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Latinoamérica

El Salvador: Primera radio comunitaria en funciones

El Salvador estrena la primera radio comunitaria que llegará a unas 200 comunidades.

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Mario Martínez, en el estudio de Radio Mangle, al comenzar sus emisiones. Foto: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala

JUQUILISCO, El Salvador (IPS).- Por primera vez en El Salvador, una radio comunitaria comenzó a transmitir con licencia propia. Pero sigue la lucha del sector por conquistar un cambio en la legislación que otorgue mayor espacio en el dial a este tipo de emisoras.

Tras años de tropiezos, Radio Mangle lanzó este lunes 14 su señal a las más de 200 comunidades de la zona conocida como el Bajo Lempa, en el municipio de Jiquilisco, en el sur del oriental departamento de Usulután.

“Este es un momento histórico, el resultado de años de trabajo y de presión social”, dijo el radiodifusor Mario Martínez, de la Asociación Mangle, gestora del proyecto. La emisora transmite desde ahora en el 106.1 FM (frecuencia modulada), desde la Comunidad Ciudad Romero, en el cantón El Zamorán, de Jiquilisco.

La estatal y autónoma Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que regula el espectro radioeléctrico, adjudicó en octubre la frecuencia a Radio Mangle, con lo que se convirtió en la primera emisora comunitaria salvadoreña en obtener una licencia de transmisión. Desde esa fecha, el colectivo de la estación hizo todos los preparativos para el arranque de sus emisiones este día lunes 14.

Las radios comunitarias comenzaron a surgir en El Salvador en 1992, al concluir 12 años de guerra civil, cuando se abrieron espacios democráticos de opinión y disenso. Pero son perseguidas por carecer de permisos y algunas estaciones han sido clausuradas mediante el desalojo violento de sus instalaciones por la policía.

La Ley de Telecomunicaciones establecida en 1997 permite tácitamente la participación de estaciones comunitarias, pero estas deben ganar la frecuencia respectiva en una subasta, lo cual las pone en desventaja respecto a los grupos empresariales, estiman organizaciones sociales.

“Esa ley es una de las más antidemocráticas y malintencionadas que se han aprobado en este país”, señaló el director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), Leonel Herrera.

Ante la imposibilidad de obtener una frecuencia propia, las 18 radios comunitarias integrantes de la Arpas transmiten por el 92.1 FM, gracias una frecuencia obtenida por la asociación en 1998, y que se ha fraccionado para que cada una de esas estaciones transmitan en una región específica, con los problemas de interferencia que ello trae.

Desde 2000, Radio Mangle transmitió una década a través de la señal de Radio Maya Visión, una estación vinculada al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el gobierno desde que en 2009 cuando llegó a la Presidencia de El Salvador Mauricio Funes, antes un popular periodista de televisión que comenzó su carrera profesional en la radio.

El proyecto de la radio se gestó como parte del sistema de alerta temprana impulsado por las propias comunidades del Bajo Lempa, catalogada como una de las zonas más vulnerables del país. Cada época de lluvias, las inundaciones traen muerte, pérdida de cosechas y desplazamiento de población.

Pero las interferencias en su dial hacían inviables las transmisiones y sus emisiones finalizaron definitivamente en 2010. Ese mismo año, la Asociación Mangle gestionó a la Superintendencia una licencia para la emisora, a través de la municipalidad de Jiquilisco, pero la solicitud fue denegada y la frecuencia ni siquiera salió a subasta.

Un nuevo intento fue hecho en 2011, al licitar por la frecuencia 98.1 en FM, pero una empresa comercial del oriente del país ganó la subasta con 20.000 dólares, contó Martínez durante una entrevista en la sede de la emisora.

“Hay gente que solo está esperando que salgan las subastas, y les caen”, agregó. “Ya se han dado casos en que las ganan y no las utilizan. Solo lo hacen para bloquearnos”, aseguró. Para evadir la subasta, Radio Mangle recurrió a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que en julio de 2012 solicitó a la Superintendencia una frecuencia de uso oficial. Una vez obtenida fue traspasada a la Arpas y esta, a su vez, la otorgó a su emisora asociada en el Bajo Lempa.

La Arpas, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) interpusieron en agosto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones.

La demanda solicita derogar que se establezca la subasta como el único medio para acceder a frecuencias de radio y televisión.

Se aduce que ese sistema violenta principios constitucionales como el de igualdad ante la ley, ya que ese mecanismo no permite a las radios comunitarias competir por frecuencias en igualdad de condiciones con grupos empresariales.

También se considera que vulnera otros artículos constitucionales que promueven la libertad de expresión, porque ese derecho se ve restringido si se bloquea el otorgamiento de licencias de radio, entre otros. Pero las radios comerciales dicen que, si se abre espacio en el dial para dar lugar a emisoras comunitarias, se generaría interferencia que afectaría la programación de las ya establecidas.

“No entiendo porque se pide quitar la figura de la subasta, cuando en el dial ya no hay frecuencias disponibles, es un problema técnico”, dijo la directora ejecutiva de la Asociación de Radiodifusores de El Salvador, Ana María Urrutia.

La organización aglutina a más de 210 radios comerciales del país, con alcance nacional o regional y, como tal, defiende los intereses de la radiodifusión comercial.

Las estaciones comunitarias sostienen que su enfoque no es el de generar utilidades, como sí lo es en las comerciales, y por tanto debe haber otra lógica para que ellas accedan a una licencia de radio.

La Arpas plantea que si el ancho de banda de las frecuencias se dividiera en dos, al pasar de 400 KHz a 200 KHz, habría el doble de espacio para dar cabida a nuevas estaciones. “Si quieren dividir, tendrán que quitar parte de la frecuencia que ya tiene dueño, eso no se puede”, adujo Urrutia.

El superintendente del sector, Luis Méndez, no atendió la solicitud para que fijara posición en torno a esta situación. Martínez cree que el rechazo del gremio comercial de la radiodifusión a compartir el espectro con las emisoras comunitarias es más ideológico que técnico y comercial. A su juicio, no quieren que surjan voces con un pensamiento y un discurso alternativo al dominante en las radios comerciales, cuyas principales cadenas están en manos de consorcios empresariales.

En diciembre, la Arpas, la Fespad y la Universidad Centroamericana criticaron colectivamente a la Superintendencia por no incluir a radios y medios alternativos en una comisión que se encargará de definir el proceso de digitalización del espectro radioeléctrico salvadoreño.

Estas organizaciones estiman que digitalizar el dial es una oportunidad para abrir el espacio que necesitan las estaciones comunitarias, pero, al mismo tiempo, puede fortificar y ampliar el dominio actual del dial por los consorcios empresariales.

“El debate sobre la digitalización no es sólo técnico, sino fundamentalmente político, pues representa la oportunidad de democratizar el acceso al espectro radioeléctrico o una amenaza de mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación”, alertaron las tres organizaciones, en un comunicado.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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