El terror de una mentira impune: El falso caso Wallace

Por Juan Carlos Pérez Ruíz

La oscura historia de Isabel Miranda de Wallace (no la versión oficial que replican acríticamente comunicadores como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Jorge Fernández Melendez, Mónica Garza, Bibiana Belsasso, Carlos Jimenez, Sergio Sarmiento y Martín Moreno; sino la que se han atrevido a exponer periodistas como Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández y José Reveles) resulta increíble por el grado de encubrimiento, coordinado y unánime, de los principales medios de comunicación y autoridades, y por el fuerte nivel de represalias que han sufrido los familiares de las víctimas, y los periodistas, abogados y activistas que han expuesto la falsedad del caso.

Persecuciones, amenazas, espionaje, torturas, encarcelamientos, asesinatos, compra de funcionarios y televisoras… Pareciera que hablamos de una película policiaca o una película de terror, y muy lejos queda la imagen de la madre valiente y honesta que hace catorce años se volvió la líder moral de algunos mexicanos. Por eso resulta común que la mayoría de los mexicanos no quieran saber esta historia, y muchos que ya lo saben, les cueste creerlo.

Sin embargo, las pruebas y testimonios de la deshonestidad criminal de la dueña de la empresa de anuncios espectaculares Showcase Publicidad, resultan abrumadoras, cuando no escalofriantes. No solo por lo ya expuesto por los presuntos inculpados, sino también por lo vivido por sus familiares y todos aquellos que han investigado el tema.

Los expedientes de los detenidos – Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, César Freyre Morales, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, Tony y Albert Castillo Cruz- coinciden en el uso de la tortura (física, psicológica y hasta sexual), además del maltrato dentro de los penales y violaciones al debido proceso. Ello no solo consta en testimonios y trabajos periodísticos de Los Angeles Press, sino que incluso existe un Protocolo de Estambul de Jacobo Tagle Dobin, que certifica la tortura.

Las familias han sido aterrorizadas y violentadas psicológicamente, como consta en las experiencias de Enriqueta Cruz (madre de Brenda), quien fue detenida unas horas el 30 de agosto de 2014 para interrogarla por las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga, José Reveles y David Bertet. Su hermana y tía de Brenda, Guadalupe Rangel, buscó ayuda en medios de comunicación (como el programa A quien corresponda de Jorge Garralda, transmitido por TV Azteca) y en diferentes organizaciones de derechos humanos; pero tanto la ayuda como el derecho de réplica y la difusión, le fueron negados. Por su seguridad, tuvo que exiliarse en el extranjero. De igual modo María Elena Cruz narró en su momento a este portal como incluso intentaron detener a su hermano, tío de Tony y Albert Castillo Cruz, quizás porque ha sido el único familiar que no ha dejado de apoyarla a ella y a sus sobrinos. La calumnia que pesa sobre ellos, los ha marginado del resto de sus familiares.

Asimismo -como narra la fundadora de Los Angeles Press- en los capítulos 14 y 15 de su libro El falso caso Wallace, Rosa María Morales y Julieta Freyre Morales, madre y hermana de César Freyre respectivamente, fueron detenidas en febrero de 2006 en las instalaciones de la SIEDO mientras solicitaban una visita a César Freyre, que ya se encontraba arraigado. Diariamente eran interrogadas en el penal de Santa Martha Acatitla. Fueron liberadas hasta el 31 de mayo de 2007. Julieta murió tras sufrir un derrame cerebral en octubre de 2010, consecuencia del tiempo en prisión.

Los periodistas y activistas -por no decir cualquier ciudadano- que se han atrevido a investigar y revelar el falso caso Wallace, también han vivido represalias.

Prueba de ello son las represalias que vivió la abogada Ámbar Treviño Pérez, quien luego de recibir amenazas, fue detenida el martes 9 de marzo de 2010 en una gasolinera de la carretera Toluca-Ciudad de México. Fue arraigada 50 días, y sin que mediara proceso, permaneció detenida nueve días en un penal de Durango bajo el cargo de documentación falsa. La CNDH, presidida entonces por Raúl Plascencia Villanueva- cercano a Isabel Miranda, propuesto por ella y defendido por ella como consta en notas periodísticas de la época-, no le reconoció que se le habían violado sus derechos humanos.

