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Fabricación de culpables

Empeora la salud de Nestora Salgado: piden ayuda a Estados Unidos

Fruto de las secuelas de un accidente de tráfico, agravadas por las condiciones de reclusión y la tortura recibida

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IMG_4826Los familiares de la lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, presa desde el 21 de agosto de 2013 en base a una serie de acusaciones auspiciadas desde el Estado de Guerrero, han informado del empeoramiento de su salud debido a las secuelas de un accidente de tráfico, agravadas por las condiciones de reclusión y los actos de tortura que ha sufrido en estos dos años. Además, continúa en ayuno por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A través de un comunicado girado por el Comité de Mujeres #NestoraLibre, solicitan la intervención de la diplomacia estadounidense para ayudar a resolver el caso, del que se prevé para el próximo día 28 una jornada de careos con algunos de sus acusadores.

Nestora Salgado vivió durante una década en Estados Unidos como una migrante más expulsada por la falta de oportunidades de su tierra natal. Aunque logró prosperar y obtener la ciudadanía, su interés por mejorar las condiciones de vida de su gente la empujó a regresar a la montaña de Guerrero, donde finalmente se erigió como coordinadora de la Policía Comunitaria. Seguidamente, el texto del comunicado:

​​A causa de un accidente automovilístico en el que casi pierde la vida, Nestora sufre de neuropatías las cuales se agravaron durante el año y medio durante el cual fue severamente torturada en el Reclusorio de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit. Hasta la fecha -y a pesar de que se encuentra recluida en la Torre Médica de Tepepan- las autoridades penitenciarias no le han suministrado sus medicamentos, razón por la cual tiene severos dolores en la columna vertebral. Por la misma razón, Nestora perdió estatura y movilidad. Nestora ya no puede caminar correctamente. Le cuesta trabajo mover su pierna derecha.

Durante estos dos años de injusta reclusión y de tortura constante, Nestora desarrolló artritis en sus manos. De igual forma, Nestora presenta un envejecimiento prematuro. Estos dos años de encierro la hicieron envejecer notablemente. A pesar de que sólo cuenta con 43 años, Nestora parece una mujer 10 años más grande.

Debido a una huelga de hambre que duró 30 días se agravó su gastritis. Debido a una huelga de sed que duró 5 días, Nestora tiene problemas en los órganos que se encargan de purificar la sangre: el hígado y los riñones. Debido a que no le ha dado la luz del sol durante dos años, tiene manchas en la piel.

A causa de la tortura, Nestora sufre de secuelas psicológicas severas. Nestora sufre de una depresión severa y no puede conciliar el sueño. Tiene pesadillas constantes y no duerme correctamente.

Como muestra de la tortura que le inflingieron en Tepic, Nayarit, tenemos el conocimiento de que en una ocasión le insertaron agujas para darle choques eléctricos. En otra ocasión, le suministraron medicamentos que le causaron ansiedad.

Actualmente, Nestora está realizando un ayuno de 43 días para solidarizarse con los 43 normalistas que aún estamos esperando con vida. Debido a que Nestora tiene diabetes, el ayuno que actualmente está realizando pone en grave riego su vida. Exigimos al gobierno de Estados Unidos y a los organismo internacionales que liberen inmediatamente a Nestora, presa política del estado de Guerrero.

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Fabricación de culpables

Víctimas de García Luna y Cárdenas Palomino, desde prisión, denuncian torturas y montajes de la Policía Federal

Joselaine Gutierrez

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El 25 de febrero de 2012, Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, lideraron detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos a personas que aún se encuentran pagando condenas por delitos que no cometieron.

Es el caso de Roberto Carlos Gómez Zúñiga, Armando Ernesto Salinas Gómez, Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Israel Gómez Zúñiga, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Gabriel Gómez Zúñiga, Carlos Gabriel Balandrín Gómez, Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y Diego Romero Carral. Todos ellos fueron víctimas de tortura física y psicológica para simular un caso resuelto por parte de un grupo de agentes de la extinta Policía Federal, donde Luis Cárdenas Palomino fungía como segundo al mando de la corporación.

Pero su principal torturadora fue una fiscal procesada en octubre de 2020 por fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa, Blanca Alicia Bernal Castilla. Así lo señalaron los culpables fabricados que estuvieron incomunicados y sometidos a torturas por más de 13 horas, para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la SEIDO, acusados injustamente por los delitos de secuestro agravado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Los hechos

A través de una misiva de más de 20 páginas a Los Ángeles Press, los agraviados señalaron que llevan 9 años privados de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social, número 17 “CPS Michoacán”, número 13 “CPS Oaxaca” y número 15 “CPS Chiapas”, luego de ser detenidos en diferentes lugares y circunstancias de tiempo y modo, sin existir una orden judicial de arresto.

