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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Empresa de Slim usufructúa carretera en Sinaloa desde 2005

Campesinos ejidatarios y comuneros de tres estados denuncian a empresa de Carlos Slim que ha expropiado tierras y ganado unos 4 mmdp con carreteras

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Miguel Alvarado dio a conocer lo que han ganado las empresas de Slim , mientras los campesinos siguen sin cobrar el valor de sus tierras. Foto: difunet

Miguel Alvarado dio a conocer lo que han ganado las empresas de Slim , mientras los campesinos siguen sin cobrar el valor de sus tierras. Foto: difunet

MAZATLÁN, Sinaloa (Difunet).-  Los representantes de 29 ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit dieron a conocer esta mañana que la empresa Promotora Inbursa, propiedad de Carlos Slim Helú, ha logrado ingresos probablemente superiores a los 4 mil millones de pesos desde la puesta en funcionamiento de la autopista Tepic-Mazatlán en 2005, sin que a la fecha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya pagado la indemnización correspondiente a las familias afectadas.

Durante una conferencia de prensa efectuada esta mañana, los ejidatarios expresaron en voz de Miguel Alvarado y su asesor Ernesto Pérez Virgen, que “parece convertirse en un hábito que las empresas registren altos beneficios económicos, mientras que a los dueños de la tierra, quienes vivimos en el campo y hemos sido desposeídos de manera ancestral, el poder político y el poder económico han llegado a despojarnos nuevamente y a usufructuar nuestras tierras sin antes nosotros haber recibido una indemnización como lo marca la ley, a precio justo y a valor comercial actualizado”.

Pérez Virgen argumentó que la denuncia no es contra el empresario Carlos Slim y su corporativo. “Ojala el señor Carlos Slim pueda ser aliado en un acto de justicia agraria para que a los campesinos les paguen su tierra; eso es lo que quisiéramos enfatizar porque es la SCT la responsable junto con la Reforma Agraria, hoy llamada Sedatu, los que violentaron los derechos campesinos y los que han provocado esta crisis y que pueden provocar una ingobernabilidad campesina en estos tres estados”.

Los dueños de la tierra aseguraron que ya no están dispuestos a que les ocurra un nuevo “ninguneo y discriminación” por ser campesinos, como ya sucedió en la autopista Tepic-Mazatlán, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2005.

“A ocho años de su inauguración, no nos han pagado, mientras que la empresa constructora y concesionaria de dicho tramo, Carso e Inbursa del señor Carlos Slim Helú, habrían logrado dividendos que de acuerdo con los números obtenidos del propio Gobierno Federal, podrían superar los 4 mil millones de pesos”, expresó Miguel Alvarado.

De acuerdo con la página de Internet de la autopista Tepic – Mazatlán, la vía está concesionada a Promotora Inbursa, S. A. de C. V., y es operada por la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL).

Los ejidatarios dijeron que de acuerdo con una solicitud de información de 2010, la Secretaría de la Función Pública nos respondió que la autopista tiene un promedio de 3 mil acciones diarias, es decir, tres mil pases de transporte. En ella existen tres casetas: ubicadas en terrenos de los ejidos en Escuinapa, Acaponeta y Rosa Morada, Nayarit, lo que incrementa el número a 9 mil pases de caseta.

Pérez Virgen agregó que “la SCT, apoyándose en autoridades agrarias municipales y estatales, obligó a los campesinos, mediante actos de violencia, a firmar la aceptación de la construcción de la autopista, les hicieron firmar hojas de papel en blanco, que después resultaron convenios de ocupación previa, donde dicen que entregaron a unos siete mil pesos. Mucho del dinero entregado a los campesinos es dinero en efectivo y hay indicios que funcionarios de la SCT les quitaban hasta el 40 por ciento”.

 El representante de los campesinos de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit agregó que “esta es una postura enérgica contra el Gobierno Federal, porque es el Gobierno Federal quien ha concesionado la tierra de los campesinos sin haberlas pagado y el dato duro de que las empresas de Carlos Slim son las que están ganando, pues lo damos como una prueba de la violación que hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, al concesionar la tierra de los campesinos de Nayarit y Sinaloa y no queremos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto concesione la tierra de los campesinos de Mazatlán, del municipio de Concordia, Sinaloa y de los municipios de Durango y Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, si antes no les paga a la tierra a los campesinos”.

Los ejidatarios afectados expresaron que en el caso de la autopista Mazatlán-Durango, desde el año 2003 comenzaron a construir a través de convenios de ocupación previa y es la fecha en que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les niegan el resultado del avalúo de sus tierras y el monto de indemnización a la que tienen derecho.

