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Mexico Violento

El profesor Zúñiga Guerrero detenido con irregularidades y trampas

José Manuel Zúniga Guerrero, profesor y expresidente municipal de oposición al PRI, ha sido encarcelado por supuesto peculado de 131 mil pesos

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¿Quién es el Profesor José Manuel Zúñiga?

HIDALGO, México.-José Manuel Zúñiga Guerrero, profesor de educación primaria, es originario de Ixmiquilpan, Hidalgo. Estudió en la Normal Rural del Mexe, donde fue dirigente estudiantil.

Formó parte del Consejo Central de Lucha del Magisterio Hidalguense en los años ochenta, en diversos movimientos sociales y campesinos; dirigió junto con otros maestros el movimiento magisterial de bases que logró el pago de los 90 días de aguinaldo y la Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo.

Fue el primer presidente municipal de oposición del municipio de Ixmiquilpan, encabezando diversos movimientos con las 120 comunidades, y poniéndose en huelga de hambre por mayor presupuesto para las comunidades indígenas.

Al término de su gestión, como el gobierno del Estado no lo pudo sobornar, le armó un expediente acusándolo de un delito por recursos no comprobados a través de Contraloría del Estado. A pesar de su inocencia, y después de ya haber sido absuelto por un juez, nuevamente el 26 de marzo de 2013 lo detienen autoridades policiales.

Antecedentes cronológicos de los hechos

Luego de su gestión en el trienio 2006-2009 el Órgano de Fiscalización superior del estado de Hidalgo -OSF-(ahora Auditoria Superior del Estado de Hidalgo –ASEH-), dio inicio al procedimiento de Revisión y Fiscalización Superior a la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, expediente OFS/DGAJ/RA/011/2009.

La revisión inicia con un monto faltante de poco más de 21 millones de pesos y después de la revisión queda en $658,334.28

El auditor José Luis Lima Morales, en su calidad de representante del órgano, inicia una averiguación previa por los mismos hechos con fecha 09 de noviembre de 2009. De este procedimiento, no fue notificado Zúñiga Guerrero, lo que constituye una de las principales irregularidades, en el caso.

Con fecha 13 de octubre de 2010, la ASEH notifica la resolución definitiva de fecha 12 de Marzo de 2010, en donde en su resolutivo segundo dice:

“…segundo.- se absuelve al c. jose manuel zuñiga guerrero de los hechos precisados en el resultando 10 incisos d), e), i), j), k), …”

El resolutivo absuelve al profesor José Manuel Zuñiga Guerrero por la cantidad de $526,492.54, subsistiendo $131,841.74, (por aclarar). Esta última cifra fue impugnada, de tal forma que a la fecha continua el procedimiento. A Zúñiga Guerrero se le embargó un predio para garantizar el pago de tal cantidad.

De la averiguación previa: 12/DAP/819/2009

El auditor José Luis Lima Morales puso una denuncia de hechos, ante la Procuraduría G. Judicial Estado de Hidago, en la ciudad de Pachuca, para dar inicio a la averiguación previa número 12/DAP/819/2009 con fecha 09 de noviembre de 2009.

El agente del Ministerio Público radicó la denuncia de inmediato, y solicitó al director general de los Servicios Periciales de la PGJEH la designación de peritos en materia de construcción, avalúo y de contabilidad forense.

Con irregularidades en su contenido, los peritos rindieron su dictamen: en materia de construcción y avalúo en sus conclusiones generales se señala:

“…el monto faltante de aplicar en las obras motivo de la presente averiguación, asciende a la cantidad de $29,320.68 (veintinueve mil trescientos veintinueve pesos 68/100 m.n.)…”

En materia de contabilidad forense: las conclusiones son una simple transcripción de los argumentos de la ASEH. El dictamen fue agregado de manera irregular a la averiguación, ya que se entrega en un juego de 6 hojas simples, es decir; sin el papel membretado y carente de cualquier sello oficial.

