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Mexico Violento

El «silencio forzado» de los periodistas en México

Un video que da cuenta de los riesgos que viven los periodistas en México al hacer su trabajo.

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Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- «Silencio forzado» es un videoreportaje sobre las precarias condiciones de seguridad de los periodistas en México. La historia es bastante conocida. Versa sobre el acoso de los policías, el hostigamiento por parte del gobierno, de funcionarios, del crimen organizado y de militares para coartar la libertad de expresión. Todo aquél interesado en que la verdad no se difunda tiene motivos para agredir a un periodista, y sabe que su crimen en este país será impune.

Foto:alt1040.com

La cifra de agresiones a periodistas que Artículo 19, la organización productora del documental es espeluznante: 567 agresiones a periodistas en este sexenio que está por concluir. Y sin embargo, con toda seguridad, no están registradas todas las agresiones cometidas. Tan sólo en este espacio, en Los Ángeles Press, hemos dado cuenta, en nuestra corta vida de cuatro meses, seis casos de exilio reciente en Canadá y Estados Unidos y dos expulsados por amenazas de muerte y acoso, más un caso de Oaxaca.

Las autoridades migratorias de Canadá y Estados Unidos dicen que el solicitante de asilo debe mostrar evidencias por las que llega a tener “un miedo real, creíble,” por hacer su trabajo en su propio país. Entre los casos más difundidos de quienes se vieron obligados a salir de México, se encuentra el de Olga Wormat, quien ha sufrido constantes amenazas, ella, sus hijos y su colaborador. Ahora está con la organización Artículo 19, y se encuentra aparentemente fuera de peligro.

Pero hay otros casos inmediatos, cercanos. Karla Lotinni (Canadá), Juan Francisco Belmont (Canadá), Luis Horacio Nájera (Canadá), César Joaquín Luna (Estados Unidos) , Dolores Dorantes (Estados Unidos) y Javier Juárez (España), amenazado este último a través de mi persona, Guadalupe Lizárraga, son periodistas que han sido agredidos o amenazados y que no se han registrado oficialmente en las cifras que recogen los organismos de derechos humanos en México. ¿Podemos preguntarnos por los casos en Texas, en Arizona, en Utah, en Chicago? ¿Y los de España y otros países? ¿Y lo que están aún en México en completo silencio? ¿Qué tienen que hacer los periodistas para que sus agresiones sean consideradas como violaciones a su libertad de expresión, aún cuando ya no se encuentran físicamente en México?

Foto: alt1040.com

¿Para qué denuncio, si son los mismos?

Muchos periodistas prefieren guardar silencio o cambiar de profesión: “esperar a que las cosas se calmen”, dice un periodista de Mexicali, recientemente agredido que pide guardar su identidad. Otro videoperiodista de Ciudad Juárez señala que él prefiere «entrevistar a las madres de desaparecidas, pero a ningún funcionario de la fiscalía”. A este periodista, de quien también guardamos su identidad porque aún se encuentra en peligro, lo torturaron junto con su hijo, a la orilla de una carretera. Fueron “unos hombres vestidos de negro, con botas de militares y algunos vestidos de civiles, pero todos con capuchas”. Los acostaron sobre el suelo y les dieron de tablazos «en todo el cuerpo». Traían radios y se reían de ellos y los insultaban, para que “le bajara de huevos”, le dijeron, y él sólo pedía que a su hijo de 20 años no le hicieran nada.

Al periodista le quitaron su Ipod, su computadora portátil y su celular. Los amenazaron y los dejaron ir en su mismo auto, “apenas si podíamos movernos”, cuenta. Cuando llegaron a su casa, lo primero que hizo fue hacer las gestiones para cambiar de domicilio y poner a salvo a su familia. “¿Para qué denuncio, si son los mismos?”, dice, y que por eso prefiere cubrir temas sin riesgo.

La periodista Claudia Yadira Alemán Almanza, radicada en Miguel Alemán, Tamaulipas, quien también ha colaborado en nuestro medio, denunció en las redes sociales, el 9 de agosto de 2011, que el presidente municipal de esta ciudad, Ramón Rodríguez Garza, pidió su renuncia al periódico local donde trabajaba. Su jefa de información le envió un mensaje por texto que le decía que «ella ya no debía estar en la ciudad”.

Esta periodista, víctima de acoso,  se refirió a ciudades como Ciudad de Mier, Camargo, y Guerrero, de ser “pueblos fantasmas”, y dijo que eran donde vivían las mujeres y esposas de “Los Zetas”, con sus hijos, y junto con las familias de migrantes, padecían el rechazo de las escuelas y de las iglesias, incluso de cualquier grupo de la sociedad. Nada que no se sepa, pero cuando un periodista lo pone en papel o en línea, la información cambia de tono.

