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Con voz propia

El papel de la CIDH, cooperador con el Estado criminal: Caso Nestora

El caso Nestora Salgado ha sido uno de los más descuidados por las instituciones de derechos humanos, causándole daños irreparables a su vida y a su salud

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Guadalupe Lizárraga

Después de un año y un mes que le fue solicitada la atención del caso Nestora Salgado respecto a medidas cautelares y liberación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el pasado 28 de enero de 2015 que la situación de Nestora es grave, urgente y con probabilidad de daños irreparables en cuanto a su salud física.

El tiempo que se ha llevado la argumentación de “las partes” y la evaluación y análisis de la CIDH sobre las condiciones en las que se encuentra Nestora en el penal federal de Nayarit, es la mayor parte del tiempo que lleva Nestora con dolor físico, aislamiento injustificado, infecciones renales, maltrato verbal y psicológico, pérdida de vista y aumento de neuropatías en la columna cervical que le causan pérdida de movilidad en sus brazos; además de la obstaculización a una defensa legal adecuada, oportuna y eficiente. Todo ya ha especificado en diez páginas por la CIDH.

El extracto de la conclusión señala que:

“…la Comisión solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomiendan los especialistas; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.

Según la CIDH, de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, busca prevenir daños irreparables y solicita a los Estados implementar medidas cautelares que protejan la vida y la integridad física y psicológica de las personas. También dice promover y proteger los derechos humanos de las personas e incluso puede llevar un caso a la Corte ante una persistencia de violación de derechos humanos, a iniciativa propia o a solicitud de partes.

Sin embargo, Nestora Salgado García, detenida arbitrariamente por patrullas del ejército y de la Marina instalados en el estado de Guerrero, encarcelada en absoluta incomunicación durante los siguientes siete días de su detención el 21 de agosto de 2013, y en violación a la legalidad jurídica del sistema normativo indígena de Guerrero y de la misma Constitución mexicana, no fue beneficiada con esas tareas estratégicas que justifican la existencia de la CIDH. La atención prestada por esta institución interamericana hasta ahora sólo se logró con la solicitud expresa de los activistas de Seattle, Tomás Antkowiak y su esposa Alejandra Gonzo, impulsados principalmente por el esposo de Nestora, José Luis Ávila Báez.

No obstante, para el contexto mexicano relacionado con la defensa de los derechos humanos, no hay nada anómalo en ello; por el contrario, la resolución de la CIDH es percibida como una acción exitosa al pedir al Estado mexicano (el victimario) que implemente medidas cautelares para que proteja a una de sus propias víctimas. Pero vámonos un poco más despacio.

En la resolución, la CIDH señala que Nestora “había decidido convertirse en defensora de derechos humanos liderando la organización de un grupo de la Policía comunitaria de Olinalá”, ante la violencia y la corrupción política de la región. Si bien es cierto que la decisión final correspondía a Nestora, lo que olvida la CIDH es que su participación fue el resultado de una decisión colectiva de la comunidad bajo el régimen normativo de la Ley 701 y legalmente facultada por el Convenio Internacional 169 del derecho de los pueblos. Facultad que violó el Estado mexicano.

La CIDH tendría que cuidar sus fórmulas lingüísticas para dirigirse a las víctimas, y evitar la promoción de prejuicios sobre éstas. Nestora no tuvo un abanico de opciones en un contexto democrático, entre las que eligió ser defensora de derechos humanos como si se tratase de un oficio cualquiera, fue obligada por las circunstancias de extrema violencia en que las autoridades locales, vinculadas al narcotráfico, mantienen a las comunidades en régimen dictatorial y de terror. Asunto que no desconoce la CIDH, al margen del caso específico de Nestora.

Otro punto es que el papel que juega la CIDH en la presunta protección de los derechos humanos resulta no sólo pobre y discutible para las víctimas y sus familiares, sino además resulta cooperador con la parte victimaria. En el caso de Nestora Salgado, y no es el único por supuesto, es muy claro, porque incluso se avizora un sesgo de género, clase y etnia.

