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Mexico Violento

Empresarios de Guerrero dejarán de pagar impuestos tras asesinatos

Empresarios de la Masa y la Tortilla dejarán de pagar impuestos tras la serie de extoriones, asesinatos y corrupción de Ministerios Públicos

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Empresarios de la tortilla en Tlapa y Acapulco advirtieron que no pagarán más impuestos hasta que el estado garantice su seguridad. Foto: ntraztecas.com

Empresarios de la tortilla en Tlapa y Acapulco advirtieron que no pagarán más impuestos hasta que el estado garantice su seguridad. Foto: ntraztecas.com

*** El titular del Ministerio Público de La Garita sobornó con 20 mil pesos al propietario de la tortillería para dejarlo en libertad, después de defenderse del extorionador que murió dentro del negocio

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- Empresarios de la Masa y la Tortilla denunciaron la detención de dos trabajadores de la Tortillería “La Terminal” de Acapulco, Guerrero luego de que en defensa propia, dieron muerte a un extorsionador y secuestrador tras negarse a pagar 50 mil pesos que éste les exigía.

Pidieron la libertad inmediata de los dos empleados y denunciaron que para que el propietario de la tortillería saliera libre, y el titular del Agente del Ministerio Público de La Garita sobornó a sus familiares pidiéndoles una “propina” de 20 mil pesos.

También advirtieron que todo el ramo empresarial se ha visto afectado con los secuestros, extorsiones y asesinatos, sin que los tres niveles de gobierno actúen al respecto, por lo que tomaron la determinación de que en Tlapa, donde en los últimos días fueron asesinados tres tortilleros, dejarán de pagar todo tipo de impuesto a los tres niveles de gobierno, acción que se expandirá a todo el Estado ante la falta de apoyo hacia este grupo.

La extorsión y el crimen

Hace dos semanas, un sujeto se hizo presente en la tortillería con razón social “La Terminal”, donde mediante una extorsión, exigió a los propietarios que le entregaran 50 mil pesos, si no querían que les secuestraran a un familiar, dando cinco días para la entrega del recurso.

El día viernes pasado alrededor de las 19:30 horas, varios sujetos armados llegaron a la tortillería donde también es el domicilio de los propietarios, en la colonia Cumbres de Figueroa del puerto de Acapulco.

Arribaron en dos vehículos; del primero descendieron cuatro personas y del segundo otras tres, varios portaban armas de fuego y el resto empuñaban cuchillos, según relató Jorge Rosas Ávila, presidente del Comité Estatal del Sector de la Masa y la Tortilla en Guerrero.

Los hombres armados se introdujeron a la tortillería, amagaron a la cajera y luego se enfocaron a golpear a uno de los trabajadores, todo con la intención de secuestrar a la hija del dueño del negocio.

“Afortunadamente al lado contiguo de la tortillería se encontraba otra persona que ahí mismo labora, por lo que empezó un forcejeo entre trabajadores y dueños del local contra los extorsionadores. Desafortunadamente de este hecho se registró un desenlace”, relató.

Dijo que uno de los hombres armados falleció dentro de la tortillería producto de los golpes que le propinaron sus víctimas, mientras que el resto de los sujetos abandonaron el lugar.

Rosas Ávila expuso: “de esta manera denunciamos la aberración de la autoridad policiaca puesto que al compañero nunca se le auxilió, hasta después de una hora de los hechos a pesar de que fue avisada la policía al 066 en su momento”.

Indicó que el empresario salió de su domicilio inmediatamente después de los hechos a buscar la ayuda policiaca, sin embargo una patrulla a la que pidió auxilio, se lo negó, por lo que llegó hasta La Diana en la avenida Costera Miguel Alemán, donde encontró un destacamento de la Policía Federal.

Pasó casi hora y media después de que una patrulla de la Policía Federal se presentó en el negocio, pero el secuestrador ya había fallecido.

La injusticia

Jorge Rosas afirmó que a partir de ese momento, inició un viacrucis para la familia del empresario, puesto que éste, uno de sus familiares y su empleado (de los que por seguridad se negó a otorgar sus nombres) fueron detenidos y acusados de homicidio.

“Todos los compañeros fueron detenidos por la autoridad ministerial y no sólo la autoridad ministerial, sino que el 20 de agosto fueron consignados por la autoridad judicial. De esta manera denunciamos este actuar de la Procuraduría General de Justicia”, sentenció.

