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Con voz propia

El papel de la CIDH, cooperador con el Estado criminal: Caso Nestora

El caso Nestora Salgado ha sido uno de los más descuidados por las instituciones de derechos humanos, causándole daños irreparables a su vida y a su salud

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Guadalupe Lizárraga

Después de un año y un mes que le fue solicitada la atención del caso Nestora Salgado respecto a medidas cautelares y liberación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el pasado 28 de enero de 2015 que la situación de Nestora es grave, urgente y con probabilidad de daños irreparables en cuanto a su salud física.

El tiempo que se ha llevado la argumentación de “las partes” y la evaluación y análisis de la CIDH sobre las condiciones en las que se encuentra Nestora en el penal federal de Nayarit, es la mayor parte del tiempo que lleva Nestora con dolor físico, aislamiento injustificado, infecciones renales, maltrato verbal y psicológico, pérdida de vista y aumento de neuropatías en la columna cervical que le causan pérdida de movilidad en sus brazos; además de la obstaculización a una defensa legal adecuada, oportuna y eficiente. Todo ya ha especificado en diez páginas por la CIDH.

El extracto de la conclusión señala que:

“…la Comisión solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomiendan los especialistas; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.

Según la CIDH, de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, busca prevenir daños irreparables y solicita a los Estados implementar medidas cautelares que protejan la vida y la integridad física y psicológica de las personas. También dice promover y proteger los derechos humanos de las personas e incluso puede llevar un caso a la Corte ante una persistencia de violación de derechos humanos, a iniciativa propia o a solicitud de partes.

Sin embargo, Nestora Salgado García, detenida arbitrariamente por patrullas del ejército y de la Marina instalados en el estado de Guerrero, encarcelada en absoluta incomunicación durante los siguientes siete días de su detención el 21 de agosto de 2013, y en violación a la legalidad jurídica del sistema normativo indígena de Guerrero y de la misma Constitución mexicana, no fue beneficiada con esas tareas estratégicas que justifican la existencia de la CIDH. La atención prestada por esta institución interamericana hasta ahora sólo se logró con la solicitud expresa de los activistas de Seattle, Tomás Antkowiak y su esposa Alejandra Gonzo, impulsados principalmente por el esposo de Nestora, José Luis Ávila Báez.

No obstante, para el contexto mexicano relacionado con la defensa de los derechos humanos, no hay nada anómalo en ello; por el contrario, la resolución de la CIDH es percibida como una acción exitosa al pedir al Estado mexicano (el victimario) que implemente medidas cautelares para que proteja a una de sus propias víctimas. Pero vámonos un poco más despacio.

En la resolución, la CIDH señala que Nestora “había decidido convertirse en defensora de derechos humanos liderando la organización de un grupo de la Policía comunitaria de Olinalá”, ante la violencia y la corrupción política de la región. Si bien es cierto que la decisión final correspondía a Nestora, lo que olvida la CIDH es que su participación fue el resultado de una decisión colectiva de la comunidad bajo el régimen normativo de la Ley 701 y legalmente facultada por el Convenio Internacional 169 del derecho de los pueblos. Facultad que violó el Estado mexicano.

La CIDH tendría que cuidar sus fórmulas lingüísticas para dirigirse a las víctimas, y evitar la promoción de prejuicios sobre éstas. Nestora no tuvo un abanico de opciones en un contexto democrático, entre las que eligió ser defensora de derechos humanos como si se tratase de un oficio cualquiera, fue obligada por las circunstancias de extrema violencia en que las autoridades locales, vinculadas al narcotráfico, mantienen a las comunidades en régimen dictatorial y de terror. Asunto que no desconoce la CIDH, al margen del caso específico de Nestora.

Otro punto es que el papel que juega la CIDH en la presunta protección de los derechos humanos resulta no sólo pobre y discutible para las víctimas y sus familiares, sino además resulta cooperador con la parte victimaria. En el caso de Nestora Salgado, y no es el único por supuesto, es muy claro, porque incluso se avizora un sesgo de género, clase y etnia.

El hecho de ser mujer, con precariedad económica y líder de una comunidad indígena parecería haber influido en el trato recibido por la CIDH, en contraste con el caso, por ejemplo, de José Moisés Sánchez Cerezo, hombre, periodista, urbano, apoyado por la organización internacional Artículo 19 y miembro de una organización no gubernamental de derechos humanos que goza de prestigio en la capital de México. En este caso, la CIDH sólo tardó días para emitir una resolución sobre medidas cautelares después de su secuestro. Menciono ese caso sólo por ser de los más recientes.