El hecho de ser mujer, con precariedad económica y líder de una comunidad indígena parecería haber influido en el trato recibido por la CIDH, en contraste con el caso, por ejemplo, de José Moisés Sánchez Cerezo, hombre, periodista, urbano, apoyado por la organización internacional Artículo 19 y miembro de una organización no gubernamental de derechos humanos que goza de prestigio en la capital de México. En este caso, la CIDH sólo tardó días para emitir una resolución sobre medidas cautelares después de su secuestro. Menciono ese caso sólo por ser de los más recientes.

Nestora fue secuestrada por el Estado mexicano y durante siete días su familia desconocía su paradero. Las autoridades usaron a las fuerzas armadas para perpetrar dicho crimen, y ahora se usa al personal de un penal federal para torturarla física y psicológicamente tergiversando sus funciones públicas y quebrando los principios éticos de quien sirve al sistema penitenciario mexicano. Se utiliza también a funcionarios judiciales para generarle daño irreparable como es el coartar su libertad por medio de delitos fabricados ampliamente evidenciados por la defensa de Nestora, como en su oportunidad lo difundió Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan al presentar las inconsistencias del expediente fabricado por Iñaki Blanco, criminal que estuvo al mando de la PGJE en 2013.

La CIDH sostiene que sus gestiones pretenden prevenir daños irreparables a las víctimas. Hemos de preguntarle si perder la libertad, siendo inocente, ¿no es un daño irreparable? Perder días, meses, años, sin abrazar a sus nietos, a sus hijas, a su esposo, no ver el mar, no ver los jardines de su casa, no poder realizar las actividades cotidianas de sentirse útil a la sociedad ¿no es acaso un daño emocional irreparable? ¿O la CIDH es tan miope que para ésta sólo existe la irreparabilidad en el daño físico?

En este contexto, los familiares de Nestora Salgado son prácticamente obligados a agradecer que las autoridades mexicanas hayan decidido recluirla en un penal federal, y no desaparecerla como a los 43 normalistas o a asesinarla como a la activista de derechos humanos Rocío Mesino Mesino. En ambos casos también de Guerrero, se trata de indígenas, pobres y denunciantes de la corrupción, narcotráfico y abusos de los gobernantes locales arropados por las instituciones del Estado. En el caso de los normalistas, la CIDH ofreció en ceremonia barroca su cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes, que hasta ahora ha sido nula pero que en ese momento de promesas mediáticas fortalecía su aparente legitimidad. En el segundo caso, Rocío Mesino ni siquiera aparece en el imaginario de la institución.

Aludir a la gravedad, urgencia y daños irreparables de la situación de Nestora a casi dos años de su reclusión injusta parece más una cortina de humo que un intento real de protección a su vida y a su integridad. Cuando indagamos de por qué la CIDH se había tardado tanto tiempo en otorgar medidas cautelares a Nestora, su esposo y principal activista José Luis Ávila señaló en conversación telefónica que el gobierno federal había alargado el proceso por las respuestas fabricadas que daba, y ellos habían tenido que realizar una investigación propia para desmentir a las autoridades mexicanas.

Si una de las tareas de las CIDH es tomar iniciativas en la protección de derechos humanos ¿por qué esperó un año en alegatos burocráticos y distractores de gobierno federal a sabiendas que la vida de Nestora está en riesgo cada día? Si la CIDH supo y reconoció la detención ilegal de Nestora así como las violaciones internacionales del sistema normativo indígena en las que incurrió el Estado mexicano ¿por qué en su resolución no dio prioridad a la liberación de Nestora, en vez de a su atención médica? ¿Por qué la CIDH se comporta como un juez para emitir una resolución, y define a las “partes” (víctima y victimario) como si estuvieran en igualdad de condiciones jurídicas, económicas y políticas?

