La red en lucha
Emergencia del cambio climático podría tener tribunal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Chile y Colombia iniciaron el primer proceso consultivo para crear un tribunal regional sobre la emergencia climática
Por Thalia Viveros y Juan Auz
BOSTON, Estados Unidos – La Corte Interamericana será probablemente el primer tribunal regional de derechos humanos que elabore una opinión consultiva acerca de la emergencia climática, lo que provocará efectos normativos para la justicia climática más allá del ámbito jurídico.
Cada vez es más frecuente que las personas defensoras de derechos humanos recurran a las cortes como parte de su repertorio de esfuerzos para responder a la amenaza existencial que supone el calentamiento global.
El 9 de enero de 2023, Chile y Colombia iniciaron el primer proceso consultivo ante un tribunal regional de derechos humanos. Solicitaron conjuntamente una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para «aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática».
En particular, los Estados solicitantes instaron especificar el significado de dichas obligaciones en seis cuestiones: (1) el deber de prevenir una mayor degradación y (2) los deberes inherentes al derecho a la vida, (3) los derechos de la niñez y las nuevas generaciones, (4) la consulta y los procedimientos judiciales, (5) la protección de las personas defensoras del ambiente, y (6) las responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Cada tema refleja la preocupación de Chile y Colombia por la justicia y la equidad. Hicieron énfasis en cómo la emergencia climática ya está afectando de manera desproporcionada a los derechos de poblaciones históricamente vulnerables. Además, llamaron la atención acerca de la naturaleza interseccional del cambio climático, algo hasta ahora ajeno a la labor interpretativa de la Corte.
Además, la petición incluye preguntas acerca de la adaptación al clima y la protección de los defensores del ambiente, dos conjuntos de obligaciones que fueron pasadas por alto por la OC-23/17 —la opinión consultiva de la corte, que incluye referencias al cambio climático— sobre el ambiente y los derechos humanos.
La solicitud a la Corte Interamericana representa una oportunidad histórica para llenar vacíos jurídicos que podrían contribuir a la justicia climática. Aunque las opiniones consultivas no son vinculantes para los Estados miembros, la interpretación de las obligaciones en el contexto de la región más desigual del mundo podría ayudar al derecho de los derechos humanos a abordar los factores sistémicos que determinan la vulnerabilidad climática de América Latina.
Uno de los efectos jurídicos que podría tener una nueva opinión consultiva es la mejora de las herramientas normativas para el creciente número de demandas relacionadas con el clima en la región, al igual que hizo la OC-23/17.
Sin embargo, aunque los efectos jurídicos de una opinión consultiva son cruciales, los derechos humanos en la región constituyen un lenguaje que moviliza a actores más allá del ámbito jurídico.
En ese sentido, una opinión consultiva sobre la emergencia climática podría poner en marcha la tan necesaria formulación integrada de políticas, suscitar la cooperación de diferentes comunidades de práctica y estimular el impulso político.
Normas climáticas para una política integrada
En su solicitud, Chile y Colombia subrayaron la importancia de la interpretación de la corte para mantener cierta cohesión normativa entre los regímenes internacionales en un ordenamiento jurídico fragmentado. Incluso cuando la emergencia climática pone en peligro varios derechos humanos —como sostienen los Estados solicitantes— al aumentar la transmisión de enfermedades, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua, los ámbitos jurídicos encargados de responder a esos desafíos específicos rara vez se juntan.
A nivel nacional, las leyes y políticas también reflejan fracturas temáticas que socavan una respuesta holística a los efectos nocivos de la emergencia climática. Por ejemplo, es esencial garantizar el derecho a la salud para la adaptación climática.
Sin embargo, las leyes nacionales sobre el clima y los planes de adaptación de Brasil y Colombia no integran suficientemente el derecho a la salud. Abordan solo de forma parcial las cuestiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los sistemas sanitarios.
Esta fragmentación es una oportunidad perdida para la justicia climática, ya que garantizar instalaciones médicas resilientes para las poblaciones más vulnerables es crucial para que puedan soportar las enfermedades relacionadas con el clima.
