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El terror de una mentira impune: El falso caso Wallace

El falso caso Wallace, revelado por la investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, y en sus inicios Anabel Hernández y José Reveles, pone de relieve una política de terror implementada desde el Estado

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Por Juan Carlos Pérez Ruíz

La oscura historia de Isabel Miranda de Wallace (no la versión oficial que replican acríticamente comunicadores como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Jorge Fernández Melendez, Mónica Garza, Bibiana Belsasso, Carlos Jimenez, Sergio Sarmiento y Martín Moreno; sino la que se han atrevido a exponer periodistas como Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández y José Reveles) resulta increíble por el grado de encubrimiento, coordinado y unánime, de los principales medios de comunicación y autoridades, y por el fuerte nivel de represalias que han sufrido los familiares de las víctimas, y los periodistas, abogados y activistas que han expuesto la falsedad del caso.

Persecuciones, amenazas, espionaje, torturas, encarcelamientos, asesinatos, compra de funcionarios y televisoras… Pareciera que hablamos de una película policiaca o una película de terror, y muy lejos queda la imagen de la madre valiente y honesta que hace catorce años se volvió la líder moral de algunos mexicanos. Por eso resulta común que la mayoría de los mexicanos no quieran saber esta historia, y muchos que ya lo saben, les cueste creerlo.

Sin embargo, las pruebas y testimonios de la deshonestidad criminal de la dueña de la empresa de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, resultan abrumadoras, cuando no escalofriantes. No solo por lo ya expuesto por los presuntos inculpados, sino también por lo vivido por sus familiares y todos aquellos que han investigado el tema.

Los expedientes de los detenidos – Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, César Freyre Morales, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, Tony y Albert Castillo Cruz- coinciden en el uso de la tortura (física, psicológica y hasta sexual), además del maltrato dentro de los penales y violaciones al debido proceso. Ello no solo consta en testimonios y trabajos periodísticos de Los Angeles Press, sino que incluso existe un Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobin, que certifica la tortura.

Las familias han sido aterrorizadas y violentadas psicológicamente, como consta en las experiencias de Enriqueta Cruz (madre de Brenda), quien fue detenida unas horas el 30 de agosto de 2014 para interrogarla por las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga, José Reveles y David Bertet. Su hermana y tía de Brenda, Guadalupe Rangel, buscó ayuda en medios de comunicación (como el programa A quien corresponda de Jorge Garralda, transmitido por TV Azteca) y en diferentes organizaciones de derechos humanos; pero tanto la ayuda como el derecho de réplica y la difusión, le fueron negados. Por su seguridad, tuvo que exiliarse en el extranjero. De igual modo María Elena Cruz narró en su momento a este portal como incluso intentaron detener a su hermano, tío de Tony y Albert Castillo Cruz, quizás porque ha sido el único familiar que no ha dejado de apoyarla a ella y a sus sobrinos. La calumnia que pesa sobre ellos, los ha marginado del resto de sus familiares.

Asimismo -como narra la fundadora de Los Angeles Press- en los capítulos 14 y 15 de su libro El falso caso Wallace, Rosa María Morales y Julieta Freyre Morales, madre y hermana de César Freyre respectivamente, fueron detenidas en febrero de 2006 en las instalaciones de la SIEDO mientras solicitaban una visita a César Freyre, que ya se encontraba arraigado. Diariamente eran interrogadas en el penal de Santa Martha Acatitla. Fueron liberadas hasta el 31 de mayo de 2007. Julieta murió tras sufrir un derrame cerebral en octubre de 2010, consecuencia del tiempo en prisión.

Los periodistas y activistas -por no decir cualquier ciudadano- que se han atrevido a investigar y revelar el falso caso Wallace, también han vivido represalias.

Prueba de ello son las represalias que vivió la abogada Ámbar Treviño Pérez, quien luego de recibir amenazas, fue detenida el martes 9 de marzo de 2010 en una gasolinera de la carretera Toluca-Ciudad de México. Fue arraigada 50 días, y sin que mediara proceso, permaneció detenida nueve días en un penal de Durango bajo el cargo de documentación falsa. La CNDH, presidida entonces por Raúl Plascencia Villanueva- cercano a Isabel Miranda, propuesto por ella y defendido por ella como consta en notas periodísticas de la época-, no le reconoció que se le habían violado sus derechos humanos.

