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El papel de la CIDH, cooperador con el Estado criminal: Caso Nestora

El caso Nestora Salgado ha sido uno de los más descuidados por las instituciones de derechos humanos, causándole daños irreparables a su vida y a su salud

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Guadalupe Lizárraga

Después de un año y un mes que le fue solicitada la atención del caso Nestora Salgado respecto a medidas cautelares y liberación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el pasado 28 de enero de 2015 que la situación de Nestora es grave, urgente y con probabilidad de daños irreparables en cuanto a su salud física.

El tiempo que se ha llevado la argumentación de “las partes” y la evaluación y análisis de la CIDH sobre las condiciones en las que se encuentra Nestora en el penal federal de Nayarit, es la mayor parte del tiempo que lleva Nestora con dolor físico, aislamiento injustificado, infecciones renales, maltrato verbal y psicológico, pérdida de vista y aumento de neuropatías en la columna cervical que le causan pérdida de movilidad en sus brazos; además de la obstaculización a una defensa legal adecuada, oportuna y eficiente. Todo ya ha especificado en diez páginas por la CIDH.

El extracto de la conclusión señala que:

“…la Comisión solicitó al Estado de México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomiendan los especialistas; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.

Según la CIDH, de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, busca prevenir daños irreparables y solicita a los Estados implementar medidas cautelares que protejan la vida y la integridad física y psicológica de las personas. También dice promover y proteger los derechos humanos de las personas e incluso puede llevar un caso a la Corte ante una persistencia de violación de derechos humanos, a iniciativa propia o a solicitud de partes.

Sin embargo, Nestora Salgado García, detenida arbitrariamente por patrullas del ejército y de la Marina instalados en el estado de Guerrero, encarcelada en absoluta incomunicación durante los siguientes siete días de su detención el 21 de agosto de 2013, y en violación a la legalidad jurídica del sistema normativo indígena de Guerrero y de la misma Constitución mexicana, no fue beneficiada con esas tareas estratégicas que justifican la existencia de la CIDH. La atención prestada por esta institución interamericana hasta ahora sólo se logró con la solicitud expresa de los activistas de Seattle, Tomás Antkowiak y su esposa Alejandra Gonzo, impulsados principalmente por el esposo de Nestora, José Luis Ávila Báez.

No obstante, para el contexto mexicano relacionado con la defensa de los derechos humanos, no hay nada anómalo en ello; por el contrario, la resolución de la CIDH es percibida como una acción exitosa al pedir al Estado mexicano (el victimario) que implemente medidas cautelares para que proteja a una de sus propias víctimas. Pero vámonos un poco más despacio.

En la resolución, la CIDH señala que Nestora “había decidido convertirse en defensora de derechos humanos liderando la organización de un grupo de la Policía comunitaria de Olinalá”, ante la violencia y la corrupción política de la región. Si bien es cierto que la decisión final correspondía a Nestora, lo que olvida la CIDH es que su participación fue el resultado de una decisión colectiva de la comunidad bajo el régimen normativo de la Ley 701 y legalmente facultada por el Convenio Internacional 169 del derecho de los pueblos. Facultad que violó el Estado mexicano.

La CIDH tendría que cuidar sus fórmulas lingüísticas para dirigirse a las víctimas, y evitar la promoción de prejuicios sobre éstas. Nestora no tuvo un abanico de opciones en un contexto democrático, entre las que eligió ser defensora de derechos humanos como si se tratase de un oficio cualquiera, fue obligada por las circunstancias de extrema violencia en que las autoridades locales, vinculadas al narcotráfico, mantienen a las comunidades en régimen dictatorial y de terror. Asunto que no desconoce la CIDH, al margen del caso específico de Nestora.

Otro punto es que el papel que juega la CIDH en la presunta protección de los derechos humanos resulta no sólo pobre y discutible para las víctimas y sus familiares, sino además resulta cooperador con la parte victimaria. En el caso de Nestora Salgado, y no es el único por supuesto, es muy claro, porque incluso se avizora un sesgo de género, clase y etnia.

El hecho de ser mujer, con precariedad económica y líder de una comunidad indígena parecería haber influido en el trato recibido por la CIDH, en contraste con el caso, por ejemplo, de José Moisés Sánchez Cerezo, hombre, periodista, urbano, apoyado por la organización internacional Artículo 19 y miembro de una organización no gubernamental de derechos humanos que goza de prestigio en la capital de México. En este caso, la CIDH sólo tardó días para emitir una resolución sobre medidas cautelares después de su secuestro. Menciono ese caso sólo por ser de los más recientes.