La CIDH da al Estado mexicano un peso jurídico superior sobre Nestora. Es decir, para la visión de la CIDH, no importa la cantidad de recursos ni el origen de éstos que han movido representantes criminales del Estado mexicano para hacer valer su versión fabricada; mientras, la voz de Nestora Salgado apenas si se ha escuchado por la persistencia de sus familiares, periodistas independientes y activistas de derechos humanos.

La CIDH tampoco parecería tomar en cuenta, que los casos de violaciones de derechos humanos son propiciados por los agentes de un Estado criminal como lo es el de México, con todo lo que ello implica en el entramado del abuso de poder, corrupción y tráfico de influencias. Se trata de funcionarios que cometen actos delictivos respaldados por leyes, reglamentos e instituciones, esto es que manipulan un ordenamiento jurídico y utilizan a discreción recursos públicos y recursos del narcotráfico para lograr sus intereses.

En el caso de Nestora, su expediente fue fabricado por el mismo procurador del estado de Guerrero en turno, Iñaki Blanco, quien fue denunciado de recibir periódicamente dinero de grupos narcotraficantes locales. Pero también se presentó evidencia sobre la falsedad de los delitos contra Nestora, y pese a que fueron desestimados los cargos por el Poder Judicial federal la irracionalidad del funcionario local sigue pesando sobre la verdad.

Además, basta recordar las consecuencias de la trayectoria delictiva del acusador de Nestora y su impacto en la CIDH. Iñaki Blanco, desde la SIEDO, sirvió de testigo de cargo en el Distrito Federal en favor de otra criminal impune, Isabel Miranda de Wallace en la simulación del secuestro y homicidio de su hijo. En ese caso, sus declaraciones falsas contribuyeron al encarcelamiento de seis personas inocentes, cuatro de ellas condenadas por más de cien años de cárcel. Y uno de ellos, César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel por un delito que no cometió. Freyre pidió reiteradamente medidas cautelares en 2010 a la CIDH por las torturas físicas padecidas en el penal en más de veinte ocasiones para que se incriminara. Hasta la fecha, la CIDH no ha dado respuesta a la víctima.

La parcialidad de la CIDH, pues, privilegia a la “parte” que representa al Estado criminal, o donde ve una ventaja mediática, como en el caso de los 43 normalistas o del periodista secuestrado. En el caso de las víctimas sin poder, no muestra ninguna prisa por proteger sus derechos humanos, y en ello contribuye a los daños irreparables de las víctimas.

México ha sido transformado en un estado de terror donde las diferencias de grados son importantes. Decapitaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, represión, encarcelamientos injustos son los actos aberrantes incorporados con naturalidad a la maquinaria estatal. Esta maquinaria se integra por cada funcionario delincuente que toma decisiones para su beneficio desde el poder público y utiliza a la institución para aterrorizar. La filósofa política Hanna Arendt la llama “maquinaria del terror”, donde los poderes punitivos son puestos para la represión. En el mundo oscuro del Estado criminal mexicano, esta maquinaria del terror está en óptimo estado, mientras sus operadores fingen confundir reglamentación con opresión, y en ello participa la CIDH.

Con voz propia

Foro Público: La tragedia de Tula que pudo evitarse

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Foro Público

La semana pasada el municipio de Tula vivió la peor inundación en los últimos 40 años, debido al desbordamiento del río Tula, el cual es uno de los más contaminados del mundo y que dejó más de 3 mil viviendas afectadas en nueve municipios, sin embargo, este desastre pudo evitarse con una adecuada coordinación de las autoridades municipales, estatales y federales.

Luego de que 17 personas fallecieron por falta de atención médica ante la falta de suministro de energía eléctrica en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tula, surgen las dudas en torno a los responsables de la administración pública que no previeron los efectos de una inundación con estas dimensiones.

Si bien es cierto que la inundación fue atípica, las autoridades federales, estatales y municipales debieron pronosticar diferentes escenarios fatales sobre las consecuencias de mantener viviendas humanas en las laderas de uno de los ríos más contaminados del mundo, pues en cualquier momento representarían un riesgo para la población.