“Queremos advertir a los funcionarios de la SCT, tanto aquí como a los que están en nuestros estados que los convenios de ocupación previa sólo sirven para construir, pero no para la operación de la concesión, de tal forma que estamos dispuestos a que si no nos han pagado al día de la inauguración, detendremos el funcionamiento de la autopista y de las empresas depredadoras de nuestros bienes”, sentenciaron durante la conferencia de prensa.

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Investigaciones

Los papeles de Pandora exponen tratos financieros secretos de políticos, multimillonarios, líderes y otras elites

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Una gran filtración coordinada de casi doce millones de documentos secretos ha revelado información sin precedentes sobre tratos financieros encubiertos de cientos de políticos, multimillonarios, líderes religiosos, narcotraficantes y celebridades del espectáculo.

Treinta y cinco líderes y exlíderes mundiales aparecen en los documentos, conocidos como “los papeles de Pandora”. Uno de ellos es el rey Abdalá II de Jordania, que tiene un fondo secreto de millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero y ha gastado parte de su fortuna en viviendas de lujo en todo el mundo.

Entre las celebridades del espectáculo se mencionó a Shakira, Julio Iglesias, Miguel Bosé y Elton John. Celebridades expuestas por la investigación que saca a la luz casos de evasión fiscal en el mundo.

Los documentos también implican a los actuales presidentes Uhuru Kenyatta de Kenia y Guillermo Lasso de Ecuador, al ex primer ministro británico Tony Blair y a exsocios del primer ministro paquistaní Imran Khan y del presidente ruso Vladimir Putin.

Más de 600 periodistas contribuyeron a los informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se compilaron durante dos años. El contenido proviene de 14 empresas de servicios financieros globales y se remonta a la década de 1970, aunque la mayoría de la información pertenece a los últimos 25 años.

Mexicanos en la lista

Entre la lista de los Pandora Papers se encuentra el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, como uno de los millonarios de la 4T. También se menciona al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, entre otros.

Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán exigió una investigación seria, profesional y objetiva que dé certeza a los mexicanos sobre quiénes manejan las finanzas públicas en México, luego de darse a conocer este trabajo de investigación periodística mundial, que devela presuntos delitos financieros como lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción de funcionarios de la 4T.

“Es urgente y necesaria la intervención de las autoridades mexicanas para esclarecer estos hechos. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT deben analizar, investigar e informar a los ciudadanos sobre los políticos que están involucrados en estos delitos y saber si son o no unos delincuentes”, añadió.

Con información de Democracy Now!

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Investigaciones

Agremiados del SETEP exigen auditoría a familiar de Barbosa por sospecha de fraude hasta por 250 mdp

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Por Claudia Martínez Sánchez

Agremiados del Sindicato Estatal de los Trabajadores de la Educación (SETEP) exigieron una auditoría a la gestión del dirigente Gonzalo Alejandro Gutiérrez Gómez, en respuesta a su comunicado público en el que enfatiza sus «razones sustentadas jurídicamente» por alusiones en la nota de Los Ángeles Pressde fecha 27 de septiembre de 2021, sobre el presunto fraude que asciende a más de 50 millones de pesos del Fondo de Ahorro Sindical de Defunción y Retiro por Jubilación.

Según los denunciantes, los 50 millones de pesos aludidos en el documento oficial de la maestra Ana Luz Durán Cerón, presidente del Fondo Sindical, son tan sólo una pequeña parte del total de los fondos sindicales, por lo que sostienen que el fraude podría ascender a más de 250 millones de pesos.

El secretario general del SETEP, Gutiérrez Gómez, señaló que la información fue publicada «indebidamente» por este medio y que «el supuesto fraude no es real», que todo lo que versa en la nota es una «total mentira». No obstante, esta periodista obtuvo la información de primera mano con copia de las denuncias interpuestas por la maestra Durán Cerón.

Gutiérrez Gómez especificó en su comunicado que no se ve obligado a responder los señalamientos sólo porque su familia labora en Gobernación, sino además -dijo- poner en evidencia la violación a sus propios estatutos sindicales como la Ley del Trabajo.

Al respecto, el grupo de agremiados, que pidieron reservar su identidad por temor a represalias, explicaron a este medio que en concordancia con la nueva Ley Federal del  Trabajo cualquier agremiado puede promover un juicio para la rendición de cuentas. Abundaron, en que el Instituto de Transparencia para el manejo de recursos también tiene la facultad de sancionar sin dejar de lado su declaración de Hacienda, a partir del 2017.