Nestora fue secuestrada por el Estado mexicano y durante siete días su familia desconocía su paradero. Las autoridades usaron a las fuerzas armadas para perpetrar dicho crimen, y ahora se usa al personal de un penal federal para torturarla física y psicológicamente tergiversando sus funciones públicas y quebrando los principios éticos de quien sirve al sistema penitenciario mexicano. Se utiliza también a funcionarios judiciales para generarle daño irreparable como es el coartar su libertad por medio de delitos fabricados ampliamente evidenciados por la defensa de Nestora, como en su oportunidad lo difundió Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan al presentar las inconsistencias del expediente fabricado por Iñaki Blanco, criminal que estuvo al mando de la PGJE en 2013.

La CIDH sostiene que sus gestiones pretenden prevenir daños irreparables a las víctimas. Hemos de preguntarle si perder la libertad, siendo inocente, ¿no es un daño irreparable? Perder días, meses, años, sin abrazar a sus nietos, a sus hijas, a su esposo, no ver el mar, no ver los jardines de su casa, no poder realizar las actividades cotidianas de sentirse útil a la sociedad ¿no es acaso un daño emocional irreparable? ¿O la CIDH es tan miope que para ésta sólo existe la irreparabilidad en el daño físico?

En este contexto, los familiares de Nestora Salgado son prácticamente obligados a agradecer que las autoridades mexicanas hayan decidido recluirla en un penal federal, y no desaparecerla como a los 43 normalistas o a asesinarla como a la activista de derechos humanos Rocío Mesino Mesino. En ambos casos también de Guerrero, se trata de indígenas, pobres y denunciantes de la corrupción, narcotráfico y abusos de los gobernantes locales arropados por las instituciones del Estado. En el caso de los normalistas, la CIDH ofreció en ceremonia barroca su cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes, que hasta ahora ha sido nula pero que en ese momento de promesas mediáticas fortalecía su aparente legitimidad. En el segundo caso, Rocío Mesino ni siquiera aparece en el imaginario de la institución.

Aludir a la gravedad, urgencia y daños irreparables de la situación de Nestora a casi dos años de su reclusión injusta parece más una cortina de humo que un intento real de protección a su vida y a su integridad. Cuando indagamos de por qué la CIDH se había tardado tanto tiempo en otorgar medidas cautelares a Nestora, su esposo y principal activista José Luis Ávila señaló en conversación telefónica que el gobierno federal había alargado el proceso por las respuestas fabricadas que daba, y ellos habían tenido que realizar una investigación propia para desmentir a las autoridades mexicanas.

Si una de las tareas de las CIDH es tomar iniciativas en la protección de derechos humanos ¿por qué esperó un año en alegatos burocráticos y distractores de gobierno federal a sabiendas que la vida de Nestora está en riesgo cada día? Si la CIDH supo y reconoció la detención ilegal de Nestora así como las violaciones internacionales del sistema normativo indígena en las que incurrió el Estado mexicano ¿por qué en su resolución no dio prioridad a la liberación de Nestora, en vez de a su atención médica? ¿Por qué la CIDH se comporta como un juez para emitir una resolución, y define a las “partes” (víctima y victimario) como si estuvieran en igualdad de condiciones jurídicas, económicas y políticas?

La CIDH da al Estado mexicano un peso jurídico superior sobre Nestora. Es decir, para la visión de la CIDH, no importa la cantidad de recursos ni el origen de éstos que han movido representantes criminales del Estado mexicano para hacer valer su versión fabricada; mientras, la voz de Nestora Salgado apenas si se ha escuchado por la persistencia de sus familiares, periodistas independientes y activistas de derechos humanos.

La CIDH tampoco parecería tomar en cuenta, que los casos de violaciones de derechos humanos son propiciados por los agentes de un Estado criminal como lo es el de México, con todo lo que ello implica en el entramado del abuso de poder, corrupción y tráfico de influencias. Se trata de funcionarios que cometen actos delictivos respaldados por leyes, reglamentos e instituciones, esto es que manipulan un ordenamiento jurídico y utilizan a discreción recursos públicos y recursos del narcotráfico para lograr sus intereses.

