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El silencio de Nestora Salgado ante las calumnias de la señora Wallace

Nestora Salgado García, exlider comunitaria de Olinalá Guerrero y actual senadora de la república, en silencio frente a las pasadas agresiones de la señora Wallace

Alberto Farfán

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Enrique Domínguez Gutiérrez

El 20 de mayo de 2018, durante las campañas electorales para la presidencia de México, en pleno debate televisivo, José Antonio Meade, candidato a la presidencia por la coalición “Todos por México”, hizo una declaración llamando “secuestradora” a Nestora Salgado, una mención calumniosa y deleznable, generando con ello la exposición mediática de una persona que a lo largo de los años defendió con valentía y firmeza (aun con riesgo de perder la vida) en Olinalá y municipios aledaños en el estado de Guerrero a través de la policía comunitaria.

Ahora es senadora de la república electa por mayoría relativa. Miembro de la Comisión de derechos humanos e integrante de varias comisiones; trabajo y previsión social, asuntos indígenas, estudios legislativos y seguridad pública.

No pasaban 72 horas, cuando la embestida de Isabel Miranda Torres. “La Wallace”, hizo su aparición, y como por arte de magia, los micrófonos se abrieron, El Universal, Aristegui Noticias, ADN Político, Milenio y El financiero dieron voz a quien a través de su organización “Alto al Secuestro” se pronuncia a favor de las víctimas. De pronto, la victimaria se victimizaba, se decía amenazada por las “huestes” de la entonces candidata al Senado, con un “Le van a partir la madre” (sic). También, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva (principal vocero de Isabel Miranda) exigió a Lorenzo Córdova que respetara la ley argumentando procesos aún pendientes.

Sin duda alguna, el secuestro es un delito grave, merece castigo ejemplar y debe evitarse, sin embargo, lucrar y utilizar un aparato de justicia corrupto, fabricando culpables es aún peor, es ruin y es vil.

Al igual que los inculpados de Isabel Miranda, a quienes presentó contra Derecho como secuestradores de Hugo Alberto Wallace (Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo, César Freyre, Jael Malangón Uscanga y Juana Hilda González Lomelí), Nestora fue ilegal y arbitrariamente detenida el 21 de agosto de 2013, bajo los cargos falsos de secuestro agravado. Los cargos se originan de acciones tomadas por la defensora de derechos humanos en consonancia con su papel y deberes como integrante de la CRAC-PC, dice también el artículo de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo que fue tomado para el presente texto.

“El 28 de enero de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Nestora Salgado. En su decisión, la CIDH consideró la fragilidad de la situación enfrentada por la defensora de derechos humanos en la prisión federal de máxima seguridad en Nayarit, así como los riesgos a su vida e integridad personal. La defensora de derechos humanos informó que no obtuvo la atención médica adecuada por el dolor crónico que padece hasta la fecha, como resultado de un accidente de coche sufrido previamente; y que estuvo sometida a malos tratos en el periodo en que se encontraba detenida”, continúa el artículo de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo.

La Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo añade que “Debido al fracaso del Estado en cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH, la defensora de derechos humanos empezó una huelga de hambre en mayo de 2015, resultando en un grave deterioro de su estado de salud”.

“El 29 de mayo de 2015, ya siendo declarada inocente de delincuencia organizada (el único delito federal en su contra), Nestora Salgado fue trasladada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, y luego fue enviada a la Torre médica de Tepepan, para que fuera atendida por un padecimiento de columna”.

“Tres jueces de Guerrero determinaron su inocencia ante las acusaciones por los delitos que se le imputaron y, tras dos años y siete meses presa, Nestora Salgado fue liberada el 18 de marzo de 2016”, establece también el artículo de Verificado.MX.

Por otra parte, de acuerdo con la publicación de la revista Gatopardo, Leonel Rivero, abogado de Nestora Salgado dijo que la exlideresa enfrentó siete procesos penales. De éstos, cinco están concluidos: el de delincuencia organizada y cuatro más por secuestro. En todos los casos fue declarada inocente. Los dos restantes siguen abiertos, explicó, porque el Ministerio Público interpuso dos recursos de apelación, en 2016, contra su liberación. “ya han pasado prácticamente dos años y no se han podido celebrar ni las audiencias (para concluir los procesos) porque, según las autoridades, ha sido imposible notificar a las víctimas”.

La defensa asegura que Salgado García no tiene ninguna orden de aprehensión pendiente. “La única manera en que pudiera revertirse esta situación es que dichas apelaciones sean declaradas procedentes, y aún en ese caso, el Ministerio Público no solicitaría nuevamente la aprehensión, ya que Nestora Salgado podría pelear esas resoluciones con un amparo indirecto e incluso podría contar con el recurso de revisión”.

“Antes de su arresto en 2013, la defensora de derechos humanos lideraba la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias: Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el municipio de Olinalá, Guerrero. La policía comunitaria fue organizada y liderada por Nestora en un esfuerzo por combatir el incremento de violencia, ataques, corrupción política y violaciones de los derechos de los pueblos indígena. El gobernador de Guerrero había prometido apoyar a la policía comunitaria, antes de decidir eliminarla en noviembre de 2014”, reza un artículo de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo.

La calumnia, la exhibición mediática en violación a la presunción de inocencia, la difamación, y la “satanización” son las herramientas recurrentes de Isabel Miranda Torres, La Wallace, para fabricar culpables. Una práctica de los gobiernos neoliberales, como se refirió el presidente López Obrador en conferencia de prensa el 29 de marzo. No obstante, pese al grave perjuicio a la sociedad y el Estado de derecho, la impunidad de La Wallace sigue intacta, y Nestora aunque haya ascendido a un cargo de poder público por encima de ella, ¿por qué guarda silencio?

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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Estados Unidos

Trump adopta estrategia de “inmunidad colectiva” contra pandemia, catalogada como amoral por la OMS

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Estados Unidos presenta un aumento drástico en los casos de coronavirus, mientras el gobierno de Donald Trump -según medios- adopta la medida de “inmunidad colectiva”, al tiempo que el clima de otoño se asienta en el país.

Hasta el martes, 13 de octubre, el registro de contagio sobrepasó los 54.000 casos y se ha alcanzado niveles récords de la enfermedad en 20 estados.

Los funcionarios de la ciudad de Oklahoma sostienen que se han quedado sin lugar en las unidades de terapia intensiva. En la ciudad de Bismarck, en el estado de Dakota del Norte, se informó que sólo queda una cama disponible para los pacientes en terapia intensiva. Asimismo, seis hospitales importantes del estado de Misisipi ya no tienen más capacidad en las unidades de cuidados intensivos.

Oficialmente, se ha registrado una cifra de 216.000 muertos por COVID-19 en Estados Unidos este año, pero un nuevo estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense predice que la cifra total de muertes relacionadas con la pandemia, en 2020, podría alcanzar las 400.000

Esta información la revelaron los periódicos The Washington Post y The New York Times los cuales informaron que los funcionarios del gobierno de Trump declararon haber adoptado una política de permitir deliberadamente que gran parte de la población estadounidense se contagie del virus, con el fin de lograr la “inmunidad colectiva”.

Los expertos en Salud advierten que es posible que esa estrategia ni siquiera sea viable y que podría causar más de dos millones de muertes en el país. El lunes, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la inmunidad colectiva sólo debe alcanzarse mediante la vacunación, no a través del contagio natural de la población.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: “La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es problemático desde el punto de vista científico y ético”.

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