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Mexico Violento

Eliseo Villar decide crear nuevas casas de Justicia en Guerrero

Eliseo Villa Castillo, uno de los coordinadores de la CRAC en Guerrero, acusado de colaborar con el gobierno, ahora crea nuevas casas de justicia

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Eliseo Villar, coordinador acuado de colaborar en el gobierno de Estado cotnra los intereses de las comunidades indígenas. Foto: Archivo/Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

COCHOAPA, Ometepec, Guerrero.- Bajo la insistencia de Eliseo Villar Castillo, uno de los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) acusado hace tres meses de confabulación con el gobierno del Estado de Guerrero, se tomó protesta a cuatro coordinadores de una nueva casa de justicia cuya sede será en Cochoapa, municipio de Ometepec.

Aunque fue debatida por consejeros históricos la integración formal y validación por parte de la asamblea regional, máxima autoridad que rige según el reglamento interno a la CRAC-PC, la rápida instauración de una nueva casa de justicia, la toma de protesta también incluyó adhesión de las comunidades Juchitán Callejones de San Luis Acatlán, Chapultepec de Marquelia, Totomixtlahuaca de Tlacoapa y de Tixtla; Acatempan, El Troncón y Los Amates.

Las actividades por el 18 aniversario de la Policía Comunitaria comenzaron el sábado con cinco horas de retraso debido a un bloqueo que impidió el paso de policías comunitarios, “porque una líder de Chilpancingo nos dijo que si lo hacíamos nos darían la tarjeta de apoyo federal que dan por lo de Manuel”, informó un comunitario tras dialogar con un habitante de San Juan de los Llanos.

La Policía Comunitaria marchó el domingo por calles de Ometepec y posteriormente los grupos se dirigieron a Cochoapa donde comieron, después varios grupos se retiraron quedándose policías comunitarios afromexicanos y amuzgos en su mayoría.

Bajo ciertos rasgos de desorganización, en la reunión de la PC, Villar Castillo dijo que se aprobó en asamblea anterior una nueva estructura de coordinación estatal de las autoridades comunitarias para que represente a la CRAC a nivel estado porque va creciendo y se deben atender los problemas de las cinco casas de justicia, aseguró, aunque no tuvo mucho eco en los asistentes.

Lo que si reiteró hasta que se concretó fue la decisión impulsada por una parte de los coordinadores de San Luis Acatlán bajo la voz de Villar, Espino Blanco y Zitlaltepec no así del El Paraíso que se retiraron; de tomar protesta a la nueva casa de justicia.

La decisión se dio también bajo la línea del ahora coordinador de la CRAC en Ometepec, ex integrante de la UPOEG, David Bracamontes quien daba indicaciones a diversos participantes que tomaron el micrófono.

CRAC18

Aniversario 18, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Hubo varias participaciones de integrantes de la CRAC que abogaron por la prudencia, consenso y el apego al reglamento interno, en una reunión en la cual no asistió ni la mitad de autoridades comunitarias de comunidades me´phaa y na savi.

El consejero Ignacio Navarro llamó a los nuevos integrantes de la PC a acercarse al reglamento interno de la CRAC y caminar pausadamente para no cometer errores. Claudio Carrasco, ex coordinador, calificó de error que haya quienes quieran dirigir a la CRAC sin cargo porque esto generó errores como en El Paraíso que tiene a compañeros presos mientras la PC permanece dormida ante estos hechos, remarcó.

En la tierra del cacique mayor del estado de Guerrero como fue calificado el gobernador por un asistente, Valentín Hernández sugirió que se pospusiera la toma de protesta y se impartiera cursos a los policías comunitarios de esta zona.

Por otra parte, reclamó que hubiera un silencio respecto a policías comunitarios encarcelados, “no estamos todos, faltan 13 compañeros que están presos, en dado caso que hubieran cometido faltas esto debe ser discutido y en su caso sancionado por la CRAC no por el Gobierno federal”, señaló.

Durante la reunión una secretaria de la CRAC recordó que se trata de 22 municipios en los que tiene presencia la Coordinadora no sólo de Marquelia o Cuajinicuilapa por lo que pidió a los asistentes respeto y atención para los consejeros que desde el 98 “se chingaron para que se formara la Policía Comunitaria”.

 

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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Rosario Robles acepta declararse culpable para cumplir sólo seis años de prisión

Ignacio García

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable por el ejercicio indebido del ejercicio público para cumplir sólo seis años de prisión y no pagar la reparación del daño del caso de la “Estafa maestra”.

La funcionaria federal refirió por medio de un escrito que no procede la reparación del daño por el monto total de la Estafa Maestra de cinco mil 500 millones de pesos, así como una pena de 21 años de prisión, ya que se le acusa de dos cargos del ejercicio indebido del servicio público agravado por el delito que se cometió cuanto estaba en el ejercicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) en su acusación formal pidió la máxima pena contra la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero al declararse culpable ofreció a pagar una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a cinco mil 377 pesos.

Robles Berlanga propuso pasar dos años de prisión por cada delito que se le imputa por el ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica, aunado a que solicitó a la FGR que se designe un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta para lograr la autorización.

El pasado 26 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur la FGR señaló que Robles no quiere pagar la reparación del daño, por lo que no procede a conceder ninguna posibilidad de terminar el proceso de manera anticipada.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusada de haber sido responsable de los desvíos millonarios de esas dependencias en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

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