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Con voz propia

El sueño guajiro de la reforma energética en México

El gobierno mexicano sostiene que con la reforma energética va a haber un crecimiento del PIB, y ciertamente, lo queno dice es que será dentro de 375 años

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Los priistas Pedro Joaquín Codwell y Luis Videgaray, encargados de responder a Cuarón. Foto: sipse.com

Los priistas Pedro Joaquín Codwell y Luis Videgaray, encargados de responder a Cuarón. Foto: sipse.com

Por Jorge López Gallardo* y Emmanuel Ameth**

En México, el petróleo es un recurso que ha sido indispensable para la financiación de las instituciones y es por ello que la Reforma Energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto ha encontrado oposición en diversas esferas de la sociedad. De las críticas vertidas, llama la atención que fue la del cineasta Alfonso Cuarón la única merecedora de atención por parte del mandatario -tal vez porque ambos provienen del espectáculo y entretenimiento. Pero lo que llama más la atención son las afirmaciones tan descabelladas de la respuesta oficial.

Porque las proyecciones emitidas por el gobierno de Peña Nieto son absurdas y altamente improbables; afortunadamente esto es fácilmente demostrable con un simple análisis matemático.

En el documento que se responde a los diez cuestionamientos hechos por Cuarón destacan la vaguedad y ambigüedad del cronograma para la obtención de beneficios concretos como también -y más preocupante- la falsedad en cuantía sobre las proyecciones realizadas por los supuestos especialistas en Energía y Economía del gobierno mexicano.

Como se demostrará a continuación, es falso que en 2018 la Reforma Energética vaya a generar por sí misma un incremento adicional del 1% del PIB y 500 mil empleos como lo es que para 2025 sea de un 2% adicional y 2.5 millones de empleos adicionales más.

empleo

Figura 1. Gobierno de México, Presidencia de la República. “10 Respuestas”. Tomado de reformaenergetica.gob.mx

Quisiéramos suponer que la proyección realizada por el operador de Peña Nieto y flamante economista del MIT Luis Videgaray Caso, se refiere a empleos formales.

México es un país donde más de las dos terceras partes de la población ocupada lo hace en la economía subterránea. De hecho, contando los empleos formales e informales de la Economía, sí se tienen 50 millones de trabajadores en el país; el problema es que las actividades con mayor ocupación de la informalidad en México tienen que ver con la preparación de alimentos, ventas por catálogo e infinidad de servicios que más bien se asemejan al comercio ambulante.

Quisiéramos pensar que cuando el Ministro de Hacienda Videgaray dice que una Reforma Energética nos llevará a la modernidad, no se refiere a la creación de puestos de garnacha y piratería. Sería deprimente perder a la industria petrolera estatal y los casi 40% de ingresos totales que abona al país si este sacrificio no derivara en la creación de plazas formales; recordemos que en manos privadas y en contratos de licencia el petróleo redituará tan sólo el 10% de sus ingresos al erario.

Sin embargo, si Videgaray se refiere a empleos formales, sus afirmaciones rayan completamente en el absurdo, tanto en el número de empleos que se espera crear como en su relación con el crecimiento esperado del PIB. Veamos estas falacias en detalle.

 

El sueño de Videgaray

Obsérvelo de esta forma: México necesita de todos los valores agregados actuales para crear, apenas, 16.2 millones de empleos formales, según las cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), ver Tabla 1 en el Apéndice. Así, cada punto porcentual de nuestra producción generaría en promedio 162 mil empleos, y 500 mil empleos corresponderían a un crecimiento del 3%.

Por otro lado, datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (ver Tabla 1), indican que la variación del PIB está íntimamente ligado a la variación del empleo; tal relación se muestra en la Figura 2.

empleo

Figura 2. Relación entre el crecimiento del PIB y el del empleo. Los puntos son los datos de la Tabla 1 y la línea es un ajuste de mínimos cuadrados a los puntos.

La confiabilidad de tal relación es cuantificable por medio de la correlación de Pearson que muestra un coeficiente de 0.956 (ver Tabla 2 en el Apéndice) entre los crecimientos del PIB y de los asegurados; siendo esta correlación tan cercana a ‘1’ podemos hablar de una correlación positiva perfecta.

