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Con voz propia

El teatro de dos criminales: la señora Wallace y Dulce Rubí

La señora Wallace estrena escuela con una de las acusadoras de Nestora Salgado, la joven Dulce Rubí Burgos Pérez, quien ya aprendió a mentir a los medios

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Guadalupe Lizárraga

Mientras el poder en México acaba de definir su nueva forma disimulada de dictadura, asaltan el espacio mediático los personajes más disímbolos con vocación de criminal. Pero no surgen de manera aislada, los une el mismo Estado fallido, las instituciones corrompidas, la red gubernamental de narcotráfico y trata de personas. Dos de estos personajes son Isabel Miranda Torres, alias la “señora Wallace” y Dulce Rubí Burgos Pérez, una de las jóvenes compensadas por acusar de secuestro a la líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.

Isabel Miranda, impaciente por consolidar sus aspiraciones políticas, no le basta haber cometido las acciones más aberrantes que puede cometer una madre, como simular el secuestro y homicidio de su hijo, para obtener beneficio político. Desde hace diez años, lucha por mantenerse en el escenario partidista a costa de la libertad de personas inocentes y da escandalosas conferencias de prensa con información falaz en su desesperada acción por conservar algo de credibilidad.

Miranda Torres, a costa de mentir y corromper a jueces, pagar a agentes ministeriales torturadores, falsificar documentos oficiales, alterar evidencias, cometer perjurio, agredir a los familiares de las verdaderas víctimas, entre otros delitos, ha construido el teatro del crimen contra su hijo Hugo Alerto Wallace Miranda. Un teatro que estrena escuela. Ahora, se dedica a enseñar cómo simular ser una víctima, cómo mentir a los medios y a las autoridades, cómo llorar a la menor provocación ante la cámara de un periodista. La señora Wallace se prendió del caso de Nestora Salgado como una garrapata que chupa la sangre de un perro, para revivir políticamente ante el descrédito de su falso caso. Y encontró una alumna perfecta para ello: Dulce Rubí Burgos Pérez.

En el expediente judicial número 142/2013-II fabricado por el exprocurador de la PGJE de Guerrero, Iñaki Blanco, (por cierto funcionario denunciado por recibir dinero del narcotráfico, testigo de cargo de Miranda en el falso secuestro de su hijo y retirado del cargo por el caso Ayotzinapa), la joven Dulce Rubí aparece como una menor de edad de 17 años y su madre Petra Pérez narra una historia que contradice a la que había dado su propia hija a la Policía comunitaria. Según la madre, su hija mayor Lucero Burgos Pérez “le comentó el 10 de junio de 2013, aproximadamente a las 16 horas, que Nestora Salgado se llevó a su hermana de nombre Dulce Rubí Burgos Pérez junto con su amiga que responde al nombre de Yesenia Castillo Meza”.

La madre deja asentado en el expediente que a las 18 horas de ese mismo 10 de junio, se dirigió con su hija Lucero “a la casa de Nestora para preguntarle por su hija Dulce Rubí, y que Nestora le había respondido que su hija ya había sido trasladada a rehabilitación”, y enfatiza: “sin decirme a dónde, y como su hija es menor de edad tenía que haberme consultado”.

Las palabras de la madre contrastan con las del comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá Jesús Coronel Díaz, quien en entrevista para Los Ángeles Press, el pasado 14 de noviembre de 2013, sostuvo que él personalmente atendió a dos de las madres de las jóvenes que ahora acusan a Nestora. Fue el 9 de junio, en la mañana, cuando acudieron en su ayuda las señoras Mariza Meza Castro y Susana Baltazar Sosa por la supuesta desaparición de sus hijas Yesenia Castillo Baltazar y Betzabé Rubí Baltazar. Estas jóvenes, junto con Dulce Rubí, llevaban tres días fuera del hogar familiar y fueron ubicadas en Huamuxtitlán por la tía de Yesenia, el 10 de junio, y la Policía comunitaria intervino para entregarlas a sus madres, según la declaración de Coronel Díaz, quien confirmó que durante ese tiempo las jóvenes estuvieron embriagándose y drogándose con personas que estaban identificadas como miembros de la delincuencia organizada.

Las madres, una vez con sus hijas, pidieron que les ayudaran a reeducarlas de acuerdo al sistema normativo de la comunidad. Y Coronel Díaz explicó que lo pidieron porque “las jóvenes ya habían rebasado la autoridad de sus padres, llegaban a casa bien borrachas, bien drogadas, y hacían muchas cosas que ciudadanos de esas características no deberían andar haciendo, pero fueron detenidas precisamente porque sus madres nos pidieron que interviniéramos, incluso ya andaban delinquiendo con los mismos muchachos aquí en la comunidad”.