El día 15 de febrero de 2011, el agente del Ministerio Público determinó el ejercicio de la acción penal en contra del profesor José Manuel Zúñiga Guerrero por el delito de peculado por la cantidad de $411,829.97. En este caso, ya lo encuadran dentro de lo contemplado en el artículo 308, fracción III del CPPEH considerado delito grave, sin derecho a fianza.

De la causa penal: 48/2011-II

Por razones de competencia se envía a la ciudad de Ixmiquilpan la averiguación previa a efecto de que se ejercite acción penal.

Con fecha 18 de febrero de 2011 se dicta auto de radicación otorgandole el numero de causa 48/2011-II

Con fecha 21 de febrero de 2011 se libra orden de aprehensión en contra de el profesor por el delito de peculado y se suspende el procedimiento en tanto se logre la aprehensión.

El 26 de marzo de 2013 se cumple la orden de aprehensión, en el barrio La Ota Banda en el municipio de Ixmiquilpan. Luego de rendir su declaración preparatoria, la defensa del profesor solicitó la prórroga del plazo constitucional.

Dentro del plazo otorgado, se ofrecieron como pruebas:

La documental pública: consistente en la cedula de notificación de la resolución en la que se absuelve al profesor José Manuel Zúñiga Guerrero.

La circunstancial: consistente en el análisis de las pruebas ofrecidas en la averiguación previa, sobre todo el contenido de los dictámenes periciales que son a todas luces discordantes con las cantidades reclamadas. Por lo que se alego la ineficacia probatoria de las mismas, por estar viciadas de parcialidad al estar designados por el hermano del auditor.

Las irregularidades

Desde el inicio del procedimiento de responsabilidad resarcitoria, la autoridad no aceptó que en las obras civiles llevadas a cabo, no sólo se aplicó el recurso, sino que se ampliaron las metas: es decir, se hizo más obra con el mismo recurso. Como se advierte, se da inicio a una averiguación previa en la que “el acusador”, posteriormente absuelve al maestro de los mismos hechos.

Peor aún, en la averiguación previa, el nombramiento de los peritos que solicita la parte agraviada, los mismos son designados por el hermano del “agraviado”.

Tal hecho es contrario a derecho, pues Jorge Lima Morales debió excusarse de conocer del asunto, toda vez que su hermano José Luis, es el interesado.

Esta situación se encuentra prevista por la Ley Orgánica del Ministerio Público para el estado de Hidalgo en el siguiente precepto:

Artículo 99.- el procurador general, los subprocuradores, directores generales, directores, subdirectores, agentes y secretarios del ministerio público y sus auxiliares no son recusables, pero deben excusarse dentro del término de veinticuatro horas, al que tengan conocimiento del impedimento en los negocios en que intervengan cuando exista alguna de las causales siguientes:

I.- tener parentesco en línea recta, sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad hasta el segundo con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; al efecto, si la ley previene los supuestos vertidos anteriormente, estos deberán ser tomados en cuenta, pues los actos subsecuentes están viciados de nulidad tal y como lo refiere el artículo 282 del código de procedimientos penales vigente en la entidad que a la letra refiere:

Artículo 282. las actuaciones serán nulas: cuando carezcan de algunas de las formalidades esenciales que prevenga la ley, si ello causa perjuicio a cualquiera de las partes o al ofendido; por lo tanto, estas pruebas fueron la base para los siguientes actos en perjuicio del profesor José Manuel Zúñiga Guerrero:

1. Determinación del ejercicio de la acción penal

2. Auto de radicación de la averiguación previa

3. Procedencia de la averiguación previa

4. Orden de aprehensión

5. Puesta a disposición del detenido

6. Auto de formal prisión.

Es de llamar la atención, que desde que se gira la orden de aprehensión hasta que se detiene al “inculpado” transcurren aproximadamente dos años, sobre todo que la autoridad, conoce su domicilio, el de su trabajo, los lugares que frecuenta. Además el profesor jamás se escondió, ni trató de evadir responder a los señalamientos que se le hicieron.

