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El terror de una mentira impune: El falso caso Wallace

El falso caso Wallace, revelado por la investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, y en sus inicios Anabel Hernández y José Reveles, pone de relieve una política de terror implementada desde el Estado

Luis Antonio Gonzalez Montes

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Por Juan Carlos Pérez Ruíz

La oscura historia de Isabel Miranda de Wallace (no la versión oficial que replican acríticamente comunicadores como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Jorge Fernández Melendez, Mónica Garza, Bibiana Belsasso, Carlos Jimenez, Sergio Sarmiento y Martín Moreno; sino la que se han atrevido a exponer periodistas como Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández y José Reveles) resulta increíble por el grado de encubrimiento, coordinado y unánime, de los principales medios de comunicación y autoridades, y por el fuerte nivel de represalias que han sufrido los familiares de las víctimas, y los periodistas, abogados y activistas que han expuesto la falsedad del caso.

Persecuciones, amenazas, espionaje, torturas, encarcelamientos, asesinatos, compra de funcionarios y televisoras… Pareciera que hablamos de una película policiaca o una película de terror, y muy lejos queda la imagen de la madre valiente y honesta que hace catorce años se volvió la líder moral de algunos mexicanos. Por eso resulta común que la mayoría de los mexicanos no quieran saber esta historia, y muchos que ya lo saben, les cueste creerlo.

Sin embargo, las pruebas y testimonios de la deshonestidad criminal de la dueña de la empresa de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, resultan abrumadoras, cuando no escalofriantes. No solo por lo ya expuesto por los presuntos inculpados, sino también por lo vivido por sus familiares y todos aquellos que han investigado el tema.

Los expedientes de los detenidos – Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, César Freyre Morales, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, Tony y Albert Castillo Cruz- coinciden en el uso de la tortura (física, psicológica y hasta sexual), además del maltrato dentro de los penales y violaciones al debido proceso. Ello no solo consta en testimonios y trabajos periodísticos de Los Angeles Press, sino que incluso existe un Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobin, que certifica la tortura.

Las familias han sido aterrorizadas y violentadas psicológicamente, como consta en las experiencias de Enriqueta Cruz (madre de Brenda), quien fue detenida unas horas el 30 de agosto de 2014 para interrogarla por las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga, José Reveles y David Bertet. Su hermana y tía de Brenda, Guadalupe Rangel, buscó ayuda en medios de comunicación (como el programa A quien corresponda de Jorge Garralda, transmitido por TV Azteca) y en diferentes organizaciones de derechos humanos; pero tanto la ayuda como el derecho de réplica y la difusión, le fueron negados. Por su seguridad, tuvo que exiliarse en el extranjero. De igual modo María Elena Cruz narró en su momento a este portal como incluso intentaron detener a su hermano, tío de Tony y Albert Castillo Cruz, quizás porque ha sido el único familiar que no ha dejado de apoyarla a ella y a sus sobrinos. La calumnia que pesa sobre ellos, los ha marginado del resto de sus familiares.

Asimismo -como narra la fundadora de Los Angeles Press- en los capítulos 14 y 15 de su libro El falso caso Wallace, Rosa María Morales y Julieta Freyre Morales, madre y hermana de César Freyre respectivamente, fueron detenidas en febrero de 2006 en las instalaciones de la SIEDO mientras solicitaban una visita a César Freyre, que ya se encontraba arraigado. Diariamente eran interrogadas en el penal de Santa Martha Acatitla. Fueron liberadas hasta el 31 de mayo de 2007. Julieta murió tras sufrir un derrame cerebral en octubre de 2010, consecuencia del tiempo en prisión.

Los periodistas y activistas -por no decir cualquier ciudadano- que se han atrevido a investigar y revelar el falso caso Wallace, también han vivido represalias.

