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Mexico Violento

Empresarios de Guerrero dejarán de pagar impuestos tras asesinatos

Empresarios de la Masa y la Tortilla dejarán de pagar impuestos tras la serie de extoriones, asesinatos y corrupción de Ministerios Públicos

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Empresarios de la tortilla en Tlapa y Acapulco advirtieron que no pagarán más impuestos hasta que el estado garantice su seguridad. Foto: ntraztecas.com

Empresarios de la tortilla en Tlapa y Acapulco advirtieron que no pagarán más impuestos hasta que el estado garantice su seguridad. Foto: ntraztecas.com

*** El titular del Ministerio Público de La Garita sobornó con 20 mil pesos al propietario de la tortillería para dejarlo en libertad, después de defenderse del extorionador que murió dentro del negocio

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- Empresarios de la Masa y la Tortilla denunciaron la detención de dos trabajadores de la Tortillería “La Terminal” de Acapulco, Guerrero luego de que en defensa propia, dieron muerte a un extorsionador y secuestrador tras negarse a pagar 50 mil pesos que éste les exigía.

Pidieron la libertad inmediata de los dos empleados y denunciaron que para que el propietario de la tortillería saliera libre, y el titular del Agente del Ministerio Público de La Garita sobornó a sus familiares pidiéndoles una “propina” de 20 mil pesos.

También advirtieron que todo el ramo empresarial se ha visto afectado con los secuestros, extorsiones y asesinatos, sin que los tres niveles de gobierno actúen al respecto, por lo que tomaron la determinación de que en Tlapa, donde en los últimos días fueron asesinados tres tortilleros, dejarán de pagar todo tipo de impuesto a los tres niveles de gobierno, acción que se expandirá a todo el Estado ante la falta de apoyo hacia este grupo.

La extorsión y el crimen

Hace dos semanas, un sujeto se hizo presente en la tortillería con razón social “La Terminal”, donde mediante una extorsión, exigió a los propietarios que le entregaran 50 mil pesos, si no querían que les secuestraran a un familiar, dando cinco días para la entrega del recurso.

El día viernes pasado alrededor de las 19:30 horas, varios sujetos armados llegaron a la tortillería donde también es el domicilio de los propietarios, en la colonia Cumbres de Figueroa del puerto de Acapulco.

Arribaron en dos vehículos; del primero descendieron cuatro personas y del segundo otras tres, varios portaban armas de fuego y el resto empuñaban cuchillos, según relató Jorge Rosas Ávila, presidente del Comité Estatal del Sector de la Masa y la Tortilla en Guerrero.

Los hombres armados se introdujeron a la tortillería, amagaron a la cajera y luego se enfocaron a golpear a uno de los trabajadores, todo con la intención de secuestrar a la hija del dueño del negocio.

“Afortunadamente al lado contiguo de la tortillería se encontraba otra persona que ahí mismo labora, por lo que empezó un forcejeo entre trabajadores y dueños del local contra los extorsionadores. Desafortunadamente de este hecho se registró un desenlace”, relató.

Dijo que uno de los hombres armados falleció dentro de la tortillería producto de los golpes que le propinaron sus víctimas, mientras que el resto de los sujetos abandonaron el lugar.

Rosas Ávila expuso: “de esta manera denunciamos la aberración de la autoridad policiaca puesto que al compañero nunca se le auxilió, hasta después de una hora de los hechos a pesar de que fue avisada la policía al 066 en su momento”.

Indicó que el empresario salió de su domicilio inmediatamente después de los hechos a buscar la ayuda policiaca, sin embargo una patrulla a la que pidió auxilio, se lo negó, por lo que llegó hasta La Diana en la avenida Costera Miguel Alemán, donde encontró un destacamento de la Policía Federal.

Pasó casi hora y media después de que una patrulla de la Policía Federal se presentó en el negocio, pero el secuestrador ya había fallecido.

