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El terror de una mentira impune: El falso caso Wallace

El falso caso Wallace, revelado por la investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, y en sus inicios Anabel Hernández y José Reveles, pone de relieve una política de terror implementada desde el Estado

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Por Juan Carlos Pérez Ruíz

La oscura historia de Isabel Miranda de Wallace (no la versión oficial que replican acríticamente comunicadores como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Jorge Fernández Melendez, Mónica Garza, Bibiana Belsasso, Carlos Jimenez, Sergio Sarmiento y Martín Moreno; sino la que se han atrevido a exponer periodistas como Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández y José Reveles) resulta increíble por el grado de encubrimiento, coordinado y unánime, de los principales medios de comunicación y autoridades, y por el fuerte nivel de represalias que han sufrido los familiares de las víctimas, y los periodistas, abogados y activistas que han expuesto la falsedad del caso.

Persecuciones, amenazas, espionaje, torturas, encarcelamientos, asesinatos, compra de funcionarios y televisoras… Pareciera que hablamos de una película policiaca o una película de terror, y muy lejos queda la imagen de la madre valiente y honesta que hace catorce años se volvió la líder moral de algunos mexicanos. Por eso resulta común que la mayoría de los mexicanos no quieran saber esta historia, y muchos que ya lo saben, les cueste creerlo.

Sin embargo, las pruebas y testimonios de la deshonestidad criminal de la dueña de la empresa de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, resultan abrumadoras, cuando no escalofriantes. No solo por lo ya expuesto por los presuntos inculpados, sino también por lo vivido por sus familiares y todos aquellos que han investigado el tema.

Los expedientes de los detenidos – Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, César Freyre Morales, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, Tony y Albert Castillo Cruz- coinciden en el uso de la tortura (física, psicológica y hasta sexual), además del maltrato dentro de los penales y violaciones al debido proceso. Ello no solo consta en testimonios y trabajos periodísticos de Los Angeles Press, sino que incluso existe un Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobin, que certifica la tortura.

Las familias han sido aterrorizadas y violentadas psicológicamente, como consta en las experiencias de Enriqueta Cruz (madre de Brenda), quien fue detenida unas horas el 30 de agosto de 2014 para interrogarla por las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga, José Reveles y David Bertet. Su hermana y tía de Brenda, Guadalupe Rangel, buscó ayuda en medios de comunicación (como el programa A quien corresponda de Jorge Garralda, transmitido por TV Azteca) y en diferentes organizaciones de derechos humanos; pero tanto la ayuda como el derecho de réplica y la difusión, le fueron negados. Por su seguridad, tuvo que exiliarse en el extranjero. De igual modo María Elena Cruz narró en su momento a este portal como incluso intentaron detener a su hermano, tío de Tony y Albert Castillo Cruz, quizás porque ha sido el único familiar que no ha dejado de apoyarla a ella y a sus sobrinos. La calumnia que pesa sobre ellos, los ha marginado del resto de sus familiares.

Asimismo -como narra la fundadora de Los Angeles Press- en los capítulos 14 y 15 de su libro El falso caso Wallace, Rosa María Morales y Julieta Freyre Morales, madre y hermana de César Freyre respectivamente, fueron detenidas en febrero de 2006 en las instalaciones de la SIEDO mientras solicitaban una visita a César Freyre, que ya se encontraba arraigado. Diariamente eran interrogadas en el penal de Santa Martha Acatitla. Fueron liberadas hasta el 31 de mayo de 2007. Julieta murió tras sufrir un derrame cerebral en octubre de 2010, consecuencia del tiempo en prisión.

Los periodistas y activistas -por no decir cualquier ciudadano- que se han atrevido a investigar y revelar el falso caso Wallace, también han vivido represalias.

Prueba de ello son las represalias que vivió la abogada Ámbar Treviño Pérez, quien luego de recibir amenazas, fue detenida el martes 9 de marzo de 2010 en una gasolinera de la carretera Toluca-Ciudad de México. Fue arraigada 50 días, y sin que mediara proceso, permaneció detenida nueve días en un penal de Durango bajo el cargo de documentación falsa. La CNDH, presidida entonces por Raúl Plascencia Villanueva- cercano a Isabel Miranda, propuesto por ella y defendido por ella como consta en notas periodísticas de la época-, no le reconoció que se le habían violado sus derechos humanos.

