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Con voz propia

Eliminación de hospitales psiquiátricos, una orden del presidente López Obrador

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Por Alberto Farfán

La ansiedad y la depresión como algunos de los factores desencadenantes del suicidio, y asimismo, la imperativa necesidad de que los hombres y mujeres con algunas de estas condiciones mentales deben ser tratados de inmediato en hospitales psiquiátricos para preservar su vida, fue parte de lo que apuntamos en El suicidio en México con índices de gravedad. Ahora es importante resaltar lo que ha ocurrido desde el Gobierno federal con relación a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de eliminar dichos nosocomios.

Y sin dejar de lado el galimatías  seudolegal u oficioso ─lo digo como lingüista─, del decreto en el que hubo cambios a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, texto que provoca ambigüedad, confusión, contradicciones, aspiraciones vanas y hasta demagogia, tratemos de entender qué es lo que en realidad nos intentan decir en lo medular.

De entrada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de mayo del año en curso se pontifica lo siguiente en el artículo 74 de la Ley General de Salud: “Asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud”.

Esto quiere decir que los centros de internamiento psiquiátrico ─o sea, los monoespecializados, en los cuales el paciente es atendido por el tiempo que sea necesario bajo el modelo asilar; cuyo significado es dar asilo o albergar─ deben ser eliminados para dar paso a lugares en donde sólo se otorgue atención momentánea y transitoria ─los propiamente psiquiátricos que a partir de ahora serán ambulatorios u hospitales generales─, sin considerar en modo alguno a los sujetos afectados psicoemocionalmente, que requieren de ser ingresados por la gravedad que puedan presentar, como en los casos de intentos de suicidio, por ejemplo. Y en suma, no sólo se habla de ya no construir más nosocomios, cuando los actuales no se dan abasto para todos los solicitantes, sino de eliminar los ya existentes.

Más claro aún, el subordinado del presidente AMLO, el secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, semanas previas al decreto, fue quien justificó en la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo, del 24 de abril de este año, la desaparición de los hospitales psiquiátricos por la sencilla razón de que no era una situación propia de nuestro país, sino que era una tendencia en otras latitudes, la cual tiene a su favor que el aquejado con problemas de salud mental al no encontrarse internado podrá recibir toda la atención por parte de su familia y amigos. Y esto es francamente una estupidez, por más que en dicho decreto se diga que a los familiares se les va a informar y capacitar para la pertinente atención del allegado. Si médicos especializados suelen cometer errores, ¿qué va a ocurrir con aquéllos que son ajenos a conocimientos de esta índole? Nada bueno.

No vamos a negar que históricamente en los hospitales psiquiátricos de nuestro país por la irresponsabilidad de las autoridades competentes se suele abusar, agredir y hasta torturar a los pacientes que se encuentran ingresados indefinidamente. Pero eliminar per se a dichas instituciones no resuelve el problema y menos si nos prometen que con cursos de capacitación y sensibilización a médicos generales, auxiliares y familias la situación va a cambiar. En este sentido, los resultados positivos si es que se dan se podrán palpar en décadas. Por lo tanto, la demagogia es la que habla por sí sola.

Además del término asilar hay otro que repiten hasta el cansancio, el de voluntad anticipada. El cual significa en sentido llano que el individuo será quien determinará cómo, cuándo y dónde recibirá tratamiento médico, o negarse a él. ¿Ahora el afectado diagnosticará al especialista? Pero nótese lo que indica el artículo 75 Bis: “La persona con trastornos mentales… es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento”.

Por fin, es el indispuesto quien decide o no arguyendo su voluntad anticipada, cuando al final lo van a internar, pero además, ¿en dónde? Si ya no va a haber hospitales monoespecializados. Aunado a ello, un afectado con trastorno bipolar, esquizofrenia, con trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad generalizada en plena crisis, ¿podrá tomar la decisión más adecuada? Me temo que no. Lo interesante del caso es que en el artículo 51 Bis 2, leemos: “No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace”. ¿Si no tiene conciencia de lo que hace es prudente que él decida su tratamiento?