La injusticia

Jorge Rosas afirmó que a partir de ese momento, inició un viacrucis para la familia del empresario, puesto que éste, uno de sus familiares y su empleado (de los que por seguridad se negó a otorgar sus nombres) fueron detenidos y acusados de homicidio.

“Todos los compañeros fueron detenidos por la autoridad ministerial y no sólo la autoridad ministerial, sino que el 20 de agosto fueron consignados por la autoridad judicial. De esta manera denunciamos este actuar de la Procuraduría General de Justicia”, sentenció.

Aclaró que sólo dos fueron consignados ya que el propietario de la tortillería fue puesto en libertad luego de que pagara una “propina” de 20 mil pesos al titular de la Agencia del Ministerio Público de “La Garita”, lo cual reconoció que se trató de un soborno o extorsión del MP, y que no fue una libertad bajo fianza.

“Desconozco el nombre del agente pero hago pensar que el Procurador lo conoce. Él sabe qué tipo de personas tiene ahí trabajando”, dijo.

Luego agregó: “estos hechos fueron pues así y hoy están en manos del juzgador, pero desde aquí nuestro reproche y un mensaje al señor gobernador y que nos diga si no tan solo nos vamos a cuidar de los delincuentes, de quienes secuestran y extorsionan, sino que también tenemos que cuidarnos de quienes procuran y administran la justicia en Guerrero”.

Dio a conocer que a través de un mensaje de texto, familiares de los detenidos le habían enviado un mensaje de texto para informarle que habían amenazado a los hoy detenidos afirmándoles que “irían por ellos y los sacarían de prisión” con el fin de asesinarlos y hacerlos pagar por la muerte de un integrante de esa banda delincuencial.

El mensaje decía textualmente: “urge que pidamos protección para mi hijo y mi trabajador, los están amenazando. Hago responsable a las autoridades del penal de su integridad física. Temo por su vida”.

La postura y exigencia

En ese contexto, exigió a las autoridades estatales y federales la inmediata libertad de los trabajadores de la tortillería pues, “al final de cuentas, son víctimas”.

Y es que advirtió que hay una gran incertidumbre y temor entre los familiares de los detenidos, quienes están buscando apoyo y la ayuda de las autoridades que, hasta el momento no se les ha dado.

Reprochó que de los dos detenidos, uno es “un simple trabajador que nada tenía que ver”, pero concretó que tampoco los propietarios del negocio tenían que ser juzgados luego de que únicamente se dedicaron a defender su patrimonio “como cualquier otra persona lo haría si se introducen a su domicilio”.

Resaltó que el cuerpo del ahora occiso, en ese momento quedó dentro de la tortillería, lo que da muestras de que el sujeto se había introducido con el fin de concretar la extorsión o, peor aún, el plagio.

Exigió no tan sólo la libertad inmediata de sus compañeros sino que también seguridad para ellos.

Exigió además la inmediata restitución de los 20 mil pesos que el agente del Ministerio Público cobró al empresario para dejarlo en libertad, ya que eso en ningún momento se trató de una fianza. Responsabilizó al titular de éste MP del soborno.

Advirtió que la cuestión de las extorsiones “ya no son una novedad para el ramo empresarial”, ya que son las principales víctimas de los delincuentes dedicados a este tipo de actos.

Denunció incluso que en Tlapa, en menos de mes y medio han fallecido tres vendedores de tortillas en hechos violentos, lo que advirtió que es un hecho en el que las autoridades están siendo omisas, ya que hay una importante cantidad de denuncias en la Procuraduría del Estado, pero ninguna se ha resuelto.

En este contexto, lamentó la actitud del Estado en el área de protección de justicia.

Expuso que el puerto de Acapulco es donde más se ha cargado la delincuencia hacia este sector empresarial, sin embargo, existe una infinidad de casos y denuncias en todo el Estado, siendo el puerto el de las cifras más altas seguido por la región de la Tierra Caliente.

“Nos sumamos a las organizaciones empresariales que estamos viviendo la psicosis en Guerrero”, destacó Jorge Rosas Ávila para luego afirmar que de más de 5 mil empresarios que hay en este rubro, hay al menos 200 industriales de la Masa y la Tortilla sufren de la extorsión de grupos de crimen organizado.