El escritor vasco Luis Miguel Ipiña Doña sufrió un encarcelamiento de año y medio desde 2011, dentro del penal de Chiconautla, en el Estado de México. “Esto es por el caso Wallace”, le dijeron al tiempo que le sembraban un arma. Ipiña Doña había entrevistado a Juana Hilda González Lomelí, la primera inculpada en el caso, para su blog de WordPress Cárcel de Mujeres. “Con el caso Wallace no me podían atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban por el blog”, afirmó en entrevista para diferentes medios, hace algunos años.

Escritor Luis Miguel Ipiña, el primero que creyó en la palabra de Juana Hilda. Foto: Los Ángeles Press

“Es un caso especial, porque es una mujer que se ha apoderado del poder judicial”, declaró Ipiña Doña en 2016, en entrevista con Los Angeles Press. “Ha corrido jueces, ha metido en la cárcel a la propia abogada, lo que no se hace en una dictadura (…) Ella manda en el poder judicial”, abundó Ipiña; afirmación que coincide con el relato de Carlos León Miranda, el verdadero padre biológico de Hugo Alberto: “Cuando entramos a la SIEDO… ella lo hizo como si fuera mi casa o la casa de ella. Dando órdenes de cómo debían realizarse el proceso. De cómo debían trabajar las personas”, recordó el doctor León Miranda en la conferencia ofrecida por la senadora Nestora Salgado, la periodista Guadalupe Lizárraga y el activista David Bertet el pasado 29 de abril.

Otros casos de intimidaciones se suman: El de la activista, periodista y fundadora del Frente de Medios Alternativos Independientes

(FEMCAI), Patricia Barba Ávila, quien en 2015 sufrió amenazas por tocar ampliamente el tema en su programa de radio por internet y escribir sobre el caso en sus redes sociales. Un año antes, en 2014, Anabel Hernández y el activista canadiense David Bertet, de la organización En Vero, denunciaron amenazas tras la publicación del reportaje “El caso Wallace, más turbio que nunca” en la revista Proceso.

Mary Sainz y Guadalupe Vallarta en Palacio Nacional. Foto: red

La activista tamaulipeca Mary Sainz, reconocida por su participación en protestas a favor de diferentes causas en materia de derechos humanos, recibió golpes y amenazas tras encarar a Wallace en la marcha Mexicanos Unidos, en febrero de 2017. A finales de enero de este año, Sainz volvió a encarar a la también dueña del otrora colegio Aztlán (hoy City College), esta vez fuera de Palacio Nacional, tras su participación en los foros de Seguridad Pública.

La periodista independiente y fundadora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, también ha vivido intentos de acallarla. Dos intentos de secuestro, amenazas vía cibernética, una llamada telefónica en agosto pasado – en la que se escuchó que cortaban cartucho – sin contar intentos de censura por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. La autora de El falso caso Wallace presentó una denuncia en diciembre pasado ante Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir una investigación penal ante la presunta falsedad del caso. Estos ataques llegaron al grado de publicar calumnias y datos personales de la periodista y su familia, a través de cuentas bot.

Pero, ¿qué intereses hay detrás del encubrimiento y privilegios de los que gozó la presidenta de Alto al secuestro, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Qué ganó el Estado encubriendo a una torturadora disfrazada de sufrida dama? ¿Y por que razón el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no ha ejercido acción penal contra Wallace?

Evidentemente, el Estado como tal, el Estado de Derecho, Justicia y Bienestar que debería prevalecer en toda democracia, pierde en todos los sentidos y con él, perdemos todos los mexicanos. Perdemos los mexicanos que no aceptamos la simulación y la injusticia, y eventualmente todos quedamos expuestos a los caprichos, corruptelas y engaños de una mujer que, durante los pasados gobiernos, no solo se apoderó de las instituciones, sino que estableció relaciones cercanas con políticos de todos los partidos y se le permitió operar a discrecionalidad agentes del Estado.

