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Mexico Violento

El “silencio forzado” de los periodistas en México

Un video que da cuenta de los riesgos que viven los periodistas en México al hacer su trabajo.

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Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- “Silencio forzado” es un videoreportaje sobre las precarias condiciones de seguridad de los periodistas en México. La historia es bastante conocida. Versa sobre el acoso de los policías, el hostigamiento por parte del gobierno, de funcionarios, del crimen organizado y de militares para coartar la libertad de expresión. Todo aquél interesado en que la verdad no se difunda tiene motivos para agredir a un periodista, y sabe que su crimen en este país será impune.

Foto:alt1040.com

La cifra de agresiones a periodistas que Artículo 19, la organización productora del documental es espeluznante: 567 agresiones a periodistas en este sexenio que está por concluir. Y sin embargo, con toda seguridad, no están registradas todas las agresiones cometidas. Tan sólo en este espacio, en Los Ángeles Press, hemos dado cuenta, en nuestra corta vida de cuatro meses, seis casos de exilio reciente en Canadá y Estados Unidos y dos expulsados por amenazas de muerte y acoso, más un caso de Oaxaca.

Las autoridades migratorias de Canadá y Estados Unidos dicen que el solicitante de asilo debe mostrar evidencias por las que llega a tener “un miedo real, creíble,” por hacer su trabajo en su propio país. Entre los casos más difundidos de quienes se vieron obligados a salir de México, se encuentra el de Olga Wormat, quien ha sufrido constantes amenazas, ella, sus hijos y su colaborador. Ahora está con la organización Artículo 19, y se encuentra aparentemente fuera de peligro.

Pero hay otros casos inmediatos, cercanos. Karla Lotinni (Canadá), Juan Francisco Belmont (Canadá), Luis Horacio Nájera (Canadá), César Joaquín Luna (Estados Unidos) , Dolores Dorantes (Estados Unidos) y Javier Juárez (España), amenazado este último a través de mi persona, Guadalupe Lizárraga, son periodistas que han sido agredidos o amenazados y que no se han registrado oficialmente en las cifras que recogen los organismos de derechos humanos en México. ¿Podemos preguntarnos por los casos en Texas, en Arizona, en Utah, en Chicago? ¿Y los de España y otros países? ¿Y lo que están aún en México en completo silencio? ¿Qué tienen que hacer los periodistas para que sus agresiones sean consideradas como violaciones a su libertad de expresión, aún cuando ya no se encuentran físicamente en México?

Foto: alt1040.com

¿Para qué denuncio, si son los mismos?

Muchos periodistas prefieren guardar silencio o cambiar de profesión: “esperar a que las cosas se calmen”, dice un periodista de Mexicali, recientemente agredido que pide guardar su identidad. Otro videoperiodista de Ciudad Juárez señala que él prefiere “entrevistar a las madres de desaparecidas, pero a ningún funcionario de la fiscalía”. A este periodista, de quien también guardamos su identidad porque aún se encuentra en peligro, lo torturaron junto con su hijo, a la orilla de una carretera. Fueron “unos hombres vestidos de negro, con botas de militares y algunos vestidos de civiles, pero todos con capuchas”. Los acostaron sobre el suelo y les dieron de tablazos “en todo el cuerpo”. Traían radios y se reían de ellos y los insultaban, para que “le bajara de huevos”, le dijeron, y él sólo pedía que a su hijo de 20 años no le hicieran nada.

Al periodista le quitaron su Ipod, su computadora portátil y su celular. Los amenazaron y los dejaron ir en su mismo auto, “apenas si podíamos movernos”, cuenta. Cuando llegaron a su casa, lo primero que hizo fue hacer las gestiones para cambiar de domicilio y poner a salvo a su familia. “¿Para qué denuncio, si son los mismos?”, dice, y que por eso prefiere cubrir temas sin riesgo.

La periodista Claudia Yadira Alemán Almanza, radicada en Miguel Alemán, Tamaulipas, quien también ha colaborado en nuestro medio, denunció en las redes sociales, el 9 de agosto de 2011, que el presidente municipal de esta ciudad, Ramón Rodríguez Garza, pidió su renuncia al periódico local donde trabajaba. Su jefa de información le envió un mensaje por texto que le decía que “ella ya no debía estar en la ciudad”.

Esta periodista, víctima de acoso,  se refirió a ciudades como Ciudad de Mier, Camargo, y Guerrero, de ser “pueblos fantasmas”, y dijo que eran donde vivían las mujeres y esposas de “Los Zetas”, con sus hijos, y junto con las familias de migrantes, padecían el rechazo de las escuelas y de las iglesias, incluso de cualquier grupo de la sociedad. Nada que no se sepa, pero cuando un periodista lo pone en papel o en línea, la información cambia de tono.

Foto: LAPress

El acoso policial a periodistas digitales

Los periodistas de El Comienzo, en su versión digital, también fueron amenazados y hostigados por policías locales de Oaxaca. La reportera Kerly Cruz Campo, denunció en entrevista a Los Ángeles Press, la información a detalle. Una situación delicada, especialmente cuando ya tienen el antecedente de haber sido físicamente agredidos, en el caso del padre de la reportera, Emeterio Marino Cruz, a quien los policías golpearon brutalmente dejándolo en coma durante quince días.

Para los periodistas digitales, las amenazas de muerte y el hostigamiento no son diferentes. Somos agredidos de igual manera, y algunos casos con mayor saña, porque a través del Internet y las redes sociales, el control de la información es prácticamente nulo por parte de los agresores, pero también   estamos más localizables o más vistos. Además, los agresores utilizan las mismas redes para hostigar. De tal manera, que la única forma de detener la información es directamente agrediendo al periodista.

