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Investigaciones

El Tren Maya y la lucha por la selva milenaria en México

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Por Emilio Godoy

PLAYA DEL CARMEN, México – La arteria de tierra blanca enseña una incisión en ambas orillas. Ya no hay árboles ni animales que chillen en este paraje del suroeste de México. En su lugar, unos pilotes de plástico naranjas con rayas blancas alertan al visitante: “Maquinaria pesada en movimiento”, “Prohibida la entrada a personal no autorizado”.

A los flancos, cinco tractores se esparcen por el terreno, como guardias metálicos que atemorizan con sus dentaduras devastadoras. Dos baños portátiles, de color azul, les hacen muda compañía, dos botes blancos rebosan de basura y un toldo también blanco y solitario pretende proteger del sol castigador.

Las dentaduras metálicas remueven la alfombra selvática en tierras del ejido (núcleo campesino comunal) Río Secreto, al sur de la ciudad de Playa del Carmen. Con 305 000 habitantes, esta es la cabecera del municipio de Solidaridad, en el suroriental estado de Quintana Roo, a unos 1600 kilómetros de Ciudad de México y uno de los tres que se asientan en la península de Yucatán.

La nueva brecha en la selva, de unos 90 metros de ancho, abre camino para los 120 kilómetros de recorrido de la ruta sur del Tramo 5 del Tren Maya (TM), el megaproyecto más ambicioso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien quiere a toda costa que las locomotoras piten a finales de 2023.

Mina Moreno, conservacionista ambiental independiente, califica el Tramo 5, uno de los siete de la obra, de “ilegal y opaco”.

“No hay ningún estudio, no hay información de por qué los cambios de ruta, qué hay en el nuevo trazo. El problema es lo que viene con el tren, es un caballo de Troya para lo que viene atrás”, denunció a IPS.

La obra, a cargo del gubernamental Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y cuya edificación comenzó en 2020, presenta retrasos, sobrecostos e impactos ambientales, sociales, culturales y laborales, que IPS constató durante un recorrido por varias zonas de su emplazamiento.

Con siete tramos que recorren la península de Yucatán y una parte del sureste, el plan es que el Tren Maya, con 21 estaciones y 14 paraderos, recorra un trayecto de unos 1500 kilómetros. El ferrocarril pasará por 78 municipios de los estados del sur y el sureste del país: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Tabasco, y que en total acogen más de 13 millones de habitantes.

Los tres primeros se ubican en la península de Yucatán, con uno de los ecosistemas mexicanos más importantes y frágiles y con el segundo macizo selvático en América Latina detrás de la Amazonia.

Es en ella donde discurrirá en torno a 80 % del tendido del TM, cuyas locomotoras trasladarán miles de turistas y carga, como soja transgénica, aceite de palma y carne de cerdo, las grandes actividades agropecuarias en la península.

“Se deforestan cientos de hectáreas. Vamos a terminar con ciudades nuevas o extensiones de las ya existentes. Esto puede ser una tragedia de proporciones descomunales, porque los ecosistemas están perturbados. Por el puro hecho de quitar cobertura vegetal, se altera la capacidad de los sistemas hídricos para captar y filtrar agua”: Lorenzo Álvarez.

El gobierno mexicano promociona el megaproyecto como motor de desarrollo social, al crear empleos, impulsar el turismo más allá de los imanes tradicionales de visitantes y dinamizar la economía regional. Son unos argumentos que han desatado controversias entre sus simpatizantes y sus críticos,

ONU Hábitat, que ofrece asesoría técnica en el ordenamiento territorial del proyecto, considera que el tren creará un millón de empleos en 2030 y sacará a 1,1 millones de personas de la pobreza, en una zona con 42 municipios con altos índices de marginación, en cálculos previos a la epidemia de covid-19 que machacó a la segunda economía latinoamericana.

El Tren Maya, que recorrerá 1500 kilómetros por cinco estados del sur y sureste de México, amenaza ecosistemas y atractivos turísticos, como cuevas subterráneas y cenotes. En la imagen, turistas nadan en el cenote Azul, en las afueras de Playa del Carmen, en el suroriental estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán. Foto: Emilio Godoy / IPS

Un terreno, dos caras

El TM, construido con fondos públicos, requiere 1681 hectáreas, que implican el corte de 300 000 árboles, según el estudio original de impacto ambiental. El tendido de los tres primeros tramos, que requiere de 801 hectáreas, empezó sin contar con los permisos ambientales.