Al interpretar de forma integrada las obligaciones que emanan de varios campos del derecho, una opinión consultiva puede proporcionar a las y los legisladores y encargados de formular políticas públicas directrices esenciales para aunar respuestas políticas que parecen no estar relacionadas con la emergencia climática.
Cohesionar diferentes comunidades de prácticas
Al igual que el derecho internacional y la formulación de políticas, la sociedad civil —y las comunidades de práctica de las que forman parte— no han eludido la fragmentación.
El trabajo de las oenegés y los movimientos de derechos humanos suele desarrollarse en campos cerrados y en aislamiento geográfico. Por ejemplo, las organizaciones que se ocupan de la salud, los desplazamientos o la migración rara vez incorporan a sus programas los asuntos relacionados con el cambio climático.
Ante la complejidad de la emergencia climática, los actores de la sociedad civil deben aunar esfuerzos en torno a un entendimiento común de cómo la emergencia climática afecta a todos los aspectos de la dignidad humana.
No se trata de un llamado novedoso. Sin embargo, una opinión consultiva puede aclarar aún más cómo el cambio climático interfiere en cuestiones hasta ahora no relacionadas —como la protección de las personas defensoras del ambiente—, proporcionando así coyunturas de unión para diversas comunidades de práctica.
Galvanizar el impulso político
Una opinión consultiva sobre la emergencia climática también podría dar prioridad a la justicia climática en la agenda política de América Latina.
De este modo, a los grupos de presión de los combustibles fósiles, por ejemplo, les resultará más difícil arrinconar a los funcionarios públicos en el espejismo de que sólo garantizarán un desarrollo compatible con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables si aumentan la extracción de petróleo los Estados.
Más de tu interés: Cobertura periodística, clave para que la biodiversidad de forma a la vida y a las políticas de protección (losangelespress.org)
Si los derechos de la niñez y de las generaciones futuras se discuten de forma significativa en la opinión consultiva, se refuerza el arsenal normativo contra la narrativa extractivista.
Igual de significativo es el hecho de que esta señal política puede reforzar el progreso de otras iniciativas importantes fuera de la región, como la petición de Vanuatu ante el Tribunal Internacional de Justicia.
El camino a seguir
Aunque la corte aún tiene que admitir y desarrollar la opinión consultiva solicitada sobre la emergencia climática, las preguntas planteadas por Chile y Colombia llamarán la atención sobre los aspectos inexplorados de la naturaleza interseccional del cambio climático.
Si, al elaborar la opinión consultiva, la corte acoge los aportes de las poblaciones históricamente excluidas, podría comprender mejor sus realidades y, de este modo, sacar a la luz nuevas perspectivas sobre cómo abordar los factores sistémicos que subyacen a su vulnerabilidad al cambio climático.
En América Latina, este progreso normativo podría tener efectos prometedores más allá del ámbito jurídico, lo cual haría de la opinión consultiva un instrumento esencial para iluminar el camino común de los Estados hacia la justicia climática.
***
Los autores: Thalia Viveros, investigadora asistente en la Comisión de Derechos Humanos de Boston, y Juan Auz, investigador en el Centro de Derechos Fundamentales de la Escuela Hertie de Berlín.
Asia
El primer ministro de Israel retrasa reforma judicial de extrema derecha ante protestas masivas

Durante todo el día del lunes, Israel estuvo consumido por las protestas.
Por
Multitudes se reunieron frente a la Knesset, el Parlamento de Israel, y en las calles de sus principales ciudades. La economía se paralizó en medio de una huelga general; desde aeropuertos hasta embajadas israelíes en el extranjero y las 226 franquicias de McDonald’s del país cerraron. Es el movimiento de protesta más grande en toda la historia de Israel, que ha estado tomando las calles durante los últimos meses, pero ahora alcanzó nuevas alturas después de que Netanyahu despidiera al ministro de Defensa, Yoav Gallant, el domingo.