El escritor vasco Luis Miguel Ipiña Doña sufrió un encarcelamiento de año y medio desde 2011, dentro del penal de Chiconautla, en el Estado de México. “Esto es por el caso Wallace”, le dijeron al tiempo que le sembraban un arma. Ipiña Doña había entrevistado a Juana Hilda González Lomelí, la primera inculpada en el caso, para su blog de WordPress Cárcel de Mujeres. “Con el caso Wallace no me podían atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban por el blog”, afirmó en entrevista para diferentes medios, hace algunos años.

Escritor Luis Miguel Ipiña, el primero que creyó en la palabra de Juana Hilda. Foto: Los Ángeles Press

“Es un caso especial, porque es una mujer que se ha apoderado del poder judicial”, declaró Ipiña Doña en 2016, en entrevista con Los Angeles Press. “Ha corrido jueces, ha metido en la cárcel a la propia abogada, lo que no se hace en una dictadura (…) Ella manda en el poder judicial”, abundó Ipiña; afirmación que coincide con el relato de Carlos León Miranda, el verdadero padre biológico de Hugo Alberto: “Cuando entramos a la SIEDO… ella lo hizo como si fuera mi casa o la casa de ella. Dando órdenes de cómo debían realizarse el proceso. De cómo debían trabajar las personas”, recordó el doctor León Miranda en la conferencia ofrecida por la senadora Nestora Salgado, la periodista Guadalupe Lizárraga y el activista David Bertet el pasado 29 de abril.

Otros casos de intimidaciones se suman: El de la activista, periodista y fundadora del Frente de Medios Alternativos Independientes

(FEMCAI), Patricia Barba Ávila, quien en 2015 sufrió amenazas por tocar ampliamente el tema en su programa de radio por internet y escribir sobre el caso en sus redes sociales. Un año antes, en 2014, Anabel Hernández y el activista canadiense David Bertet, de la organización En Vero, denunciaron amenazas tras la publicación del reportaje “El caso Wallace, más turbio que nunca” en la revista Proceso.

La ciudadana tamaulipeca María Guadalupe Vicencio «Mary Sainz», reconocida por su participación en protestas a favor de diferentes causas en materia de derechos humanos, dijo haber recibido golpes y amenazas tras encarar a Wallace en la marcha Mexicanos Unidos, en febrero de 2017. A finales de enero de este año, Sainz volvió a encarar a la también dueña del otrora colegio Aztlán (hoy City College), esta vez fuera de Palacio Nacional, tras su participación en los foros de Seguridad Pública.

La periodista independiente y fundadora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, también ha vivido intentos de acallarla. Dos intentos de secuestro, amenazas vía cibernética, una llamada telefónica en agosto pasado -en la que se escuchó que cortaban cartucho- sin contar intentos de censura por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. La autora de El falso caso Wallace presentó una denuncia en diciembre pasado ante Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir una investigación penal ante la presunta falsedad del caso. Estos ataques llegaron al grado de publicar calumnias y datos personales de la periodista y su familia, a través de cuentas bot.

Pero, ¿qué intereses hay detrás del encubrimiento y privilegios de los que gozó la presidenta de Alto al secuestro, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Qué ganó el Estado encubriendo a una torturadora disfrazada de sufrida dama? ¿Y por que razón el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no ha ejercido acción penal contra Wallace?

Evidentemente, el Estado como tal, el Estado de Derecho, Justicia y Bienestar que debería prevalecer en toda democracia, pierde en todos los sentidos y con él, perdemos todos los mexicanos. Perdemos los mexicanos que no aceptamos la simulación y la injusticia, y eventualmente todos quedamos expuestos a los caprichos, corruptelas y engaños de una mujer que, durante los pasados gobiernos, no solo se apoderó de las instituciones, sino que estableció relaciones cercanas con políticos de todos los partidos y se le permitió operar a discrecionalidad agentes del Estado.

