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Mexico Violento

El “silencio forzado” de los periodistas en México

Un video que da cuenta de los riesgos que viven los periodistas en México al hacer su trabajo.

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Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- “Silencio forzado” es un videoreportaje sobre las precarias condiciones de seguridad de los periodistas en México. La historia es bastante conocida. Versa sobre el acoso de los policías, el hostigamiento por parte del gobierno, de funcionarios, del crimen organizado y de militares para coartar la libertad de expresión. Todo aquél interesado en que la verdad no se difunda tiene motivos para agredir a un periodista, y sabe que su crimen en este país será impune.

Foto:alt1040.com

La cifra de agresiones a periodistas que Artículo 19, la organización productora del documental es espeluznante: 567 agresiones a periodistas en este sexenio que está por concluir. Y sin embargo, con toda seguridad, no están registradas todas las agresiones cometidas. Tan sólo en este espacio, en Los Ángeles Press, hemos dado cuenta, en nuestra corta vida de cuatro meses, seis casos de exilio reciente en Canadá y Estados Unidos y dos expulsados por amenazas de muerte y acoso, más un caso de Oaxaca.

Las autoridades migratorias de Canadá y Estados Unidos dicen que el solicitante de asilo debe mostrar evidencias por las que llega a tener “un miedo real, creíble,” por hacer su trabajo en su propio país. Entre los casos más difundidos de quienes se vieron obligados a salir de México, se encuentra el de Olga Wormat, quien ha sufrido constantes amenazas, ella, sus hijos y su colaborador. Ahora está con la organización Artículo 19, y se encuentra aparentemente fuera de peligro.

Pero hay otros casos inmediatos, cercanos. Karla Lotinni (Canadá), Juan Francisco Belmont (Canadá), Luis Horacio Nájera (Canadá), César Joaquín Luna (Estados Unidos) , Dolores Dorantes (Estados Unidos) y Javier Juárez (España), amenazado este último a través de mi persona, Guadalupe Lizárraga, son periodistas que han sido agredidos o amenazados y que no se han registrado oficialmente en las cifras que recogen los organismos de derechos humanos en México. ¿Podemos preguntarnos por los casos en Texas, en Arizona, en Utah, en Chicago? ¿Y los de España y otros países? ¿Y lo que están aún en México en completo silencio? ¿Qué tienen que hacer los periodistas para que sus agresiones sean consideradas como violaciones a su libertad de expresión, aún cuando ya no se encuentran físicamente en México?

Foto: alt1040.com

¿Para qué denuncio, si son los mismos?

Muchos periodistas prefieren guardar silencio o cambiar de profesión: “esperar a que las cosas se calmen”, dice un periodista de Mexicali, recientemente agredido que pide guardar su identidad. Otro videoperiodista de Ciudad Juárez señala que él prefiere “entrevistar a las madres de desaparecidas, pero a ningún funcionario de la fiscalía”. A este periodista, de quien también guardamos su identidad porque aún se encuentra en peligro, lo torturaron junto con su hijo, a la orilla de una carretera. Fueron “unos hombres vestidos de negro, con botas de militares y algunos vestidos de civiles, pero todos con capuchas”. Los acostaron sobre el suelo y les dieron de tablazos “en todo el cuerpo”. Traían radios y se reían de ellos y los insultaban, para que “le bajara de huevos”, le dijeron, y él sólo pedía que a su hijo de 20 años no le hicieran nada.

Al periodista le quitaron su Ipod, su computadora portátil y su celular. Los amenazaron y los dejaron ir en su mismo auto, “apenas si podíamos movernos”, cuenta. Cuando llegaron a su casa, lo primero que hizo fue hacer las gestiones para cambiar de domicilio y poner a salvo a su familia. “¿Para qué denuncio, si son los mismos?”, dice, y que por eso prefiere cubrir temas sin riesgo.

La periodista Claudia Yadira Alemán Almanza, radicada en Miguel Alemán, Tamaulipas, quien también ha colaborado en nuestro medio, denunció en las redes sociales, el 9 de agosto de 2011, que el presidente municipal de esta ciudad, Ramón Rodríguez Garza, pidió su renuncia al periódico local donde trabajaba. Su jefa de información le envió un mensaje por texto que le decía que “ella ya no debía estar en la ciudad”.

Esta periodista, víctima de acoso,  se refirió a ciudades como Ciudad de Mier, Camargo, y Guerrero, de ser “pueblos fantasmas”, y dijo que eran donde vivían las mujeres y esposas de “Los Zetas”, con sus hijos, y junto con las familias de migrantes, padecían el rechazo de las escuelas y de las iglesias, incluso de cualquier grupo de la sociedad. Nada que no se sepa, pero cuando un periodista lo pone en papel o en línea, la información cambia de tono.

Foto: LAPress

El acoso policial a periodistas digitales

Los periodistas de El Comienzo, en su versión digital, también fueron amenazados y hostigados por policías locales de Oaxaca. La reportera Kerly Cruz Campo, denunció en entrevista a Los Ángeles Press, la información a detalle. Una situación delicada, especialmente cuando ya tienen el antecedente de haber sido físicamente agredidos, en el caso del padre de la reportera, Emeterio Marino Cruz, a quien los policías golpearon brutalmente dejándolo en coma durante quince días.