El objetivo era detener lo que Gallant y muchos otros israelíes vieron como una amenaza mortal para su democracia: un proyecto de ley de reforma judicial que arruinaría la separación de poderes del país y permitiría que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu impusiera su voluntad en el país con poca o nula oposición.
Más tarde en el día, hubo señales de que la agitación tuvo un impacto: Netanyahu anunció oficialmente que retrasaría la revisión judicial hasta la próxima sesión legislativa, pidiendo un «tiempo de espera» que podría «brindar una oportunidad real para un diálogo real».
¿Cómo pensar en esta extraordinaria serie de eventos? ¿Es esto una señal de la fortaleza de la democracia israelí o de su debilidad?
La respuesta a esa pregunta es que son ambos.
El proyecto de ley judicial de Netanyahu era de hecho una amenaza existencial para la democracia israelí. Que la gente del país se haya movilizado en cantidades extraordinarias para bloquearlo es una señal de un profundo apoyo a la democracia dentro de la población israelí y de la voluntad de luchar para preservarla.
Pero al mismo tiempo, el hecho de que tuvieran que hacer esto demuestra que la democracia israelí realmente ha llegado al límite, y que la derrota de la reforma judicial no es el final de la lucha.
Netanyahu convenció a su extremista ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, de permanecer de su lado y aceptar la demora —y es sólo una demora, alrededor de un mes— con una condición peligrosa: que el gobierno apruebe un proyecto de ley que crearía una Guardia Nacional bajo su mando. Poner una nueva unidad paramilitar bajo el control de un terrorista convicto que solía colgar una foto de un asesino en masa en su casa no es exactamente una señal de que Israel está fuera del bosque autoritario.
Netanyahu permanece en el cargo público mientras enfrenta denuncias de corrupción y ha mostrado su voluntad de doblegar las instituciones del estado a su voluntad para permanecer en el poder.
La democracia israelí está enferma, pero los acontecimientos de estas últimas semanas sugieren que al menos es capaz de luchar por su vida. Piense en la situación un poco como una infección y las protestas como la respuesta inmune de la política democrática. Cuando te enfermas, la temperatura de tu cuerpo aumenta para crear una atmósfera menos hospitalaria para la enfermedad. La fiebre es una señal de que su sistema inmunológico está funcionando según lo previsto.
La huelga general y las protestas son la fiebre de la democracia israelí, pero el hecho de que la fiebre aumente no significa que la enfermedad desaparezca. Ahora está claro que la democracia israelí todavía tiene un sistema inmunológico robusto; la pregunta es si es lo suficientemente fuerte como para vencer una infección muy arraigada, una que va mucho más allá de esta factura única.
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Fuente: vox.com
Europa
Amnistía Internacional denuncia el silencio de Occidente ante agresiones en África y Asia

Estados occidentales reaccionan enérgicamente ante la invasión de Ucrania y son observadores pasivos frente a las violaciones en África.
Amnistía Internacional lamenta en su Informe Mundial de 2022, publicado este martes, el “doble rasero” de Occidente y buena parte de la comunidad internacional que, al contrario de lo sucedido con la guerra en Ucrania, ha permanecido callada frente a los abusos ocurridos en otros países.
“Si bien los Estados occidentales, así como algunos Estados africanos, han reaccionado enérgicamente a la agresión del Kremlin en Ucrania, se han mantenido en silencio sobre violaciones graves cometidas en países de África, como Burkina Faso, República Centroafricana (RCA), República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Mali y Mozambique”, señala. “El conflicto más mortal de 2022 fue el de Etiopía” pero quedó lejos de la “atención mundial”, ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
“Los Estados occidentales han impuesto sanciones económicas a Moscú y enviado apoyo militar a Kiev; la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa y calificarla acto de agresión. Esta iniciativa firme, por más que bien recibida, contrasta marcadamente con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar”, sostiene la ONG.
Según la organización, estas “respuestas inadecuadas” a los abusos de derechos humanos han alimentado “la impunidad y la inestabilidad”. “Este doble rasero de Occidente ha envalentonado a países como China, y ha permitido a Egipto y Arabia Saudí eludir, ignorar y desviar las críticas que se les han hecho sobre sus respectivos historiales de derechos humanos”, lamenta la ONG.