Desgraciadamente, ésta no sería la primera vez que el gobierno mexicano empodera a una posible delincuente y la convierte en “activista”.
Como Wallace, aunque más discreta, menos mediática y con menos poder político que el que ya alcanzó Wallace, Alejandra Gil Cuervo engañó a unos cuantos y corrompió a los más para hacerse pasar como una activista que luchaba contra la trata, y que defendía los derechos de las prostitutas. Se hizo amiga cercana de políticos de todos los partidos e intelectuales, era invitada respetable en fiestas de funcionarios, y era recibida en foros y debates sobre trata y la Ley de Protección a Víctimas. Su opinión pesaba lo suficiente para modificar a modo leyes sobre trata y prostitución, so pretexto de proteger a las víctimas aunque en realidad, buscaba proteger su negocio.

Hoy, Alejandra Gil Cuervo, “la madame de Sullivan”, está en prisión purgando una condena de 15 años, al igual que su hijo, Omar Sayun Gil. Ambos casi habían monopolizado el redituable negocio de la explotación sexual en la avenida Sullivan, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Coordinaba, por lo menos, a 50 mujeres y se sabe que tenía contacto directo con tratantes de blancas de Tlaxcala, entidad donde la trata ha proliferado enormemente en los últimos años. Estos tratantes se encargaban de engañar y conseguir mujeres para Alejandra Gil.

Diversos testimonios e investigaciones apuntan a que ella y su grupo de tratantes ganaban hasta 300 mil pesos diarios. Como muchas mujeres víctimas de trata, las mujeres recibían golpizas y amenazas. La mujer que de día filtraba información a funcionarios sobre tratantes (para eliminar la “competencia” de su negocio), de noche era una madrota despiadada que vigilaba todos los movimientos de sus víctimas.

La organización fachada de Gil, Asociación en Pro Apoyo a Servidores, A.C. (Aproase) se dio de alta en 2005 y recibió apoyos por 600 mil pesos (2009), 172 mil 642 pesos (2010), 229 mil 800 y 40 mil pesos (2011) y 88 mil pesos.

Las historias de Wallace y Gil, como dos espejos que se encuentran, parecieran reflejarse entre sí, como dos gotas de agua, si bien en el caso de Wallace parece que la pista es contrabando en lugar de trata, de acuerdo con los antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto.

Según convenga el momento y sus intereses, Wallace admite o niega su cercanía con diferentes funcionarios. En el sexenio de Calderón, su época de encumbramiento, su cercanía con políticos e injerencia en asuntos de la CNDH, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la SIEDO, el CISEN, el Consejo Nacional de Seguridad, la PGJDF, el Senado y la Cámara de Diputados, fue evidente, rayando en el descaro. En la red y en las hemerotecas, puede verificarse como Miranda de Wallace legitimaba las políticas del panista, a grado tal que las tomó como bandera en su candidatura a jefa de gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México). No por nada proponía implementar el toque de queda en 2011, y defendía en los medios a Genaro García Luna, el super secretario de Seguridad Pública, señalado por las investigaciones de Anabel Hernández y del cual muchos activistas, entre ellos el mismo Javier Sicilia, pedían su renuncia.

En el sexenio de Peña, si bien el poder de Miranda de Wallace parecía haber disminuido un poco, en los hechos continuó operando, quizás con más fuerza de la que parecía. Falta ver como actuará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque esperemos que el hecho de que hace unos meses haya sido invitada al Foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no resulte un mal presagio de una continuidad en la impunidad.

Como Alejandra Gil, Isabel Miranda de Wallace se disfraza cada día de activista antisecuestros y maneja la organización fachada Alto al Secuestro. A pesar de que el caso se sostiene por las confesiones bajo tortura y el resto de las pruebas son débiles y altamente cuestionables, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgó a Isabel Miranda una indemnización de poco más de 2 millones 800 mil pesos, en 2016.

Indemnización que no han recibido muchas de las verdaderas víctimas, como los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas de Tlatlaya, las víctimas de Nochixtlán, las víctimas de Tanhuato, Apatzingán, Atenco, Villas de Salvacar, y los cientos de miles de casos de desaparición forzada, secuestro, tortura, masacres y ejecuciones extrajudiciales que se multiplicaron exageradamente en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Resultados de sanguinarias políticas de Estado que, por cierto, Wallace ha defendido y justificado durante ambos gobiernos.

Como Gil, Wallace ha forjado sólidos lazos con políticos de todos los partidos y es invitada recurrente en foros, debates, y programas de radio y televisión. Los periodistas a modo y las plumas a sueldo la legitiman ante el público como una supuesta líder de amplia calidad moral, una heroína ciudadana y una sagaz experta en temas de secuestro, narcotráfico e inseguridad. En contraste, los detenidos por el caso Wallace y sus familias prácticamente han sido borrados de los medios de comunicación.

