuñaban cuchillos, según relató Jorge Rosas Ávila, presidente del Comité Estatal del Sector de la Masa y la Tortilla en Guerrero.

Los hombres armados se introdujeron a la tortillería, amagaron a la cajera y luego se enfocaron a golpear a uno de los trabajadores, todo con la intención de secuestrar a la hija del dueño del negocio.

“Afortunadamente al lado contiguo de la tortillería se encontraba otra persona que ahí mismo labora, por lo que empezó un forcejeo entre trabajadores y dueños del local contra los extorsionadores. Desafortunadamente de este hecho se registró un desenlace”, relató.

Dijo que uno de los hombres armados falleció dentro de la tortillería producto de los golpes que le propinaron sus víctimas, mientras que el resto de los sujetos abandonaron el lugar.

Rosas Ávila expuso: “de esta manera denunciamos la aberración de la autoridad policiaca puesto que al compañero nunca se le auxilió, hasta después de una hora de los hechos a pesar de que fue avisada la policía al 066 en su momento”.

Indicó que el empresario salió de su domicilio inmediatamente después de los hechos a buscar la ayuda policiaca, sin embargo una patrulla a la que pidió auxilio, se lo negó, por lo que llegó hasta La Diana en la avenida Costera Miguel Alemán, donde encontró un destacamento de la Policía Federal.

Pasó casi hora y media después de que una patrulla de la Policía Federal se presentó en el negocio, pero el secuestrador ya había fallecido.

La injusticia

Jorge Rosas afirmó que a partir de ese momento, inició un viacrucis para la familia del empresario, puesto que éste, uno de sus familiares y su empleado (de los que por seguridad se negó a otorgar sus nombres) fueron detenidos y acusados de homicidio.

“Todos los compañeros fueron detenidos por la autoridad ministerial y no sólo la autoridad ministerial, sino que el 20 de agosto fueron consignados por la autoridad judicial. De esta manera denunciamos este actuar de la Procuraduría General de Justicia”, sentenció.

Aclaró que sólo dos fueron consignados ya que el propietario de la tortillería fue puesto en libertad luego de que pagara una “propina” de 20 mil pesos al titular de la Agencia del Ministerio Público de “La Garita”, lo cual reconoció que se trató de un soborno o extorsión del MP, y que no fue una libertad bajo fianza.

“Desconozco el nombre del agente pero hago pensar que el Procurador lo conoce. Él sabe qué tipo de personas tiene ahí trabajando”, dijo.

Luego agregó: “estos hechos fueron pues así y hoy están en manos del juzgador, pero desde aquí nuestro reproche y un mensaje al señor gobernador y que nos diga si no tan solo nos vamos a cuidar de los delincuentes, de quienes secuestran y extorsionan, sino que también tenemos que cuidarnos de quienes procuran y administran la justicia en Guerrero”.

Dio a conocer que a través de un mensaje de texto, familiares de los detenidos le habían enviado un mensaje de texto para informarle que habían amenazado a los hoy detenidos afirmándoles que “irían por ellos y los sacarían de prisión” con el fin de asesinarlos y hacerlos pagar por la muerte de un integrante de esa banda delincuencial.

El mensaje decía textualmente: “urge que pidamos protección para mi hijo y mi trabajador, los están amenazando. Hago responsable a las autoridades del penal de su integridad física. Temo por su vida”.

La postura y exigencia

En ese contexto, exigió a las autoridades estatales y federales la inmediata libertad de los trabajadores de la tortillería pues, “al final de cuentas, son víctimas”.

Y es que advirtió que hay una gran incertidumbre y temor entre los familiares de los detenidos, quienes están buscando apoyo y la ayuda de las autoridades que, hasta el momento no se les ha dado.

Reprochó que de los dos detenidos, uno es “un simple trabajador que nada tenía que ver”, pero concretó que tampoco los propietarios del negocio tenían que ser juzgados luego de que únicamente se dedicaron a defender su patrimonio “como cualquier otra persona lo haría si se introducen a su domicilio”.

Resaltó que el cuerpo del ahora occiso, en ese momento quedó dentro de la tortillería, lo que da muestras de que el sujeto se había introducido con el fin de concretar la extorsión o, peor aún, el plagio.

Exigió no tan sólo la libertad inmediata de sus compañeros sino que también seguridad para ellos.

Exigió además la inmediata restitución de los 20 mil pesos que el agente del Ministerio Público cobró al empresario para dejarlo en libertad, ya que eso en ningún momento se trató de una fianza. Responsabilizó al titular de éste MP del soborno.