Para los periodistas digitales, las amenazas de muerte y el hostigamiento no son diferentes. Somos agredidos de igual manera, y algunos casos con mayor saña, porque a través del Internet y las redes sociales, el control de la información es prácticamente nulo por parte de los agresores, pero también   estamos más localizables o más vistos. Además, los agresores utilizan las mismas redes para hostigar. De tal manera, que la única forma de detener la información es directamente agrediendo al periodista.

Por otra parte, hay todavía cierta resistencia en algunos círculos de profesionales a considerar el trabajo de un reportero digital como periodismo. Pese a que las nuevas tecnologías han sido una manera óptima de fortalecer el trabajo en investigaciones sobre todo las de mayor riesgo, se demerita frente al reportero que in situ logra la noticia. Generalmente, ello hace que se ponga menos atención en la seguridad de los periodistas digitales o se cree que el riesgo es menor . La dramática situación de la periodista de Nuevo Laredo, torturada y degollada por denunciar en las redes al crimen organizado, Elizabeth Macías, ha sensibilizado un poco sobre estos riesgos. Pero aún es una batalla abierta.

La burocracia de la denuncia

Situaciones como las de acoso laboral, de policías y de funcionarios públicos, han pasado a ser cotidianas en la vida de los periodistas en México, y no quedan registrados oficialmente. Muchos de ellos quedan en sólo amenazas, pero se quedan sin trabajo, o se ven obligados a cambiar de domicilio o de ciudad para preservar sus vidas y las de sus familias.

Los organismos de defensa de los derechos humanos enfocados en la libertad de expresión y seguridad de los periodistas también son un blanco de agresiones, y prefieren trabajar con los casos más mediáticos, porque saben que la visibilidad de la amenaza es una manera también de protección. Sin embargo, para los periodistas que cubren información local, como en los casos mencionados, están más expuestos a la agresión, sin defensa efectiva.

Para poner una denuncia ante el Ministerio Público, por ejemplo en Ciudad Juárez, describen que es estar hasta cuatro o más horas para que la atiendan. Y los mismos agentes ministeriales, hacen comentarios como “que poquito aguantas”, o “nomás por eso te vienes a quejar”. Son comentarios que después de una amenaza de muerte o de una golpiza, resultan intimidatorios para la víctima y para sus familiares. Una situación similar sucede con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, con Gustavo de la Rosa, de quien se han quejado, incluso madres de desaparecidas por su falta de sensibilidad y profesionalismo en la atención a estos casos.

En el caso de Javier Juárez, periodista español y colaborador de nuestro medio, fue amenazado indirectamente, estando él dentro de Ciudad Juárez, con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua. La amenaza de muerte fue recibida por la editora del medio, en Los Ángeles, California, diciendo que lo iban a secuestrar y a matar por los reportajes de las “Mujeres guardadas en la morgue”. Una vez, que estuvo a salvo, el periodista tuvo que ir a la Ciudad de México a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para “levantar” la queja y dejar el registro. Este trámite, sin embargo, no todos lo periodistas, sobretodo los locales, están en condiciones de realizarlo. Ni económica ni anímicamente es posible en todos los casos.

El organismo civil Artículo 19 y el equipo de producción Filmaciones de la Ciudad, mantuvieron el anonimato en sus nombres en este videoreportaje, porque en México, confirman, el riesgo que corren sus vidas al denunciar una realidad muy diferente a la que cuenta el presidente Felipe Calderón es mayúsculo.

 

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Playa del Carmen destaca obras de remodelación con inversiones de 107 millones de pesos para reactivar economía

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PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Todo se encuentra listo para que este miércoles 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, entregue las obras de modernización de la Quinta Avenida, calles perpendiculares y el Parque Fundadores, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, dando inicio a la reactivación económica de Playa de Carmen luego de más de 11 meses de pandemia por Covid-19.

Estas obras dieron inicio en junio pasado, aprovechando la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria, permitiendo la reactivación gradual del sector de la construcción con la generación de 558 empleos directos al tiempo que comenzó la remodelación completa de esta arteria ícono de Solidaridad y del Parque Fundadores, que contempló la obra subterránea y la superficial.

El secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de SustentabilidadDavid Duarte Castilla informó que, por la calidad de los materiales, la obra tendrá una durabilidad de al menos 30 años; además, se logró que todos los locatarios se conectaran al drenaje sanitario evitando que las aguas negras no vayan a parar a la zona costera, que es el principal atractivo del destino.

En esta remodelación el gobierno de Solidaridad invirtió poco más de 107 millones de pesos que contemplaron: mejorar la imagen urbana y el mobiliario de esta calle peatonal, en la que se retiraron adoquines para cambiarlos por baldosas y adocreto que le darán mayor durabilidad; también está la introducción de los servicios subterráneos como el drenaje, cableado de energía eléctrica, cablevisión, Internet, cámaras del C-4, alumbrado con tecnología LED, reforestación con más de 4 mil árboles y plantas nativas; así como rampas, pozos de absorción, jardineras, bancas, entre otros.

Con estas obras, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete cumple con impulsar la reactivación económica para beneficio de los solidarenses, generando condiciones favorables para el sector turístico al recibir a los visitantes con una imagen renovada y mejores servicios.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrestada por tráfico internacional de drogas en EEUU

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De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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