Y como Gil en el Senado, la opinión de Wallace ha pesado en la radio y televisión mexicanas; el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa influencia ha menguado. Prueba de ello fue el punto de acuerdo propuesto por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio (PRI); Mauricio Kuri González, María Guadalupe Murguía (PAN); Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), para protegerla. La propuesta de punto de acuerdo no ha dado resultados hasta el momento.

La opinión de la intocable señora Wallace pesó demasiado en las iniciativas de ley en los pasados sexenios, y está por verse si aún podrá influir en el nuevo gobierno.

Alejandro Martí e Isabel Miranda presentando a Dulce Burgos, supuesta víctima de secuestro.

 

Así, muchos ciudadanos aún ignoran las investigaciones de los periodistas Emmanuelle Steels y José Reveles, y todavía creen que Florence Cassez era una peligrosa secuestradora, porque Wallace invadía la televisión un día sí y otro también, respaldando el montaje de Genaro García Luna.

Así, muchos mexicanos creen ciegamente la versión histórica de Jesús Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa, gracias a que Wallace se encargó de desacreditar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a pesar de que la versión de Murillo Karam ha quedado desacreditada a nivel nacional e internacional.

Así, Wallace influyó en retrasar la liberación de la hoy senadora de Morena, Nestora Salgado y aún hay mexicanos que, víctimas de la manipulación que los medios le permiten ejercer a Isabel Miranda, creen que Nestora era una secuestradora. La sevicia de la señora Wallace llegó a tal grado que, de acuerdo lo declarado por la senadora, fue torturada diariamente por órdenes de Wallace.

El triunfo de Morena en las elecciones pasadas no fue solo por el descontento generado ante un mal desempeño económico, la desigualdad, la corrupción, el despilfarro y saqueo de altos funcionarios, la ineptitud y cinismo del anterior gobierno. Tampoco fue únicamente por los altos niveles de popularidad y carisma del actual mandatario, ni por el arduo trabajo de campo que realizó Obrador para conectar con las masas y ganarse la confianza de la gente.

Otro factor clave en su victoria fue la esperanza que los mexicanos tenían (y hasta el momento, muchos conservamos) de que los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, el tráfico de influencias y las farsas mediáticas como política para simular la eficiencia del Estado, que conjugan casos como el de Wallace, serían cosa del pasado.

Ojalá pronto haya acciones concretas sobre este caso, para que historias como la de Wallace o los miles de casos de fabricación de culpables que existen en nuestro país, dejen de ser el pan de cada día de la justicia mexicana. De momento, mientras algunos medios de comunicación continúen guardando silencio, Miranda de Wallace siga marcando pauta en materia de seguridad y las verdaderas víctimas del caso Wallace continúen en prisión, la Cuarta Transformación no estará completa.

Las víctimas de Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según las actas de nacimiento que tiene) merecen justicia.

El silencio y la indiferencia, no sólo de medios y comunicadores, sino el de cada uno de nosotros como ciudadanos, también es complicidad.

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Masacre El Charco, 24 años de impunidad del Ejército mexicano

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El 7 de junio de 1998, el Ejército mexicano masacró a diez campesinos indígenas en El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero. Los campesinos descansaban en la Escuela Primaria «Profr. Caritino Maldonado Pérez», después de una reunión sobre proyectos productivos para la comunidad, cuando fueron rafagueados, les lanzaron dos granadas, detuvieron a 25 personas, de las cuales dos estuvieron presos y fueron torturados.

Desde entonces, ha sido una larga lucha por la justicia para las víctimas que ha liderado la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, ante diferentes instancias mexicanas, y posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tardó seis años en admitir el caso para su revisión. Por lo que a 24 años de la masacre, la organización mantiene la exigencia de justicia que ha ignorado el Estado mexicano.

Comunicado Red Solidaria contra la Impunidad

A 24 AÑOS DE LA ATROS MASACRE DE EL CHARCO, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, COMETIDA POR INTEGRANTES DEL EJERCITO MEXICANO, MANTENEMOS LA EXIGENCIA DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS; NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

El 16 de julio del 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Petición de Admisibilidad del caso la masacre de El Charco. Para el 19 de diciembre del 2018, la CIDH nos otorga el Informe de Admisibilidad 166/18, en diciembre del 2018.