Advirtió que la cuestión de las extorsiones “ya no son una novedad para el ramo empresarial”, ya que son las principales víctimas de los delincuentes dedicados a este tipo de actos.

Denunció incluso que en Tlapa, en menos de mes y medio han fallecido tres vendedores de tortillas en hechos violentos, lo que advirtió que es un hecho en el que las autoridades están siendo omisas, ya que hay una importante cantidad de denuncias en la Procuraduría del Estado, pero ninguna se ha resuelto.

En este contexto, lamentó la actitud del Estado en el área de protección de justicia.

Expuso que el puerto de Acapulco es donde más se ha cargado la delincuencia hacia este sector empresarial, sin embargo, existe una infinidad de casos y denuncias en todo el Estado, siendo el puerto el de las cifras más altas seguido por la región de la Tierra Caliente.

“Nos sumamos a las organizaciones empresariales que estamos viviendo la psicosis en Guerrero”, destacó Jorge Rosas Ávila para luego afirmar que de más de 5 mil empresarios que hay en este rubro, hay al menos 200 industriales de la Masa y la Tortilla sufren de la extorsión de grupos de crimen organizado.

Aclaró que esta sería una cifra vaga, ya que en realidad puede haber muchos casos más, ya que en su mayoría, los empresarios prefieren guardar hermetismo ante el temor a algún tipo de represalias.

No a los impuestos

En la parte final de su participación, el líder empresarial advirtió que busca denunciar la delicada situación por la que atraviesa otro ramo dentro de los grupos empresariales, afirmando que tampoco cuentan con el respaldo del gobierno.

En este sentido alertó que durante una reunión de trabajo en Tlapa y a raíz del asesinato de tres tortilleros, se llegó al acuerdo de no pagar ningún tipo de impuestos al municipio, Estado y la federación.

“Esto poco a poco se va a ir extendiendo a todos los comités municipales del sector empresarial de la Masa y la Tortilla en el Estado”, advirtió.

Explicó que en el caso de la autoridad municipal no ha cumplido con el otorgamiento de ningún tipo de servicios a los empresarios, a pesar de que se está pagando de refrendo 2 mil 300 pesos al año, siendo que hay 87 tortillerías en Tlapa, lo que tan solo de este rubro, se convierte en una muy buena entrada de recursos para el gobierno municipal.

Entre otras cosas, dijo que pagan apertura de licencias de funcionamiento, multas que “son muy continuas”, predial y agua, entre otras cosas.

Afirmó que esta misma situación es para los tortilleros de todo el Estado, incluyendo las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, donde la competencia desleal hace que las ventas de las tortillerías establecidas se desplomen, mientras que las autoridades municipales violan el reglamento interno del sector de la Masa y la Tortilla que está vigente en los municipios.

“No tenemos porqué pagarle a la autoridad si la autoridad no nos responde, entonces es el primer comité municipal (el de Tlapa) del sector empresarial donde a partir de este domingo, no se le pagará al municipio ningún dinero”, recalcó.

Hizo extensivo el llamado a todos los sectores empresariales y a la ciudadanía en general, a fin de que concreten una “rebeldía” y no se paguen tributos (impuestos) a ninguna autoridad, en tanto los tres niveles de gobierno no actúen ante sus denuncias y demandas.

Dijo que “éste es el primer paso” del grupo empresarial que representa, sin embargo, en casos particulares hay muchos empresarios que ya tomaron la decisión de tener armas en sus negocios como acto de autoprotección.

“Estamos ya al borde de una guerra civil en la que tenemos que participar todos, la ciudadanía en general y no solo la Industria Molinera. Somos mexicanos, somos guerrerenses, vivimos aquí y de alguna forma tenemos que ayudar para recobrar la paz”, sentenció Jorge Rosas.

Al referirse al gobierno estatal y su negativa a actuar contra el crimen organizado, dijo: “no es necesario denunciar, los hechos son visibles. En ese sentido no hay una autoridad que imponga el orden en la sociedad”.

Agregó que desde hace dos años ha gestionado una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para exponerle los problemas que aquejan al sector que representa, así como para proponerle algunos proyectos que mejoren el sector, sin embargo siempre se ha encontrado con una negativa.

“Entonces decimos que cuál es la clase de gente que nos está gobernando en Guerrero, y pues ante la omisión alguien tiene que dar el primer paso y poner el ejemplo y la verdad es saludable que algunos estén optando por tomar las armas”, concluyó.