Foto: LAPress

El acoso policial a periodistas digitales

Los periodistas de El Comienzo, en su versión digital, también fueron amenazados y hostigados por policías locales de Oaxaca. La reportera Kerly Cruz Campo, denunció en entrevista a Los Ángeles Press, la información a detalle. Una situación delicada, especialmente cuando ya tienen el antecedente de haber sido físicamente agredidos, en el caso del padre de la reportera, Emeterio Marino Cruz, a quien los policías golpearon brutalmente dejándolo en coma durante quince días.

Para los periodistas digitales, las amenazas de muerte y el hostigamiento no son diferentes. Somos agredidos de igual manera, y algunos casos con mayor saña, porque a través del Internet y las redes sociales, el control de la información es prácticamente nulo por parte de los agresores, pero también   estamos más localizables o más vistos. Además, los agresores utilizan las mismas redes para hostigar. De tal manera, que la única forma de detener la información es directamente agrediendo al periodista.

Por otra parte, hay todavía cierta resistencia en algunos círculos de profesionales a considerar el trabajo de un reportero digital como periodismo. Pese a que las nuevas tecnologías han sido una manera óptima de fortalecer el trabajo en investigaciones sobre todo las de mayor riesgo, se demerita frente al reportero que in situ logra la noticia. Generalmente, ello hace que se ponga menos atención en la seguridad de los periodistas digitales o se cree que el riesgo es menor . La dramática situación de la periodista de Nuevo Laredo, torturada y degollada por denunciar en las redes al crimen organizado, Elizabeth Macías, ha sensibilizado un poco sobre estos riesgos. Pero aún es una batalla abierta.

La burocracia de la denuncia

Situaciones como las de acoso laboral, de policías y de funcionarios públicos, han pasado a ser cotidianas en la vida de los periodistas en México, y no quedan registrados oficialmente. Muchos de ellos quedan en sólo amenazas, pero se quedan sin trabajo, o se ven obligados a cambiar de domicilio o de ciudad para preservar sus vidas y las de sus familias.

Los organismos de defensa de los derechos humanos enfocados en la libertad de expresión y seguridad de los periodistas también son un blanco de agresiones, y prefieren trabajar con los casos más mediáticos, porque saben que la visibilidad de la amenaza es una manera también de protección. Sin embargo, para los periodistas que cubren información local, como en los casos mencionados, están más expuestos a la agresión, sin defensa efectiva.

Para poner una denuncia ante el Ministerio Público, por ejemplo en Ciudad Juárez, describen que es estar hasta cuatro o más horas para que la atiendan. Y los mismos agentes ministeriales, hacen comentarios como “que poquito aguantas”, o “nomás por eso te vienes a quejar”. Son comentarios que después de una amenaza de muerte o de una golpiza, resultan intimidatorios para la víctima y para sus familiares. Una situación similar sucede con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, con Gustavo de la Rosa, de quien se han quejado, incluso madres de desaparecidas por su falta de sensibilidad y profesionalismo en la atención a estos casos.

En el caso de Javier Juárez, periodista español y colaborador de nuestro medio, fue amenazado indirectamente, estando él dentro de Ciudad Juárez, con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua. La amenaza de muerte fue recibida por la editora del medio, en Los Ángeles, California, diciendo que lo iban a secuestrar y a matar por los reportajes de las “Mujeres guardadas en la morgue”. Una vez, que estuvo a salvo, el periodista tuvo que ir a la Ciudad de México a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para “levantar” la queja y dejar el registro. Este trámite, sin embargo, no todos lo periodistas, sobretodo los locales, están en condiciones de realizarlo. Ni económica ni anímicamente es posible en todos los casos.

El organismo civil Artículo 19 y el equipo de producción Filmaciones de la Ciudad, mantuvieron el anonimato en sus nombres en este videoreportaje, porque en México, confirman, el riesgo que corren sus vidas al denunciar una realidad muy diferente a la que cuenta el presidente Felipe Calderón es mayúsculo.

 

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Mexico Violento

Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista por revelar contratos ficticios de la CFE

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Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Audio-amenaza de muerte contra periodista

  • Cárcel o Panteón, la oferta del Residente de Obra y su mano derecha

  • Dama de compañía de nuevo entrevistada

“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.
Marisa Gristein, autora de Mujeres Asesinas

 

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

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Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República, los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

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Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona. Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Mexico Violento

Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

Para entender el caso: Preso político Luis Díaz Pantoja pide intervención de la ONU por 9 años de detención arbitraria del Estado mexicano

 

 

De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

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Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

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