El escritor vasco Luis Miguel Ipiña Doña sufrió un encarcelamiento de año y medio desde 2011, dentro del penal de Chiconautla, en el Estado de México. “Esto es por el caso Wallace”, le dijeron al tiempo que le sembraban un arma. Ipiña Doña había entrevistado a Juana Hilda González Lomelí, la primera inculpada en el caso, para su blog de WordPress Cárcel de Mujeres. “Con el caso Wallace no me podían atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban por el blog”, afirmó en entrevista para diferentes medios, hace algunos años.

Escritor Luis Miguel Ipiña, el primero que creyó en la palabra de Juana Hilda. Foto: Los Ángeles Press

“Es un caso especial, porque es una mujer que se ha apoderado del poder judicial”, declaró Ipiña Doña en 2016, en entrevista con Los Angeles Press. “Ha corrido jueces, ha metido en la cárcel a la propia abogada, lo que no se hace en una dictadura (…) Ella manda en el poder judicial”, abundó Ipiña; afirmación que coincide con el relato de Carlos León Miranda, el verdadero padre biológico de Hugo Alberto: “Cuando entramos a la SIEDO… ella lo hizo como si fuera mi casa o la casa de ella. Dando órdenes de cómo debían realizarse el proceso. De cómo debían trabajar las personas”, recordó el doctor León Miranda en la conferencia ofrecida por la senadora Nestora Salgado, la periodista Guadalupe Lizárraga y el activista David Bertet el pasado 29 de abril.

Otros casos de intimidaciones se suman: El de la activista, periodista y fundadora del Frente de Medios Alternativos Independientes

(FEMCAI), Patricia Barba Ávila, quien en 2015 sufrió amenazas por tocar ampliamente el tema en su programa de radio por internet y escribir sobre el caso en sus redes sociales. Un año antes, en 2014, Anabel Hernández y el activista canadiense David Bertet, de la organización En Vero, denunciaron amenazas tras la publicación del reportaje “El caso Wallace, más turbio que nunca” en la revista Proceso.

La ciudadana tamaulipeca María Guadalupe Vicencio «Mary Sainz», reconocida por su participación en protestas a favor de diferentes causas en materia de derechos humanos, dijo haber recibido golpes y amenazas tras encarar a Wallace en la marcha Mexicanos Unidos, en febrero de 2017. A finales de enero de este año, Sainz volvió a encarar a la también dueña del otrora colegio Aztlán (hoy City College), esta vez fuera de Palacio Nacional, tras su participación en los foros de Seguridad Pública.

La periodista independiente y fundadora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, también ha vivido intentos de acallarla. Dos intentos de secuestro, amenazas vía cibernética, una llamada telefónica en agosto pasado -en la que se escuchó que cortaban cartucho- sin contar intentos de censura por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. La autora de El falso caso Wallace presentó una denuncia en diciembre pasado ante Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir una investigación penal ante la presunta falsedad del caso. Estos ataques llegaron al grado de publicar calumnias y datos personales de la periodista y su familia, a través de cuentas bot.

Pero, ¿qué intereses hay detrás del encubrimiento y privilegios de los que gozó la presidenta de Alto al secuestro, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Qué ganó el Estado encubriendo a una torturadora disfrazada de sufrida dama? ¿Y por que razón el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no ha ejercido acción penal contra Wallace?

Evidentemente, el Estado como tal, el Estado de Derecho, Justicia y Bienestar que debería prevalecer en toda democracia, pierde en todos los sentidos y con él, perdemos todos los mexicanos. Perdemos los mexicanos que no aceptamos la simulación y la injusticia, y eventualmente todos quedamos expuestos a los caprichos, corruptelas y engaños de una mujer que, durante los pasados gobiernos, no solo se apoderó de las instituciones, sino que estableció relaciones cercanas con políticos de todos los partidos y se le permitió operar a discrecionalidad agentes del Estado.