Lo anterior demuestra que para que haya un crecimiento del empleo de 3% se necesita que haya un crecimiento del PIB del mismo orden, es decir, de aproximadamente 3% (ver punto “A” en la Figura 2).

 [O por el contrario, para que un 1% de crecimiento adicional del PIB genere 500 mil empleos adicionales, se necesitaría que hubieran 50 millones de empleos formales en México. Quisiéramos suponer que el Ministro no pretende llegar a tal cantidad de empleos para el 2018, pues eso significaría una generación anual de 8.5 millones de plazas equivalente al 50% del total de empleos logrados en toda la historia mexicana – ¡pero de manera anual y mantenido durante cuatro ejercicios consecutivos!]

Por el lado que se vea, asegurar que es posible hacer crecer el empleo en un 3% con un incremento del PIB del 1% es, en términos coloquiales, un sueño guajiro del ex profesor de la Ibero.

Pero adhiriéndonos al rigor matemático, pasemos ahora a cuantificar la guajirez del sueño del Dr. Videgaray.  Consultando ese bastión del conocimiento humano (wikcionario), podemos ver que “sueño guajiro” significa “Fantasía irrealizable o poco probable”, por lo que el siguiente paso es medir que tan probable es la fantasía del Doctor en Economía con especialidad en Finanzas Públicas.

En lenguaje llano, ¿qué tan probable es que se pueda obtener un crecimiento del 3% con un crecimiento del PIB de hasta 1%?

Por supuesto que esto no es imposible.  Como se puede ver en la Figura 2, los puntos no caen exactamente sobre la línea que relaciona los crecimientos, por lo que sí es posible que haya puntos que se alejen de la recta. En nuestro caso estaríamos buscando la probabilidad de que haya un año en el que los crecimientos coincidan en el punto “B”.

Suponiendo que los puntos aparecen alrededor de la línea con una distribución normal, y usando el promedio de las diferencias del crecimiento del PIB entre datos y línea recta como la variación estándar de tal distribución (0.7198), es posible estimar la probabilidad de que aparezcan puntos con crecimiento de empleo de 3% y un crecimiento del PIB de 1% o menos. Para no inventar el hilo negro, este cálculo se puede hacer en el sitio www.calculator.net (con m=3, s=0.7198) y nos da una minúscula probabilidad de 0.002662.  Esto, de hecho, nos dice que el sueño de Videgaray no es imposible, como están las cosas sucedería una vez cada 375 años, con un poco de suerte ese año podría ser el 2018.

Despertando del sueño

Quisiéramos decir que nos sorprende que el presidente del espectáculo haga afirmaciones espectaculares, pero desgraciadamente no es así. ¿Quién, además de la presidencia de la república, es responsable de avalar las proyecciones sobre las respuestas a Cuarón? Si en algo tan sencillo como las previsiones erró tan fatídicamente ¿qué podemos esperar de la reforma en su conjunto hablando de su impacto real? ¿Gozan de algún tipo de credibilidad el resto de las afirmaciones sobre los beneficios que pueden derivar de la Reforma Energética?

¡Cómo quisiéramos ser Cuarón para que la Presidencia de México se digne a contestarnos estas simples preguntas!

Apéndice

valoracion

Tabla 1. Comparativo de las variaciones del PIB y del número de asegurados del IMSS.

asegurados

  *Jorge López Gallardo es Físico Teórico mexicano miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y multipremiado en la Unión Americana

**Emmanuel Ameth es Analista económico

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Con voz propia

Foro Público: Pegasus, el espionaje global contra periodistas que revive al Big Brother

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Foro Público

Esta semana el diario británico The Guardian revivió uno de los temas que en 2017 generó mayores críticas a la administración de Enrique Peña Nieto, como lo fue el espionaje a periodistas críticos a través del spyware de la empresa israelí NSO, pero en esta ocasión a gran escala, pues no sólo involucra a periodistas mexicanos, sino abogados y defensores de derechos humanos a nivel mundial, un problema que recuerda al “Big Brother” de la novela de George Orwell 1984.