En conclusión, debo añadir que aún me pregunto cuál es el objetivo de todo esto. Pues la población que mayoritariamente requiere de estos servicios es de escasos recursos, y si mal no recuerdo AMLO ha dicho que “primero los pobres”, ¿entonces?

Contexto

En México existen 51 centros integrales de salud mental; 32 hospitales psiquiátricos para la atención asilar de 4 mil pacientes, y 54 villas de transición hospitalaria.

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Con voz propia

Lo populista se revierte

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Una Colorada (vale más que cien descoloridas) 

Por Lilia Cisneros Luján

Parece consecuencia inexorable, que algún líder político que inicia con altos puntos de populismo, termine siendo muy impopular. Sin que se pueda llegar a lo genérico, ése parece ser el destino de quienes, a fuerza de retórica, llegan al poder con altísimos márgenes de aceptación –tal cual ocurrió con Nerón en la antigua Roma, Hitler o Franco en Europa- siendo su final el rechazo popular casi siempre por su imposibilidad de reconocer con cierto grado de humildad sus imperfecciones.

En América podemos escoger de entre varios gobernantes populistas, que terminaron agredidos o quizá odiados por el mismo pueblo que en un principio les aduló; y el cuestionamiento es simple ¿Qué es lo que espera la gente que ellos realicen? ¿Por qué en Colombia es casi seguro el triunfo de un guerrillero amigo de narcotraficantes, autodefinido como de izquierda?

En nuestro país, son muchos los enunciados de campaña que emocionaron a los votantes en diversas etapas de “cambio” –en el caso del actual primer mandatario no solo los pobres- aunque la mayoría de ellos suponen un cierto grado de inclusión en términos laborales o económicos ¿En el ámbito emocional tiene algún peso la posibilidad de “cobrársela” a quien recientemente nos excluyó o dejó de considerarnos en sus planes? ¿Por ello es relativamente fácil allegarnos la voluntad de los desempleados, resentidos, temerosos o empobrecidos? No hay que tropezarse con la misma piedra, decían las abuelas, pero si alguien tiene propensión de hacerlo son justamente los seres humanos.

En esta fase de desarrollo gubernamental más que análisis cuasi académico, es pertinente pensar en cosas especiales que nos llevan al punto de justificar en la mitad de actual gobierno las bondades del PRI y hasta del PAN ¿Conoces gente que teniendo hasta maestrías no han sido convocadas a ser parte en gobiernos del cambio? ¿Sabes de personas convocadas que a la hora de la verdad son “corridas” sin que se les liquide o cuando menos se les den las gracias por el trabajo prestado?

En el ambiente impuesto por la pandemia y reforzado por el temor producido por el relato continuo de muertos, secuestrados, extorsionados, asaltados y hasta quemados, salvo el uso de la herramienta electrónica que sustituye la emoción de tener enfrente a un ser vivo que nos abrace y converse, la realidad universal se denomina soledad. A quienes están en el sexto piso y más de la vida, la televisión sirve de murmullo para imaginar que alguien les acompaña, los más jóvenes ponen su música estridente –con audífonos o al natural- y casi todos esperan con ansia el zumbido del celular, a fin de comprobar que estamos en la mente de alguien que nos ha enviado un mensaje. Los que tienen un gran espacio físico ocupado por casetes o diskettes, no encuentran como hacer funcionar su viejo y anticuado reproductor de tales materiales viviendo entonces la ironía de una opulencia que ni siquiera pueden escuchar menos disfrutar. Y así es como mucha riqueza se arroja a la basura.

A finales de los ochenta, con el acompañamiento de mexicanos sobresalientes[1][1], logramos llamar la atención acerca de un problema de salud que por sus números parecía no importar al sector ¡hasta construimos un hospital en Querétaro! A escasos metros de donde se terminó atendiendo un niño al que compañeros de la tele-secundaria, quemaron al parecer de forma intencional. ¿Saben cómo influyó un ex jefe de gobierno para atacar a esta OSC en favor de los niños quemados en la ciudad de México? ¿Qué hicieron los diversos gobiernos del cambio para defender esa obra de la sociedad civil en el bajío? ¿Cómo es posible que todavía hoy después de tanto esfuerzo por difundir medidas de prevención haya una maestra que recomiende ponerle cebolla en las heridas al infante víctima?