En el caso de Nestora, su expediente fue fabricado por el mismo procurador del estado de Guerrero en turno, Iñaki Blanco, quien fue denunciado de recibir periódicamente dinero de grupos narcotraficantes locales. Pero también se presentó evidencia sobre la falsedad de los delitos contra Nestora, y pese a que fueron desestimados los cargos por el Poder Judicial federal la irracionalidad del funcionario local sigue pesando sobre la verdad.

Además, basta recordar las consecuencias de la trayectoria delictiva del acusador de Nestora y su impacto en la CIDH. Iñaki Blanco, desde la SIEDO, sirvió de testigo de cargo en el Distrito Federal en favor de otra criminal impune, Isabel Miranda de Wallace en la simulación del secuestro y homicidio de su hijo. En ese caso, sus declaraciones falsas contribuyeron al encarcelamiento de seis personas inocentes, cuatro de ellas condenadas por más de cien años de cárcel. Y uno de ellos, César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel por un delito que no cometió. Freyre pidió reiteradamente medidas cautelares en 2010 a la CIDH por las torturas físicas padecidas en el penal en más de veinte ocasiones para que se incriminara. Hasta la fecha, la CIDH no ha dado respuesta a la víctima.

La parcialidad de la CIDH, pues, privilegia a la “parte” que representa al Estado criminal, o donde ve una ventaja mediática, como en el caso de los 43 normalistas o del periodista secuestrado. En el caso de las víctimas sin poder, no muestra ninguna prisa por proteger sus derechos humanos, y en ello contribuye a los daños irreparables de las víctimas.

México ha sido transformado en un estado de terror donde las diferencias de grados son importantes. Decapitaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, represión, encarcelamientos injustos son los actos aberrantes incorporados con naturalidad a la maquinaria estatal. Esta maquinaria se integra por cada funcionario delincuente que toma decisiones para su beneficio desde el poder público y utiliza a la institución para aterrorizar. La filósofa política Hanna Arendt la llama “maquinaria del terror”, donde los poderes punitivos son puestos para la represión. En el mundo oscuro del Estado criminal mexicano, esta maquinaria del terror está en óptimo estado, mientras sus operadores fingen confundir reglamentación con opresión, y en ello participa la CIDH.

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Hablemos de la mentira en el periodismo, la columna de Alberto Villa

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Hablemos de la mentira en el periodismo, la columna de Alberto Villa

Por ejemplo, el 30 de octubre de 1938, mientras en Europa Hitler invadía territorios, miles de estadounidenses encendieron su aparato de radio como era costumbre en los hogares. Pasadas las ocho de la noche, como sucedía desde julio de dicho año, el programa Mercury Theater on Air, creado por el prodigioso Orson Welles, que tenía 23 años, iniciaba su transmisión en la que dramatizaba obras literarias. Al principio de la emisión, Welles leyó su mensaje introductorio acostumbrado, anunciando la obra a representar. En este caso lo hizo de manera veloz y, dado que ocupó unos pocos segundos, hubo quien no alcanzó a escucharlo y no se informó que los siguientes minutos de transmisión serían ficción. Puro entretenimiento. Una simulación. Aunque, al parecer, no fue así para todas las personas radioescuchas.

Lee más sobre el autor: Sin datos no hay historia

El tono de la narración y producción, con supuestas conexiones con el exterior de la emisora, tuvieron como efecto acelerar el drama de unos supuestos extraños episodios en el cielo. Al filo de la media hora de transmisión, se reportó que un meteorito con apariencia cilíndrica había hecho contacto con el pueblo real de Grover’s Mill, en Nueva Jersey. No cabía duda, según lo que se decía en los micrófonos, los marcianos invadían la Tierra.

La historia de los efectos del programa, mitificada a lo largo de los años, dice que la transmisión de La guerra de los mundos, que de esa obra se trató, generó un pánico nunca antes visto en las audiencias. Sin embargo, no hubo datos fiables que certificaran dicha afirmación de manifestaciones en reacción al programa radial. De aquí, ¿mintió Orson Welles?, obviamente no. Él informó de que esa transmisión era una ficción. ¿Qué ocurrió entonces?

Debemos describir el contexto social y político que se vivía entonces. Aires de guerra cruzaban los continentes. Los temores sociales se multiplicaban. Desde ese contexto se produjo la creencia por encima del sentido crítico de las audiencias. Para los no informados era posible. Algo estaba ocurriendo. Las personas tienden a buscar indicios que consoliden sus creencias previas. Aunque erróneas. Posibles.