Prueba de ello son las represalias que vivió la abogada Ámbar Treviño Pérez, quien luego de recibir amenazas, fue detenida el martes 9 de marzo de 2010 en una gasolinera de la carretera Toluca-Ciudad de México. Fue arraigada 50 días, y sin que mediara proceso, permaneció detenida nueve días en un penal de Durango bajo el cargo de documentación falsa. La CNDH, presidida entonces por Raúl Plascencia Villanueva- cercano a Isabel Miranda, propuesto por ella y defendido por ella como consta en notas periodísticas de la época-, no le reconoció que se le habían violado sus derechos humanos.

El escritor vasco Luis Miguel Ipiña Doña sufrió un encarcelamiento de año y medio desde 2011, dentro del penal de Chiconautla, en el Estado de México. “Esto es por el caso Wallace”, le dijeron al tiempo que le sembraban un arma. Ipiña Doña había entrevistado a Juana Hilda González Lomelí, la primera inculpada en el caso, para su blog de WordPress Cárcel de Mujeres. “Con el caso Wallace no me podían atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban por el blog”, afirmó en entrevista para diferentes medios, hace algunos años.

Escritor Luis Miguel Ipiña, el primero que creyó en la palabra de Juana Hilda. Foto: Los Ángeles Press

“Es un caso especial, porque es una mujer que se ha apoderado del poder judicial”, declaró Ipiña Doña en 2016, en entrevista con Los Angeles Press. “Ha corrido jueces, ha metido en la cárcel a la propia abogada, lo que no se hace en una dictadura (…) Ella manda en el poder judicial”, abundó Ipiña; afirmación que coincide con el relato de Carlos León Miranda, el verdadero padre biológico de Hugo Alberto: “Cuando entramos a la SIEDO… ella lo hizo como si fuera mi casa o la casa de ella. Dando órdenes de cómo debían realizarse el proceso. De cómo debían trabajar las personas”, recordó el doctor León Miranda en la conferencia ofrecida por la senadora Nestora Salgado, la periodista Guadalupe Lizárraga y el activista David Bertet el pasado 29 de abril.

Otros casos de intimidaciones se suman: El de la activista, periodista y fundadora del Frente de Medios Alternativos Independientes

(FEMCAI), Patricia Barba Ávila, quien en 2015 sufrió amenazas por tocar ampliamente el tema en su programa de radio por internet y escribir sobre el caso en sus redes sociales. Un año antes, en 2014, Anabel Hernández y el activista canadiense David Bertet, de la organización En Vero, denunciaron amenazas tras la publicación del reportaje “El caso Wallace, más turbio que nunca” en la revista Proceso.

Mary Sainz y Guadalupe Vallarta en Palacio Nacional. Foto: red

La activista tamaulipeca Mary Sainz, reconocida por su participación en protestas a favor de diferentes causas en materia de derechos humanos, recibió golpes y amenazas tras encarar a Wallace en la marcha Mexicanos Unidos, en febrero de 2017. A finales de enero de este año, Sainz volvió a encarar a la también dueña del otrora colegio Aztlán (hoy City College), esta vez fuera de Palacio Nacional, tras su participación en los foros de Seguridad Pública.

La periodista independiente y fundadora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, también ha vivido intentos de acallarla. Dos intentos de secuestro, amenazas vía cibernética, una llamada telefónica en agosto pasado – en la que se escuchó que cortaban cartucho – sin contar intentos de censura por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. La autora de El falso caso Wallace presentó una denuncia en diciembre pasado ante Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir una investigación penal ante la presunta falsedad del caso. Estos ataques llegaron al grado de publicar calumnias y datos personales de la periodista y su familia, a través de cuentas bot.

Pero, ¿qué intereses hay detrás del encubrimiento y privilegios de los que gozó la presidenta de Alto al secuestro, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Qué ganó el Estado encubriendo a una torturadora disfrazada de sufrida dama? ¿Y por que razón el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no ha ejercido acción penal contra Wallace?

