Connect with us

Mexico Violento

El “silencio forzado” de los periodistas en México

Un video que da cuenta de los riesgos que viven los periodistas en México al hacer su trabajo.

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- “Silencio forzado” es un videoreportaje sobre las precarias condiciones de seguridad de los periodistas en México. La historia es bastante conocida. Versa sobre el acoso de los policías, el hostigamiento por parte del gobierno, de funcionarios, del crimen organizado y de militares para coartar la libertad de expresión. Todo aquél interesado en que la verdad no se difunda tiene motivos para agredir a un periodista, y sabe que su crimen en este país será impune.

Foto:alt1040.com

La cifra de agresiones a periodistas que Artículo 19, la organización productora del documental es espeluznante: 567 agresiones a periodistas en este sexenio que está por concluir. Y sin embargo, con toda seguridad, no están registradas todas las agresiones cometidas. Tan sólo en este espacio, en Los Ángeles Press, hemos dado cuenta, en nuestra corta vida de cuatro meses, seis casos de exilio reciente en Canadá y Estados Unidos y dos expulsados por amenazas de muerte y acoso, más un caso de Oaxaca.

Las autoridades migratorias de Canadá y Estados Unidos dicen que el solicitante de asilo debe mostrar evidencias por las que llega a tener “un miedo real, creíble,” por hacer su trabajo en su propio país. Entre los casos más difundidos de quienes se vieron obligados a salir de México, se encuentra el de Olga Wormat, quien ha sufrido constantes amenazas, ella, sus hijos y su colaborador. Ahora está con la organización Artículo 19, y se encuentra aparentemente fuera de peligro.

Pero hay otros casos inmediatos, cercanos. Karla Lotinni (Canadá), Juan Francisco Belmont (Canadá), Luis Horacio Nájera (Canadá), César Joaquín Luna (Estados Unidos) , Dolores Dorantes (Estados Unidos) y Javier Juárez (España), amenazado este último a través de mi persona, Guadalupe Lizárraga, son periodistas que han sido agredidos o amenazados y que no se han registrado oficialmente en las cifras que recogen los organismos de derechos humanos en México. ¿Podemos preguntarnos por los casos en Texas, en Arizona, en Utah, en Chicago? ¿Y los de España y otros países? ¿Y lo que están aún en México en completo silencio? ¿Qué tienen que hacer los periodistas para que sus agresiones sean consideradas como violaciones a su libertad de expresión, aún cuando ya no se encuentran físicamente en México?

Foto: alt1040.com

¿Para qué denuncio, si son los mismos?

Muchos periodistas prefieren guardar silencio o cambiar de profesión: “esperar a que las cosas se calmen”, dice un periodista de Mexicali, recientemente agredido que pide guardar su identidad. Otro videoperiodista de Ciudad Juárez señala que él prefiere “entrevistar a las madres de desaparecidas, pero a ningún funcionario de la fiscalía”. A este periodista, de quien también guardamos su identidad porque aún se encuentra en peligro, lo torturaron junto con su hijo, a la orilla de una carretera. Fueron “unos hombres vestidos de negro, con botas de militares y algunos vestidos de civiles, pero todos con capuchas”. Los acostaron sobre el suelo y les dieron de tablazos “en todo el cuerpo”. Traían radios y se reían de ellos y los insultaban, para que “le bajara de huevos”, le dijeron, y él sólo pedía que a su hijo de 20 años no le hicieran nada.

Al periodista le quitaron su Ipod, su computadora portátil y su celular. Los amenazaron y los dejaron ir en su mismo auto, “apenas si podíamos movernos”, cuenta. Cuando llegaron a su casa, lo primero que hizo fue hacer las gestiones para cambiar de domicilio y poner a salvo a su familia. “¿Para qué denuncio, si son los mismos?”, dice, y que por eso prefiere cubrir temas sin riesgo.

La periodista Claudia Yadira Alemán Almanza, radicada en Miguel Alemán, Tamaulipas, quien también ha colaborado en nuestro medio, denunció en las redes sociales, el 9 de agosto de 2011, que el presidente municipal de esta ciudad, Ramón Rodríguez Garza, pidió su renuncia al periódico local donde trabajaba. Su jefa de información le envió un mensaje por texto que le decía que “ella ya no debía estar en la ciudad”.