Quemar –bosques, coches, locales, ciudades o personas- como una forma de presión y hasta venganza, debiera ser entendida por los populistas como un aviso de que se está llegando al límite de la tolerancia. Ocurre por la impotencia de ser verdaderos agentes de cambio sobre todo a imprudentes votantes que lo hicieron con las vísceras y no con la cabeza ¿quiénes facilitaron la llegada de personas notables en algunos casos que a la hora de gobernar no la hacen, sienten culpa? ¿De que sirvió a los ciudadanos guiados por Nerón su poesía y gusto por la música? ¿Qué suponen elecciones de una minoría movida por la compra del voto? ¿El abstencionismo es solo un aviso o una verdadera tragedia democrática? Han escrito los entendidos que en el declive populista la abstención es hoy rey de reyes, que domina procesos electorales derrotando la democracia misma al permitir que déspotas y dictadores triunfen mediante la corrupción de los ciudadanos.

El desempleo, el hambre, el miedo al castigo y sobre todo el mal ejemplo –como pedir diezmos a trabajadores, no pagar a empleados o proveedores, mentir, proteger a los infractores o delincuentes- son aspectos que toman en cuenta los que tienen la inteligencia, y la humildad para reconocer que se equivocan al encumbrar a alguien que no lo merecía. Una vez reconocido el error “democrático” lo pertinente es actuar, dejando de promover, aun con críticas, al populista y sobre todo acercándose a la gente capaz, ¡que si la hay y México está pletórico de buenos mexicanos!

____________

[1][1] El paido-psiquiatra Eduardo Dallal y su alumna Patricia Romano, el epidemiólogo José Carrillo Coromina, el maestro en salud pública Rodolfo Gracia Robles, el Dr. Andrés de Witt Green, Fernando Ortiz Monasterio, entre muchos otros que son extraños para los actuales funcionarios.

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Con voz propia

Verdad, justicia, reparación de daño y no repetición, un largo y tortuoso camino en México

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Cuando los mexicanos lleguemos a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición, habrá paz en cada corazón de las familias mexicanas, mientras eso no ocurra seguiremos caminando al lado de las víctimas para buscar a los desaparecidos

Twitter: @kausirenio 

La Guerra Sucia empezó en Guerrero por miembros del Ejército mexicano en contra de la población civil en la década de los años 50, 60 y 70. En esa época hubo desaparecidos y pueblos arrasados para restarle la base social a la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Investigar los excesos por militares para llegar a la verdad y justicia.

Si bien es cierto que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que los militares participaron directamente en contra de la población, y eso es un avance, hay que esperar la apertura del archivo militar en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además de investigar a los autores intelectuales de estos crímenes: Caballero Aburto, Alarcón, Figueroa… así como rastrear fosas y cárceles clandestinas donde fueron torturados y asesinados estudiantes, campesinos y colonos.

La participación directa de tropas del Ejército mexicano en la masacre de 17 personas en Chilpancingo, Guerrero, el 31 de diciembre de 1960.  El 18 de Mayo de 1967, en un mitin que convocó la Sociedad de Padres de Familia de la escuela primaria “Juan N. Álvarez, la Policía judicial del estado de Guerrero incursiona en el plantel y abre fuego en contra de la multitud, asesinando a 11 personas. Ese día Lucio Cabañas se refugió en la Sierra.