Evidentemente, el Estado como tal, el Estado de Derecho, Justicia y Bienestar que debería prevalecer en toda democracia, pierde en todos los sentidos y con él, perdemos todos los mexicanos. Perdemos los mexicanos que no aceptamos la simulación y la injusticia, y eventualmente todos quedamos expuestos a los caprichos, corruptelas y engaños de una mujer que, durante los pasados gobiernos, no solo se apoderó de las instituciones, sino que estableció relaciones cercanas con políticos de todos los partidos y se le permitió operar a discrecionalidad agentes del Estado.

Desgraciadamente, ésta no sería la primera vez que el gobierno mexicano empodera a una posible delincuente y la convierte en “activista”.
Como Wallace, aunque más discreta, menos mediática y con menos poder político que el que ya alcanzó Wallace, Alejandra Gil Cuervo engañó a unos cuantos y corrompió a los más para hacerse pasar como una activista que luchaba contra la trata, y que defendía los derechos de las prostitutas. Se hizo amiga cercana de políticos de todos los partidos e intelectuales, era invitada respetable en fiestas de funcionarios, y era recibida en foros y debates sobre trata y la Ley de Protección a Víctimas. Su opinión pesaba lo suficiente para modificar a modo leyes sobre trata y prostitución, so pretexto de proteger a las víctimas aunque en realidad, buscaba proteger su negocio.

Hoy, Alejandra Gil Cuervo, “la madame de Sullivan”, está en prisión purgando una condena de 15 años, al igual que su hijo, Omar Sayun Gil. Ambos casi habían monopolizado el redituable negocio de la explotación sexual en la avenida Sullivan, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Coordinaba, por lo menos, a 50 mujeres y se sabe que tenía contacto directo con tratantes de blancas de Tlaxcala, entidad donde la trata ha proliferado enormemente en los últimos años. Estos tratantes se encargaban de engañar y conseguir mujeres para Alejandra Gil.

Diversos testimonios e investigaciones apuntan a que ella y su grupo de tratantes ganaban hasta 300 mil pesos diarios. Como muchas mujeres víctimas de trata, las mujeres recibían golpizas y amenazas. La mujer que de día filtraba información a funcionarios sobre tratantes (para eliminar la “competencia” de su negocio), de noche era una madrota despiadada que vigilaba todos los movimientos de sus víctimas.

La organización fachada de Gil, Asociación en Pro Apoyo a Servidores, A.C. (Aproase) se dio de alta en 2005 y recibió apoyos por 600 mil pesos (2009), 172 mil 642 pesos (2010), 229 mil 800 y 40 mil pesos (2011) y 88 mil pesos.

Las historias de Wallace y Gil, como dos espejos que se encuentran, parecieran reflejarse entre sí, como dos gotas de agua, si bien en el caso de Wallace parece que la pista es contrabando en lugar de trata, de acuerdo con los antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto.

Según convenga el momento y sus intereses, Wallace admite o niega su cercanía con diferentes funcionarios. En el sexenio de Calderón, su época de encumbramiento, su cercanía con políticos e injerencia en asuntos de la CNDH, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la SIEDO, el CISEN, el Consejo Nacional de Seguridad, la PGJDF, el Senado y la Cámara de Diputados, fue evidente, rayando en el descaro. En la red y en las hemerotecas, puede verificarse como Miranda de Wallace legitimaba las políticas del panista, a grado tal que las tomó como bandera en su candidatura a jefa de gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México). No por nada proponía implementar el toque de queda en 2011, y defendía en los medios a Genaro García Luna, el super secretario de Seguridad Pública, señalado por las investigaciones de Anabel Hernández y del cual muchos activistas, entre ellos el mismo Javier Sicilia, pedían su renuncia.