Armando Patrón Jiménez y Dulce Rubí Burgos Pérez con Isabel Miranda Torres.

A cada uno de los jóvenes involucrados en los hechos se les pidió su declaración por escrito y firmada, y entre los testigos estuvieron presentes las madres, Nestora Salgado como coordinadora, el secretario del Consejo Social Olinalteco Miguel Zapoteco Bergara y el comandante regional Jesús Coronel Díaz. Todas las declaraciones coinciden con las palabras de Coronel Díaz, e incluso con la declaración de Dulce Rubí Burgos Pérez, escrita el mismo 10 de junio de 2013, a las 13:20 horas. En ese momento, la joven delincuente sostuvo ante estos testigos, haberse ido de su casa “porque tuvo unos problemas con sus papás” y estuvo bebiendo y durmiendo con amigos durante tres días seguidos. Y continúa:

“Me fui a vivir con María Isabel. El jueves nos encontramos con la Marucha, él nos prestó una colchoneta para dormir. A otro día ya no supe nada de él. El viernes yo fui a casa de Paco para invitarlo a Tulcingo y él aceptó, después nos venimos con Toño a tomarnos unas micheladas, después nos encontramos con Miguel. Yesenia nos invita a Tulcingo, fuimos a echar gasolina y después nos fuimos a casa a tomar unas botellas y nos acostamos a dormir, y a otro día seguimos tomando. El día de hoy decidimos venirnos a Huamuxtitlán, pero pensábamos regresar a Tulcingo, pero nos encontramos con la tía de Yesenia y nos venimos.

Sin embargo, la historia de la hija fue cambiada a iniciativa del exprocurador Iñaki Blanco, con el fin de acusar sólo a Nestora, dejando fuera del reflector judicial al secretario del Consejo Social Olinalteco y al comandante regional. Junto a esa falsa denuncia se agregó la de los otros jóvenes, y unas 40 más, con la participación del exprocurador de Atención a víctimas de secuestro en Guerrero, un funcionario de larga trayectoria criminal en el Distrito Federal, Ricardo Martínez Chávez.

Es en esta escena donde la cómplice de Iñaki, la señora Wallace, encuentra la oportunidad de salir en los medios y obtener algunas prebendas más para su organización Alto al secuestro, tan desacreditada como ella. Es en este capítulo de la pesadilla de Nestora Salgado, donde una criminal impune como Isabel Miranda Torres –con seis denuncias ratificadas por una docena de delitos graves, entre éstos tortura y falsas declaraciones a autoridades–, entrena a la joven olinalteca Dulce Rubí a mostrarse vulnerable ante las cámaras y fingir que su vida estuvo en peligro por el trato “infrahumano” que recibió en su detención supuestamente ilegal por parte de la Policía comunitaria.

El sistema de justicia criminal y civil en México es uno de los peores del mundo, según la investigación del Proyecto Mundial de Justicia. Ocupa el lugar 91, entre 97 países que participaron en la investigación; y el número 74 en corrupción de funcionarios judiciales. Si fuera un estado garante de la justicia, la señora Wallace estaría en la cárcel desde hace varios años cumpliendo una condena por simular el secuestro y homicidio de su hijo y fabricar culpables. Y sus víctimas no hubiesen sido torturadas ni encarceladas. Pero también, la madre de Dulce Rubí, Petra Pérez, estaría enfrentando un juicio por mentir a autoridades y participar con funcionarios corruptos en la fabricación de culpables. Dulce Rubí habría sido detenida y procesada por el uso de drogas ilegales, además por los mismos cargos que su madre, en tanto Nestora ya habría salido liberada desde el 31 de marzo de 2014, cuando fue exonerada de cargos por el Juzgado federal.

En cambio, lo que tenemos es el teatro de dos criminales. El de la señora Wallace y de su pupila. Esta joven de 19 años, delincuente desde los 17, que normalmente usa droga y alcohol para su entretenimiento, sin estudios formales y que ha rebasado la autoridad de sus padres, ya tiene claro que mentir en México produce beneficios. Que las autoridades mienten, delinquen y se corrompen y son premiadas, que las señoras Wallaces, se vuelven “importantes” por sus crímenes y ganan dinero al mentir frente a los medios, y que ella y su familia pueden salir de la pobreza en la que se encuentran haciendo lo mismo. Los primeros pasos ya están dados, y los dio su madre. Las escenas se van creando de acuerdo al odio y los intereses políticos movidos contra Nestora Salgado. Mañana será otra víctima. Sólo es alinearse en la fila para entrar a la fábrica de criminales que es el sistema judicial mexicano.

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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