Desgraciadamente, ésta no sería la primera vez que el gobierno mexicano empodera a una posible delincuente y la convierte en “activista”.
Como Wallace, aunque más discreta, menos mediática y con menos poder político que el que ya alcanzó Wallace, Alejandra Gil Cuervo engañó a unos cuantos y corrompió a los más para hacerse pasar como una activista que luchaba contra la trata, y que defendía los derechos de las prostitutas. Se hizo amiga cercana de políticos de todos los partidos e intelectuales, era invitada respetable en fiestas de funcionarios, y era recibida en foros y debates sobre trata y la Ley de Protección a Víctimas. Su opinión pesaba lo suficiente para modificar a modo leyes sobre trata y prostitución, so pretexto de proteger a las víctimas aunque en realidad, buscaba proteger su negocio.

Hoy, Alejandra Gil Cuervo, “la madame de Sullivan”, está en prisión purgando una condena de 15 años, al igual que su hijo, Omar Sayun Gil. Ambos casi habían monopolizado el redituable negocio de la explotación sexual en la avenida Sullivan, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Coordinaba, por lo menos, a 50 mujeres y se sabe que tenía contacto directo con tratantes de blancas de Tlaxcala, entidad donde la trata ha proliferado enormemente en los últimos años. Estos tratantes se encargaban de engañar y conseguir mujeres para Alejandra Gil.

Diversos testimonios e investigaciones apuntan a que ella y su grupo de tratantes ganaban hasta 300 mil pesos diarios. Como muchas mujeres víctimas de trata, las mujeres recibían golpizas y amenazas. La mujer que de día filtraba información a funcionarios sobre tratantes (para eliminar la “competencia” de su negocio), de noche era una madrota despiadada que vigilaba todos los movimientos de sus víctimas.

La organización fachada de Gil, Asociación en Pro Apoyo a Servidores, A.C. (Aproase) se dio de alta en 2005 y recibió apoyos por 600 mil pesos (2009), 172 mil 642 pesos (2010), 229 mil 800 y 40 mil pesos (2011) y 88 mil pesos.

Las historias de Wallace y Gil, como dos espejos que se encuentran, parecieran reflejarse entre sí, como dos gotas de agua, si bien en el caso de Wallace parece que la pista es contrabando en lugar de trata, de acuerdo con los antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto.

Según convenga el momento y sus intereses, Wallace admite o niega su cercanía con diferentes funcionarios. En el sexenio de Calderón, su época de encumbramiento, su cercanía con políticos e injerencia en asuntos de la CNDH, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la SIEDO, el CISEN, el Consejo Nacional de Seguridad, la PGJDF, el Senado y la Cámara de Diputados, fue evidente, rayando en el descaro. En la red y en las hemerotecas, puede verificarse como Miranda de Wallace legitimaba las políticas del panista, a grado tal que las tomó como bandera en su candidatura a jefa de gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México). No por nada proponía implementar el toque de queda en 2011, y defendía en los medios a Genaro García Luna, el super secretario de Seguridad Pública, señalado por las investigaciones de Anabel Hernández y del cual muchos activistas, entre ellos el mismo Javier Sicilia, pedían su renuncia.

En el sexenio de Peña, si bien el poder de Miranda de Wallace parecía haber disminuido un poco, en los hechos continuó operando, quizás con más fuerza de la que parecía. Falta ver como actuará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque esperemos que el hecho de que hace unos meses haya sido invitada al Foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no resulte un mal presagio de una continuidad en la impunidad.

Como Alejandra Gil, Isabel Miranda de Wallace se disfraza cada día de activista antisecuestros y maneja la organización fachada Alto al Secuestro. A pesar de que el caso se sostiene por las confesiones bajo tortura y el resto de las pruebas son débiles y altamente cuestionables, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) otorgó a Isabel Miranda una indemnización de poco más de 2 millones 800 mil pesos, en 2016.