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Ya lo dijo en 1978 Milan Kundera, en El libro de la risa y el olvido:

“Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. se destruyen sus libros, su cultura, su historia. y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza otra vez a olvidar lo que es y lo que ha sido”.

Es lo que el franquismo llevó a cabo en España luego de tomar el poder. Borró la memoria histórica y construyó una nueva historia basada en la mentira.

Cuando esa acción de alterar la realidad es deliberada, no fruto de un error, o de creencias insólitas e infundadas, entonces se está mintiendo. De aquí que sigan ocultándola tras los desproporcionados plazos de la norma propuesta para los llamados secretos oficiales.

“En su determinación clásica, la mentira no es el error. Se puede estar en el error, engañarse sin tratar de engañar y, por consiguiente, sin mentir”… “pero la mentira es un acto intencional»: mentir será dirigir a otro u otros un enunciado o más de un enunciado, que el mentiroso sabe, en conciencia explícita, que constituyen aserciones total o parcialmente falsas…”. De Jacques Derrida, en Historia de la Mentira. Prolegómenos.

 

Cuando el periodista emite mensajes de este tipo, no ejerce el periodismo.  A lo sumo el de publicista o propagandista, pero no el de periodista. El periodista tiene un compromiso con la búsqueda de la verdad, desde sus creencias genuinas. Máxime cuando en el mundo de la política se considera a la mentira como una herramienta más de la gestión.

Repitamos lo definido por Kapuscinski:

“Creo que, para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas.”

Quién miente a sus lectores, o audiencias, no es una buena persona. No lo olvidemos.

***

El autor Alberto Vila es economista y consultor en Marketing político. Columnista en medios de Madrid y Barcelona. 

Fotografía: CordonPress

Fuente: luhnoticias.es

 

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Foro Público: La narco violencia sepulta la política de seguridad de López Obrador

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Foro Público: La narco violencia sepulta la política de seguridad de López Obrador

Foro Público

La semana pasada la violencia se volvió a desatar de la forma más visible posible, pues se suscitaron narcobloqueos y quemas de vehículos y establecimientos comerciales en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, lo que evidenció que la política de seguridad implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la pacificación del país.

El mandatario federal que ha reiterado que implementará una política “abrazos no balazos” contra el crimen organizado ha sido cuestionado por la falta de resultados en materia de reducción de la violencia, pues en octubre de 2019, unos meses después de rendir protesta se presentó el primer gran desafío de su gobierno en materia de inseguridad en Culiacán, Sinaloa, donde los integrantes del Cártel de Sinaloa mostraron el músculo armado con el que cuentan para dejar en jaque al Estado mexicano con la detención de Ovidio Guzmán Loera, el hijo del líder de esa agrupación criminal, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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En esa ocasión el gobierno federal decidió replegar las fuerzas armadas para liberar al hijo del capo, bajo la justificación de garantizar la integridad de la población civil, ya que se habían presentado distintos hechos violentos que provocaron el pánico entre los habitantes de esa ciudad por la organización y coordinación de este grupo criminal.

López Obrador refirió que se priorizó la seguridad de las personas sobre la detención del hijo del narcotraficante, sin embargo, en términos generales se mostró la debilidad del Estado al ceder a los chantajes de una organización criminal, lo que también derivó en la inconformidad del gobierno de Estados Unidos que amagó con enviar militares al territorio mexicano ante la ineficacia de las autoridades locales.

Sin embargo, ese episodio no fue el único que ha generado caos y pánico social, pues organizaciones como la DEA han advertido sobre el enfrentamiento por el control territorial del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siendo este último el que mayor crecimiento tuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con los hechos ocurridos en esta semana se mostró nuevamente la capacidad de organización de los grupos criminales que han retado abiertamente al Estado mexicano, luego de que el presidente anunció que la Guardia Nacional se incluiría al modelo administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los bloqueos en Jalisco y Guanajuato que se desarrollaron casi de forma simultánea evidenciaron que los cárteles de la droga son capaces de atentar contra la población civil, por lo que desmitifica la versión de falsa protección que brindan a los habitantes y se reflejan como delincuentes sin escrúpulos.