“El modelo para todas la violaciones de derechos humanos”
Amnistía Internacional menciona, por ejemplo, el caso de Estados Unidos: “Ha criticado enérgicamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Rusia en Ucrania y ha admitido en su territorio a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra. Sin embargo, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 expulsó a más de 25.000 personas haitianas en aplicación de políticas y prácticas arraigadas en el racismo contra las personas negras, y sometió a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos”.
“Los Estados de la Unión Europea abrieron sus fronteras a la población ucraniana que huía de la agresión rusa y, siendo uno de los bloques más ricos del mundo, demostraron tener capacidad más que de sobra para acoger a grandes cantidades de personas que buscaban seguridad y ofrecerles acceso a salud, educación y alojamiento. Sin embargo, muchos mantuvieron sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia”, sostiene la organización.
Callamard ha señalado: “La respuesta a la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto lo que se puede hacer cuando hay voluntad política: el mundo entero la condenó, se iniciaron investigaciones sobre los crímenes que se estaban cometiendo y se abrieron las fronteras a las personas refugiadas. Esta respuesta debe servirnos de modelo para abordar todas las violaciones de derechos humanos masivas”.
“También necesitamos que los Estados que hasta ahora no han osado alzar la voz tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan. Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos”, ha afirmado Callamard.
Represión de disidentes pacifistas en Rusia
La ONG de derechos humanos denuncia en su informe el incremento de la represión en Rusia de los disidentes que se oponen a la campaña militar y otras violaciones de los derechos humanos. “En su represión incesante de la disidencia, las autoridades introdujeron duras restricciones adicionales a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, dice la organización. Según Amnistía Internacional, la policía rusa “disolvió protestas pacíficas contra la guerra y la llamada a filas, a menudo haciendo uso excesivo de la fuerza”.
En esos actos fueron detenidas más de 19.400 personas, incluidos periodistas que cubrían las protestas. “La mayoría se enfrentó a fuertes multas o a periodos de detención administrativa”, añade. Las medidas contra la disidencia también llevaron a la cancelación de conciertos, exposiciones y otros eventos de figuras culturales que expresaban ideas contrarias a la línea oficial.

Agentes de policía detienen en Rusia a una mujer que protestaba contra la invasión de Ucrania en el centro de Moscú en marzo de 2022. AFP vía Getty Images
Amnistía recuerda que un mes después del inicio de los combates en Ucrania, Rusia aprobó nueva legislación que penalizaba la “desacreditación” de las fuerzas armadas rusas y la “difusión deliberada de información falsa” sobre ellas.
En diciembre había más de 100 y 180 causas penales abiertas, respectivamente, por uno y otro cargo, y al menos 5.518 procesos administrativos por “desacreditación”, agrega. Además, se abrieron más de dos centenares de casos penales por otras actividades contra la contienda.
No solo los particulares con una postura antibélica se vieron afectados por las nuevas leyes, las autoridades también cerraron decenas de medios de comunicación independientes y bloquearon miles de sitios web. Así, fue clausurada la famosa emisora el Eco de Moscú y se le retiró la licencia al diario Nóvaya Gazeta, cuyo director fue galardonado en 2021 con el Nobel de la Paz.
Además, el Ministerio de Justicia añadió otros 166 nombres a la lista de “agentes extranjeros” y 23 a la de “organizaciones indeseables”, lo que dificultó aún más sus labores en Rusia.
Derechos humanos en España
“En 2022, en España se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas en algunos ámbitos de derechos humanos”, sostiene la ONG. “Durante el año se han mantenido cuestiones de impunidad del pasado por el incumplimiento de las autoridades de su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias y los abusos que ampara la Ley Mordaza que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad”.
También “se han agravado las violaciones de derechos humanos en la frontera, con la masacre de Melilla de junio pasado, y la utilización de programas de espionaje que han violado el derecho a la privacidad de periodistas, autoridades y sociedad civil”.