Indemnización que no han recibido muchas de las verdaderas víctimas, como los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas de Tlatlaya, las víctimas de Nochixtlán, las víctimas de Tanhuato, Apatzingán, Atenco, Villas de Salvacar, y los cientos de miles de casos de desaparición forzada, secuestro, tortura, masacres y ejecuciones extrajudiciales que se multiplicaron exageradamente en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Resultados de sanguinarias políticas de Estado que, por cierto, Wallace ha defendido y justificado durante ambos gobiernos.

Como Gil, Wallace ha forjado sólidos lazos con políticos de todos los partidos y es invitada recurrente en foros, debates, y programas de radio y televisión. Los periodistas a modo y las plumas a sueldo la legitiman ante el público como una supuesta líder de amplia calidad moral, una heroína ciudadana y una sagaz experta en temas de secuestro, narcotráfico e inseguridad. En contraste, los detenidos por el caso Wallace y sus familias prácticamente han sido borrados de los medios de comunicación.

Y como Gil en el Senado, la opinión de Wallace ha pesado en la radio y televisión mexicanas; el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa influencia ha menguado. Prueba de ello fue el punto de acuerdo propuesto por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio (PRI); Mauricio Kuri González, María Guadalupe Murguía (PAN); Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), para protegerla. La propuesta de punto de acuerdo no ha dado resultados hasta el momento.

La opinión de la intocable señora Wallace pesó demasiado en las iniciativas de ley en los pasados sexenios, y está por verse si aún podrá influir en el nuevo gobierno.

Así, muchos ciudadanos aún ignoran las investigaciones de los periodistas Emmanuelle Steels y José Reveles, y todavía creen que Florence Cassez era una peligrosa secuestradora, porque Wallace invadía la televisión un día sí y otro también, respaldando el montaje de Genaro García Luna.

Así, muchos mexicanos creen ciegamente la versión histórica de Jesús Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa, gracias a que Wallace se encargó de desacreditar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a pesar de que la versión de Murillo Karam ha quedado desacreditada a nivel nacional e internacional.

Así, Wallace influyó en retrasar la liberación de la hoy senadora de Morena, Nestora Salgado y aún hay mexicanos que, víctimas de la manipulación que los medios le permiten ejercer a Isabel Miranda, creen que Nestora era una secuestradora. La sevicia de la señora Wallace llegó a tal grado que, de acuerdo lo declarado por la senadora, fue torturada diariamente por órdenes de Wallace.

El triunfo de Morena en las elecciones pasadas no fue solo por el descontento generado ante un mal desempeño económico, la desigualdad, la corrupción, el despilfarro y saqueo de altos funcionarios, la ineptitud y cinismo del anterior gobierno. Tampoco fue únicamente por los altos niveles de popularidad y carisma del actual mandatario, ni por el arduo trabajo de campo que realizó Obrador para conectar con las masas y ganarse la confianza de la gente.

Otro factor clave en su victoria fue la esperanza que los mexicanos tenían (y hasta el momento, muchos conservamos) de que los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, el tráfico de influencias y las farsas mediáticas como política para simular la eficiencia del Estado, que conjugan casos como el de Wallace, serían cosa del pasado.

Ojalá pronto haya acciones concretas sobre este caso, para que historias como la de Wallace o los miles de casos de fabricación de culpables que existen en nuestro país, dejen de ser el pan de cada día de la justicia mexicana.De momento, mientras algunos medios de comunicación continúen guardando silencio, Miranda de Wallace siga marcando pauta en materia de seguridad y las verdaderas víctimas del caso Wallace continúen en prisión, la Cuarta Transformación no estará completa.

Las víctimas de Isabel Miranda de Wallace (o Isabel Torres Romero, según las actas de nacimiento que tiene) merecen justicia.

El silencio y la indiferencia, no sólo de medios y comunicadores, sino el de cada uno de nosotros como ciudadanos, también es complicidad.

Juan Carlos Pérez Ruiz

Periodista independiente.

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