Seis personas, entre éstas un menor de edad, fueron aprehendidas cuando se encontraban al interior del centro nocturno “Bar Minezota” en Ecatepec de Morelos, Estado de México; mientras que dos de los suscritos fueron detenidos al interior de su domicilio en presencia de sus padres en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, y uno al interior de su casa habitación en la misma demarcación frente a su esposa e hijos.

Actualmente se encuentran sujetos a un proceso penal, aún en periodo de instrucción, bajo la causa 44/2012 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Luego de ser detenidos, los introdujeron a un inmueble desconocido donde fueron objeto de una escenificación “ajena a la realidad” para ser exhibidos ante los medios de comunicación, bajo el argumento de que pertenecían a una banda de secuestradores y que habían sido aprehendidos en dicho inmueble, donde también se encontró una persona sin vida.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal donde continuaron las torturas en su contra a través de diferentes técnicas, con el objetivo de que aceptaran los falsos delitos por los que era inculpados.

Una vez que dejaron dichas instalaciones, en su camino a la SEIDO en un camión blindado, fueron testigos de otra detención arbitraria de un sujeto que se encontraba en la vía pública bajo el argumento de “estar de pinche chismoso”; la persona responde al nombre de Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, quien actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal por la misma causa.

La torturadora

La agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla fue quien coordinó las torturas de las 10 víctimas de fabricación de delitos, según lo relatado en las misivas. Se trata de la misma persona que actualmente cumple condena por tortura y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa.

En la madrugada del 25 al 26 de febrero del 2012, señalaron las víctimas que rindieron sus declaraciones oralmente sin la presencia física de un defensor, porque no se los permitieron y posteriormente la agente Bernal Castilla los obligó a firmar sus declaraciones sin poder leerlas como era su derecho.

Ante la negativa de los detenidos de firmar sin leer los documentos, la agente los amenazó de que si seguían negándose detendrían a más miembros de sus familias, y ordenó a los policías federales: “denles otra madriza porque no quieren firmar”.

Tras las amenazas y torturas, cinco inculpados terminaron accediendo a firmar sus declaraciones sin tener conocimiento real de su contenido, mismas que fueron tomadas como autocriminatorias por los delitos de secuestro agraviado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Las demás víctimas realizaron un esfuerzo sobre humano para resistir la tortura por parte de Bernal Castilla, teniendo como resultado la fabricación de declaraciones ministeriales e imputaciones en contra de ellos.

Entre las víctimas, un menor de edad

Las golpizas a las víctimas fueron parejas. Entre las víctimas, un joven de 17 años, Christopher Eduardo Molinero Hernández, tuvo que ser hospitalizado de urgencias en la Cruz Roja de Polanco, el 25 de febrero de 2012, a causa de una obstrucción de las vías respiratorias, a punto de la asfixia, tras la tortura con una bolsa de plástico en su cabeza.

El hecho se encuentra acreditado como prueba de descargo con la documental pública consistente en el oficio número DM/0002EX/HCRM-2013 con la fecha del 2 de enero de 2013, emitida por el director médico de la Cruz Roja Mexicana.

Se le hizo saber a la agente del Ministerio Público, y ella misma pidió un perito oficial para que determinara la edad clínica del menor. Y en el expediente quedó plasmado que “Christopher Eduardo Molinero Hernández tenía una edad clínica dental de mayor de 16 años y menor a 18 años al momento de su revisión”.

Pero la agente Bernal Castilla ignoró los resultados y obligó al joven a declarar su autoincriminación, sin la presencia de sus padres o tutores, y bajo tortura.

Fabricación de culpables, una cortina de humo

Hoy se conoce que Genaro García Luna siendo secretario de Seguridad Pública Federal simuló una política frontal de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, a través de la fabricación de culpables, con detenciones arbitrarias masivas, torturas y encarcelamientos injustos, de manera sistemática. No obstante, desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en 2001, ya fabricaba culpables con los delitos de secuestro. Incluso, hay víctimas de más de 20 años en prisión injusta han demostrado su inocencia y aún siguen en prisión.

Sin embargo, cuando García Luna emprendió de manera indiscriminada la fabricación de culpables fue durante su gestión en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de simular eficiencia policial con una “cortina de humo” en México, escenificando montajes de detenciones de presuntos criminales por delitos de alto impacto para mostrar “resultados” de la estrategia contra el narcotráfico y los secuestros; en tanto favorecía a cárteles mexicanos a través de sobornos y conspirando en el tráfico de drogas a Estados Unidos de América; hecho por el cual se encuentra detenido y sujeto a un juicio penal en dicho país.

Entre los montajes mediáticos destacan las víctimas del falso caso Wallace, en el que recientemente un oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos identificó a Isabel Miranda Torres, como una persona vinculada a García Luna, durante la petición de asilo de Alejandro Garduño Real, defensor público de Jacobo Tagle Dobin, el mismo defensor de Francisco García Medel, del caso Nelson Vargas, y de Noé Robles Hernández, del caso Martí.

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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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