El nivel de espionaje global alcanzado por Pegasus que, hasta el momento, suman más de 50 mil personas vigiladas por medio de este software, de las cuales 15 mil se concentran en México, demuestran que los periodistas son observados por sus actividades profesionales que resultan incómodas para los gobiernos y que la supuesta libertad de expresión que tanto pregonan está acotada por un espionaje que recuerda que el Estado todo lo observa.

Esta situación no sólo atenta contra el derecho a la intimidad de cualquier persona, sino también al derecho a la información que está establecido en la Constitución, así como en diferentes tratados internacionales que México ha signado, por lo cual estas visibles agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos es un atentado directo a la democracia tan imperfecta como la mexicana, pero que también se reproduce en otros países considerados como naciones democráticas y plurales como en Estados Unidos y Reino Unido.

En el caso mexicano apareció el número del periodista asesinado en 2017, Cecilio Pineda Birto, por lo cual esta situación deja más dudas que certezas sobre la actuación de los gobiernos de diferentes naciones para vigilar y espiar a los periodistas, activistas y abogados, que son parte fundamental de la construcción de las democracias y el fortalecimiento de la opinión pública diversa, heterogénea e intrincada.

Un gobierno que se dice demócrata no puede incurrir en este tipo de prácticas que laceran la libertad de expresión y de información, por lo cual se disfrazan las acciones de la guerra sucia que se vivió en la década de los setenta y ochenta, así como en el escenario de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el oriental y en el que los periodistas fueron actores investigados en todo momento.

Si bien el autor británico George Wells advertía sobre un “gran hermano” que en todo momento observa los movimientos de sus ciudadanos, en México tuvimos lamentables casos de espionaje encabezados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) conocida como la policía política que desde el gobierno de Miguel Alemán operó como un brazo armado externo del gobierno federal para espiar y amedrentar a los opositores al régimen, entre ellos los periodistas, y cuyas prácticas replicaría el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

También existen distintos casos documentados que dan cuenta cómo el gobierno federal investigaba los movimientos de los periodistas, activistas que pudieran ser considerados como enemigos del régimen, y estas prácticas fueron aún más visibles y conocidas en países donde la democracia era un mito.

Anteriormente se intervenían los teléfonos, además de que se colocaban micrófonos en los sitios de trabajo y viviendas de los periodistas, aunado a que eran seguidos por elementos del Estado, pero ahora ese espionaje se ha transformado en estos software más sofisticados que son más efectivos para obtener información más valiosa como los contactos de las fuentes de los periodistas, los mensajes que envía y recibe en las distintas redes sociales, así como el contenido de sus correos electrónicos, situación preocupante en un contexto donde se discute la viabilidad de los datos biométricos para combatir la inseguridad en el país.

La visibilización de estas condiciones que vulneran a las democracias deben ser atendidas por el Estado—mismo que negará todo tipo de espionaje—mientras cada vez se sofistican las maneras de vigilar y observar todos los movimientos de aquellas personas que sean consideradas como incómodas a un régimen político.

La retórica política tan empleada por quienes ostentan cargos en la administración pública prometerá cambios e investigaciones vacías contra los responsables, pero lo cierto es que las agresiones a los periodistas continúan y continuarán en México, un país tan lastimado por la precariedad laboral en que la que viven miles de reporteros en el país con sueldos de miseria, mientras los poderes fácticos cada vez toman más control de la prensa y el Estado censura a través de la publicidad oficial constantemente vulnerando la importancia del quehacer periodístico.

Nota aparte: El espionaje no debe ser un factor que inhiba la actividad informativa que desarrollan los periodistas y la defensa de los derechos humanos de cientos de personas que están preocupadas por atender y resolver las principales problemáticas del país, pues ha sido gracias a estos esfuerzos que la sociedad civil ha logrado cambios significativos en esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la democracia plural que tanto pregonan los gobernantes.

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Con voz propia

Legisladores con título profesional u oportunistas con influencias políticas, ¿qué necesita México?