Cabe recalcar, que la suma de las cantidades señaladas, no coinciden, por el contrario, el dictamen pericial en materia de avalúo y construcción, es por mucho menor aun cuando lo señalan en los diferentes momentos que son invocadas, las cantidades son discordantes pero los llevaron a sumar de forma ilógica y forzada la cantidad de $411,829.97.

La única explicación coherente para que se insista en tal cantidad es que de acuerdo a la fracción III del artículo 308 del CPPEH es encuadrarlo dentro de un delito grave, para que esté imposibilitado al beneficio de la libertad caucional.

Ahora vamos a pensar que resultara responsable de un adeudo por la cantidad de $131,841.74. el monto le permitiría obtener el beneficio de la libertad caucional, que fácilmente le sería otorgada, toda vez que el profesor ya ha dejando como garantía un inmueble que por estos mismos motivos, la autoridad le ha embargado.

No obstante, sería una paradoja que para garantizar la reparación del daño tenga que depositar la misma cantidad que en este momento ya tiene como garantía la autoridad.

Las irregularidades que se observan, constan en el expediente ante la ASEH, averiguación previa y causa penal que actualmente se instruye.

Fuente: Global-Mexico.com

 

 

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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El Caso Wallace

Sobrino de Isabel Miranda reportó amenazas y secuestro por revelar abuso sexual de parte Hugo Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La madrugada del 13 de octubre, Alfredo Miranda Cruz reportó a Los Ángeles Press que había sido retenido contra su voluntad desde el miércoles 7 de octubre por sus tíos María Isabel y Roberto Miranda Torres, después de que se enteraron de revelaciones que hizo a esta periodista sobre el abuso sexual sufrido a la edad de 9 y 15 años, por parte de su primo Hugo Alberto Wallace Miranda.

En estado de angustia, Alfredo Miranda llamó a la periodista para dejar un registro de las agresiones y declaró que su padre lo había rescatado de un departamento “que queda en Girasoles”. De allí, lo había trasladado al Hotel Montreal, ubicado en Calzada Tlalpan #2073, CDMX, desde donde envió la ubicación, varias veces y en diferentes horas, a la periodista.

Miranda Cruz señaló también que sus tíos estaban amedrentando a toda la familia y estaban indagando de donde se filtraba información sobre su primo Hugo Alberto.

En la conversación telefónica, de madrugada, dijo que su tío Roberto lo había seguido al hotel y que había golpeado a una mujer de Seguridad. También que había hablado con el dueño del hotel, y quería entrar a la habitación donde él se encontraba. Dijo que su tío lo estaba “amenazando con matarlo y cortarle la lengua”.

La primera llamada la hizo a las 3:27 horas (CDT), 1:27 hora de California, con la ubicación del hotel mencionado de la Ciudad de México. En el mensaje de audio abundó que habían detenido también a “Paulina”, madre de su hijo, a quien habían maltratado y desnudado, en la azotea, y que él alcanzaba a escuchar la voz de su tía Isabel Miranda. Especifica en el mensaje de voz que su tía Isabel iba a utilizar a Paulina para ofenderlo e “inventarle cosas” a cambio de dinero, “en lo que su tía era experta”.

Después de varios audios sobre la situación que estaba viviendo, y de las ubicaciones enviadas, Alfredo Miranda Cruz envió otro mensaje a las 4:50 horas, ya en pánico, en el que dice:

“Extremo peligro, en extremo peligro estoy, señora Guadalupe. Un señor quiere abrir nuestra puerta, estamos en extremo peligro, señora Guadalupe”.

 

Quince minutos después, reportó que el señor Roberto Miranda Torres (tío de la víctima) había lastimado a un testigo, mujer. Señaló que no tenía claro si había sido contratada por su tío, que eran las 5:05 de la mañana y que estaban muy estresados. Además de que ya había habido varios conflictos en ese hotel.

Cada diez minutos, Alfredo Miranda estuvo enviando sus ubicaciones a la periodista. Dijo haber recibido llamada de sus tíos a la habitación y que lo estaban confundiendo.