En el sexenio de Peña, si bien el poder de Miranda de Wallace parecía haber disminuido un poco, en los hechos continuó operando, quizás con más fuerza de la que parecía. Falta ver como actuará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque esperemos que el hecho de que hace unos meses haya sido invitada al Foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no resulte un mal presagio de una continuidad en la impunidad.

Como Alejandra Gil, Isabel Miranda de Wallace se disfraza cada día de activista antisecuestros y maneja la organización fachada Alto al Secuestro. A pesar de que el caso se sostiene por las confesiones bajo tortura y el resto de las pruebas son débiles y altamente cuestionables, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgó a Isabel Miranda una indemnización de poco más de 2 millones 800 mil pesos, en 2016.

Indemnización que no han recibido muchas de las verdaderas víctimas, como los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas de Tlatlaya, las víctimas de Nochixtlán, las víctimas de Tanhuato, Apatzingán, Atenco, Villas de Salvacar, y los cientos de miles de casos de desaparición forzada, secuestro, tortura, masacres y ejecuciones extrajudiciales que se multiplicaron exageradamente en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Resultados de sanguinarias políticas de Estado que, por cierto, Wallace ha defendido y justificado durante ambos gobiernos.

Como Gil, Wallace ha forjado sólidos lazos con políticos de todos los partidos y es invitada recurrente en foros, debates, y programas de radio y televisión. Los periodistas a modo y las plumas a sueldo la legitiman ante el público como una supuesta líder de amplia calidad moral, una heroína ciudadana y una sagaz experta en temas de secuestro, narcotráfico e inseguridad. En contraste, los detenidos por el caso Wallace y sus familias prácticamente han sido borrados de los medios de comunicación.

Y como Gil en el Senado, la opinión de Wallace ha pesado en la radio y televisión mexicanas; el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa influencia ha menguado. Prueba de ello fue el punto de acuerdo propuesto por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio (PRI); Mauricio Kuri González, María Guadalupe Murguía (PAN); Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), para protegerla. La propuesta de punto de acuerdo no ha dado resultados hasta el momento.

La opinión de la intocable señora Wallace pesó demasiado en las iniciativas de ley en los pasados sexenios, y está por verse si aún podrá influir en el nuevo gobierno.

Así, muchos ciudadanos aún ignoran las investigaciones de los periodistas Emmanuelle Steels y José Reveles, y todavía creen que Florence Cassez era una peligrosa secuestradora, porque Wallace invadía la televisión un día sí y otro también, respaldando el montaje de Genaro García Luna.

Así, muchos mexicanos creen ciegamente la versión histórica de Jesús Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa, gracias a que Wallace se encargó de desacreditar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a pesar de que la versión de Murillo Karam ha quedado desacreditada a nivel nacional e internacional.

Así, Wallace influyó en retrasar la liberación de la hoy senadora de Morena, Nestora Salgado y aún hay mexicanos que, víctimas de la manipulación que los medios le permiten ejercer a Isabel Miranda, creen que Nestora era una secuestradora. La sevicia de la señora Wallace llegó a tal grado que, de acuerdo lo declarado por la senadora, fue torturada diariamente por órdenes de Wallace.

El triunfo de Morena en las elecciones pasadas no fue solo por el descontento generado ante un mal desempeño económico, la desigualdad, la corrupción, el despilfarro y saqueo de altos funcionarios, la ineptitud y cinismo del anterior gobierno. Tampoco fue únicamente por los altos niveles de popularidad y carisma del actual mandatario, ni por el arduo trabajo de campo que realizó Obrador para conectar con las masas y ganarse la confianza de la gente.

Otro factor clave en su victoria fue la esperanza que los mexicanos tenían (y hasta el momento, muchos conservamos) de que los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, el tráfico de influencias y las farsas mediáticas como política para simular la eficiencia del Estado, que conjugan casos como el de Wallace, serían cosa del pasado.