Esto podría evitarse, dijo el grupo de agremiados, «a menos que se convoque a una asamblea general extraordinaria y se dirima el caso de los fondos del sindicato y si hay responsabilidad de algún integrante del comité, el conflicto se resuelve en ese momento; además de realizar la auditoría correspondiente para que se determinen responsabilidades».

En los contraargumentos, el grupo de agremiados enfatizó al dirigente sindical que los estatutos, estipulado en la misma Ley del Trabajo,  «determina que los únicos que pueden denunciar malversación de fondos son los propios agremiados».

En la Ley federal del Trabajo, en su artículo 358 en su fracción IV, señala que la directiva del sindicato deberá rendir cuenta completa y detallada, apuntaron. Y que en el artículo 373 menciona que la directiva deberá rendir a la asamblea cada seis meses por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Así mismo se especifica que esta rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta en la asamblea.

«El estatuto del sindicato no lo menciona, pero la ley sí», reviran los agremiados denunciantes. «Incluso el tercer párrafo de ese artículo menciona que la información deberá entregarse a cada miembro del sindicato en forma completa, dejando constancia de su recepción». Por lo que consideraron que además deben la presidente del Fondo  de Ahorro Sindical de Defunción y Retiro por Jubilación del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, la maestra Ana Luz Durán Cerón, como los más de 800 agremiados afectados, están actuando conforme a derecho y dentro del marco legal.

Comunicado del dirigente del SETEP

Ley Federal de Trabajo

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Mexico Violento

Frontera sur de México, una crisis agravada por la corrupción del Instituto Nacional de Migración

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Por Cinthya Elena Alvarado Enríquez

Mientras la niña, abraza a su peluche, porque «no podía dejarla», abraza también una esperanza que después sabría que era sólo de unos instantes. Provenientes de Honduras, la niña en brazos de su abuela, acompañada de sus tíos con tres niños más y una lactante de 8 meses, iniciaron su caminata de 36 kilómetros de Tapachula a Huixtla, el sábado 4 de septiembre, desde las siete de la mañana.

Era la cuarta caravana de migrantes en una semana con rumbo hacia el país del norte, formada por más de 700 personas y 150 niños. La familia logró pasar la noche en Huixtla, pero la caravana fue desarticulada por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

Niña hondureña migrante en la cuarta caravana de centroamericanos con rumbo a Estados Unidos. Foto: Cinthya Alvarado.

El INM separa a niños de sus padres

Un mes antes, el domingo 5 de agosto, el Instituto Mexicano de Migración y la Guardia Nacional deshicieron la caravana, con tensión y violencia, a sabiendas que venía una centena de niños. Los levantaron sorpresivamente del techado de Huixtla, y pese a que preguntamos dónde estaban los niños, si estaban junto a sus padres, no dieron información de su paradero. Lo mismo pasó en las anteriores caravanas que desarticularon las mismas autoridades. Incluso, hay una lista de migrantes detenidos por la Guardia Nacional, de quienes no se tiene aún noticia, según la denuncia de integrantes de esta cuarta caravana.

En pasada conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, un líder que se identificó como “Cacique Lempira”, expuso las condiciones en las que se encuentran como solicitantes de asilo:

“¿Cómo nos piden que regresemos a Tapachula? ¿se está dando cuenta de lo que pasa en Tapachula, a continuar como indigentes allá? O ¿nos está ofreciendo un plan o una propuesta?

«No tenemos dónde vivir, ni trabajar, no tenemos para comer en Tapachula. No nos dan permiso para trabajar ni para transitar aún con visas humanitarias, no hay resolución positiva de refugio, las rompen en nuestra cara. Hay una gran corrupción en el Instituto Nacional de Migración.

«Es lo que se vive en el Siglo XXI, el albergue que es más bien un campo de concentración, donde están hacinados más de 2 mil personas en condiciones inhumanas. Hemos estado recibiendo amenazas telefónicas, hacen llamadas donde dicen que posiblemente hasta puedo desaparecer en la carretera, tenemos gente desaparecida, queremos saber dónde están. Las están tirando de manera arbitraria en el río Suchiate, los obligan a que crucen al lado de Guatemala, cuando son solicitantes de asilo, eso es una arbitrariedad”.

 

Unos 70 mil migrantes, varados en Tapachula

El drama migrante es un asunto sin resolver desde hace más de seis. Son Guatemaltecos, Hondureños, Salvadoreños, Haitianos, Cubanos, Congoleños, Nigerianos, que suman unas 70 mil personas, quienes de acuerdo con información de un elemento de la Guardia Nacional «no se puede permitir que suban en caravana, porque al rato se formaría otra de 2 mil o 3 mil y se convertiría en un problema mayor».