El caso gira en torno a que el 7 de junio de 1998, en la comunidad del Charco, Ayutla, Guerrero, el ejército mexicano masacró a 10 campesinos indígenas Nu’Saavi y al estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Zavala Tapia, 4 adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras  que otras 22 personas, 4 de ellas adultos y un niño y una estudiante universitaria, fueron ilegalmente detenidas y posteriormente torturadas.

Actualmente representamos  a 3 viudas y a la familia del estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala Tapia, a 6 sobrevivientes, entre quienes se encuentran Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, por lo que nos unimos con las víctimas para recordar la deuda de justicia que existe a 24 años plagados de impunidad. Las víctimas aún siguen caminando en busca de la justicia, tienen sus esperanzas en que la CIDH, emita su Informe de Fondo y de traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel internacional se logre la justicia que a nivel nacional no se logró.

Hoy traemos a la memoria que Ericka Zamora Pardo, junto con Ricardo Zavala Tapia, entonces estudiantes de la UNAM, soñadores y comprometidos con las causas del pueblo, fueron agredidos por el Estado; Ricardo ejecutado extrajudicialmente, Ericka torturada, acusada de formar parte de un grupo guerrillero, ingresada al penal de máxima seguridad de “Puente Grande”, exclusivo para varones, por ser catalogada de alta peligrosidad. Efrén Cortes Chávez, activista social que se encontraba en la comunidad de El Charco, también fue torturado y encarcelado, ambos; Ericka y Efrén salieron absueltos de la prisión 4 años después de su detención.

Sin embargo, los generales que encabezaron esta masacre, Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, militares expertos en contrainsurgencia que combatieron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, se mantienen totalmente impunes. Los obstáculos enfrentados por las víctimas, son el termómetro que mide la impunidad en este país, es tiempo de derribar la impunidad que prevalece y se pueda lograr la verdad y justicias para las víctimas, México tiene una deuda histórica con las víctimas y con la comunidad de El Charco. Las víctimas hoy encienden una luz contra la impunidad.

¡NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!

¡HASTA QUE LA JUSTICIA SE SIENTE ENTRE NOSOTROS!

 Responsables: Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López

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El infierno de ser mujer, migrante y negra en México

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Por Rodrigo Soberanes

MÉXICO – Joy es originaria de Camerún. Logró llegar viva a Tijuana, en Baja California, en el noroeste de México. Betty nació en Haití y viajó hasta Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, al igual que Elena, proveniente de El Congo. Las tres huyeron de sus países para escapar de un destino de pobreza, violencia y muerte.

Recorrieron miles de kilómetros. Un largo camino lleno de abusos, maltratos y discriminación. Llegaron a México con la esperanza de una vida mejor. No la encontraron.

Como ellas, miles de personas provenientes de Haití y África que en los últimos años han llegado a México, forman parte de un flujo inédito en la historia de este país.

La situación de vulnerabilidad de estas mujeres migrantes es evidente. Alejandra Elizalde Trinidad, coordinadora del Programa de Género de Formación y Capacitación  (Foca), califica la situación humanitaria que atraviesan de “terrible”.

Un ejemplo son las originarias de Haití quienes padecen “subordinación racial y xenofóbica”, señala E. Tendayi Achiume, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

Elena, de El Congo

Elena huyó de la guerra civil en El Congo, viajó hasta Brasil donde encontró otro tipo de violencia: el desprecio por ser pobre… Y negra.

Con su familia emprendió el viaje hacia el norte, pero a la mitad del camino encontró un nuevo infierno: la selva conocida como el Tapón de Darién, una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas migrantes, que separa a Colombia de Panamá, y está controlada por bandas de narcotráfico y tráfico de personas.

Elena fue una de sus víctimas. Durante 10 días fue separada de su esposo e hijo de ocho años, para ser convertida en esclava sexual. Cuando finalmente lograron escapar, pudieron llegar a Tapachula, Chiapas. Pero su alma quedó atrapada en la selva de El Darién.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2021 más de 133 000 personas migrantes cruzaron el Tapón del Darién; cuatro veces mayor al récord de 2016, cuando pasaron por esa región selvática unos 30 000 migrantes.