Si bien el TM comparte dificultades, el tendido occidental ocasiona conflictos sociales, culturales y territoriales, mientras que el recorrido oriental contiene un mayor peso ecológico.

López Obrador niega que haya deforestación, prometió la construcción de tres parques naturales en el este de Quintana Roo y la reforestación de unas 2500 hectáreas.

La información disponible muestra que el megaproyecto avanza al revés, con la construcción por delante y los planes de manejo ambiental por detrás.

Así lo evidencia el examen de la cuenta pública 2020 de la  Auditoría Superior de la Federación, la contraloría del erario público mexicano, sobre el presupuesto y ejecución del TM. Este organismo concluyó en que el proyecto carece de plan maestro y de los recursos necesarios para un desarrollo sostenible y protección ambiental.

También documentó el aumento del costo de 7320 millones de dólares en 2019 a 8830 millones al año siguiente, con la falta de explicación del gasto de unos 13 millones.

Es más, el megaproyecto solo avanzó una quinta parte de lo planificado en 2019 y 2020, un mal augurio para el designio presidencial, aunque se ignora la tasa de progreso de 2021 y el primer trimestre de 2022.

Pero sí se sabe que Fonatur decidió pisar el acelerador para cumplir con la promesa presidencial y que los últimos dos tramos podrían llegar a ser construidos con participación del ejército en medio de la selva. También que López Obrador desea inaugurar el TM solo cuando todo el tendido esté completado.

La Procuraduría (fiscalía) Federal para la Protección Ambiental no inspeccionó las obras en 2020, y tampoco lo ha hecho para el tramo 5, como consta en una solicitud de acceso a información pública presentada por IPS.

El suelo poroso (kárstico) de la península sabotea los propósitos y  plazos gubernamentales, pues ha obligado a Fonatur a cambiar varias veces el diseño. Por ejemplo, el tramo 5 ha experimentado tres variaciones entre 2021 y enero último.

En el municipio mexicano de Solidaridad, del que es cabeza Playa del Carmen, en la península de Yucatán, la construcción de uno de los siete tramos del Tren Maya ha deforestado al menos unos 10 kilómetros de selva. Foto: Emilio Godoy / IPS

La megaobra encierra una paradoja, porque mientras el gobierno promete turismo sostenible en otras zonas de la península, amenaza los propios imanes de ese flujo, como los cenotes, las cuevas y todo el ecosistema.

En la península de Yucatán existen unos 7000 cenotes (pozos de agua dulce resultado del colapso del lecho de piedra caliza que expone el agua subterránea). Entre Playa del Carmen y Tulum, urbes separadas por solo 61 kilómetros, hay al menos 13 de esos  ecosistemas.

En todo el estado de Quintana Roo hay al menos 105 cuevas inundadas de longitud superior a 1500 metros y 408 cuevas submarinas.

Por ello, el TM amenaza al mayor sistema de ríos subterráneos y grutas inundadas del planeta, un complejo de cuevas sumergidas de más de 340 kilómetros de longitud por debajo del suelo calizo.

De la tierra al mar

Lorenzo Álvarez, investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, considera que el tren, como proyecto de desarrollo regional, sería “catastrófico”.

“Se deforestan cientos de hectáreas. Vamos a terminar con ciudades nuevas o extensiones de las ya existentes. Esto puede ser una tragedia de proporciones descomunales, porque los ecosistemas están perturbados. Por el puro hecho de quitar cobertura vegetal, se altera la capacidad de los sistemas hídricos para captar y filtrar agua”, explicó a IPS.

Consecuencias: aguas con más sedimentos en los arrecifes, residuos, lixiviados y más contaminación.

Esa es la visión que el visitante se forma si ve el mapa desde tierra adentro hacia la costa en Puerto Morelos, en el norte de Quintana Roo, que ha sufrido la invasión inmobiliaria, al grado de que los arrecifes, están heridos de muerte. Ellos forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo mayor del mundo, después de la Gran Barrera de Coral de Australia.

El temor en esta antigua aldea de pescadores, que ahora es el mayor puerto de la llamada Riviera Maya y cuenta con 27 000 habitantes, radica en que el TM agudice la expansión inmobiliaria. Pero la información no es moneda corriente en sus calles.