Aclaró que sólo dos fueron consignados ya que el propietario de la tortillería fue puesto en libertad luego de que pagara una “propina” de 20 mil pesos al titular de la Agencia del Ministerio Público de “La Garita”, lo cual reconoció que se trató de un soborno o extorsión del MP, y que no fue una libertad bajo fianza.

“Desconozco el nombre del agente pero hago pensar que el Procurador lo conoce. Él sabe qué tipo de personas tiene ahí trabajando”, dijo.

Luego agregó: “estos hechos fueron pues así y hoy están en manos del juzgador, pero desde aquí nuestro reproche y un mensaje al señor gobernador y que nos diga si no tan solo nos vamos a cuidar de los delincuentes, de quienes secuestran y extorsionan, sino que también tenemos que cuidarnos de quienes procuran y administran la justicia en Guerrero”.

Dio a conocer que a través de un mensaje de texto, familiares de los detenidos le habían enviado un mensaje de texto para informarle que habían amenazado a los hoy detenidos afirmándoles que “irían por ellos y los sacarían de prisión” con el fin de asesinarlos y hacerlos pagar por la muerte de un integrante de esa banda delincuencial.

El mensaje decía textualmente: “urge que pidamos protección para mi hijo y mi trabajador, los están amenazando. Hago responsable a las autoridades del penal de su integridad física. Temo por su vida”.

La postura y exigencia

En ese contexto, exigió a las autoridades estatales y federales la inmediata libertad de los trabajadores de la tortillería pues, “al final de cuentas, son víctimas”.

Y es que advirtió que hay una gran incertidumbre y temor entre los familiares de los detenidos, quienes están buscando apoyo y la ayuda de las autoridades que, hasta el momento no se les ha dado.

Reprochó que de los dos detenidos, uno es “un simple trabajador que nada tenía que ver”, pero concretó que tampoco los propietarios del negocio tenían que ser juzgados luego de que únicamente se dedicaron a defender su patrimonio “como cualquier otra persona lo haría si se introducen a su domicilio”.

Resaltó que el cuerpo del ahora occiso, en ese momento quedó dentro de la tortillería, lo que da muestras de que el sujeto se había introducido con el fin de concretar la extorsión o, peor aún, el plagio.

Exigió no tan sólo la libertad inmediata de sus compañeros sino que también seguridad para ellos.

Exigió además la inmediata restitución de los 20 mil pesos que el agente del Ministerio Público cobró al empresario para dejarlo en libertad, ya que eso en ningún momento se trató de una fianza. Responsabilizó al titular de éste MP del soborno.

Advirtió que la cuestión de las extorsiones “ya no son una novedad para el ramo empresarial”, ya que son las principales víctimas de los delincuentes dedicados a este tipo de actos.

Denunció incluso que en Tlapa, en menos de mes y medio han fallecido tres vendedores de tortillas en hechos violentos, lo que advirtió que es un hecho en el que las autoridades están siendo omisas, ya que hay una importante cantidad de denuncias en la Procuraduría del Estado, pero ninguna se ha resuelto.

En este contexto, lamentó la actitud del Estado en el área de protección de justicia.

Expuso que el puerto de Acapulco es donde más se ha cargado la delincuencia hacia este sector empresarial, sin embargo, existe una infinidad de casos y denuncias en todo el Estado, siendo el puerto el de las cifras más altas seguido por la región de la Tierra Caliente.

“Nos sumamos a las organizaciones empresariales que estamos viviendo la psicosis en Guerrero”, destacó Jorge Rosas Ávila para luego afirmar que de más de 5 mil empresarios que hay en este rubro, hay al menos 200 industriales de la Masa y la Tortilla sufren de la extorsión de grupos de crimen organizado.

Aclaró que esta sería una cifra vaga, ya que en realidad puede haber muchos casos más, ya que en su mayoría, los empresarios prefieren guardar hermetismo ante el temor a algún tipo de represalias.

No a los impuestos

En la parte final de su participación, el líder empresarial advirtió que busca denunciar la delicada situación por la que atraviesa otro ramo dentro de los grupos empresariales, afirmando que tampoco cuentan con el respaldo del gobierno.

En este sentido alertó que durante una reunión de trabajo en Tlapa y a raíz del asesinato de tres tortilleros, se llegó al acuerdo de no pagar ningún tipo de impuestos al municipio, Estado y la federación.