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Por Alberto Farfán

Como ya lo hemos afirmado en este mismo espacio en su momento, suele ocurrir que la opinión pública se enfade con ciertos legisladores porque estos redactan leyes absurdas o inoperantes, o porque sólo acuden a su curul para dormir plácidamente o para ver pornografía en sus smartphones. Demostrando con ello falta de profesionalismo, ignorancia, desinterés, indolencia o de plano simple falta de educación y cultura.

No obstante, en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 29, apartado C, no encontramos un sólo requisito que obligue a los diputados locales a presentar título académico alguno. Así que pueden ejercer sus atribuciones sin haber pasado por aulas universitarias sin mayor problema. Peor aún, no existe el más mínimo impedimento si no poseen siquiera algún grado de escolaridad; a diferencia de lo que ocurre en España, que ahí les exigen por lo menos como límite la secundaria. Y esto no es un asunto que se deba soslayar, fundamentalmente porque en última instancia obtienen mayores ingresos que un universitario promedio titulado.

Al realizar un repaso en varios países de nuestra área continental acerca de este asunto encontré un par de elementos interesantes, tomando en cuenta el documento del Observatorio de Partidos Políticos de América Latina (OPAL) que abunda sobre el tema (considerando que nos refiere información de sus congresos generales, no locales, pero ofreciéndonos un conocimiento ilustrativo). Por ejemplo, para postularse para diputados sólo en Chile y en El Salvador se expone el punto en cuestión. El artículo 48 Constitucional señala que los chilenos deben “haber cursado la enseñanza media o equivalente”; en tanto que para los salvadoreños su artículo 125 les establece que deben gozar de “notoria honradez e instrucción”, sin especificar el grado de dicha instrucción, pero por lo menos a diferencia de la Ciudad de México (CDMX) en ese país sí se aborda la escolaridad.

Por otro lado, el segundo elemento que llamó mi atención gira en torno a la Argentina. Y es que en ese país que no tiene como requisito una trayectoria académica concluida, impone al aspirante a senador de “disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente”, es decir, el postulante no podrá ser senador sin acreditar un ingreso anual con ese monto, según el artículo 55 Constitucional. Interesante, ¿no? Pues pareciera que se compra el cargo.

Claro que podríamos analizar las razones por las cuales la posición prácticamente continental ─si no es que mundial─ de no requerir instrucción básica o grados universitarios es la predominante. Pero lo que queremos destacar es el absurdo de que ciertos diputados recién electos para el Congreso de la CDMX obtendrán sueldos mensuales por 52 mil pesos, en tanto que un profesionista titulado recibe 11 mil 549 pesos, tomando en cuenta los datos del Observatorio Laboral del Gobierno de México, dados a conocer en abril de 2021. Lo cual me parece absolutamente reprobable.

Por lo tanto, tenemos a los siguientes diputados electos para la capital del país que no cuentan con grado académico a nivel superior, al consultar el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Así, Nancy Marlene Núñez Reséndiz para el Distrito 3, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Marcela Fuente Castillo del Distrito 15 también de Morena; Esther Silvia Sánchez Barrios del Distrito 9 por la coalición Va Por México, del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD); Claudia Montes de Oca del Olmo del Distrito 23, del PAN; Gerardo Villanueva Albarrán del Distrito 32, otro de Morena; Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso del PRD, plurinominal; y Carlos Cervantes Godoy de Morena, plurinominal. Todos ellos sin título profesional pero con un ingreso sumamente alto asegurado (Reporte Índigo, 07/07/21).

Y todo ello nos lleva a recordar la serie de cuestionamientos que recibiera en su momento la actriz Carmen Salinas (1939) al ser diputada federal plurinominal por la LXIII legislatura, por parte del PRI, pues su bajo nivel intelectual y verbal dejaban mucho que desear, quien además se distinguiera por sus constantes imprecaciones a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. A su vez por su nulo trabajo legislativo.

Y con respecto a su formación académica nos indica Wikipedia que estudió en la Universidad de Las Américas, sin precisar licenciatura y si culminó sus estudios. Sin embargo, al investigar en la Secretaría de Gobernación, el Sistema de Información Legislativa arroja que la actriz ostenta únicamente como máximo grado de estudios la primaria, sin determinar si fue concluida.