El Tren Maya pasará por las afueras de Puerto Morelos, a lo lejos en la imagen. Situada a 38 kilómetros de Cancún y parte de la llamada Riviera Maya, esta antigua aldea de pescadores es ahora una ciudad portuaria con invasión inmobiliaria que ha perjudicado los arrecifes, frente a su costa. El ferrocarril podría ser terminal para el ecosistema. Foto: Emilio Godoy / IPS

“No hay obras aún. Acá no ha habido daños tangibles, como en otros municipios, pero sabemos sus implicaciones ambientales. Buscamos prevención, porque vamos a sufrir los mismos efectos ambientales”, advirtió a IPS la activista Fabiola Sánchez, de la no gubernamental Voces Unidas de Puerto Morelos.

La preocupación de los activistas se focaliza en el Programa de Desarrollo Urbano 2020-2030, al que acusan de favorecer los intereses hoteleros e inmobiliarios, en detrimento de la participación ciudadana y la planificación sostenible, en una costa ya tensionada por los excesos turísticos.

Y, sobre todo, de privilegiar el tendido del ferrocarril.

Mediante recursos legales, los opositores al programa han logrado detenerlo, pero presencian la construcción en otros municipios sin ordenamiento territorial.

El megaproyecto del Tren Maya suma la edificación de ciudades sostenibles (antes llamadas polos de desarrollo) en las estaciones, que incluyen negocios, agua potable, drenajes, electricidad y equipamiento urbano.

La propia Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) alerta de que estos polos pueden representar la mayor amenaza ambiental del tendido ferroviario.

Las ciudades sostenibles deberán propiciar “el ordenamiento urbano, bien gestionado” y contribuirán a la reducción del rezago de servicios locales y regionales, cita la página oficial.

“Considerar las condiciones climáticas, aprovechamiento eficiente del agua, la energía y el manejo integral de los residuos sólidos” y “respetar las condicionantes naturales, afectando lo mínimo a los ecosistemas”, resulta indispensable, asegura Semarnat.

Pero las obras en el terreno y la falta de planes de ordenamiento urbano contradicen esos preceptos.

En todo caso, la ruta del tren no parece establecida para el beneficio de excursionistas y trabajadores locales, pues sus proyectadas estaciones están alejadas de sitios turísticos y centros de trabajo. Los pasajeros tendrían que utilizar otro medio para trasladarse a esos lugares.

Además, la perspectiva popular valora los supuestos réditos futuros, como empleos e ingresos, por sobre los perjuicios actuales y potenciales, como la deforestación.

El aspecto laboral también encierra abusos. Los trabajadores del Tramo 5 ganan unos 39 dólares semanales –inferior al salario mínimo diario de 8,5–, sin equipo de protección y sin contrato firmado, según indagó IPS.

Además, ha existido trato arbitrario hacia los ejidatarios, pues en Campeche las autoridades pagaron unos 2,5 dólares por metro cuadrado expropiado, mientras que en Quintana Roo ese precio trepó a unos 25.

La amenaza del colapso no es una mera proclama apocalíptica, insisten los ambientalistas. En su imaginario habita el cierre de la novela La vorágine (1924), del colombiano José Eustasio Rivera, un clásico latinoamericano: “Se los tragó la selva”, en alusión al destino de sus personajes. Al TM le puede suceder lo mismo, sentencian.

ED: EG

Fuente: ipsnoticias.net

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Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

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Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

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Estados Unidos

Gobierno de EEUU dice tener pruebas suficientes contra García Luna y se declara listo para el juicio

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García Luna

 

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

Los fiscales del Distrito Este de Nueva York a cargo de la acusación que involucra a Genaro García Luna y dos de sus lugartenientes, solicitan al juez rechazar las peticiones de la defensa del mexicano, argumentando que la participación del acusado en la conspiración para el tráfico de drogas está debidamente probada.

El pasado 14 de octubre la defensa del ex secretario de Seguridad Pública pidió desestimar cuatro cargos por narcotráfico asentados en la acusación en su contra, para que quedara únicamente la de mentir a la autoridad.