Desgraciadamente, ésta no sería la primera vez que el gobierno mexicano empodera a una posible delincuente y la convierte en “activista”.
Como Wallace, aunque más discreta, menos mediática y con menos poder político que el que ya alcanzó Wallace, Alejandra Gil Cuervo engañó a unos cuantos y corrompió a los más para hacerse pasar como una activista que luchaba contra la trata, y que defendía los derechos de las prostitutas. Se hizo amiga cercana de políticos de todos los partidos e intelectuales, era invitada respetable en fiestas de funcionarios, y era recibida en foros y debates sobre trata y la Ley de Protección a Víctimas. Su opinión pesaba lo suficiente para modificar a modo leyes sobre trata y prostitución, so pretexto de proteger a las víctimas aunque en realidad, buscaba proteger su negocio.

Hoy, Alejandra Gil Cuervo, “la madame de Sullivan”, está en prisión purgando una condena de 15 años, al igual que su hijo, Omar Sayun Gil. Ambos casi habían monopolizado el redituable negocio de la explotación sexual en la avenida Sullivan, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Coordinaba, por lo menos, a 50 mujeres y se sabe que tenía contacto directo con tratantes de blancas de Tlaxcala, entidad donde la trata ha proliferado enormemente en los últimos años. Estos tratantes se encargaban de engañar y conseguir mujeres para Alejandra Gil.

Diversos testimonios e investigaciones apuntan a que ella y su grupo de tratantes ganaban hasta 300 mil pesos diarios. Como muchas mujeres víctimas de trata, las mujeres recibían golpizas y amenazas. La mujer que de día filtraba información a funcionarios sobre tratantes (para eliminar la “competencia” de su negocio), de noche era una madrota despiadada que vigilaba todos los movimientos de sus víctimas.

La organización fachada de Gil, Asociación en Pro Apoyo a Servidores, A.C. (Aproase) se dio de alta en 2005 y recibió apoyos por 600 mil pesos (2009), 172 mil 642 pesos (2010), 229 mil 800 y 40 mil pesos (2011) y 88 mil pesos.

Las historias de Wallace y Gil, como dos espejos que se encuentran, parecieran reflejarse entre sí, como dos gotas de agua, si bien en el caso de Wallace parece que la pista es contrabando en lugar de trata, de acuerdo con los antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto.

Según convenga el momento y sus intereses, Wallace admite o niega su cercanía con diferentes funcionarios. En el sexenio de Calderón, su época de encumbramiento, su cercanía con políticos e injerencia en asuntos de la CNDH, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la SIEDO, el CISEN, el Consejo Nacional de Seguridad, la PGJDF, el Senado y la Cámara de Diputados, fue evidente, rayando en el descaro. En la red y en las hemerotecas, puede verificarse como Miranda de Wallace legitimaba las políticas del panista, a grado tal que las tomó como bandera en su candidatura a jefa de gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México). No por nada proponía implementar el toque de queda en 2011, y defendía en los medios a Genaro García Luna, el super secretario de Seguridad Pública, señalado por las investigaciones de Anabel Hernández y del cual muchos activistas, entre ellos el mismo Javier Sicilia, pedían su renuncia.

En el sexenio de Peña, si bien el poder de Miranda de Wallace parecía haber disminuido un poco, en los hechos continuó operando, quizás con más fuerza de la que parecía. Falta ver como actuará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque esperemos que el hecho de que hace unos meses haya sido invitada al Foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no resulte un mal presagio de una continuidad en la impunidad.

Como Alejandra Gil, Isabel Miranda de Wallace se disfraza cada día de activista antisecuestros y maneja la organización fachada Alto al Secuestro. A pesar de que el caso se sostiene por las confesiones bajo tortura y el resto de las pruebas son débiles y altamente cuestionables, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgó a Isabel Miranda una indemnización de poco más de 2 millones 800 mil pesos, en 2016.

Indemnización que no han recibido muchas de las verdaderas víctimas, como los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas de Tlatlaya, las víctimas de Nochixtlán, las víctimas de Tanhuato, Apatzingán, Atenco, Villas de Salvacar, y los cientos de miles de casos de desaparición forzada, secuestro, tortura, masacres y ejecuciones extrajudiciales que se multiplicaron exageradamente en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Resultados de sanguinarias políticas de Estado que, por cierto, Wallace ha defendido y justificado durante ambos gobiernos.