Aclaró que esta sería una cifra vaga, ya que en realidad puede haber muchos casos más, ya que en su mayoría, los empresarios prefieren guardar hermetismo ante el temor a algún tipo de represalias.

No a los impuestos

En la parte final de su participación, el líder empresarial advirtió que busca denunciar la delicada situación por la que atraviesa otro ramo dentro de los grupos empresariales, afirmando que tampoco cuentan con el respaldo del gobierno.

En este sentido alertó que durante una reunión de trabajo en Tlapa y a raíz del asesinato de tres tortilleros, se llegó al acuerdo de no pagar ningún tipo de impuestos al municipio, Estado y la federación.

“Esto poco a poco se va a ir extendiendo a todos los comités municipales del sector empresarial de la Masa y la Tortilla en el Estado”, advirtió.

Explicó que en el caso de la autoridad municipal no ha cumplido con el otorgamiento de ningún tipo de servicios a los empresarios, a pesar de que se está pagando de refrendo 2 mil 300 pesos al año, siendo que hay 87 tortillerías en Tlapa, lo que tan solo de este rubro, se convierte en una muy buena entrada de recursos para el gobierno municipal.

Entre otras cosas, dijo que pagan apertura de licencias de funcionamiento, multas que “son muy continuas”, predial y agua, entre otras cosas.

Afirmó que esta misma situación es para los tortilleros de todo el Estado, incluyendo las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, donde la competencia desleal hace que las ventas de las tortillerías establecidas se desplomen, mientras que las autoridades municipales violan el reglamento interno del sector de la Masa y la Tortilla que está vigente en los municipios.

“No tenemos porqué pagarle a la autoridad si la autoridad no nos responde, entonces es el primer comité municipal (el de Tlapa) del sector empresarial donde a partir de este domingo, no se le pagará al municipio ningún dinero”, recalcó.

Hizo extensivo el llamado a todos los sectores empresariales y a la ciudadanía en general, a fin de que concreten una “rebeldía” y no se paguen tributos (impuestos) a ninguna autoridad, en tanto los tres niveles de gobierno no actúen ante sus denuncias y demandas.

Dijo que “éste es el primer paso” del grupo empresarial que representa, sin embargo, en casos particulares hay muchos empresarios que ya tomaron la decisión de tener armas en sus negocios como acto de autoprotección.

“Estamos ya al borde de una guerra civil en la que tenemos que participar todos, la ciudadanía en general y no solo la Industria Molinera. Somos mexicanos, somos guerrerenses, vivimos aquí y de alguna forma tenemos que ayudar para recobrar la paz”, sentenció Jorge Rosas.

Al referirse al gobierno estatal y su negativa a actuar contra el crimen organizado, dijo: “no es necesario denunciar, los hechos son visibles. En ese sentido no hay una autoridad que imponga el orden en la sociedad”.

Agregó que desde hace dos años ha gestionado una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para exponerle los problemas que aquejan al sector que representa, así como para proponerle algunos proyectos que mejoren el sector, sin embargo siempre se ha encontrado con una negativa.

“Entonces decimos que cuál es la clase de gente que nos está gobernando en Guerrero, y pues ante la omisión alguien tiene que dar el primer paso y poner el ejemplo y la verdad es saludable que algunos estén optando por tomar las armas”, concluyó.

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Mexico Violento

Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista por revelar contratos ficticios de la CFE

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Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Audio-amenaza de muerte contra periodista

  • Cárcel o Panteón, la oferta del Residente de Obra y su mano derecha

  • Dama de compañía de nuevo entrevistada

“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.
Marisa Gristein, autora de Mujeres Asesinas

 

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

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Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República, los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

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Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona. Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

Para entender el caso: Preso político Luis Díaz Pantoja pide intervención de la ONU por 9 años de detención arbitraria del Estado mexicano

 

 

De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

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Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

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