Esta situación de violencia que se ha profundizado en diferentes regiones del país han provocado que exista un malestar general sobre las acciones de combate a la inseguridad y violencia que ha emprendido el gobierno federal y cuyo discurso cada vez parece más obsoleto y rebasado ante agrupaciones armadas que no están dispuestas a seguir una política pacífica, sino que por el contrario han tratado de armarse mejor.

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Si bien es cierto que la responsabilidad total de la violencia no recae exclusivamente en López Obrador, pues es la herencia de una estrategia fallida de seguridad que emprendió Felipe Calderón en 2006 y que ha dejado cientos de miles de muertos, situación que continuó con Enrique Peña Nieto y que se ha mantenido en el actual sexenio, es la responsabilidad del gobierno actual tratar de reducir los niveles de violencia en el país y demostrar que el Estado mexicano puede garantizar la gobernabilidad.

Nota aparte: El gobierno federal debe dejar a un lado delegar responsabilidades a sus antecesores o acusar a la oposición, pues lo cierto es que el problema de la inseguridad será uno de los grandes pendientes que también heredará a la siguiente administración.

 

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Militarización, terrorismo y el uso politiquero de la desgracia

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Militarización, terrorismo y el uso politiquero de la desgracia

 

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

Politiquería. Es la palabra que resume la actitud de López Obrador ante la grave crisis que vive ya, en todos los órdenes, el país.

Su anuncio de dejar al Ejército y la Marina en las calles, más que una bofetada, es una traición al “pueblo bueno”, a sus principios ideológicos, a su palabra, a la Constitución y, por ende, a la patria.

El pretexto de la militarización, será este ambiente de terror que viven varios estados de la república.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pisotea la Constitución, pulveriza la división de Poderes y se brinca grotescamente al Congreso, para apuntalar una decisión que ni siquiera llega a decreto.

Para leer más del autor: ¡Menos días, presidente AMLO!

 

A partir del 15 de septiembre, anunciará el traslado de todas las responsabilidades de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma:

¿Por cuál fuero va a ser regulada la actuación de la Guardia Nacional, el civil o el militar? Esos uniformados de gris, que usted ve pasar por las calles ahora con tanta profusión, serán los encargados de resguardar el orden y la paz pública.

¿Qué pasará si hay un abuso o un exceso en el uso de la fuerza contra civiles? ¿El caso será ventilado en una corte militar, ya muy lejos de los juzgados del fuero común, o cómo va a ser el asunto?

Pueden darse violaciones a los derechos humanos. La pregunta viene al caso porque, aunque no nos guste a la mayoría, la militarización es casi un hecho ante una Suprema Corte convertida en un muro de lamentos.

AMLO no ha aclarado este punto. Evadió la pregunta el pasado miércoles y hasta la fecha guarda silencio al respecto. ¿Bajo qué fuero serán regidas las acciones de la Guardia Nacional?

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Una cosa es la popularidad y otra la eficacia. Las encuestas no corresponden, ni de lejos, a la calificación que tiene la 4T en materias como: Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Salud, Educación, Economía, Comunicaciones, etc, etc, etc.

El país ya se encuentra en la mira de los principales organismos internacionales no sólo por el caos interno que se vive, sino por las políticas que pretende aplicar el gobierno federal, como es el caso de la militarización.

¿Un traidor en Palacio? 

Lo más grave aquí, insistimos, es que el mandatario ha abjurado y literalmente nos ha traicionado. Su primer acto jurídico al asumir la Presidencia fue: jurar “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Hoy, abiertamente ha violado ese juramento.

Como aspirante presidencial nos dijo: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista…”. Incluso declaró que “el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad”.

 

En entrevistas expresó: “No se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina”; “no necesitamos un Ejército para la defensa”; “nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego”.

Fue más allá. Al principio de su sexenio prometió: “Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia atendiendo las causas”.

Hace 12 años, con rostro de buen hombre, ante reporteros o en mítines públicos gritoneaba: “No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Que no se utilice el Ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”. “Que regresen los soldados a los cuarteles. Se tiene que profesionalizar a las policías”.

Hace 10 años lo reiteró: “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”. Pero en 2020, dos años después de asumir el poder, su discurso cambió radicalmente: “Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar (sic) las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

No me vengan con que la constitución  

Este año, sin haberse discutido en el Congreso la reforma constitucional respectiva, anuncia el decretazo: “Les adelanto que la Guardia Nacional pasa, completa, a la Secretaría de la Defensa”. Esto lo confirmará el 16 de septiembre, durante el desfile militar.