Nestora fue secuestrada por el Estado mexicano y durante siete días su familia desconocía su paradero. Las autoridades usaron a las fuerzas armadas para perpetrar dicho crimen, y ahora se usa al personal de un penal federal para torturarla física y psicológicamente tergiversando sus funciones públicas y quebrando los principios éticos de quien sirve al sistema penitenciario mexicano. Se utiliza también a funcionarios judiciales para generarle daño irreparable como es el coartar su libertad por medio de delitos fabricados ampliamente evidenciados por la defensa de Nestora, como en su oportunidad lo difundió Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan al presentar las inconsistencias del expediente fabricado por Iñaki Blanco, criminal que estuvo al mando de la PGJE en 2013.

La CIDH sostiene que sus gestiones pretenden prevenir daños irreparables a las víctimas. Hemos de preguntarle si perder la libertad, siendo inocente, ¿no es un daño irreparable? Perder días, meses, años, sin abrazar a sus nietos, a sus hijas, a su esposo, no ver el mar, no ver los jardines de su casa, no poder realizar las actividades cotidianas de sentirse útil a la sociedad ¿no es acaso un daño emocional irreparable? ¿O la CIDH es tan miope que para ésta sólo existe la irreparabilidad en el daño físico?

En este contexto, los familiares de Nestora Salgado son prácticamente obligados a agradecer que las autoridades mexicanas hayan decidido recluirla en un penal federal, y no desaparecerla como a los 43 normalistas o a asesinarla como a la activista de derechos humanos Rocío Mesino Mesino. En ambos casos también de Guerrero, se trata de indígenas, pobres y denunciantes de la corrupción, narcotráfico y abusos de los gobernantes locales arropados por las instituciones del Estado. En el caso de los normalistas, la CIDH ofreció en ceremonia barroca su cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes, que hasta ahora ha sido nula pero que en ese momento de promesas mediáticas fortalecía su aparente legitimidad. En el segundo caso, Rocío Mesino ni siquiera aparece en el imaginario de la institución.

Aludir a la gravedad, urgencia y daños irreparables de la situación de Nestora a casi dos años de su reclusión injusta parece más una cortina de humo que un intento real de protección a su vida y a su integridad. Cuando indagamos de por qué la CIDH se había tardado tanto tiempo en otorgar medidas cautelares a Nestora, su esposo y principal activista José Luis Ávila señaló en conversación telefónica que el gobierno federal había alargado el proceso por las respuestas fabricadas que daba, y ellos habían tenido que realizar una investigación propia para desmentir a las autoridades mexicanas.

Si una de las tareas de las CIDH es tomar iniciativas en la protección de derechos humanos ¿por qué esperó un año en alegatos burocráticos y distractores de gobierno federal a sabiendas que la vida de Nestora está en riesgo cada día? Si la CIDH supo y reconoció la detención ilegal de Nestora así como las violaciones internacionales del sistema normativo indígena en las que incurrió el Estado mexicano ¿por qué en su resolución no dio prioridad a la liberación de Nestora, en vez de a su atención médica? ¿Por qué la CIDH se comporta como un juez para emitir una resolución, y define a las “partes” (víctima y victimario) como si estuvieran en igualdad de condiciones jurídicas, económicas y políticas?

La CIDH da al Estado mexicano un peso jurídico superior sobre Nestora. Es decir, para la visión de la CIDH, no importa la cantidad de recursos ni el origen de éstos que han movido representantes criminales del Estado mexicano para hacer valer su versión fabricada; mientras, la voz de Nestora Salgado apenas si se ha escuchado por la persistencia de sus familiares, periodistas independientes y activistas de derechos humanos.

La CIDH tampoco parecería tomar en cuenta, que los casos de violaciones de derechos humanos son propiciados por los agentes de un Estado criminal como lo es el de México, con todo lo que ello implica en el entramado del abuso de poder, corrupción y tráfico de influencias. Se trata de funcionarios que cometen actos delictivos respaldados por leyes, reglamentos e instituciones, esto es que manipulan un ordenamiento jurídico y utilizan a discreción recursos públicos y recursos del narcotráfico para lograr sus intereses.

En el caso de Nestora, su expediente fue fabricado por el mismo procurador del estado de Guerrero en turno, Iñaki Blanco, quien fue denunciado de recibir periódicamente dinero de grupos narcotraficantes locales. Pero también se presentó evidencia sobre la falsedad de los delitos contra Nestora, y pese a que fueron desestimados los cargos por el Poder Judicial federal la irracionalidad del funcionario local sigue pesando sobre la verdad.