Los municipios del Valle del Mezquital fueron de los más afectados, pero no sólo por las recientes lluvias, sino también por el desbordamiento de las principales presas cercanas y los túneles emisores oriente y centro provenientes de la Ciudad de México y que provocan afectaciones para la población.

La región de Tula históricamente ha sido una de las más abandonadas por la Federación por los elevados niveles de contaminación causados por la presencia de la refinería Miguel Hidalgo, así como de la termoeléctrica, las caleras y cementeras que arrojan sus desechos en el río, así como los residuos sólidos y líquidos generados en la Ciudad de México, por lo que la población de esa zona ha estado en el abandono por años.

Las autoridades federales deben abrir una investigación correspondiente para verificar la responsabilidad de los encargados de alertar sobre la creciente del río Tula y que afectó a los trabajadores del Hospital del IMSS, en el que fallecieron 17 personas y que pudo ser evitado de contar con las medidas preventivas correspondientes.

El gobierno federal históricamente se ha olvidado de Tula, una región rica en cultura y tradiciones que recuerda el apogeo de la civilización tolteca debe resarcir los daños de miles de personas que perdieron sus pertenencias por dejar que el municipio se convierta en un basurero permanente para la Ciudad de México y el Estado de México.

Ahora, las autoridades han anunciado que investigarán los hechos ocurridos para prevenir que se presenten nuevos incidentes similares, sin embargo, dados los antecedentes de la escasa justicia existente por desastres que pudieron ser evitados y cuyos resultados son deficientes, no es de extrañar que se repita esta tendencia en lo que resta de este año.

Tula es un municipio que requiere un saneamiento profundo con el apoyo de las autoridades de todos los niveles para lograr una recuperación sostenible para revertir los efectos adversos en el medio ambiente tanto en el suelo como en el agua y el aire, que durante años han sido afectados.

Las condiciones sanitarias serán en los próximos días adversas y se requerirán del apoyo permanente de las autoridades para lograr una recuperación efectiva y transversal en beneficio de los más afectados, además de invertir recursos extraordinarios para impulsar obras que desvíen los residuos sólidos de la región y se fomente como una política obligatoria el tratamiento de las aguas residuales que siguen siendo un foco de infección permanente, principalmente para la población más vulnerable.

Nota aparte: Los municipios de Hidalgo necesitan una inversión económica necesaria para lograr la recuperación de las viviendas y comercios que se perdieron por el paso de las aguas negras en la región sur, así como en el Valle del Mezquital.

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Con voz propia

¿Cristóbal Colón o una alienígena en Paseo de la Reforma en CDMX?

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Por Alberto Farfán

Es sumamente importante destacar la petición que se está llevando a cabo en el sitio web Change.org (12/09/21) con relación a la exigencia de un número importante de mexicanos con el objetivo de que la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), restituya la estatua de Cristóbal Colón en la avenida Paseo de la Reforma en la glorieta del nombre del navegante genovés.

Al revisar el texto en mención debo confesar que me parece que los argumentos esgrimidos cumplen con cierta cohesión y coherencia, lo cual frente a estos hechos es lo que corresponde, pues al ser perpetrados por la máxima autoridad de la CDMX el nivel de la fundamentación debía ser clara e inobjetable.

Para el autor de esta petición, el problema radica cuando Sheinbaum el 10 de octubre del 2020 ordena retirar el monumento a Colón de su ubicación tradicional, debido a que con ello violó flagrantemente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Entre otros elementos encontramos que Sheinbaum simplemente urdió una supuesta acción de mantenimiento de la estatua, pero que después de casi un año no hay resultados ni explicación alguna sobre su restauración. Y debido a esta opacidad, debería aplicársele el artículo 48 de la ley en comento, que dice: “Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de tres mil a quince mil pesos”. Y sí, pues hasta la fecha la ciudadanía ignora qué ha ocurrido con la pieza histórica en cuestión.