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Oficial Mayor de la CNDH amenaza y agrede a Oscar Kabata, víctima de tortura

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Por Ignacio García

El oficial mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ángel Gómez Garza, fue captado en video agrediendo y amenazando a Óscar Alejandro Kabata de Anda, sobreviviente de tortura y violación sexual por parte de militares de élite en febrero de 2009, durante el Operativo Conjunto, en Chihuahua, encabezado por el general Felipe de Jesús Espitia Hernández.

En un video captado por la propia víctima, se observa que Óscar Kabata refirió jadeando: “gracias, eh, gracias por la putiza que me dieron”, por lo que el oficial mayor de la CNDH le contestó: “putiza, la que te voy a poner, cabrón”.

Ante dicha situación, Oscar Kabata le respondió: “qué cagadota están haciendo”, por lo que nuevamente el funcionario de la CNDH, acompañado de otros tres funcionario de la misma instancia de derechos humanos le amenazó: “ahí sigue grabando, maricón”.

Kabata señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incumplió los acuerdos de reparación del daño por el secuestro y la tortura que sufrió por parte de los militares y la falta de acción por parte de la CNDH que tampoco integró de forma adecuada su denuncia.

Hasta el momento, la CNDH no ha emitido algún posicionamiento con respecto a las actitudes del oficial mayor del organismo y por el cual la actual titular de la comisión, Rosario Piedra, ha sido señalada de inacciones en la defensa de los derechos humanos.

Los Ángeles Press documentó el caso de Oscar Alejandro Kabata por el que sufrió agresiones por parte de elementos de la Sedena durante la administración de Felipe Calderón y por el cual fue presentado ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a atender el caso.

 

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Guardia Nacional toma control de la Subdelegación de FGR en Tapachula, Chiapas

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Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, CHIAPAS. Con fecha del primero de febrero, la Guardia Nacional tomará el control de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República, en Tapachula, Chiapas, de acuerdo con el nuevo modelo ordenado por el Gobierno federal con el que se transforma  la FGR.

Ministerios, Policías de investigación y peritos están siendo cesados sin respeto a los derechos laborales, y los despidos se están presentando a nivel estatal y nacional.

En esta ciudad de Tapachula, desde hoy 24 de enero, entraron en proceso de entrega y recepción también miembros de la Policía Federal Ministerial, ya que el nuevo personal son mandos militares.

Los procesos quedan inmóviles hasta que la Guardia Nacional entre en posesión de todos los cargos púbicos clave, según lo informado por los abogados litigantes que observan la sorpresa de los más de 45 trabajadores que quedarán fuera de la instancia judicial sin habérsele avisado con antelación de la militarización de la fiscalía.

Por ahora no se han dado a conocer los nombres de los militares que ocuparán los cargos directivos.

De acuerdo con el información de la SEDENA, la Guardia Nacional es una corporación castrense, no de seguridad de carácter civil, como fue creada por mandato constitucional en México. Según un reporte del Centro ProDH, el 75 por ciento del personal de la Guardia Nacional es también de extracción castrense, además de todos sus coordinadores de los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas: 28 de la Secretaría de la Defensa Nacional y cuatro de la Secretaría de Marina.

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Migración y Guardia Nacional, a golpes y descargas eléctricas, detuvieron caravana de migrantes

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Por Cinthya Alvarado Enríquez.

En la madrugada del viernes 21 de enero, a las 4.30 am, autoridades del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional detuvieron con violencia a unos 250 migrantes que iban en caravana sobre la carretera Panamericana, a la altura del Ejido Álvaro Obregón, cerca del Centro de Rehabilitación Social número 3 de Tapachula. Sin embargo, medios y redes sociales guardaron silencio respecto a la violencia utilizada con los migrantes.

Los funcionarios de Migración y militares golpearon a los migrantes con equipo antimotines, y les dieron descargas eléctricas para forzarlos a que se entregaran. Entre los detenidos, unas 250 personas, entre mujeres y hombres con niños a quienes llevaron a la estación migratoria Siglo XXI.

En videos y fotos de los migrantes que ya fueron liberados muestran las lesiones, hematomas y quemadas de las descargas eléctricas. También niños sufren escoriaciones, además del daño psicológico, sienten pavor cada que ven un policía, se asustan en la calle si ven una camioneta como las de Migración.

La brutalidad del operativo no es publicada en redes, donde solo muestran que la gente entra por su propio pie a las camionetas enrejadas del INM, claro luego de ver cómo golpearon a muchos de ellos.

La llamada cárcel migratoria continúa abarrotada, sin que haya reporte de organismos defensores de derechos humanos, continúa la caza diaria de migrantes en Tapachula fuera de protocolos, con exceso de violencia.

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