En Tapachula –ciudad mexicana fronteriza con Guatemala– muchas personas migrantes, sobre todo de Haití y África, viven en casonas o grandes construcciones con una multitud de habitaciones pequeñas llamadas cuarterías.

Cuarterías, habitaciones muy pequeñas donde se hacinan personas migrantes en Tapachula. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

En una de esas cuarterías un joven originario de El Congo grita desesperado, una mezcla de portugués y español. Es Djingo, el esposo de Elena. “¡La máquina de la prostitución está funcionando en México!”, grita el congolés.

Sus vecinos en la cuartería, que sostenían una intensa discusión sobre la forma de abandonar Tapachula, enmudecen. Saben que Elena se ha visto obligada al trabajo sexual, porque su esposo no ha logrado conseguir un empleo.

“¡Sus manos, sus manos!”, insiste Djingo sobre su esposa. “¡Están manchadas por el contacto con tanta persona!”. En la cuartería donde se encuentran, como en el resto de la comunidad migrante de la frontera sur, es secreto a voces que las crueles prácticas sexuales de El Tapón del Darién también llegan a Tapachula y persiguen, sobre todo, a mujeres vulnerables.

Djingo, en la azotea de la cuartería donde vive junto a su esposa e hijo de ocho años. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

La dramática experiencia marcó la vida de la mujer migrante. Las huellas visibles están en sus manos con manchas y escoriaciones, que parecen surcos que se prolongan hasta los antebrazos.

La familia no sabe qué son. Ningún médico la ha revisado, pero Elena cree que es una reacción al estrés, que su cuerpo grita algo por el dramático paso por El Darién.

Necesita ayuda, no sólo por las manchas sino porque desconoce el impacto por el daño físico por los días de esclavitud sexual sin métodos de protección. También requiere apoyo psicológico con urgencia, sobre todo porque sigue sometida a un infierno.

Elena se comunica más con su lenguaje corporal que con el habla. Se muestra silenciosa, casi por completo. Esconde sus manos entre las telas de su vestido. Las escoriaciones son un símbolo de su martirio en la selva, pero esas sólo son las huellas visibles, las otras se notan en la mirada triste y apagada, por momentos, ausente.

Joy, de Camerún

Joy –no es el nombre real, pidió usar este por seguridad– tiene 39 años y es enfermera. Escapó de Camerún, su país natal, donde era perseguida política e intentó refugiarse en Ecuador, en 2018, el único país latinoamericano donde no le requerían visa. Ahí, durante meses, sufrió maltrato, discriminación y abusos laborales. Vivió en la calle y en cuanto pudo emprendió camino al norte.

Joy recorrió miles de kilómetros desde Camerún para escapar de la violencia. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

En Quito, la capital ecuatoriana, consiguió empleo en un restaurante, pero se enfrentó de lleno con la discriminación hacia las mujeres negras. Una vez, mientras trabajaba en la cocina, escuchó un reclamo airado al propietario del negocio.

“Una cliente le dijo que, si tenía en la cocina a una mujer negra, se iría de su restaurante. Pero el dueño insistió en dejarme y los clientes comenzaron a irse. Luego me dijeron que si me despedían, en pocos días volverían los clientes”, cuenta.

Joy hizo todo lo posible por conservar el empleo, pero tres meses después fue despedida. Sola, sin dinero para pagar el alquiler de la habitación donde vivía, no tuvo otra opción que vivir en la calle.

Joy es enfermera. Abandonó Camerún y ahora intenta sobrevivir en Tijuana. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

“Comencé a dormir en el parque. Empecé a aprender a vivir así. Sin país y sin dinero. Aprendí a comer de la basura. Tenía hambre, quería comer”.

Contactó a otra mujer africana que podría ayudarla a conseguir trabajo, pero lo que ofreció fue meterla en el trabajo sexual. “Quiso usar mi cuerpo para hacer negocios. Yo no acepto eso, yo soy enfermera y auxiliar en farmacia”, dice.

Un día, cuando ya llevaba un mes en la calle, encontró a una paisana suya que estaba a punto de viajar al norte. Joy había ganado unos dólares trabajando en otro restaurante y recolectando botellas de plástico que vendió a un centro de reciclado. Usó ese dinero para irse.