“Esto poco a poco se va a ir extendiendo a todos los comités municipales del sector empresarial de la Masa y la Tortilla en el Estado”, advirtió.

Explicó que en el caso de la autoridad municipal no ha cumplido con el otorgamiento de ningún tipo de servicios a los empresarios, a pesar de que se está pagando de refrendo 2 mil 300 pesos al año, siendo que hay 87 tortillerías en Tlapa, lo que tan solo de este rubro, se convierte en una muy buena entrada de recursos para el gobierno municipal.

Entre otras cosas, dijo que pagan apertura de licencias de funcionamiento, multas que “son muy continuas”, predial y agua, entre otras cosas.

Afirmó que esta misma situación es para los tortilleros de todo el Estado, incluyendo las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, donde la competencia desleal hace que las ventas de las tortillerías establecidas se desplomen, mientras que las autoridades municipales violan el reglamento interno del sector de la Masa y la Tortilla que está vigente en los municipios.

“No tenemos porqué pagarle a la autoridad si la autoridad no nos responde, entonces es el primer comité municipal (el de Tlapa) del sector empresarial donde a partir de este domingo, no se le pagará al municipio ningún dinero”, recalcó.

Hizo extensivo el llamado a todos los sectores empresariales y a la ciudadanía en general, a fin de que concreten una “rebeldía” y no se paguen tributos (impuestos) a ninguna autoridad, en tanto los tres niveles de gobierno no actúen ante sus denuncias y demandas.

Dijo que “éste es el primer paso” del grupo empresarial que representa, sin embargo, en casos particulares hay muchos empresarios que ya tomaron la decisión de tener armas en sus negocios como acto de autoprotección.

“Estamos ya al borde de una guerra civil en la que tenemos que participar todos, la ciudadanía en general y no solo la Industria Molinera. Somos mexicanos, somos guerrerenses, vivimos aquí y de alguna forma tenemos que ayudar para recobrar la paz”, sentenció Jorge Rosas.

Al referirse al gobierno estatal y su negativa a actuar contra el crimen organizado, dijo: “no es necesario denunciar, los hechos son visibles. En ese sentido no hay una autoridad que imponga el orden en la sociedad”.

Agregó que desde hace dos años ha gestionado una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para exponerle los problemas que aquejan al sector que representa, así como para proponerle algunos proyectos que mejoren el sector, sin embargo siempre se ha encontrado con una negativa.

“Entonces decimos que cuál es la clase de gente que nos está gobernando en Guerrero, y pues ante la omisión alguien tiene que dar el primer paso y poner el ejemplo y la verdad es saludable que algunos estén optando por tomar las armas”, concluyó.

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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Mexico Violento

Pandemia de Covid-19 incrementó un 16% el delito de trata de personas en México

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Confinamiento por medidas sanitarias se volvió más propicio para perpetrar el delito de trata sexual

La contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 en 2020 provocó un crecimiento del 16 por ciento en el número de víctimas de trata de personas en México, informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), haciendo más propicio el delito en un contexto de confinamiento.

El organismo internacional reveló que en América del Norte que incluye a México, Estados Unidos y Canadá este ilícito incrementó de forma exponencial en el primer año de la pandemia, caso contrario a la tasa global que presentó una reducción del 11 por ciento.

El titular del Programa Crimen Organizado y Drogas de la UNODC México, Mario Cordero Véjar, expuso que entre los hallazgos que identificaron en América Latina se identificó que incrementó en 26 por ciento el número de hombres víctimas de trata de personas.

Agregó que este delito para las mujeres creció 14 por ciento en 2020 con respecto a 2019, por lo cual se trató de una actividad ilícita que no se redujo y mantuvo indicadores al alza en el caso mexicano, pues operaron en la clandestinidad.

Agregó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha indicado que este delito se ha mantenido al alza desde entonces, por lo cual en 2022 se reportó un crecimiento del 23 por ciento de estas prácticas que ocurren fundamentalmente en la modalidad de explotación sexual.

En el total de las víctimas el 63 por ciento fueron mujeres, siendo las personas de entre 15 y 29 años de edad el grupo social más vulnerable, por lo cual se han identificado otras modalidades como explotación sexual, explotación laboral, o trabajo y servicios forzados.

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Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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