Además, basta recordar las consecuencias de la trayectoria delictiva del acusador de Nestora y su impacto en la CIDH. Iñaki Blanco, desde la SIEDO, sirvió de testigo de cargo en el Distrito Federal en favor de otra criminal impune, Isabel Miranda de Wallace en la simulación del secuestro y homicidio de su hijo. En ese caso, sus declaraciones falsas contribuyeron al encarcelamiento de seis personas inocentes, cuatro de ellas condenadas por más de cien años de cárcel. Y uno de ellos, César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel por un delito que no cometió. Freyre pidió reiteradamente medidas cautelares en 2010 a la CIDH por las torturas físicas padecidas en el penal en más de veinte ocasiones para que se incriminara. Hasta la fecha, la CIDH no ha dado respuesta a la víctima.

La parcialidad de la CIDH, pues, privilegia a la “parte” que representa al Estado criminal, o donde ve una ventaja mediática, como en el caso de los 43 normalistas o del periodista secuestrado. En el caso de las víctimas sin poder, no muestra ninguna prisa por proteger sus derechos humanos, y en ello contribuye a los daños irreparables de las víctimas.

México ha sido transformado en un estado de terror donde las diferencias de grados son importantes. Decapitaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, represión, encarcelamientos injustos son los actos aberrantes incorporados con naturalidad a la maquinaria estatal. Esta maquinaria se integra por cada funcionario delincuente que toma decisiones para su beneficio desde el poder público y utiliza a la institución para aterrorizar. La filósofa política Hanna Arendt la llama “maquinaria del terror”, donde los poderes punitivos son puestos para la represión. En el mundo oscuro del Estado criminal mexicano, esta maquinaria del terror está en óptimo estado, mientras sus operadores fingen confundir reglamentación con opresión, y en ello participa la CIDH.

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Las urgencias de Andrés Manuel

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa.

El tiempo de la unidad y reconciliación se terminó. A dos años del término de su mandato, él decidió dejar de ser el presidente de los mexicanos y se convirtió en sujeto activo de una de las partes que contenderá por el poder.

A la luz de los desastres financieros, económicos, sociales y ecológicos que se avecinan al término de este sexenio, a Andrés Manuel le urge: 1) Consolidar a su partido, 2) Dejar en el poder a uno de sus fieles y 3) Consumar la militarización que mantenga el statu quo.

De no lograrlo, será el primer presidente de la república que pise la cárcel. Y es que el tamaño del desastre que se vislumbra en las obras estelares como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto AIFA es descomunal. Dejará al erario al borde del colapso, con una inflación galopante y un compromiso social mayúsculo.

Por eso su dramático “cambio de opinión” y la entrega indiscriminada de obras y funciones al Ejército y Marina. Gane quien gane, nadie se atreverá a pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Se mantendrán bajo reserva por más de un lustro, los datos del desastre.

Están documentados, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pagos indebidos en el Tren Maya y Dos Bocas; pagos de pensiones y becas a gente no inscrita en los padrones de adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. Tan sólo el gobierno federal acumula irregularidades por 11 mil 848 millones de pesos.

Otros 37 mil 917 millones corresponden a anomalías detectadas en las cuentas de estados y municipios. Ha sido, pues, un desfalco descomunal que se ha gestado en la actual administración y hoy tenemos padrones de 10 millones de pensiones y 11 millones de becas que no sabemos cómo vamos a mantener.

A esto debemos sumar desvíos por más de 2 mil millones de pesos por irregularidades en contratos de compra en el sector salud para el presunto combate al Covid19 pero que no se cumplieron, como fue el caso de los famosos ventiladores que nunca se entregaron.

El Tren Maya es el ejemplo más claro y monumental de los abusos y falta de planeación en que ha incurrido el régimen lobradorista, pasando por encima de la Constitución, de las leyes secundarias, de las comunidades y ejidos; de las reservas históricas y ecológicas.

Costará alrededor de 20 mil millones de dólares, tres veces más de la estimación inicial; cruzará la selva maya; mutilará miles de árboles y quedará asentado sobre cuevas de piedra caliza, que no garantizan seguridad para los pesados trenes que pasarán por ahí.

Bajo el eufemismo de “Seguridad Nacional”, toda la información de trazos, costos y daño ambiental se mantendrá bajo reserva por 5 años o más. AMLO dobló a los jueces, a la Suprema Corte, impuso su voluntad, y dejará en manos de los militares la protección, administración y usufructo financiero de la obra.