Por otra parte, hay todavía cierta resistencia en algunos círculos de profesionales a considerar el trabajo de un reportero digital como periodismo. Pese a que las nuevas tecnologías han sido una manera óptima de fortalecer el trabajo en investigaciones sobre todo las de mayor riesgo, se demerita frente al reportero que in situ logra la noticia. Generalmente, ello hace que se ponga menos atención en la seguridad de los periodistas digitales o se cree que el riesgo es menor . La dramática situación de la periodista de Nuevo Laredo, torturada y degollada por denunciar en las redes al crimen organizado, Elizabeth Macías, ha sensibilizado un poco sobre estos riesgos. Pero aún es una batalla abierta.

La burocracia de la denuncia

Situaciones como las de acoso laboral, de policías y de funcionarios públicos, han pasado a ser cotidianas en la vida de los periodistas en México, y no quedan registrados oficialmente. Muchos de ellos quedan en sólo amenazas, pero se quedan sin trabajo, o se ven obligados a cambiar de domicilio o de ciudad para preservar sus vidas y las de sus familias.

Los organismos de defensa de los derechos humanos enfocados en la libertad de expresión y seguridad de los periodistas también son un blanco de agresiones, y prefieren trabajar con los casos más mediáticos, porque saben que la visibilidad de la amenaza es una manera también de protección. Sin embargo, para los periodistas que cubren información local, como en los casos mencionados, están más expuestos a la agresión, sin defensa efectiva.

Para poner una denuncia ante el Ministerio Público, por ejemplo en Ciudad Juárez, describen que es estar hasta cuatro o más horas para que la atiendan. Y los mismos agentes ministeriales, hacen comentarios como “que poquito aguantas”, o “nomás por eso te vienes a quejar”. Son comentarios que después de una amenaza de muerte o de una golpiza, resultan intimidatorios para la víctima y para sus familiares. Una situación similar sucede con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, con Gustavo de la Rosa, de quien se han quejado, incluso madres de desaparecidas por su falta de sensibilidad y profesionalismo en la atención a estos casos.

En el caso de Javier Juárez, periodista español y colaborador de nuestro medio, fue amenazado indirectamente, estando él dentro de Ciudad Juárez, con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua. La amenaza de muerte fue recibida por la editora del medio, en Los Ángeles, California, diciendo que lo iban a secuestrar y a matar por los reportajes de las “Mujeres guardadas en la morgue”. Una vez, que estuvo a salvo, el periodista tuvo que ir a la Ciudad de México a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para “levantar” la queja y dejar el registro. Este trámite, sin embargo, no todos lo periodistas, sobretodo los locales, están en condiciones de realizarlo. Ni económica ni anímicamente es posible en todos los casos.

El organismo civil Artículo 19 y el equipo de producción Filmaciones de la Ciudad, mantuvieron el anonimato en sus nombres en este videoreportaje, porque en México, confirman, el riesgo que corren sus vidas al denunciar una realidad muy diferente a la que cuenta el presidente Felipe Calderón es mayúsculo.

 

Justicia pendiente

Cabeza de Vaca trianguló recursos para adquirir propiedades

Ignacio García

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca trianguló recursos económicos por medio de una empresa para adquirir propiedades, aunque esos recursos provenían del gobierno estatal, de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas comprobaron que la familia del mandatario estatal utilizó la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava S.P.R. de R.L. para triangular recursos del gobierno estatal de Tamaulipas en la compra de distintos inmuebles.

De acuerdo con la investigación, también están implicados los hermanos del gobernador, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, su esposa Mariana Gómez y su suegro José Ramón Gómez.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las siete propiedades de lujo que adquirió el mandatario estatal y su familia en la Unión Americana y que cada una están valuadas entre un millón y 10 millones de dólares.

Asimismo, las autoridades mexicanas comprobaron que no se determinaron el origen de los recursos destinados para la compra de estos inmuebles, pues no corresponden a la declaración patrimonial y de ingresos de los compradores.

Ahora las autoridades estadounidenses estudian las propiedades que adquirió el gobernador, las cuales pudieron ser obtenidas por medio de recursos públicos del gobierno estatal, situación por la cual también son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Francisco García Cabeza de Vaca fue protegido por el Congreso local de Tamaulipas que determinó no iniciar el proceso de desafuero contra el mandatario estatal por haber recibido recursos de procedencia ilícita por parte del crimen organizado.

 

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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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Justicia pendiente

Interpol emite ficha roja para detener a Andrés Roemer

Ignacio García

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para localizar y detener al escritor y diplomático mexicano Andrés Roemer, acusado del delito de violación.

El organismo internacional giró la orden de búsqueda del académico, quien se encuentra en Israel, por lo que pretende realizar los trámites correspondientes para su traslado a México y que sea procesado por el delito de violación, así como las distintas denuncias existentes por abuso sexual.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizar los trámites para la extradición del diplomático para que enfrente el proceso penal por el que lo acusan las autoridades mexicanas.

Con la ficha roja de la Interpol, se localizará a Roemer en caso de que pretenda huir del territorio israelí, por lo que deberá responder ante las ocho carpetas de investigación que conformó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por irregularidades en el delito de violación.

El grupo de Periodistas Unidas Mexicanas ha revelado que suman 61 acusaciones por delitos sexuales por parte de Andrés Roemer, de los cuales 54 son por acoso sexual, abuso sexual y violación, mientras que siete testimonios coinciden en un mismo modus operandi para acercarse a ellas.

De acuerdo con las víctimas, el escritor les ofrecía distintos puestos laborales a cambio de distintos favores sexuales, por lo que además citaba a las mujeres en espacios públicos y realizaba sugerencias sexuales, por lo que la fiscalía capitalina ha emitido una orden de aprehensión en su contra.

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