Ojalá pronto haya acciones concretas sobre este caso, para que historias como la de Wallace o los miles de casos de fabricación de culpables que existen en nuestro país, dejen de ser el pan de cada día de la justicia mexicana.De momento, mientras algunos medios de comunicación continúen guardando silencio, Miranda de Wallace siga marcando pauta en materia de seguridad y las verdaderas víctimas del caso Wallace continúen en prisión, la Cuarta Transformación no estará completa.

Las víctimas de Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según las actas de nacimiento que tiene) merecen justicia.

El silencio y la indiferencia, no sólo de medios y comunicadores, sino el de cada uno de nosotros como ciudadanos, también es complicidad.

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Mundo

Covid-19 ha afectado a 10 jefes de Estado en el mundo

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Por Ignacio García

La pandemia de Covid-19 ha afectado a 10 jefes de Estado en el mundo, siendo el más reciente el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó ayer que dio positivo a la cepa viral, aunque presentó síntomas leves.

El primer jefe de Estado contagiado fue el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien enfermó en abril de 2020 tras minimizar el impacto de la pandemia y manifestó la importancia de reabrir los espacios públicos comerciales, por lo que Gran Bretaña ha sido una de las naciones más afectadas por el Covid-19.

Posteriormente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se contagió del nuevo coronavirus en julio pasado tras señalar que sólo se trataba de “una gripita”, por lo que también esa nación fue una de las más afectadas por la pandemia en el mundo.

En ese mismo mes el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien también minimizó los efectos del Covid-19 y recomendó a la población tomar Vodka, por lo que fue uno de los países más afectados por la pandemia en Europa del Este.

Posteriormente, en octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también comunicó que dio positivo a Covid-19, luego que de ese país fue el más afectado por la pandemia y por lo cual ha documentado la mayor cantidad de defunciones y padecimientos en el planeta.

También en los últimos meses se contagiaron el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei; el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez; el príncipe de Mónaco, Alberto II; y el príncipe Carlos II de Reino Unido.

Aunque ya se han desarrollado diferentes vacunas contra el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió que todavía este año se observarán los estragos de la enfermedad, más con las nuevas variaciones del coronavirus que se han localizado.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Con voz propia

Las coincidencias de dos casos en paralelo en las manos del fiscal de México: Isabel Miranda y el General Cienfuegos

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Guadalupe Lizárraga

La Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, ha llevado los casos judiciales del general Salvador Cienfuegos, acusado por la DEA en Estados Unidos de narcotráfico en octubre de 2020, y el de Isabel Miranda Torres, señalada por la investigación periodística El falso caso Wallace, desde diciembre de 2018.

Dos casos en paralelo en las manos del fiscal, que presentan ciertas coincidencias.