Tan sólo el caso SEGALMEX sería suficiente para fincar responsabilidades a varios del gabinete en la presente administración. En la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa, superiores a los ocho mil 600 millones de pesos.

Es una trama parecida a la ocurrida en Conasupo, antecesora de Segalmex, pero a la “N” potencia. AMLO la ha tratado de mantener en el silencio. Apenas en abril pasado, Leonel Cota Montaño fue designado nuevo director general del organismo descentralizado en sustitución de Ignacio Ovalle Fernández.

López Obrador mantiene protegido a este último, ahora como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Por eso el mandatario hace olas y tsunamis distractores, como la marcha del 27 de noviembre, con la que se siente renacido, fortalecido.

Pero es de escándalo el dispendio de recursos públicos; el uso y abuso de los puestos y recursos de la administración federal. René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, de Segalmex fue acusado penalmente en 2019 por este tipo de abusos.

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como:

  • Contratar a parientes cercanos
  • Incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios
  • Pagar a un guardaespaldas con recursos públicos.
  • Realizar despidos injustificados.

Está vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Segalmex para “invertir” en la bolsa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Además. es señalado de ser responsable de ​​la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.

Los abusos y el encubrimiento  

El uso y abuso es notorio. Así se vio con el desfile de más de 200 camiones para trasladar gente a la marcha del 27 de noviembre; la colocación de propaganda en espacios públicos y del Sistema de Transporte Colectivo. Todo, para demostrar que es un presidente adorado por más de 30 millones de mexicanos.

Pero nada de esto es nuevo. Desde el inicio de su mandato ha hecho todo lo legal e ilegal para blindar sus acciones y mantenerlas en la opacidad. Así, está reservada por 5 años o más toda la información referente a:

  • Planes de factibilidad de Santa Lucía y el AIFA
  • Contratos de la compra de vacunas para Covid19
  • Estudios clave del Fonatur sobre el Tren Maya.
  • Detalles sobre coberturas petroleras realizada por Hacienda
  • Informe del caso Tlahuelilpan y daños por ordeña de ductos de Pemex
  • Información del Culiacanazo y liberación de Ovidio Guzmán
  • Investigaciones sobre el general Cienfuegos hasta 2028
  • Venta del avión presidencial
  • Venta de acero proveniente del fallido aeropuerto de Texcoco

 

Pueblo dócil  

Por todo esto, resulta preocupante la docilidad con la que el pueblo mexicano va al matadero. López Obrador sabe que constitucionalmente no puede modificar ya el tamaño de las Cámaras de Diputados y Senadores, ni del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, no está claro si legalmente el gobierno federal puede adjudicarse el control del padrón electoral y del listado nominal, como lo tenía antes el PRI. Tampoco se sabe si puede cambiar de nombre al INE, para incluir entre sus funciones las consultas populares.

Ese pequeñísimo cambio es fundamental, pues implica una modificación jurídico-administrativa que implicaría sustituir la credencial de elector actual, lo que permitiría al régimen controlar el listado electoral y el principal documento con los datos completos de los ciudadanos. Así empezó la dictadura de Venezuela.

El caso de Venezuela nos parece tan ajeno y distante, que ni en nuestros peores sueños podemos imaginarnos tan cerca de una dictadura de ese tamaño, pero la reforma electoral que se avecina nos puede colocar en esa situación. Por eso la radicalización del discurso de AMLO.

Andrés Manuel se ha quedado ya sin posibilidad de reconciliación o de tregua. La polarización es su único camino porque, en medio de la calma, sus detractores lo harán pedazos y lloverán las demandas penales en su contra. De ahí esos nuevos intentos de victimización: “todos nos atacan, es una campaña brutal

Sí, la del 27N fue una especie de tsunami, pero el que se avecina para fines de sexenio puede ser descomunal. Dios nos agarre confesados.

El presidente miente todos los días. No hay mejora. Al 53% de los mexicanos no le alcanza para cubrir el consumo de la canasta básica; el Producto Interno Bruto per cápita es de los más bajos del mundo y casi el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) vive de la informalidad.

¿De qué demonios sirve, en esas circunstancias, decretar un salario mínimo que no llegará a todos y que sólo sirve para tasar costos y pagos de impuestos? El príncipe de las mareas, el amo de las manifestaciones y la protesta, hoy se queja de los reclamos de la oposición.

“Andanada brutal”, “Acción concertada”, le llama a la inconformidad de la sociedad. Van más de 140 mil asesinatos violentos en el país y matan por igual a ciudadanos que a jueces.