Peor aún, escribe el autor: “Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos”.

Al final de su texto, el impulsor reitera su exigencia a Sheinbaum y a María Teresa Franco, directora del INAH, es decir, que se restablezca de inmediato la estatua de Colón, y que a la o a las culpables les apliquen las penas establecidas en la mencionada ley. Luego asevera que es inadmisible que por elementos ideológicos “populistas” y por la absurda visión “revisionista de la historia” de Sheinbaum ésta pretenda marginar a la gran multitud de mexicanos que se oponen a la abyecta prohibición del histórico Cristóbal Colón en el lugar en que siempre se situó.

Y en efecto, en tanto los mexicanos no asumamos que en cuanto tales somos el resultado genético del entreveramiento de los pueblos español e indígena, fundamentalmente, cuya resultante es el mestizaje, del cual nace y se nutre la esencia mexicana contemporánea, jamás podremos avanzar hacia ningún lado y caeremos en el negacionismo muy en boga, que no es más que rechazar un hecho histórico que se asume desagradable.

 Finalmente, debo señalar que la figura que han elegido unilateralmente desde el poder, el rostro de una presunta indígena olmeca con el nombre de “Tlali”, cuyo perpetrador es Pedro Reyes, a quien esto escribe y a muchos otros colegas esa faz nos remite más a un alienígena ─si es que existen o por lo menos así los conocemos por la cinematografía hollywoodense─ que a una genuina mujer autóctona. Pero bueno, tenía que decirlo y lo dije. Por cierto, al cierre de esta columna la petición de que hemos hablado ha llegado ya a las más de 16 mil firmas; en oposición a una que demandaba lo contrario, que sólo tiene 32 (sí, treintaidós) firmantes.

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Con voz propia

Las tres diabólicas trinidades: conexiones

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Historias para armar la Historia

Por Ramsés Ancira

Tres terremotos, dos políticos y uno de carácter sísmico, han sacudido a México en los últimos días. El telúrico, que fue marcado el 7 de septiembre de 2021, había tenido un antecedente casi exactamente cuatro años antes, el 7 de septiembre de 2019. Los políticos, cuando el 23 de agosto de 2021, los presidentes del PRI, PAN y PRD, acudieron a Washington para buscar por la fuerza lo que se ven imposibilitados a ganar en las urnas. Este acto tiene un antecedente histórico ocurrido el 26 de septiembre de 1859, cuando Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón firmó un tratado para restablecer relaciones con España, comprometiéndose a pagarles enormes cantidades, a cambio de ayudarlos a echar atrás las leyes de Reforma.

El tratado de Mon Almonte, nos informa la cada vez más imprescindible Wikipedia, ratificaba el Convenio de 1853, en el que Santa Anna se comprometió a pagar una deuda que provenía desde la época del Virreinato.

Los conservadores obtuvieron el préstamo y con el apoyo de Francia lograron imponer a Maximiliano. Sin embargo, al triunfo de los liberales, México tuvo que pagar de todas maneras la deuda a la que se comprometieron los mismos que se empeñaron en derrocar al gobierno.

Cualquier semejanza con la visita que hicieron Zambrano, Alito y Cortes al golpista presidente de la OEA, Luis Almagro (recordemos el golpe de estado fáctico en Bolivia), no es mera coincidencia. Por cierto, al Cortés que nos referimos no es Hernán, sino Marko, presidente del Partido Acción Nacional, una de cuyas facciones está fuertemente vinculada a El Yunque.

Nepomuceno Álvarez, quien quiso revertir el trabajo que con la vida pagó su padre José María Morelos y Pavón (el más brillante militar de la guerra de Independencia, el que mejor interpretó el ideal de este Movimiento en sus Sentimientos de la Nación) tiene otras semejanzas dignas de destacar con Jesús Zambrano) Ambos fueron hombres de armas, Juan Nepomuceno fue militar y participó en la batalla del Álamo; Zambrano fue integrante de la liga 23 de septiembre.

