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Mexico Violento

El penal de Topo Chico está masificado y gobernado por narcos

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Penal de Topo Chico, durante el motín

Penal de Topo Chico, durante el motín

Los Ángeles Press

MONTERREY, Nuevo León- Construido hace 70 años en las afueras de la zona metropolitana de Monterrey, el penal estatal de Topo Chico era el reflejo tanto de la guerra que libran los cárteles del narcotráfico más allá de los barrotes, como la total ausencia del Estado mexicano en los lugares donde se comenten violaciones de Derechos Humanos. Con una sobrepoblación del 22% en hombres y del 53% en mujeres, los reclusos de ambos sexos comparten instalaciones anticuadas y áreas comunes que se caen a pedazos sin supervisión de los custodios. La cárcel está controlada por los Zetas.

Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, dio a conocer en rueda de prensa que el saldo tras el incidente fue de 49 muertos, todos varones, además de otros 12 heridos. La mayoría había muerto por heridas de armas punzo cortantes y por golpes con objetos que, al parecer, eran algo común entre los muros de la cárcel. En el cateo realizado tras el motín, se encontraron varias 23 paquetes de cocaína, 38 con marihuana, pastillas psicotrópicas, martillos, pinzas mecánicas y 86 cuchillos.

El penal de Topo Chico tiene capacidad para 3.635 internos, pero según el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) del 2014, se contabilizaron 4.547 reclusos.

Aunque algunos medios han indagado sobre la posibilidad de que el enfrentamiento se produjo por una guerra interna en el cártel dominante, la versión oficial asegura que se trata a una pugna entre Iván Hernández Cantú “Comandante Credo”, considerado cabecilla de cártel del Golfo, y Juan Pedro Saldívar Farías, el “Z-27”, de Los Zetas.

El antecedente más cercano que podría guardar relación con el estallido de la violencia, fue una reyerta entre varios hombres que se registró el pasado 27 de septiembre,y que terminó con el asesinato a cuchilladas de Mario Alberto Roldán “El Fresa”, un líder de los Zetas que ingresó en Topo Chico en febrero de 2015.

Familiares de los reclusos se agolpan en las puertas del penal

Familiares de los reclusos se agolpan en las puertas del penal

UNODC y ONU-DH condenan los hechos ocurridos en el penal de Topo Chico

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) han emitido un comunicado en el que condenan los hechos ocurridos el entre el 10 y 11 de febrero en el penal de Topo Chico.

El comunicado afirma que “la grave situación carcelaria donde se combinan la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de facto de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas“. Frente a este reto, es fundamental tener presente que al privar a una persona de su libertad el Estado tiene la obligación de proteger su vida e integridad.

Continuación del comunicado

 

UNODC y ONU-DH hacen un llamado a las instituciones competentes para analizar las causas estructurales que dieron origen a los graves hechos ocurridos en Topo Chico y exhortan a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para prevenir situaciones similares en un futuro, investigar los hechos ocurridos de manera diligente, procesar a las personas que resulten responsables de los mismos y proveer información fidedigna a las familias de las víctimas.

Las Oficinas en México de UNODC y ONU-DH alientan a las autoridades a continuar reforzando las políticas penitenciarias bajo un enfoque de reinserción social, respeto y garantía a los derechos humanos. De igual forma, ambas Oficinas llaman a fortalecer la gestión penitenciara desde una perspectiva de justicia y estado de derecho, que permita garantizar los estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de la libertad (“Reglas Nelson Mandela”) y otras normas internacionales aplicables, así como mejorar de manera sustancial las condiciones de detención.

Es especialmente importante considerar que el personal que labora dentro de las prisiones cuente con formación especializada y conocimientos adecuados para su gestión, desde la perspectiva de derechos humanos y con esquemas de protección de sus propios derechos.

Mexico Violento

Defensoría pública cesa a abogado que llevaba caso de Jacobo Tagle por injerencia de Isabel Miranda

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Por Guadalupe Lizárraga

“Ejercer la carrera de Derecho y litigar en México es estar con un pie en la cárcel y otro en el panteón”, señaló Alejandro Garduño Real, quien se desempeñaba como defensor público en el caso de Jacobo Tagle Dobin, al denunciar su cese laboral, después de haber recibido amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda Torres.

Con fecha del 13 de abril, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo convocó a una reunión bajo el argumento de que revisarían la carpeta de investigación iniciada en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión la funcionaria le notificó su cese de la institución en la que cumplía 20 años de servicio al Poder Judicial, señalando que Miranda Torres “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”.

El abogado Garduño Real denunció en entrevista a Los Ángeles Press, que había un avance significativo en la defensa de Jacobo Tagle, conocido como el “caso Wallace” y así mismo en el de Francisco García Medel, conocido como el “caso Nelson Vargas”, del cual también ha tenido injerencia Miranda Torres.

Incluso, señaló el abogado defensor que una de las amenazas de muerte contra su persona fue al concluir una audiencia judicial, el 14 de enero de 2020, sobre el caso de García Medel, quien escuchó la agresión telefónica. Por lo que el juez solicitó al director del Instituto de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hiciera del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal para que se le asignara nuevamente una escolta. Sin embargo, señaló Garduño Real que no se le dio seguimiento a dicha petición, por lo que se encontraba en estado de indefensión.

Otra de las agresiones fue un atentado en Cuautitlán Izcalli, a pesar de traer escolta, al ser interceptado por un grupo de policías locales.

Garduño Real destacó que era una persona con capacidades diferentes, ya que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro, y que se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Señaló que irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, publica en sus redes sociales “que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento”.

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Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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