Finalmente, para nadie es desconocido el vínculo que ha tenido toda la vida Salinas con el PRI, su oportunismo y relaciones con la cúpula de éste siempre han sido públicas, de hecho. Y acaso siguiendo sus pasos, los críticos de Carmen Salinas que se asumían progresistas como los de Morena o del populacho analfabeta como los del PAN ─sobre todo─, son los que ahora sin rubor alguno o congruencia se constituirán en legisladores de nuestra gran metrópoli.

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Con voz propia

De Cuauhtémoc, Netzaí y la mamá de los pollitos

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Historias para armar la Historia

Por Ramsés Ancira

Por segunda vez en una “confesión de prensa”, Isabel Miranda de Wallace reveló que usa métodos ilegales para manipular y obstruir la justicia, lo que en sí es un delito tipificado por el Código Penal Federal; pero no se necesita ser abogado, ni siquiera demasiada inteligencia, para entender que la constructora del montaje más escandaloso del siglo XX incurre en varios delitos más, relacionados con la corrupción; y probablemente el uso de troyanos y virus cibernéticos.

A confesión de parte relevo de pruebas, dice un adagio judicial. Tiene su lógica, siempre y cuando esta confesión no sea producto de torturas. Los tormentos judiciales son una costumbre histórica en los penales federales y regionales, que inició en 1521 con la llegada a México de la Santa Inquisición en 1569, continuó en la Independencia, como puede verificarse con el caso de Fray Servando Teresa de Mier;  en la Revolución, como ejemplifican los hermanos Flores Magón;  y se ha prolongado a través durante  el tiempo que México ha tenido un sistema de partidos, incluso hasta el 2021, a tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por favor no se moleste en hacer cuentas, si restamos al año 2021, el de 1569, que, como le recordamos, fue cuando se implantó la Inquisición en Nueva España, el resultado es: 452 años. Claro podríamos irnos un poco más atrás y recordar cómo le quemaron los pies a Cuauhtémoc, para que confesara donde estaba el oro. Pero mejor nos quedamos con ese número que es un poco más fácil recordar. Las torturas de Isabel Miranda de Wallace han sido más crueles que las que le propinaron a Cuauhtémoc. Que sepamos, a él no lo violaron españoles con gonorrea. Además, según nos deja saber la historia, la quema de pies de Cuauhtémoc, que según la leyenda declaró no estar en un lecho de rosas, solo fue de un día.

Las torturas ordenadas por Isabel Miranda, que incluyen violaciones sexuales a por lo menos dos mujeres, y con un tolete de policía a un hombre, además de reiteradas golpizas, se han prolongado por más de 15 años; los cuales no han sido suficientes para que estas “malvadas” y “malvados” puedan siquiera inventar algo creíble sobre el paradero de los restos de Hugo Alberto, quien en la vida real, (la que se desarrolla fuera de la cabeza de la Wallace) ha dado pruebas de vida reiteradamente, hasta dos años después de su presunto desmembramiento.

Regresemos a la audaz declaración, quizás “cínica” sería un mejor sustantivo, de Isabel Miranda de Wallace a los medios informativos:

El pasado martes 13 de julio, Miranda realizó una conferencia de prensa, y cito, textual, la información de El Universal:  “Acusó al titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, de presionar al juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México para dejar en libertad a Brenda Quevedo Cruz, cuya participación en el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, está acreditada”.  (Permítame gentil acompañante en el recuento de estos hechos, reiterar, poner en negritas, entre comillas y cursivas estas dos palabras “está acreditada

Y se pone más interesante: Miranda de Wallace precisó que Netzaí, titular de la Defensoría Pública Federal se comunicó con el juez que lleva el caso a través de la plataforma virtual Zoom y que lo hizo fuera del horario de trabajo.