El militar puede tener razón. Ellos obedecen órdenes y tiene que asegurarse de la protección y seguridad de todos, nacionales y migrantes, pero claramente esas medidas no son la solución, así lo manifiestan los testimonios de quienes llevan largos meses en espera de emprender camino.

Mañana todo volverá a la «normalidad», el centro de Tapachula de nuevo será caótico, el tema del reclamo de algunos seguirá difundiéndose en redes sociales. El desorden afuera del Mercado Sebastián Escobar donde haitianos han abarrotado una calle con mercadería de su consumo, sin que la presidencia municipal diseñe un ordenamiento que solucione su necesidad de abasto sin afectar a la ciudadanía, así como tampoco se ha acercado a esta población flotante para que se integren a las normas y leyes locales y nacionales con miras a evitar conflictos con los mexicanos.

Remesas a migrantes en Tapachula, principal economía local

De acuerdo con información de empleados de la Tienda Coppel, a diario se recibe un promedio de 3 millones de pesos aproximadamente como remesas para migrantes. Hay más de 15 agencias y bancos para pagar esos envíos. Miles de migrantes reciben dinero de sus familiares radicados en Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que ya representa una importante entrada a la ciudad, porque ellos gastan en víveres, insumos, hospedaje, transporte, y en todo tipo de servicio como teléfonos celulares.

A diario todas las agencias bancarias, de envío de dinero internacional, casas de cambio y bancos se ven enormes filas de migrantes, en las calles de Tapachula. Por el centro y colonias se ven deambulando, en grupos y en parejas, realizando compras. Es por eso que los gobiernos locales y los empresarios prefieren retenerlos y no hacer nada por organizarlos sin permitir una integración positiva para la ciudad.

Gobierno federal, sin plan

El activista y defensor de Derechos Humanos Luis Rey Villagrán señaló que no hay un plan de atención gubernamental basado en la realidad, “un vacío que genera conflicto hasta en la población mexicana”. Abundó que hay una propuesta de Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración de crear un campamento de refugiados, es un plan que han anunciado. “Sin embargo, sus tácticas dilatorias con las que infringen la ley a pesar de ser solicitantes de refugio, los migrantes quedan detenidos, varados en Tapachula, que ahora le llaman una ciudad-cárcel, donde hay estigmatización y pocas oportunidades, menos refugio”.

El también abogado Villagrán dio a conocer que, por orden de Paola López Rodas, subdelegada Federal Zona Sur, del INM, no hay ningún tipo de concesiones, ni por la vía legal. Los migrantes haitianos, migrantes que han intentado salir legalmente con visas humanitarias, con la solicitud de asilo, así como con polleros o coyotes, han sido regresados, en especial los de color, los haitianos.

Villagrán invitó a la población a pedir y observar que se cumpla la Ley de Migración y la Ley de Solicitud de Asilo Político y Protección complementaria vigentes en México. Esta imposición de la ONU, de Joe Biden, y de Francisco Garduño, Comisionado del INM con un doble discurso que no respeta la Ley sólo polariza la opinión de los mexicanos, donde el odio, la injuria, la diatriba, embonan perfectamente porque no hay un orden ni una solución real para dar a los migrantes cauces a su solicitud, como tampoco a que la sociedad local encuentre desarrollo.

El defensor de derechos humanos Luis Rey Villagrán.

El INM, uno de los más corruptos

Entre las denuncias de migrantes, hay denuncias contra agentes del INM que se coordinan con polleros y dueños de hoteles. Cobran hasta 5 mil dólares por visa humanitaria, según testimonios de migrantes. Desde que inició la actual administración federal, cuando la exministra Olga Sánchez Cordero estuvo de gira en la Frontera Sur, declaró que uno de sus propósitos al frente de la Secretaría de Gobernación era limpiar el Instituto Nacional de Migración porque “era uno de los más penetrados por la corrupción”. Y abundó que se iba a suplir prácticamente a todo el personal, 1040 empleados, por los altos niveles de corrupción.

Sánchez Cordero también hizo énfasis en que había cuatro denuncias penales contra agentes que extorsionaban a las personas que intentaban cruzar nuestro país. Sin embargo, a unos días de haber asumido el cargo el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, no se ha pronunciado por la dirección que tendrá el INAMI, ni se le ha dado seguimiento a la crisis migratoria actual.

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