Al repasar la petición y argumentos de García Luna en el sentido de que “incluso si hubiera aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa, se retiró de la conspiración cuando dejó el gobierno en 2012 y se mudó a los Estados Unidos”, le responden que su partida del cargo como no sirvió “para poner fin a la conspiración ni para frenar el gran poder del Cártel de Sinaloa, que continúa prosperando en México hasta el día de hoy”. Por lo que observan, “el fin forzoso del mandato del acusado debido al cambio de gobierno en México” no lo exime “de su asociación criminal en la conspiración”.

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García Luna insistía que luego de abandonar su cargo público en el 2012 y venir a los Estados Unidos, “el delito ya habría prescrito pues pasó el periodo legal de 5 años”, luego de que la acusación en su contra se presentó en diciembre del 2019 .

En ese punto los fiscales sugieren que “la conducta del acusado posterior a 2012 demuestra que nunca abandonó la conspiración”. Explican que pueden probar con amplitud en el juicio cómo García Luna mintió al menos un par de veces sobre la conspiración. La primera cuando intentó convertirse en ciudadano de los Estados Unidos en 2018 y en el 2019, “durante su entrevista posterior al arresto con agentes del orden público”, en la que repetidas veces el también ex director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, negó haberse reunido o hablado alguna vez con algún narcotraficante, ignorando además si alguno de sus subordinados sí lo hizo. “Estas mentiras específicas son muestra de un engaño a los investigadores que estaban examinando específicamente las actividades del cártel”, y según los fiscales pruebas contundentes de que García Luna continuaba protegiendo la conspiración.

También en la moción para desestimar los cargos, César de Castro, defensor del mexicano, solicitó detalles como una lista de conspiradores y testigos para el juicio, esto con el fin, según indicó, “de evitar sorpresas”. Se quejó asimismo de que la evidencia entregada por la fiscalía no vincula a su cliente con los crímenes imputados e insistió que no hay evidencia de “pagos, envíos, recursos lavados o incluso órdenes dadas por el señor García Luna”.

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En su respuesta, el gobierno detalla haber entregado a la defensa del acusado un volumen extraordinario -incluido material- para la presentación de 15 testigos policiales y seis posibles testigos cooperantes. Le recuerda cómo el 1 de marzo del 2021, le entregaron notas e informes de entrevistas con 25 socios personales y ex profesionales del acusado, además material de descubrimiento producido como informes de incautación, análisis de laboratorio, fotografías o videos con respecto a cada una de las seis violaciones y el papeleo de inmigración del acusado.

Recuerdan que en todo ese material hay cientos de “notas de declaraciones que ciertos testigos hicieron sobre el acusado, los sobornos que aceptó y lo que hizo el acusado a cambio de esos sobornos”. Y finalmente regresan sobre la acusación original donde se señala que “desde enero de 2001 hasta julio de 2020 el acusado conspiró con miembros del Cártel de Sinaloa al aceptar sobornos y brindar asistencia a sus actividades de narcotráfico”.

Refuerzan su argumento con las violaciones que habría cometido García Luna para promover la empresa criminal como son no interferir con los envíos de drogas del Cártel de Sinaloa en México, brindar información confidencial a miembros del cártel, atacar a miembros de organizaciones criminales contrarias, dar información confidencial a fuerzas del orden sobre miembros de otros cárteles y ubicar a funcionarios corruptos en posiciones de poder en las áreas que controlaba el Cártel de Sinaloa, esto con el fin de ampliar los sobornos y las áreas de operación.

En los siguientes días, el juez Brian Cogan deberá analizar ambas solicitudes y decidir si acepta la moción de Genaro García Luna para desestimar los cuatro cargos por narcotráfico en su contra o si decide dar la razón al gobierno y mantiene la agenda del juicio programado para iniciar el 9 de enero, fecha en la que se estaría seleccionando al jurado que participaría en las seis semanas que se tiene contempladas para el litigio.

 

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Mexico Violento

Narcotraficante colombiano que comparte prisión y abogado con García Luna, sentenciado a 35 años

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don Mario narcotraficante de Colombiacomparte abogado con Genaro García Luna

 

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

El colombiano Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, al cual defiende César de Castro, también abogado del mexicano Genaro García Luna, fue sentenciado en Nueva York a 35 años de prisión luego de que el 2 de noviembre del 2021 se declarara culpable de narcotráfico tras dirigir una empresa criminal.  No obstante, continúa como líder de la multimillonaria organización paramilitar que traficaba cocaína de Colombia a los Estados Unidos.