Como Gil, Wallace ha forjado sólidos lazos con políticos de todos los partidos y es invitada recurrente en foros, debates, y programas de radio y televisión. Los periodistas a modo y las plumas a sueldo la legitiman ante el público como una supuesta líder de amplia calidad moral, una heroína ciudadana y una sagaz experta en temas de secuestro, narcotráfico e inseguridad. En contraste, los detenidos por el caso Wallace y sus familias prácticamente han sido borrados de los medios de comunicación.

Y como Gil en el Senado, la opinión de Wallace ha pesado en la radio y televisión mexicanas; el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa influencia ha menguado. Prueba de ello fue el punto de acuerdo propuesto por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio (PRI); Mauricio Kuri González, María Guadalupe Murguía (PAN); Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), para protegerla. La propuesta de punto de acuerdo no ha dado resultados hasta el momento.

La opinión de la intocable señora Wallace pesó demasiado en las iniciativas de ley en los pasados sexenios, y está por verse si aún podrá influir en el nuevo gobierno.

Alejandro Martí e Isabel Miranda presentando a Dulce Burgos, supuesta víctima de secuestro.

 

Así, muchos ciudadanos aún ignoran las investigaciones de los periodistas Emmanuelle Steels y José Reveles, y todavía creen que Florence Cassez era una peligrosa secuestradora, porque Wallace invadía la televisión un día sí y otro también, respaldando el montaje de Genaro García Luna.

Así, muchos mexicanos creen ciegamente la versión histórica de Jesús Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa, gracias a que Wallace se encargó de desacreditar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a pesar de que la versión de Murillo Karam ha quedado desacreditada a nivel nacional e internacional.

Así, Wallace influyó en retrasar la liberación de la hoy senadora de Morena, Nestora Salgado y aún hay mexicanos que, víctimas de la manipulación que los medios le permiten ejercer a Isabel Miranda, creen que Nestora era una secuestradora. La sevicia de la señora Wallace llegó a tal grado que, de acuerdo lo declarado por la senadora, fue torturada diariamente por órdenes de Wallace.

El triunfo de Morena en las elecciones pasadas no fue solo por el descontento generado ante un mal desempeño económico, la desigualdad, la corrupción, el despilfarro y saqueo de altos funcionarios, la ineptitud y cinismo del anterior gobierno. Tampoco fue únicamente por los altos niveles de popularidad y carisma del actual mandatario, ni por el arduo trabajo de campo que realizó Obrador para conectar con las masas y ganarse la confianza de la gente.

Otro factor clave en su victoria fue la esperanza que los mexicanos tenían (y hasta el momento, muchos conservamos) de que los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, el tráfico de influencias y las farsas mediáticas como política para simular la eficiencia del Estado, que conjugan casos como el de Wallace, serían cosa del pasado.

Ojalá pronto haya acciones concretas sobre este caso, para que historias como la de Wallace o los miles de casos de fabricación de culpables que existen en nuestro país, dejen de ser el pan de cada día de la justicia mexicana. De momento, mientras algunos medios de comunicación continúen guardando silencio, Miranda de Wallace siga marcando pauta en materia de seguridad y las verdaderas víctimas del caso Wallace continúen en prisión, la Cuarta Transformación no estará completa.

Las víctimas de Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según las actas de nacimiento que tiene) merecen justicia.

El silencio y la indiferencia, no sólo de medios y comunicadores, sino el de cada uno de nosotros como ciudadanos, también es complicidad.

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El drama afgano

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Por Mercè Rivas Torres

En primer lugar, voy a hablar de las personas, ya que me parece lo más importante. Todas esas mujeres y niñas que durante los últimos veinte años han podido estudiar, trabajar o pasear solas por la calle, están en estos momentos recluidas en sus casas y unas pocas han podido huir.

Se trata de una o dos generaciones que han conocido otro tipo de vida. Que han podido elegir entre casarse o seguir solteras, a pesar del conservadurismo de la sociedad afgana, que han reivindicado los derechos humanos y muy especialmente de las mujeres. De niñas que han podido ir a la escuela, jugar, escuchar música, ver la televisión, algo que en Occidente nos parece normal.