Nepomuceno se negó a firmar la “Ley de Manos Muertas” que expropiaba los bienes de la Iglesia, los cuales se mantenían con carácter meramente especulativo, subían de valor, pero no le servían a nadie. Zambrano y tampoco lo digo yo, sino que se puede encontrar textualmente en Wikipedia “fue nombrado el 3 de marzo de 2018 como coordinador de campañas locales del PRD en la campaña de Ricardo Anaya Cortés”.

Ricardo Anaya es integrante del PAN; una parte destacada del PAN, está identificada con El Yunque, que a su vez es aliado de VOX, un partido español que tiene principios parecidos a los de Juan María Almonte:  entrometerse en la política de México, principalmente a través de empresas de extrema derecha que quieren exactamente lo mismo que Cortés en 1521, usufructuar las riquezas nacionales, y exactamente con los mismos procedimientos.

Hernán se justificaba con el argumento de que a los “indios”, había que quitarles lo idólatras. Los Abascal, Santiago, el español, y Rodrigo, el mexicano, coinciden en que a los mexicanos hay que quitarnos “lo comunistas”.

En la boda de Rodrigo Abascal Olascoaga, estuvieron presentes dos destacados panistas ligados con El Yunque, Felipe Calderón, y Margarita Zavala, si esto es o no trascendente lo juzgarán ustedes como lectores, con la información que encontrarán más adelante.

Ambos Abascal, hombres de crucifijo en mano, coinciden en tres costumbres que podríamos llamar diabólicas: A los dos les gusta maltratar a sus esposas; los dos han construido sus fortunas a través del dinero que obtienen sus partidos políticos del erario público, Rodrigo en el PAN, y Santi, como se abrevia en su cuenta de Twitter, con VOX. Finalmente, ambos están relacionados por El Yunque, organización secreta, pero que gracias a Wikileaks, ahora sabemos que cuenta con rostros para dar la cara a la sociedad. En España se registró como “Organización del bien Común”, pero en México se identifica con dos nombres, uno de ellos, para acabarla de amolar, en inglés: CitizenGO y el otro también juntando las dos palabras, aunque se forme un gazapo, HazteOír

CitizenGO es una de las organizaciones (la tercera en orden de aparición) que firmó el desplegado en el que amenazan a los legisladores de Movimiento Ciudadano en Jalisco para que se conservara la criminalización de las mujeres que voluntaria o involuntariamente padecieran un aborto. Esta es una de las razones por las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir directamente, ante la infiltración en el congreso de diputados como Lily Téllez que promueven leyes fascistas y discriminatorias, con  las que por cierto solo encarcelaban a mujeres pobres.

La otra diabólica trinidad:  Genaro García Luna, El PANYYUNQUE y el Caso Wallace

Para quienes son consumidores recurrentes de noticias no pasará desapercibido que el poder político y económico de Isabel Miranda de Wallace, creció durante la administración de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Esto ha quedado ampliamente documentado en la investigación periodística El Falso Caso Wallace, del que extraemos algunos datos para sinterizar la historia.

Pero antes de llegar a esto retrocedamos en el tiempo: En 1998, cuando Salvador Martínez de la Roca, ex líder estudiantil de 1968, fungía como jefe delegacional en Tlalpan fue detenida Isabel Miranda Torres, quien también se hace llamar Isabel Miranda de Wallace, por los cargos de tentativa de homicidio y resistencia de particulares.

La señora, quien fungía como propietaria del negocio de carteles espectaculares Showcase, había atentado contra un trabajador que sólo cumplía con la orden de retirar un anuncio implantado en una zona ambientalmente protegida. También participo su hijo Hugo Alberto, quien alcanzó a escapar. Ella sin embargo fue consignada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Lo paradójico es que pese a haber sido acusada por una administración del gobierno del entonces Distrito Federal, quien la liberó después de 5 días fue el abogado Ricardo Martínez Chávez​, quien también trabajaba en la Procuraduría General de Justicia y solo permaneció el cargo de “desacato a la autoridad”. El titular de la procuraduría era Miguel Ángel Mancera.