Las masacres fueron las formas de hacer política en Guerrero. En Acapulco, durante la asamblea de cada domingo, en las oficinas de la Copra, fueron asesinados 38 copreros a manos de pistoleros, El Chante Luna, El Zanatón, Pay Radilla y El Animal, el 20 de agosto;  años después, los asesinos fueron homenajeados con corridos por el valor prestado a la tiranía. Ellos no actuaron por sí solos, sino por órdenes de personajes oscuros del PRI-gobierno de entonces, que pronto escalaron como espuma en lo más altos niveles políticos. Rigoberto Pano Arciniega fue premiado como magistrado y después procurador de Justicia del estado; otro que premiado fue Orbelín Soberanis Núñez, quien llegó a ser diputado local.

Cuando se creía que el talante represor había desaparecido en Guerrero, el 28 de junio de 1995, en el Vado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos e hirieron a 23 más. Los responsables: policías judiciales, antimotines y la Policía Motorizada, al mando del mayor Manuel Moreno González.

La madrugada del 7 de junio de 1998, un operativo contrainsurgente cercó la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, ubicada en las faldas de los cerros antes de llegar a la  comunidad Ñuu Savi de El Charco, municipio de Ayutla. Al mando iba el comandante de la 27 Zona Militar, el general Alfredo Oropeza Garnica. La balacera duró una hora y media. Ahí fueron asesinados 11 personas y cinco resultaron heridas –un niño de 13 años de edad, entre las víctimas–  pero en el comunicado oficial solo se supo de la detención de 22 personas.

Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron asesinados por policías federales,  estatales y agentes ministeriales, durante el violento desalojo en la Autopista del Sol México-Acapulco, el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo.

En Iguala, el viernes 26 de septiembre de 2014, policías municipales, estatales y federales desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa con la complacencia del Ejército mexicano, y el saldo de ese día fue de seis personas asesinadas.

En todos estos hechos de violencia sistemática en contra de la población civil, el Ejército mexicano, la Marina, la Policía Federal y Estatal de Guerrero, actúan como escuadrón de la muerte, con total impunidad. Las autoridades civiles, lejos de investigar y sancionar, se han encargado de opacar y ocultar la información.

Cuando los mexicanos lleguemos a la verdad, justicia, reparación de daño y la no repetición, ese día habrá paz en cada el corazón de la familia mexicana, mientras esto no ocurra seguiremos caminando a lado de las víctimas para buscar a los desaparecidos.

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Autoridades y empresario son señalados por pobladores de asesinato a activista en Atitalaquia

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Un grupo de personas armadas irrumpió durante la madrugada el lugar donde acampaban los manifestantes que se oponen a un tiradero de basura en Atitalaquia, Hidalgo; dispararon y asesinaron a uno. El crimen se suma a diversas irregularidades para conservar un negocio millonario

Por Emmanuel Ameth

La madrugada del lunes, la vida del activista Jesús Bañuelos Acevedo fue tomada por oponerse a un “proyecto” de basurero a cielo abierto en el municipio de Atitalaquia, en el estado mexicano de Hidalgo, donde dos personas más resultaron heridas por la agresión de un grupo armado que estaría vinculado a la mancuerna hecha por el propio ayuntamiento así como por la empresa Esmex Hidalgo, quienes impulsan un negocio de al menos 103 mil 530 pesos diarios (5 mil USD) lleno de irregularidades y que perjudica a la población.

Sus principales promotores, Lorenzo Agustín Hernández Olguín, alcalde de Atitalaquia, así como José Manuel Reyes Gayosso, empresario, comparten también su filiación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución política que otrora fuera la más importante del país pero que ahora está a unos años de desaparecer precisamente por permitir el anidamiento de corruptelas y de crímenes.

La versión señala que una decena de sujetos armados con tubos descendieron de una camioneta blanca sin placas -de las que han sido usadas por los gobiernos para trasladar a sus grupos de choque-, agrediendo a los integrantes de la agrupación “No al basurero en Atitalaquia”, quienes se encontraban haciendo guardia en un campamento afuera de las instalaciones del vertedero.

“Chuy”, como conocían al activista, ni siquiera pudo defenderse, pues fue asesinado a tiros mientras aún descansaba en tanto sus otros dos compañeros fueron sometidos tras tirarse al suelo luego de escuchar las percusiones.