  1. Con el proceso de Cienfuegos, el fiscal se sintió “linchado” por la prensa, mientras que con el de Isabel Miranda ni asomó la cabeza. En ambos, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. La supuesta investigación judicial sobre el General duró dos meses. La de Miranda, dos años.
  2. En el primero, la DEA entregó parte de conversaciones que involucraban al General con el narcotraficante H2, del Cártel de los Beltrán Leyva, en un seguimiento de hace diez años; con la segunda le entregué una investigación que me ha llevado seis años de mi vida bajo riesgo, y una serie de hallazgos.
  3. Por una parte, en el caso Wallace, estos hallazgos revelaban que las personas privadas de su libertad eran inocentes; y por otra, las relaciones de Miranda y su hijo con el mismo cártel. En ningún de los dos casos, hubo un seguimiento riguroso a manera de investigación por parte de la FGR.
  4. Dos hechos relevantes a mi mirada: En febrero de 2017, el general Dauahare, asesor de Cienfuegos, visitó el Reclusorio Oriente para visitar a un miembro del Cártel de los Beltrán, en el dormitorio VIP, testigos de por medio. A la semana extraditaron al interno, y ejecutan en Nayarit al H2.El otro suceso, ocurrió en julio de 2019, cuando informé al fiscal Gertz Manero que el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, líder de una facción del mismo cártel, había confesado en su celda que él personalmente había asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda.
  1. Esto habría pasado tiempo después de que Hugo Wallace se negara a entregar cargamento de droga al mismo cártel, con el que se relacionaba en términos de tráfico y consumo. El día que yo hablé con Gertz fue el 4 julio 2019, por las 2 pm. Seis horas más tarde, Huerta Ríos era acribillado.
  1. Al día siguiente, a las 7hrs, me enviaron fotos a mi celular de Huerta acribillado en su auto. Fue cuando decidí regresar a California ese mismo día sin concluir mi trabajo en CDMX.
  1. Ahora, el Gral. Dauahare está en la Segob, el narcotraficante que podía aclarar lo de la supuesta muerte de Hugo Wallace está muerto, y Cienfuegos y Miranda, protegidos por la fiscalía. Todos con vínculos al mismo cártel.
  1. De acuerdo con el testimonio del narcotraficante Huerta Ríos, el cuerpo de Hugo Wallace habría sido enterrado en Nayarit. Y quien habría operado como intermediario del cártel de los Beltrán Leyva para que se lo entregaran a Isabel Miranda era el exfiscal Edgar Veytia, alias “El Diablo”.
  1. El exfiscal Veytia, actualmente en prisión estadounidense por narcotráfico, mantenía una relación muy cercana con Isabel Miranda, quien lo reconoció públicamente cuando estaba en funciones por su supuesta eficiencia en la disminución del secuestro en Nayarit.
  1. En entrevista para Aristegui, el fiscal Gertz Manero dijo con respecto a Cienfuegos, “que argumenten lo que les dé la gana, es una primera acción del proceso y es absolutamente combatible”. Refiriéndose a que podía ser impugnado.
  1. Lo que no dijo el fiscal es que el lapso de impugnación es de 10 días, si no dan por cerrado el caso. Con Miranda lo hice, pero entre Navidad y la pandemia, el proceso está detenido, igual que los amparos de las víctimas en busca de que se hagan valer sus derechos, mientras siguen sufriendo el maltrato, amenazas y extorsiones de los directores de penales.
  1. También señaló el fiscal que deben de impugnar con pruebas legales. De las pruebas de Isabel Miranda ninguna era legal, todas fueron fabricadas. En mayo de 2019, Gertz habló delante de mí con el padre biológico de Hugo, y yo le entregué el peritaje original de ADN femenino coincidente con José Enrique Wallace Díaz.
  2. También entregué los videos y documentos apócrifos que me presentaron agentes de la SEIDO cuando me quisieron secuestrar en noviembre 2016 y febrero 2018, bajo órdenes de Miranda por difundir una versión del caso “diferente a la oficial”.
  3. De la recopilación de evidencias por la DEA sobre Cienfuegos, entre otros diez generales, la FGR determinó que no había responsabilidad del General. De Miranda se determinó lo mismo. Lo curioso son las aparentes coincidencias: torturadores, con vínculos al mismo cártel.
  4. Gertz dijo que recurriría a instancias internacionales para que analicen la legitimidad, juridicidad, y el respeto a los derechos humanos con el caso de Cienfuegos, porque se cree que la fiscalía actuó de manera parcial. Y ese linchamiento no lo va a permitir, así lo advirtió.
  5. Sin embargo, en el caso de las víctimas de Isabel Miranda, Gertz no reparó en los factores que hoy menciona, mucho menos en la legalidad de las pruebas. Ni aludió a La Haya ni a CIDH, pese a 8 personas sobrevivientes de tortura, violencia sexual y encarcelamiento injusto.
  6. Concluye Gertz: “Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre que somos culpables”. Frase elocuente, cuando las víctimas de Miranda no han tenido la misma suerte que el general Cienfuegos, traducido en un debido proceso y en el respeto a sus garantías constitucionales.
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