Vivimos un caso parecido al de la selección de futbol mexicana: la gente sabe que no da para más, pero mantiene la esperanza, la fe, aunque no existan posibilidades.

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Con voz propia

Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

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En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

La editora recomienda: Acusan despojo de predio donado por gobierno de Hidalgo

Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

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La persecución del periodismo independiente en México: Seminario Kapuscinski en Chihuahua

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La violencia contra el periodismo independiente y quienes lo ejercen se mostró en el Seminario Kapuscinski

 

Por Miguel Montesinos León

El fin de semana fue muy intenso en la vida política nacional, sin embargo, los medios masivos de información no hicieron eco del asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul en Veracruz.

Durante los cuatro años de este gobierno, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos se acrecentó a tal grado que para la sociedad es normal la persecución, la fabricación de carpetas de investigación en contra de periodistas qué sufren persecución, encarcelamientos injustos o son asesinados por decir la verdad.

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En el X Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, fundado por la Universidad Miguel Hernández, de Elche España, y que ahora se realizó en Chihuahua por primera vez, del 16 al 18 de noviembre, donde periodistas de diversos países expusieron los peligros y desafíos de la prensa, específicamente de medios y periodistas independientes que manifestaron su preocupación por la ola de violencia en contra del gremio periodístico en México. Un seminario qué cruzo el Atlántico para darle vida al periodismo, que en palabras de los conferencistas de talla internacional se encuentra postrado al poder político de México.

Marco Lara Klahr, en su ponencia destacó la importancia del periodismo en su magistral participación denominada Acoso, desprestigio y criminalización de periodistas, en la que destacó que el periodismo no es un oficio, porque no se basa en prácticas reiterativas. El periodismo es una función crecientemente compleja, el periodismo es una profesión. El periodismo se ejerce en el marco de un derecho humano qué es la libertad de expresión, en un segundo nivel al ser un derecho humano es un mecanismo de información, especificó el ponente.

El periodismo mexicano, en efecto, está postrado al poder político porque muchísimos periodistas que ejercían de contrapeso democrático ahora son voceros del gobierno en turno. Periodistas como voceros oficiosos que antes ejercían el saludable contrapeso democrático en la sociedad mexicana. Pero el periodismo está de luto en ese sentido, y en ese sentido el periodismo ha dejado de ser el cuarto poder.

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Hoy en la boca de populistas como López Obrador o Bukele el cuarto poder es algo denigrante. Sin embargo, cuando el periodismo ejerce la función de cuarto poder en un sentido de contrapeso de los otros tres poderes, se vuelve un poder necesario, indispensable para la salud democrática, porque sin periodismo profesional, que sirva de contrapeso, no hay salud democracia.

¿Dónde dice qué la libertad de expresión es un derecho humano y tiene contraprestaciones?, pregunta Lara Klahr ante la audiencia del seminario.

Está en los tratados internacionales, específicamente está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en el Artículo 19, y está en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y también está en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo sexto de la Constitución Mexicana donde se establece el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano.

No obstante, el periodismo está postrado hoy en México, y tiene que recapitalizarse.

¿Quién es el sujeto obligado, quién está obligado a garantizar el derecho humano a la libertad de expresión? De acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución mexicana la obligación de garantizar la libertad de expresión es del Estado, y en consecuencia quienes ejercen el poder público. Ese sujeto obligado de acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución está obligado a respetarla, está obligado a protegerla, pero ahora en México tenemos un presidente qué es el redactor en jefe, es el que arma las primeras planas a la luz de los Guacamaya Leaks.

En esta magistral conferencia el maestro Marco Lara dejó en claro que los medios están postrados al poder público ya que dependen del presupuesto público y por ende no pueden morder la mano de quien les da de comer. Es de suma importancia que los periodistas profesionales sean independientes, pero eso en México se traduce en persecución política, fabricación de carpetas penales o incluso en asesinato.

El caso del periodista Héctor Valdez, quien acudió a Palacio Nacional y le pidió la protección y apoyo al presidente de México lleva dos años preso en el penal de Santa Martha Acatitla, caso que fue expuesto en Chihuahua en el marco del seminario, al igual que las agresiones, amenazas de muerte y persecución al periodista Alfredo Griz.

El periodismo en México tiene que empoderarse, tener aliados, crear redes internacionales, volver a inyectarle la dignidad para ser un pilar en la democracia. De lo contrario, será más de lo mismo, cárcel, muerte o exilio, fueron parte de las conclusiones del evento en los salones de Palacio Nacional del gobierno del estado de Chihuahua, donde se habló sin tapujos de los problemas del ejercicio de la libertad de expresión.

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