Las autoridades “hicieron su parte” en cuanto a promover la impunidad, toda vez que después de ir la policía investigadora, todavía pudieron encontrarse casquillos y restos de sangre como se evidencia en un video, mismo donde volvieron a señalar tanto al alcalde de Atitalaquia como al dueño de la empresa -que anteriormente fue denunciado ante DDHH-.

 

LA CORRUPCIÓN DETRÁS DEL CRIMEN

La zona conurbada donde sucedió el crimen tiene problemas para tratar con la basura que se genera en la región comprendida entre los municipios de Tula, Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Mixquiahuala, Tepetitlán, Tlaxcoapan, y Tlahuelilpan.

Tan sólo en los últimos años, además de ESMEX hubo otras tres empresas que ofrecieron el servicio pero que terminaron fracasando porque no pudieron cumplir con lo prometido, siendo estas Desarrollo de Terracerías, Grupo Comercial en Hidalgo Arcángel, y Tecnosilicatos de México.

En el transcurso de esta problemática, grupos políticos de la zona idearon una forma de obtener millonarias ganancias, por al menos 20 años y con una inversión mínima. De hecho, el grupo fue captado hace unos meses durante un partido de fútbol, desatendiendo sus labores para divertirse. Los referidos son el mencionado alcalde de Atitalaquia Hernández Olguín (PRI), quien iba acompañado de Manuel Hernández Badillo (PRD) de Tula y del expresidente de Atitalaquia Paulino Jaime Reyes Galindo (PRI).

 

Las irregularidades de la empresa

Para fraguar el negocio de sus vidas, el grupo previamente se acercó al empresario José Manuel Reyes Gayosso, quien habiendo iniciado su carrera empresarial apenas hace tres años, hoy ya goza de un contrato que como mínimo le dará ingresos por 755 millones (37.5 MDD) los próximos 20 años.

Según documentos oficiales, “Funeraria Atitalaquia” recibió su placa de funcionamiento apenas el 11 de enero de 2019, tratándose de una expedición y no de una renovación, es decir, que apenas en ese momento inició sus actividades. Ese mismo mes también abrió la empresa JJKRG SA de CV como se aprecia en sus mismas redes sociales, que entre otras cosas también se dedica a la extracción minera, aparentemente.

Más tarde, el 12 de agosto de 2019 fundó Ecological Solutions Mexico, o más bien, Esmex Hidalgo como se aprecia en el mismo RFC de la empresa. En noviembre de ese mismo año se afilió al PRI en Atitalaquia, teniendo en mente el grupo que habría elecciones para mediados del 2020.

Sin embargo, no fue hasta marzo de 2021 que comenzaron a realizar sus trámites para instalar sus oficinas (como se observa en el documento de visita de Protección Civil). En el padrón de proveedores del Gobierno de Hidalgo aparecen hasta el cuarto trimestre de 2021 y en el de Tlahuelilpan hasta el primer trimestre de 2022; en el resto de ayuntamientos, ni siquiera se molestaron en realizar el trámite.

 

La premura por concretar un negocio millonario

El proyecto fue presentado a los vecinos desde 2019, indicando como lugar para la disposición de residuos un predio que anteriormente fue explotado por la empresa JJKRG. Fue rechazado por los pobladores.

A la par, Esmex Hidalgo solicitó dictámenes de viabilidad a la Semarnath, misma que en oficio SEMARNATH/DT/RSU/001/2020 expuso diversos puntos por los que el proyecto no podía realizarse.

Por intervención de las autoridades, curiosamente, un año después habrían dado luz verde sin que se haya hecho público el documento que así lo avale para poder compararlo con el primero.

Fue tal el dolo con el que procedieron que el ayuntamiento de Atitalaquia convocó a sesión extraordinaria el día 23 de diciembre de 2021 para que la misma se celebrase el día 24, festivo, y así evitar que vecinos o medios de comunicación estuvieran enterados de la millonaria concesión y estuvieran impedidos a oponerse. Por su parte los regidores, cómplices de la negociación, votaron en unanimidad.