Ahora le invito a jugar al detective Ellery Queen, a Sherlock Holmes o a Hércules Poirot, el investigador real o ficticio de su preferencia. Bueno, usted disculpe. Si no le gusta la literatura, recurramos a Descartes y usemos el recurso filosófico, el método de la duda para responder esta pregunta ¿Quién le dijo a Isabel Miranda de Wallace lo que hablaron el juez y el jefe de la defensoría pública federal?

Premisa mayor: El juez está comprado y después de hablar con Netzaí, le llamó a Miranda de Wallace para informarle de esta conversación.

Premisa menor: Netzaí se puso de acuerdo con Wallace para que esta lo criticara en público y simular su ineficiencia alegando que su jefe, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, le impedía hacer su trabajo. O bien, Isabel Miranda de Wallace tiene a su disposición un sofisticado equipo de espionaje que le permite hackear llamadas de Zoom y conocer su contenido.

Conclusión: Isabel Miranda de Wallace, sea por vía del tráfico de influencias, la corrupción del poder judicial o el espionaje, viola la ley.

Pero además se da el lujo de amenazar al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia a quien le dice, y vuelvo a citar la nota de Manuel Espino en El Universal “Hoy le solicito respetuosamente, no permita que se presione a jueces y magistrados, por parte del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, es decir que no utilice el influyentismo del que presume Netzaí Sandoval

“Ejemplo de ello es la reunión que tuvo vía zoom con el juez de la causa, para presionarlo cuando esto no es su función; incluso presentándole una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal”,

Isabel Miranda usa el viejo rito de gritar ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!, al mismo tiempo que usa el “influyentismo” para, en sus propias palabras, presionar a jueces y magistrados de manera que se olviden de la ley y hagan lo que ella les ordena. ¡Faltaba más! ¡Si ella es la mamá de los pollitos, capaz de ordenar lo que deben hacer los directores de los reclusorios, e incluso el propio Renato Sales Heredia, el flamante presidente municipal electo de Campeche, por el partido Morena, quien, como ex comisionado nacional de seguridad, permitió que la “afligida madre”, torturara a sus acusados tantas veces como se le dio la gana!

No olvidemos que, en otra confesión de prensa, ésta en exclusiva para la agencia Notimex: Isabel Miranda declaró: “Sí los mandé torturar ¿y qué? Pude haberlos mandado matar”.

Para terminar con el tema y con ánimo de amarrar navajas, Isabel Miranda de Wallace dijo sin decirlo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso, porque según sus propios datos, el secuestro en México si está en aumento.

 

Bitácora suplementaria:

Con la ayuda de algoritmos Netflix confecciona documentales que nos tocan. Los más recientes, sobre el asesinato de Manuel Buendía y la masacre de migrantes de San Fernando. La empresa pionera cumple su papel de entretener e informar, pero no transforman ni cambian nada.

Eso nos toca a los periodistas, pero no lo hacemos, sea por falta de convicción, por tomar partido en cosas mucho menos importantes e incluso por falta de dinero para reportajes de investigación. Esto, que hacen la televisión pública francesa, la alemana o la inglesa, solo por mencionar algunos ejemplos, aquí lo evaden Jenaro Villamil, @Notimex y @John Ackerman en @Canal11; un poco menos el @Canal22. Estos medios públicos utilizan la mayoría de sus recursos no para denunciar, no para la democracia, sino para construir espejitos donde el presidente se vea bonito. Eso es traición de Estado, al presidente López Obrador y a los contribuyentes que sostenemos los medios públicos.

El añorado escritor y catedrático René Avilés Favila escribió El Gran Solitario del Palacio para describir a Gustavo Díaz Ordaz. Con Jesús Ramírez Cuevas, Sanjuana Martínez, Rafael Barajas “El Fisgón” y Epigmenio Ibarra como sus únicos referentes, López Obrador es el hombre más desinformado del Palacio, por eso dice despropósitos como lo de Aguililla, donde pone en el mismo saco, a los sicarios pagados por el narcotráfico para agredir a la Guardia Nacional, que a la población encabezada por el párroco, la cual realizó una peregrinación para pedirles que se pongan a trabajar, pues de nada sirven encerrados en los cuarteles, mientras permanecen cerradas todas las vías de comunicación.

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