Esta periodista, víctima de acoso,  se refirió a ciudades como Ciudad de Mier, Camargo, y Guerrero, de ser “pueblos fantasmas”, y dijo que eran donde vivían las mujeres y esposas de “Los Zetas”, con sus hijos, y junto con las familias de migrantes, padecían el rechazo de las escuelas y de las iglesias, incluso de cualquier grupo de la sociedad. Nada que no se sepa, pero cuando un periodista lo pone en papel o en línea, la información cambia de tono.

Foto: LAPress

El acoso policial a periodistas digitales

Los periodistas de El Comienzo, en su versión digital, también fueron amenazados y hostigados por policías locales de Oaxaca. La reportera Kerly Cruz Campo, denunció en entrevista a Los Ángeles Press, la información a detalle. Una situación delicada, especialmente cuando ya tienen el antecedente de haber sido físicamente agredidos, en el caso del padre de la reportera, Emeterio Marino Cruz, a quien los policías golpearon brutalmente dejándolo en coma durante quince días.

Para los periodistas digitales, las amenazas de muerte y el hostigamiento no son diferentes. Somos agredidos de igual manera, y algunos casos con mayor saña, porque a través del Internet y las redes sociales, el control de la información es prácticamente nulo por parte de los agresores, pero también   estamos más localizables o más vistos. Además, los agresores utilizan las mismas redes para hostigar. De tal manera, que la única forma de detener la información es directamente agrediendo al periodista.

Por otra parte, hay todavía cierta resistencia en algunos círculos de profesionales a considerar el trabajo de un reportero digital como periodismo. Pese a que las nuevas tecnologías han sido una manera óptima de fortalecer el trabajo en investigaciones sobre todo las de mayor riesgo, se demerita frente al reportero que in situ logra la noticia. Generalmente, ello hace que se ponga menos atención en la seguridad de los periodistas digitales o se cree que el riesgo es menor . La dramática situación de la periodista de Nuevo Laredo, torturada y degollada por denunciar en las redes al crimen organizado, Elizabeth Macías, ha sensibilizado un poco sobre estos riesgos. Pero aún es una batalla abierta.

La burocracia de la denuncia

Situaciones como las de acoso laboral, de policías y de funcionarios públicos, han pasado a ser cotidianas en la vida de los periodistas en México, y no quedan registrados oficialmente. Muchos de ellos quedan en sólo amenazas, pero se quedan sin trabajo, o se ven obligados a cambiar de domicilio o de ciudad para preservar sus vidas y las de sus familias.

Los organismos de defensa de los derechos humanos enfocados en la libertad de expresión y seguridad de los periodistas también son un blanco de agresiones, y prefieren trabajar con los casos más mediáticos, porque saben que la visibilidad de la amenaza es una manera también de protección. Sin embargo, para los periodistas que cubren información local, como en los casos mencionados, están más expuestos a la agresión, sin defensa efectiva.

Para poner una denuncia ante el Ministerio Público, por ejemplo en Ciudad Juárez, describen que es estar hasta cuatro o más horas para que la atiendan. Y los mismos agentes ministeriales, hacen comentarios como “que poquito aguantas”, o “nomás por eso te vienes a quejar”. Son comentarios que después de una amenaza de muerte o de una golpiza, resultan intimidatorios para la víctima y para sus familiares. Una situación similar sucede con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, con Gustavo de la Rosa, de quien se han quejado, incluso madres de desaparecidas por su falta de sensibilidad y profesionalismo en la atención a estos casos.

En el caso de Javier Juárez, periodista español y colaborador de nuestro medio, fue amenazado indirectamente, estando él dentro de Ciudad Juárez, con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua. La amenaza de muerte fue recibida por la editora del medio, en Los Ángeles, California, diciendo que lo iban a secuestrar y a matar por los reportajes de las “Mujeres guardadas en la morgue”. Una vez, que estuvo a salvo, el periodista tuvo que ir a la Ciudad de México a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para “levantar” la queja y dejar el registro. Este trámite, sin embargo, no todos lo periodistas, sobretodo los locales, están en condiciones de realizarlo. Ni económica ni anímicamente es posible en todos los casos.

El organismo civil Artículo 19 y el equipo de producción Filmaciones de la Ciudad, mantuvieron el anonimato en sus nombres en este videoreportaje, porque en México, confirman, el riesgo que corren sus vidas al denunciar una realidad muy diferente a la que cuenta el presidente Felipe Calderón es mayúsculo.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

Continue Reading

Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

Avatar

Published

on

Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

Continue Reading

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

Published

on

  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Continue Reading

Trending