El último mensaje por la red WhatsApp fue a las 13:46 del mismo 13 de octubre, y la ubicación fue (19.3364444,-99.1273334) Ejido Xochimilco 33-43, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, Coyoacán, 04470 Ciudad de México, CDMX, México.

 

Posteriormente envió cuatro mensajes de audio más, por Messenger, vía Facebook. El último mensaje de audio con su voz dice: “Señora Guadalupe, ya valió gorro”. A las 14:13, entró un mensaje de texto que dice: “Todo está bien, ¿de quién es el teléfono?”.

 

 

La acción de las autoridades

La Fiscalía General de la Ciudad de México dio seguimiento, directamente a través de la titular, Ernestina Godoy Ramos, después de que recibiera la información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, vía Alejandro Encinas Rodríguez, a quien se le reportaron los hechos.

Cuando la fiscal indagaba los detalles de lo que llamó “secuestro en curso” se le informó sobre la resistencia de la víctima para llamar al 911, por temor a que interfirieran en favor de Isabel Miranda, como ha sucedido años anteriores. Sin embargo, la fiscal enfatizó a la periodista que ya no era lo de antes, que estaban actuando conforme a derecho.

Después de que sus agentes de investigación llegaron al hotel de donde se estuvo reportando la ubicación de Alfredo Miranda Cruz, les informaron que no había ningún registro a ese nombre, y al mostrar su fotografía negaron haberlo visto entrar al hotel, por lo que solicitaron el registro de las cámaras de seguridad, ya que la víctima decía estar dentro de una habitación y haber sido testigo auditivo de que su tío Roberto Miranda había lastimado a una mujer en el pasillo que daba a su habitación.

Hoy, 14 de octubre, en torno a las 3 de la tarde, la autoridad reportó que la policía ya estaba en entrevista con la víctima, y que se encontraba estable.

 

Contexto

Alfredo Miranda Cruz había reportado desde enero de 2019 el acoso que recibía por parte de su tía Isabel Miranda Torres, pero pedía que no fuese revelado por temor a su vida. Dijo que solo quería dejar un registro con la periodista Guadalupe Lizárraga que había llevado la investigación sobre el falso secuestro de su primo Hugo Alberto por si llegara a pasar algo. En las diferentes comunicaciones con la periodista, corroboró Miranda Cruz la fabricación de la prueba de ADN, a través de una gota de sangre, que Isabel Miranda Torres, junto con los agentes de la PGR, plantó en el departamento de Juana Hilda González Lomelí. Señaló que la gota de sangre, efectivamente, era de su prima Claudia, y que su tío Enrique Wallace no era padre biológico de su primo Hugo Alberto. Que todos en la familia lo sabían, pero que los tenía a todos controlados. Y ello se podía comprobar con un análisis de ADN a la hija de Hugo Alberto (Andrea Isabel) que no tenía sangre de los Wallace.

El 28 de julio de 2020, envió un nuevo mensaje de alerta vía Messenger, en el que escribió que si algo le pasaba hacía responsable a su tía Isabel Miranda, sus tíos Heriberto y Roberto Miranda, así como a su primo Luis Alberto, Andrés, y las señoras Asunción y Magdalena Miranda Torres, a Víctor Manuel Sánchez (esposo de su tía Asunción), a su prima Claudia Wallace (hermanastra de Hugo Alberto), a Abraham Pedraza (esposo de su tía Magdalena), a Jorge Ortega Miranda y a su padre.

En el mensaje se destaca:

“…por cualquier cosa que me pase de forma acusatoria o asalto donde caiga muerto, se les haga responsables.

Yo, Alfredo Miranda Cruz, abusado sexualmente a los 9 y 15 años por mi primo Hugo (Alberto Wallace Miranda)”.

En el penúltimo mensaje de texto, escrito el 13 de octubre a las 14:37 horas, señala a la periodista:

“Señora, mi tía me quiere matar, cuando pase, anéxelo. Me están torturando”.

 

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