Para ese entonces, para salir un poco de los reflectores, Reyes Gayosso ya había designado como representante legal a su gerente de operaciones, Julieta Karina Rosas Durán.

 

Las mentiras de Esmex Hidalgo

Fue a partir de noviembre de 2019 que la empresa comenzó a subir a sus redes videos sobre el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos -incluso hicieron una web, misma que ya se encuentra inactiva porque ni siquiera pagaron la anualidad-. En ese entonces no tenían claro si iban a hacer negocio con el ayuntamiento de Pachuca o el de Atitalaquia, así que subieron uno para cada zona metropolitana casi idénticos, es decir, ocupando imágenes y videos de otras plantas ya instaladas -no la suya-.

En el material multimedia, presumen de haber colaborado con Bianna Recyclyng en Querétaro, sin embargo, no existe ninguna evidencia de ello, pues esta empresa lo hizo con GTA Am- biental, “representante exclusivo” de la compañía en México.

De hecho, las fechas tampoco cuadran. En abril de 2016 Broquers Ambiental, partner de GTA, ganó apenas la licitación y no se puso en funcionamiento sino hasta marzo de 2018. Por su parte, Esmex Hidalgo inició operaciones 7 meses después de que se terminó dicho proyecto.

 

Las cifras tampoco cuadran

En un inicio, la inversión para el tratamiento de RSU Querétaro se anunció por 162.5 millones de pesos; dos años después, se elevó a 300 millones aunque fueron justificados en el sentido que en lugar de 600 toneladas, tratarían 1,200.

En el caso de la RSU Atitalaquia, en sus mismos videos publicados en 2019 anunciaron inversión privada de 141.2 millones en terreno, maquinaria e infraestructura para tratar 350 toneladas de basura diaria.

3 años después, la cifra se elevó, dicen, a 500 millones -en cuatro etapas-, aunque es para tratar las mismas 550 toneladas de basura al día.

Broquers Ambiental (ahora de Cemex) invirtió 270 mil pesos por cada tonelada procesada de manera diaria; con la ampliación, son 250 mil pesos por cada tonelada diaria de residuos procesada.

Esmex Hidalgo invertirá 909 mil pesos por cada tonelada de basura procesada de manera diaria, es decir, casi 4 veces más que su similar de Querétaro -de la que dicen que tienen experiencia- y no sólo eso, sino que prácticamente no invertirán un peso:

1. Porque sólo han invertido 25 millones hasta el momento y ya está operando (lo que coincide con la versión de los vecinos que no han visto infraestructura alguna en lo que llaman “tiradero a cielo abierto”)

2. Porque recibieron inyección estatal de casi 50 millones de pesos

3. Porque el resto de “su inversión” se paga sola. Anualmente recibirán de los ayuntamientos 37 millones 788 mil 450 pesos si procesan sólo 350 toneladas diarias; si son 550, la cifra se eleva a 59 millones 381 mil 850 pesos

En pocas palabras, su inversión de 25 millones se recupera en 8 meses de ingresos provenientes de los ayuntamientos y aún les quedan más de 19 años de ganancias, atendiendo que si bien tienen costos de operación, son superados por los ingreso de las ventas del material procesado.

Así, en el más pesimista de los escenarios recibirán 755.8 millones y tan sólo habrían invertido 450 millones (50 millones ya los puso la entidad), recibiendo además todas las facilidades para ir invirtiendo mientras los mismos gobiernos les van generando ingresos.

Por eso es que el negocio millonario no admite críticas ni señalamientos de corrupción, al grado de atreverse a asesinar a activistas.

 

LOS PUNTOS DEL COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL DE ATITALAQUIA

1. De acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 que a la letra dice:“De acuerdo al análisis de congruencia basado en el programa de ordenamiento Ecológico Territorial Región Tula-Tepeji, el predio en referencia se encuentra dentro de la unidad de Gestión ambiental UGA 41 los cedros con aptitud de suelo condicionado para el establecimiento de industria energética”.