La mujer camerunesa enfrentó un camino pleno en abusos y violencia. “Mucha gente murió enfrente de mí, vi demasiada gente muerta en la jungla”, dice.

Joy cruzó el río Suchiate, que divide la frontera entre Guatemala y México, en agosto de 2019, y entró a Tapachula, Chiapas, donde fue detenida y encerrada en la Estación Migratoria Siglo XXI. Un mes después hubo protestas por el maltrato hacia las personas detenidas que fueron disueltas por la Guardia Nacional.

“Yo estaba adentro. Sufrí discriminación. Sufrí racismo adentro. Cuando llegas, personas africanas están apartadas del resto. Te dan un ticket de diferente color. Tu color es diferente, ¿por qué? La comida que te dan es diferente al resto”, relata Joy.

Después del incidente, la camerunesa fue liberada y permaneció algunos días en un campamento en Tapachula, mientras conseguía dinero para seguir el viaje. En ese lapso sufrió incidentes con la policía.

Uno de ellos ocurrió durante una manifestación de personas migrantes, cuando preguntó a un agente, traductor de por medio, si tenía el poder de retener sus documentos.

El policía contestó con un insulto racista e insistió al traductor que lo dijera tal cual: “Cerdos, no sé qué vienen a hacer a mi país”.

“¿Por qué nos escogen para pedirnos nuestra identificación? Nos dicen que tenemos apariencia peligrosa. ¡Wow! ¿Apariencia peligrosa? Porque somos negras nos miran así, lo siento”, se pregunta Joy.

Ocho meses después de cruzar el Río Suchiate consiguió un documento de refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y logró llegar a Tijuana. Allí se encuentra, a la espera de solicitar asilo humanitario al gobierno de Estados Unidos.

En esta ciudad fronteriza del norte de México no hay muchos cambios para Joy. Como en Ecuador, El Darién o en Tapachula, la camerunesa enfrenta su realidad: es la misma mujer vulnerable y sin derechos.

Cuando llegas aquí es lo mismo. Cada vez que camino veo cómo la policía arresta a las personas. A mí los policías me pidieron mi identificación y me la quitaron. Me dijeron que no era válida. Me registraron, tocaron mi cuerpo.

El mural de un albergue en Tijuana muestra el nuevo rostro de la ciudad fronteriza. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Betty, de Haití

Haití siempre ha sido el país más pobre de América Latina, pero su marginación histórica se profundizó con el terremoto que en 2010 lo devastó. Fue el inicio de una diáspora que en los siguientes años expulsó a decenas de miles de personas. Betty y su esposo fueron parte de ese éxodo.

Hace ocho años llegaron a Ecuador, donde nacieron sus dos hijos y creyó que podría refugiarse de la discriminación y la violencia por el color de su piel, pero estaba equivocada.

Aunque tenían una mejor vida que en Haití no era suficiente y, al inicio de 2021, vendieron sus pocas pertenencias e iniciaron el camino a Estados Unidos. El viaje marcó su vida. “Soy una persona destrozada”, confiesa.

Betty escapó de Haití, devastado por sismos, pobreza y violencia. Atravesó la selva del Darien, donde sufrió violencia sexual. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Como miles de haitianos que han compartido la misma ruta de migración, la familia se vio obligada a cruzar por el Tapón del Darién. El costo fue muy alto, sobre todo para Betty.

Ahora en una cuartería de Tapachula, a Betty le cuesta hablar del viaje. Platica en tercera persona, como si con eso intentara creer que se trata de otra persona.

Quitan a la madre enfrente de los niños para hacerle cualquier cosa. Los niños están llorando y el esposo no puede hacer nada. Una se tiene que aguantar todo lo que está pasando”, dice.

Robaron, violaron y mataron a muchos de nosotros. Es una mezcla de dolor, miedo. De todo”, dice Betty en voz baja.

Betty, en una de las cuarterías donde viven principalmente personas migrantes de Haití. Foto: Duilio Rodríguez / PdP

Su esposo escucha la narración en silencio. A unos metros otros migrantes haitianos asienten: ellos también saben de las caminatas a ciegas por una selva desconocida, el cansancio, sed extrema y el riesgo permanente a convertirse en víctimas de cualquier crimen grave.