Pues bien, de la noche a la mañana y nunca mejor dicho, mandatarios que viven a miles de kilómetros decidieron abandonar el país y dejarlo en manos de unos barbudos, armados y violentos que a partir de ahora les van a hacer la vida imposible.

La decisión de Estados Unidos, de la OTAN y de los países que la componen, está basada en intereses occidentales, aunque no sé si saben y controlan lo que puede pasar en el futuro.

Llegaron para acabar con un refugio de terroristas y se van con un país con más violentos todavía. No hay que olvidar que en terreno afgano además de los conocidos talibanes hay numerosos grupos como Daesh, Estado Islámico Levante-Jorasán y alguno más.

Los ocupantes dijeron que iban a terminar con la amenaza terrorista mundial y habría que preguntarse qué piensan hacer si estos grupos comienzan a asesinar mañana en Manhattan o en Londres.

Pero mientras tanto, después de tomar el control parcial del país y digo parcial porque respetaron a muchos “señores de la guerra” durante su estancia, han dejado a una población de cuarenta millones de personas desamparada.

Se ha demostrado que ni formaron a un Ejército afgano ni acabaron con la corrupción. Los militares afganos no dispararon ni un tiro contra los talibanes que tomaron el poder como si fuesen de romería y el último presidente, formado en Estados Unidos, salió corriendo con bolsas llenas de dólares.

Los edificios que construyeron ahora son tomados por los barbudos, el gobierno también y las decisiones tomadas lo único que han hecho es enviar a las mujeres, a las niñas, a los periodistas e intelectuales que tenían el vicio de pensar y opinar, a sus casas en el mejor de los casos, otros han sido detenidos, torturados y los más afortunados consiguieron subirse a un avión para comenzar sus vidas desde cero en otro país.

Los múltiples “señores de la guerra” que controlaban territorios han vuelto a recuperar todo el poder, aunque alguno no lo perdió del todo. Están en el gobierno, en el tráfico de opio, en el control y tráfico de armas. Han vuelto a su cómodo status.

Entonces nos podemos preguntar. De qué ha servido la ocupación, el dinero gastado, los occidentales que perdieron la vida. Todo es un sin sentido.

En escasos días hemos vuelto al año 2000, con la salvedad de que las mujeres y niñas han probado un caramelo, que ya les hemos quitado a golpes, de la boca. Por lo que deberíamos plantearnos que se ha hecho mal para no repetirlo, pero tengo la sensación de que nadie va a hacer esa reflexión y esa forma de actuar se volverá a repetir en Afganistán o en cualquier otra parte del mundo.

La guerra/ocupación de Afganistán le costó al Tesoro estadounidense unos US$2,3 billones, de acuerdo con cálculos del proyecto Cost of War de la Universidad de Brown (Rhode Island), informa la BBC. Una cifra difícil de comprender y asimilar para un ciudadano normal. Pero frente al gasto del Tesoro de Estados Unidos están las empresas privadas que ganaron muchísimos millones de dólares.

Una parte muy importante de los 2.3 billones de dólares sirvieron para pagar los servicios de empresas que apoyaron las operaciones estadounidenses en Afganistán. «Esa guerra contó con unas fuerzas estadounidenses muy pequeñas -todas voluntarias- que estuvieron complementadas por contratistas militares», comentaba Linda Bilmes, profesora de la Universidad de Harvard a la BBC.

Las empresas más beneficiarias de esta forma de actuar fueron: Dyncorp, Kellogg Brown Root (KBR), Raytheon Technologies, Aegis LLC o Raytheon. Estas son las que actuaban sobre el terreno haciendo todo aquello que se atribuye al Ejército Americano.

Casi 20 años después de la llegada a Afganistán, 2.442 soldados estadounidenses y 1.144 de diferentes países de la OTAN, además de al menos 3.846 contratistas, murieron en dicho  país.

Un caos y un despropósito.

 

Fuente original: El drama afgano (nuevatribuna.es)

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Mexico Violento

Nuevas detenciones en Puebla contra asistentes a mesas de diálogo y protestas en Palacio de Gobierno

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Por Claudia Martínez Sánchez

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta ordenó nuevamente detenciones contra quienes protestaran de las comunidades. Ahora fueron habitantes del municipio de Quecholac, uno de los 217 que integran el estado.