2. De acuerdo al dictamen No. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 contraviene lo establecido en el Criterio ecológico número 26 que a la letra dice “el establecimiento de actividades industriales riesgosas, no se permitirá en la cercanía de áreas urbanas y comerciales”.

3. El predio presenta características con actividades previas de extracción pétrea, cuya remoción de cubierta vegetal genera permeabilidad y fragilidad del suelo y con ello la afectación de manto freático, de acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020.

4. Desde 2019 a la fecha el Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. realizo explotación de minería a cielo abierto sin respetar franja de amortiguamiento y sin cumplir con la reparación ecológica para iniciar otro proyecto en el mismo sitio, cabe mencionar que SEMARNATH acudió a revisión constatando estos hechos, sin que hasta la fecha haya entregado sus observaciones.

5. La norma 083 establece que una de las restricciones de la ubicación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial y cualquier pozo de extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en operación como abandonado, será de 100 metros adicionales a la proyección horizontal, a la mayor circunferencia del cono de abatimiento, la distancia del pozo no será menor a 500 metros; reglamentación que se violenta por la existencia de Pozo de uso doméstico de más de 50 años de servicio que se ubica a una distancia de 268 metros del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. y de un pozo de agua propiedad de la planta FUD, industria del grado alimenticio,a menos de 500 metros de distancia del centro regional de residuos y sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V.

6. El centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia viola el derecho de vía de las líneas de trasmisión de alta tensión de CFE

7. El Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. se encuentra dentro del derecho de vía de gasoducto y ductos de Pemex que corren paralelos a la vía del ferrocarril.

8. Este proyecto había sido planteado a las comunidades vecinas en el 2019, pero fue rechazado por considerarlo no adecuado por la población

9. La aprobación de la instalación del este centro regional de residuos sólidos y urbanos fue realizado a espaladas de la población, no fue socializado.

10. El inicio de operaciones del centro regional de residuos sólidos y urbanos y de manejo especial esta fundada en la mentira institucional de que no existe ningún otro lugar para depositar los residuos sólidos y urbanos de los nueve municipios involucrados.

11. A cinco meses de operación del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia, ninguna institución gubernamental (SEMARNAT, SEMARNARTH, PROFEPA, H. AYUNTAMIENTO DE ATITALAQUIA, GOBIERNO DEL ESTADO) ni la empresaha presentado los estudios que marca la norma 083 y permisos legales que se requieren para el funcionamiento para esta empresa, violando de manera sistemática y deshonrosa nuestro derecho a la información.
Por estos motivos

1. EXIGIMOS el cierre técnico del centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,

2. Exigimos el derecho a un medio ambiente saludable

3. Exigimos la implementación de un programa paraUN MUNICIPIO LIBRE DE BASURA supervisada y dirigida por institución independientes como es CONACYT.

4. ¡¡¡EXIGIMOS TAMBIEN LA CANCELACIÓN DE TODO PROYECTO QUE AGRAVE LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS INFIERNOS AMBIENTALES!!! y la moratoria de todos los procesos de inversión hasta que no demuestren científicamente ser inocuos para la población y medio ambiente, frente a comités de evaluación autónomos

5. EXIGIMOS SE DETENGAN LOS ACTOS DE INTIMIDACION Y PERSECUCIÒN EN CONTRA DE MIEMBROS DEL COLECTIVO COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL ATITALAQUIA, POR DEFENDER LA VIDA Y EL TERRITORIO.

6. LLAMAMOS A LA COMISIÒN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE GARANTICE EL GOCE PLENO DE NUESTROS DERECHOS DE MANIFESTACIÒN, SEGURIDAD Y A LA VIDA.
Nos encontramos en plantón en el camino interparcelario que da acceso al centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,no permitiendo la entrada a camiones de basura desde el 13 de mayo del 2022 por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos, defensores, defensoras del medio ambiente y derechos humanos y a los pueblos en general para que se sumen a esta digna y legítima lucha que no detendremos hasta que el gobierno del Estado de Hidalgo cierre técnicamente este basurero.

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