“Mi sueño solamente era sacar a mi familia adelante, un buen futuro para mis hijos. Un futuro que no tenía y quería para mis hijos”, cuenta.

El tono de su voz parece desesperanzado. Puede que tenga razón. Hasta ahora en México no ha encontrado la ayuda que necesita.

Sus hijos, por ejemplo, cuando se han enfermado de fiebre y diarrea, no han sido atendidos por ningún médico porque la familia no puede acreditar su estancia regular en el país.

“Están destruidos, no tienen escuela, no tienen ayuda”, confiesa Betty. “Tengo el corazón destruido como madre”.

Éxodo en medio de discriminación

Las historias de Joy, Betty y Elena son un reflejo de la cruda realidad que enfrentan las mujeres migrantes en México y que en su caso resulta aún peor, pues también padecen discriminación por su piel.

El éxodo se siente en México, a donde llegó la mayoría de estas personas. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría /ministerio) de Gobernación (Segob), en 2021 el Instituto Nacional de Migración detuvo a cien mil 64 mujeres. De ellas, 32 mil 393 eran menores de edad.

Las estadísticas nada dicen sobre su destino. De acuerdo con organizaciones civiles, muchas fueron deportadas, pero otras solicitaron asilo humanitario en México.

El año pasado, según la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), 53 mil 745 mujeres migrantes pidieron refugio en el país. La dependencia enfrenta la mayor ola de solicitudes en su historia, y los recursos con que cuenta han sido insuficientes para atender la demanda.

El daño que sufren las mujeres migrantes y sobre todo las afrodescendientes es grave, dice Paulina Olvera, directora de la organización Espacio Migrante que trabaja con esta población en Tijuana.

“El viaje tiene un gran impacto en todos los sentidos. El tema de la salud mental es preocupante. Vienen desde Brasil, Chile y Venezuela. Hay muchos casos que llegaron aquí con anemia severa. Muchas mujeres embarazadas llegaban aquí con desnutrición y con cero revisiones médicas en su haber”, cuenta.

Alejandra Elizalde, de Foca, insiste en que las mujeres en las mismas circunstancias que Betty, Joy y Elena deberían tener de inmediato la posibilidad de permanecer en el país. “Se tiene que garantizar el acceso pleno a sus derechos, reconocer su situación de vulneración de derechos, acercarles servicios médicos y acompañamiento psicológico”, señala.

En la presentación del informe “Un viaje de esperanza: La migración de mujeres haitianas a Tapachula, México”, Achiume, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, reconoce que las mujeres migrantes “deben navegar la intolerancia y exclusión basada en su raza e identidad de género, las cuales se exacerban por la intolerancia racista en las regiones por las que se mueven e intentan asentarse”.

Las personas migrantes, en general, viven en situación de vulnerabilidad, debido a su situación irregular, cultural, muchas veces de idioma. Sin embargo, para las mujeres y en particular para las de color, la vulnerabilidad es aún mayor y la padecen a cada paso de su trayecto, sin que existan mecanismos efectivos de protección para ellas.

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Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página, de la mexicana red Periodistas de A Pie.

RV: EG

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El Consejo de Europa pide crear tribunal especial para juzgar a líderes rusos por crimen de agresión

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La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha aprobado este jueves una resolución para que se cree urgentemente un tribunal penal internacional ‘ad hoc’ que investigue y juzgue el crimen de agresión cometido por los líderes políticos y militares de Rusia, cuya sede estaría en Estrasburgo.

El crimen de agresión está definido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 8 bis) y supone el uso de la fuerza militar de un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, incluyendo la invasión de otro Estado, el bombardeo y el bloqueo de puertos.

Ese tribunal tendría el poder de emitir órdenes de arresto internacionales y no estaría limitado por la inmunidad del Estado, de los jefes de estado y de gobierno, y otros funcionarios.

La creación del Tribunal ‘ad hoc’ se haría con un tratado multilateral aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el apoyo del Consejo de Europa, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. La sede estaría en Estrasburgo, ante las posibles sinergias con el tribunal Europeo de Derechos Humanos, que examina numerosas demandas individuales e interestatales relacionadas.

El texto asegura que “esta guerra se lleva a cabo con una brutalidad sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”. La resolución se ha aprobado por unanimidad de 115 votos.

Con información de Agencias.

 

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