En el año 2010, el presidente Felipe Calderón entrega por primera vez el Premio Nacional de Derechos Humanos a una persona con antecedentes penales: Isabel Miranda de Wallace.  En los dos años anteriores el galardón había sido entregado a Enrique Morones Careaga, por su promoción y defensa de derechos humanos de los migrantes y a Esther Chávez Cano, quien fue una de las primeras personas en documentar y exponer a nivel internacional los feminicidios en Ciudad Juárez.

En 2012 Isabel Miranda de Wallace, quien con el aval de Felipe Calderón fue la candidata de Acción Nacional a la jefatura de gobierno del distrito federal debatió con Miguel Ángel Mancera, candidato del PRD. La venció con notable ventaja, sin embargo, nunca mencionó los antecedentes penales de quien ahora ya tenía fama de activista, más que de empresaria, como ocurrió al ser encarcelada.

Apoteosis: donde todo lo anterior encuentra una conexión sorprendente

El 25 de agosto del 2021 The New York Times, publicó una versión en español de una columna originalmente escrita en inglés por Ben Smith.  Transcribo textualmente, algunos fragmentos

“Un grupo de afganos que trabajaron para The New York Times aterrizó, junto con sus familias, de manera segura la madrugada del miércoles. No en Nueva York o Washington, sino en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”

Y más adelante: “El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en que la situación se movía con mucha rapidez y había que tomar la decisión con la misma rapidez, dijo Ebrard en una entrevista esta semana”.

“Vimos esta solicitud no como política exterior entre México y Estados Unidos”, continuó. “Más bien, es una toma de posición simple entre alguien que fue reportero en Kabul hace algunos años y yo, que estaba en la posición de tomar algunas decisiones”.

Ben Smith, uno de los columnistas más destacados de The New York Times, dijo en otra parte algo que podríamos traducir a la mexicana con el refrán “Lo cortés no quita lo valiente”, pero digámoslo en sus propias palabras.

“Estamos profundamente agradecidos por la ayuda y generosidad del gobierno de México”, dijo en un correo electrónico A.G. Sulzberger, editor y presidente de The New York Times. “Su ayuda ha sido invaluable para poner a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo”.

Sulzberger dijo que el apoyo no afectaría la cobertura del Times sobre México y lo describió como un asunto humanitario, observando que “todos los que nos han asistido comprenden que nuestra cobertura es total y completamente independiente”. Las negritas son responsabilidad del autor y tienen por objeto subrayar lo sigue.

Trascendió que The Washington Post prepara, para empezar un editorial donde se habla del trabajo de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, quien atacaba selectivamente a grupos de narcotraficantes, para brindarles paso franco a otros.

Genaro García Luna fue cómplice en la tortura, aprehensión y vuelta a torturar de los acusados por Isabel Miranda, en el triple presunto homicidio, de la diabólica trinidad (porque son tres personas en un solo cuerpo, eso sí, de talla extragrande)  de Hugo Alberto Miranda Torres, Hugo Alberto León Miranda y Hugo Alberto Wallace Miranda.

Hugo Alberto también había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un contrabando, no se supo bien de qué, pero en la agencia del Ministerio Público de Coyoacán a la que fue irregularmente conducido, pese a que se trataba de un delito federal, supuestamente lo acusaron de contrabando de piezas de motocicleta.

El trascendido es que The New York Times sigue las pistas de la alianza entre políticos del PAN y VOX para obtener financiamiento a través de grupos de narcotraficantes protegidos por García Luna. Por otra parte “Alto al Secuestro”, la Asociación Civil que preside Miranda de Wallace. ha recibido millones de pesos de donativos de gobiernos del PAN, sin contar con los contratos de espectaculares de Showcase, que le brindaron gobiernos, supuestamente de diversas ideologías.

Las conexiones las dejamos al arbitrio de nuestras lectoras y lectores.

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