Es una abierta amenaza, para lucir los tanques y aviones, e intimidar a todo aquel que se quiera oponer. De hacerlo, López Obrador habrá consumado la traición a la patria. No sólo habrá cometido perjurio. Habrá traicionado el legado juarista al que él se había sometido cuando decía:

“El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista…”

Como opositor, cuando Peña Nieto intentaba promulgar una Ley de Seguridad Interior, decía que cuando se habla del gabinete de seguridad, los gobiernos “de antes” sólo pensaban en que estuvieran ahí el secretario de la Defensa, el de Marina, de Gobernación, Seguridad Pública, el Procurador”.

Daba lecciones de política, moral y buen gobierno, al precisar que en el gabinete de Seguridad deberían estar los secretarios de Desarrollo Económico, Educación, Salud… Pero ya en el poder, nada de esto se cumplió. López Obrador mintió y están las evidencias a flor de piel.

En plena pandemia, como señalamos la semana pasada, hubo un subejercicio de 25 mil millones de pesos en materia de Educación y también un criminal subejercicio en materia de salud. Sólo ha gastado el 27% de los recursos presupuestados en este rubro.

Se desplomaron dramáticamente los programas de vacunación a menores durante este régimen. No ha gastado, por ejemplo, en prevención y control de enfermedades, vigilancia epidemiológica, obesidad, salud materna, salud sexual. Todo el dinero se ha ido al AIFA, Tren Maya, Dos Bocas.

Los programas de política social, traducidos en becas y pensiones, tampoco han dado resultado. El empleo para 32 millones de jóvenes cada día es más precario y mal pagado. De los 15.5 millones de jóvenes que trabajan en México, 10.8 millones no tienen ingresos suficientes y 9.4 millones carecen de acceso a la salud y seguridad social.

Desastroso pues, el mandato del hombre que buscó tres veces la presidencia de la república y que ahora, en medio de la guerra entre cárteles del crimen organizado, admite púbicamente su patética gestión, su fracaso como estadista y su traición a los mexicanos.

Existen sospechas de que los hechos de violencia y terror fueron armados desde el propio gobierno. De lo contrario, los capos se burlaron nuevamente de él y de la Defensa.

Si te lo perdiste: T-MEC y seguridad nacional: ¿Confusión mental o esquizofrenia?

 

Otro operativo para intervenir en una reunión de narcos y detenerlos, terminó en fracaso. El “doble RR” y el “Apá”, se les fueron, se les pelaron, como dicen en el barrio. Ése es el resumen de su sexenio: armisticio para Ovidio Guzmán, e impunidad a los demás.

López Obrador arrastra hoy a sus ideólogos a un discurso dialéctico fallido; a tragarse sus palabras y enderezar alocuciones inentendibles y nada creíbles. La autoridad moral que presumían se desfondó: El camino de la 4T está lleno de abrojos. Sólo los fanáticos no lo pueden ver.

El odio del pueblo: Gracias por tomarse la foto con mi dolor 

AMLO empieza a probar, a fuego lento, el sinsabor, la amargura y el odio de un pueblo que se siente engañado, que le reprocha aquello que él mismo reprochó cuando fue candidato. Le darán la espalda tarde o temprano, tal y como ahora él lo hace.

“Gracias por tomarse la foto con nuestro dolor…” Una frase que resulta simbólica y que resume los resultados de un sexenio perdido, no sólo por las desgracias naturales e imponderables externos, sino por mentir, manipular y traicionar.

Demagogia, blasfemia, es lo que se ve en el pequeño discurso que sobre Juárez alguna vez enderezó cuando aspiraba a gobernar. Ese gabinete “social” que tanto preconizaba, hoy solo transpira soberbia e incapacidad, con una Luisa María Alcalde Luján, que dice no ser la encargada del rescate de mineros.

La misma desfachatez con que la señora Beatriz Gutiérrez Muller contestó, cuando un ciudadano le preguntó: ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?, a lo que la escritora contestó: «yo no soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos».

Sólo falta la risotada, luego de aquella frase: “Ahí están las masacres”; y una leyenda final en la lápida: “tengan, para que aprendan”, pero no en la de los tecnócratas, sino en la de sus fans.

 

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