Entérate: Pobreza en África impacta esfuerzos por poner fin al matrimonio de niñas – (losangelespress.org)
Amnistía Internacional señala también la “insuficiente protección” de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades “en un contexto de incertidumbre económica”. La organización reconoce algunas mejoras en materia legislativa, citando la ley del sí es sí, la ley trans, del aborto, de vivienda y de secretos oficiales, entre otras.
Críticas a la Unión Africana
La ONG apunta directamente a la Unión Africana (UA), al asegurar que su respuesta “a las violaciones graves y los abusos de los derechos humanos que se cometieron en los conflictos de la región fue ausente o tímida en el mejor de los casos”.
Japhet Biegon, coordinador de Amnistía Internacional en África, ha hablado de un “fracaso de liderazgo” de la UA durante la presentación del informe en Nairobi. “La UA es una institución que se creó hace veinte años para, entre otros objetivos, responder activamente a los conflictos de África e intentar prevenirlos, (…) pero muchísimos ciudadanos de todo el continente no tienen ningún motivo para celebrar este aniversario”.
“Envalentonados por la ausencia de atención o acciones decisivas de la UA y las Naciones Unidas, los grupos armados y las fuerzas gubernamentales siguieron atacando a los civiles en conflictos por todo el continente, dejando un rastro de muerte y destrucción”, denuncia el informe.
Biegon ha destacado que, siete años después de que la UA ordenase la apertura de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur (HCSS) para juzgar los crímenes cometidos en ese país desde 2013 –fecha del inicio de su última guerra civil–, este sigue sin existir.
De igual forma, si bien la Unión Africana medió con éxito en el acuerdo de paz que terminó con la guerra del norte de Etiopía el pasado noviembre, “pasó por alto la impunidad desenfrenada en el país y no ha ofrecido una hoja de ruta clara para garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra y contra la humanidad”, señala la ONG.
***
Fuente: eldiario.es
Europa
Consejo de Seguridad de Rusia advierte contar con armamento capaz ‘de destruir a cualquier adversario’

Mientras el secretario Nikolai Patrushev lanza la advertencia sobre armas nucleares, acusa a EEUU y Reino Unido de provocar «un conflicto mundial».
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha asegurado este lunes que las Fuerzas Armadas rusas cuentan con la capacidad armamentística suficiente como para poder «destruir a cualquier adversario».
«Rusia es paciente y no intimida a nadie con su ventaja militar. Pero tiene armas modernas únicas capaces de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, si su existencia se ve amenazada», ha señalado Patrushev, según recoge la agencia de noticias Interfax.
De este modo, el alto funcionario ha respondido a ciertos políticos estadounidenses que, según él, son «cautivos» de la propia «propaganda» del país norteamericano que apunta a que Rusia no cuenta con la capacidad para responder a un hipotético ataque nuclear preventivo.
«Por alguna razón (…) siguen confiando en que, en caso de un conflicto directo con Rusia, Estados Unidos es capaz de lanza un ataque preventivo con misiles, después del cual Rusia ya no podrá responder. Esto es una estupidez miope y muy peligrosa», ha manifestado.
La doctrina nuclear rusa esgrime que el uso de armas nucleares por parte del país es posible si el enemigo usa este u otros tipos de armas de destrucción masiva contra Rusia y sus aliados, o en caso de agresión contra Rusia con el uso de armas convencionales, cuando la existencia misma del estado está amenazada, entre otros motivos.
Por otro lado, el secretario del Consejo de Seguridad ruso ha alertado de que ciertas potencias occidentales especialmente Reino Unido o Estados Unidos, «no son reacios a iniciar un conflicto paneuropeo o incluso mundial» y que utilizan a Ucrania para alimentar esta tensión.
Anteriormente, Patrushev ha llegado a asegurar que Rusia no está en guerra con Ucrania, sino que el conflicto en Europa del Este se trata más bien de un intento de Occidente por enemistar a Moscú y Kiev. «Los acontecimientos en Ucrania (…) son un enfrentamiento militar de la OTAN, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, contra Rusia», dijo el ato funcionario a principios de año.
(c) 2023 Europa Press.
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