Yolanda Beristain, de 70 años, fue detenida de manera arbitraria por protestar frente a Casa Aguayo, actual sede de Palacio de Gobierno del Ejecutivo del estado, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. La mujer de la tercera edad, entró acompañada con una comisión de cinco habitantes procedentes del municipio de Quecholac bajo el engaño gubernamental de que se iba a realizar una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

En esta mesa de diálogo se trataría el caso del  alcalde de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, detenido el 28 de septiembre por los supuestos delitos de peculado y abuso de autoridad.

Luego de estas detenciones, un grupo de habitantes viajaron hasta Casa Aguayo para manifestar su inconformidad por la aprehensión de su gobernante municipal. Ya dentro de las oficinas de Gobernación, la mujer de la tercera edad Yolanda Andrade fue detenida por elementos de la policía estatal y ministerial con una supuesta orden de aprehensión.

En reiteradas ocasiones se ha señalado a Viliulfo Ramos González como unos de los principales actores represores de los movimientos sociales, quien opera con supuestos periodistas que no escriben en ningún medio de comunicación y se acreditan con identificación de Prensa para infiltrarse en las marchas y protestas, y en las mesas de diálogo.

Viliulfo Ramos González, funcionario de gobierno que infiltra a periodistas en las protestas de las comunidades poblanas. Foto: perfil de FB.

Cabe recordar que las últimas violaciones a los derechos humanos en contra de defensores en Puebla fue en el Ajalpan, cuando Gobernación del estado, simuló una mesa de diálogo para resolver la persecución política, amenazas de muerte  y despojo de tierras en Coyomepan, por parte de Araceli Celestino Rosas y su hermano David Celestino. En dicha mesa de Gobernación fueron arrestados de manera violenta Basiliza Montaño, Eruviel Aguilar Gómez, Anastacio González Sanguinez y, días después, Gonzalo Martínez en su domicilio.

En la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha denunciado recientemente la criminalización de las protestas, las fabricaciones de delitos y detenciones arbitrarias en contra de indígenas defensores en Coyomepan.

Miembros del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas denunciaron en diferentes foros públicos al gobernador Miguel Barbosa de los agravios a periodistas, además de espionaje y señalamientos en los que públicamente el funcionario evidencia a reporteros que son críticos con este gobierno.

Lista de detenciones y persecución por parte del gobierno de Puebla

  1. a) Detención y persecución judicial del ambientalista Miguel López Vega, el 23 de enero del 2020.
  2. b) Detención de 14 integrantes del movimiento social “Amozoc Seguro” y persecución judicial, el 23 de junio de 2020.
  3. c) Criminalización y desestimación en la toma del Congreso del Estado de Puebla por parte de feministas, el 28 de noviembre de 2020.
  4. d) Criminalización, persecución judicial y denuncias contra feministas en la marcha del 8M, 9 de marzo de 2021.
  5. e) Criminalización, persecución judicial y detención de 43 normalistas de Teteles, Tiripetío, Ayotzinapan (Puebla) y otras Normales Rurales, el 1 de junio de 2021.
  6. f) Criminalización, persecución judicial y detención de pobladores de Coyomeapan, septiembre de 2021.
  7. g) Criminalización y persecución judicial contra 50 integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental.
  8. h) Criminalización de maestros el 14 de septiembre en la Secretaría de Educación Pública con lujo de violencia y con presencia de granaderos.
  9. i) Criminalización, persecución judicial y detención de 4 defensores indígenas  de Coyomeapan, el 1 de septiembre 2021.
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México de conciencia

Formación política en MORENA, necesaria para ejercer gobierno con dignidad: Diputada Luz Ma Hernández

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Por Zavianny Torres Baltazar

En el marco del  taller interactivo de “El derecho humano a la salud” promovido por el Instituto de Formación Política de MORENA, la diputada Luz Ma Hernández consideró que la formación de cuadros con profesionales expertos es necesaria para entender los nuevos tiempos y conceptos de la vida política en el ejercicio de un gobierno con dignidad, tanto en el Estado de México como en el país.