Don Mario” también recibió de la juez Dora Irizarry otros 15 años de prisión por conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), castigo que correrá simultáneo al primero. La juez ordenó además el decomiso de 45 millones de dólares de las ganancias del grupo criminal al cual se le culpa de trasladar al menos 73 toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos.

Para saber más del tema: Justicia de EEUU presenta miles de grabaciones y evidencias contra Genaro García Luna

Rendón Herrera, uno de los líderes de la organización Los Urabeños o Clan del Golfo, ligados a las AUC, recibirá los 13 años de crédito transcurrido desde su detención en abril del 2009 en Colombia. Pero, aunque por ese motivo su sentencia se reduce a 22 años, es una cadena perpetua de facto dados los 57 años que ya cumplió sumado al deteriorado estado de su salud.

Tras de la detención de “Don Mario”, fue Dairo Antonio Úsuga David alias “Otoniel”, quien se quedó al mando del Clan del Golfo, hasta que fue detenido en octubre del 2021 también en Colombia. En mayo de este año fue extraditado de ese país a Nueva York, y se halla a la espera de un juicio al estar incluido en la misma acusación por la que “Don Mario” acaba de ser sentenciado.

El Clan del Golfo era una de las sociedades aliadas del Cártel de Sinaloa desde los tiempos que “El Chapo Guzmán” aparecía como uno de sus dirigentes. Al iniciar el siglo, el grupo Los Urabeños, era considerada como la única organización criminal de alcance nacional en Colombia, luego de la dispersión de los grupos criminales más longevos en aquel país.

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Rendón Herrera, quien un tiempo fue el narcoterrorista más temido de Colombia, hoy marca el final de su carrera criminal. Fue responsable de importar toneladas de cocaína, alimentar la violencia, perpetuar el abuso de drogas y dejar una estela de destrucción desde Colombia a Estados Unidos, además de estar manchado con la sangre de narcotraficantes rivales y civiles torturados y asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia”, acusó el Fiscal del Distrito Este neoyorquino, Breon Peace tras anunciar la sentencia.

Además de compartir abogado con García Luna (que pidió hace unos días le sean retirados los cargos por narcotráfico), Daniel Rendón Herrera igualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitana de esta ciudad, donde también cumple su proceso el ex secretario de Seguridad Pública, García Luna. Empero, durante la audiencia del martes se ordenó que “Don Mario” sea trasladado a centro médico penitenciario capaz de atender sus necesidades médicas.

Durante la audiencia del 2021 donde se declaró culpable el juez preguntó a Rendón Herrera también conocido como “El Viejo” si estaba tomando medicamentos.

—Sí, tomo medicamento, su señoría—, aclaró el acusado.
— Sé que tiene algunos problemas de salud porque los hemos abordado— recordó el juez. —¿Está tomando algún medicamento en este momento?
— Sí, señoría, tomó 13 pastillas al día y esta mañana ya tomé la del cardio.

Según documentos oficiales, las AUC se fundaron en 1997 como una organización paramilitar y de narcotráfico cuyo objetivo era sacar a los simpatizantes del entonces principal grupo guerrillero de ese país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de posiciones de poder e influencia. En el 2001 las AUC fueron designadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Organización Extranjera Terrorista y Organización Global de Terrorismo Especialmente Designada.

Para apoyar sus objetivos, las AUC cobraron “impuestos” al paso de la cocaína traficada a través de su territorio además de ordenar asesinatos y secuestros. Para el 2006, miembros de esta organización se acogieron al proceso de Justicia y Paz propuesto por el gobierno, entregándose así a la policía y renunciando a los bienes obtenidos con las ganancias del crimen a cambio de sentencias reducidas y amnistía de extradición.

Sin embargo, Rendón Herrera prefirió rearmar a las AUC y como lo dijo en la audiencia de culpabilidad, propuso nombrarlas “Héroes de Castaño, que luego se conocieron como Audodefensas Gaitanistas de Colombia, aunque el gobierno nos llamaba ´Urabeños´”, con los cuales continuó traficando con grupos del crimen organizado mexicano como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Los Urabeños etiquetaban a sus cargamentos de cocaína con los apelativos “Lacoste”, “Apple”, “Hecho en Colombia” que, además de México, tenían como destino Europa y Asía, según informes realizados por la policía de Colombia.

 

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