“Desde la 4T estamos procurando una nueva forma de ejercer el gobierno, empezando por dignificar la misma política en la vida pública. Para nuestra militancia es necesario contar con conocimientos en el quehacer político y la forma de asumir los liderazgos regionales, y transmitirlos de forma asertiva», señaló.

En los últimos años, como secretaria general de MORENA en el Estado de México, ha recorrido al menos dos veces los 125 municipios que componen la entidad, en éstos, las experiencias adquiridas -dijo- le han mostrado la riqueza pluricultural y la de su gente, que en la mayoría de casos está en el ánimo de construir una nueva forma de vida, ese sentir y las emociones expresadas con su recibimiento y actos simbólicos. Proyectan una energía y actitud de querer cambiar la condición actual de las cosas. Una vida digna, enfatizó.

En el caso de las capacitaciones hay uno que le sorprendió gratamente, dijo. «Fue el de Amanalco, en un sitio totalmente al aire libre, y personas de origen indígena y muy participativo. Nos dieron una exhibición de riqueza cultural, lingüística, de cosmovisión y su forma de organizarse en lo económico. En este contexto, son muchas las lecciones de vida que he recibido».

La diputada abundó que la enseñanza más importante que le ha dejado la actividad política, es conocer que las comunidades indígenas y aisladas del espectro urbano, no tienen nada de vulnerables, son grupos con mucho potencial y que en el mejor de los casos tenemos mucho que aprenderles. Me parece que verlos o nombrarlos como grupos vulnerables es lacerante y una ofensa. Son segmentos con mucho potencial, cosa de estar abiertos para generarles nuevas oportunidades.

Entre los retos que actualmente enfrenta como representante popular mexiquense, la diputada local Luz Ma Hernández, reconoce “Debemos armonizar la agenda nacional con la de la entidad. Entre éstas, los ejes son la austeridad, promover la paz. Lo que nos marca nuestro partido -en lo local- es llevar a primer plano el tema de los derechos humanos, encontrar la vía para garantizarlos.

Parte medular de la agenda es posicionar el tema de la administración de los recursos hidráulicos, desde luego, trabajar en el diseño de una Iniciativa de Ley en el tema, que nos lleve a exigir al ejecutivo del estado, cuentas claras y resultados cuantificables. Corregir lo hecho hasta ahora en este tema.

Otra prioridad de la agenda legislativa, será promover la iniciativa de la Ley de participación ciudadana, porque de manera sorprenderte no existe en nuestra entidad este instrumento que permita a la ciudadanía incidir en las decisiones de sus comunidades, sus colonias, sus pueblos. Necesitamos urgentemente sacar adelante esta iniciativa que impacte directamente en el bienestar de las comunidades. Ya iniciamos los trabajos de cabildeo y asesoramiento de expertos en el tema, estamos en el proceso. En breve haremos pública nuestra hoja de ruta de la agenda legislativa. Que coadyube para llevarlas a buen puerto”.

Por su parte, el coordinador del evento, Guillermo Rojas, dejó constancia que en estas capacitaciones, se analiza de forma acuciosa los perfiles profesionales de los ponentes “… además estudiamos que tipo de necesidades tiene cada Estado de la República -incluso en carácter- en este sentido buscamos generar empatía y sinergias de grupo. Es decir, dignificar la capacitación.

La inversión en capacitación que está haciendo actualmente el Instituto de Formación Política de morena ha rendido sus primeros frutos, pues se trata de no sólo brindar un conocimiento o información de carácter político o doctrinario, sino que los talleres que se imparten tengan un impacto en la planificación y ejecución de proyectos sociales viables. Esos trabajos de liderazgo social e iniciativa participativa no tienen sentido sino generan un producto de impacto social”.

En 2019 se impartió un taller de ciudadanía activa, participativa y representativa, fue en una comunidad indígena, en Malinalco, donde al concluir el curso-taller, llegaron las personas de la comunidad con muchas plantitas endémicas “de principio no sabíamos si era para venderlas, exposición o conque motivo. Al término de la última sesión se pusieron a regalarlas. En agradecimiento -nos decían- a que gracias a las herramientas que se les dotó esta escuela de formación, ellas y ellos habían emprendido un negocio relacionado con las plantas, y les iba muy bien. Es decir, partimos del concepto de que la capacitación no es un gasto, es una inversión. Finalizó.

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